El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) llegó a $367.800 en junio de 2026 para trabajadores mensualizados. Es la cifra que fijó el Gobierno nacional por decreto.

Este monto marca el piso salarial para empleados registrados con jornada completa. Pero su impacto va mucho más allá: define jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y topes de acceso a programas estatales.

El aumento respecto a mayo fue de $4.800. El incremento representa apenas 1,32% de suba, un porcentaje que quedó muy por debajo de la inflación del 2,6% que midió el INDEC para el mismo período.

Para trabajadores jornalizados, el valor de la hora quedó en $1.839. Ambas cifras rigen hasta julio, cuando habrá un nuevo ajuste.

Cuánto subirá el salario mínimo en los próximos meses

Los aumentos ya están definidos hasta agosto de 2026. El Gobierno los estableció mediante la Resolución 9/2025, que fijó un cronograma mensual de actualizaciones.

En julio, el SMVM pasará a $372.400 para trabajadores mensualizados. En agosto alcanzará los $376.600.

A partir de septiembre, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil deberá volver a reunirse para definir nuevos ajustes, ya que la resolución vigente solo contempla cifras hasta agosto.

Este esquema reemplazó las negociaciones que antes llevaban adelante gremios y empresarios en el Consejo. El Gobierno adoptó una postura unilateral tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre los sectores a fines de 2025.

Los sindicatos manifestaron su descontento. Reclaman una revisión que contemple la pérdida del poder adquisitivo acumulada y la proyección inflacionaria para los siguientes meses.

Qué prestaciones y beneficios sociales dependen del salario mínimo

El SMVM no solo fija el piso salarial. También determina valores clave en la estructura de beneficios y ayudas sociales del país.

Su monto se utiliza para establecer límites de acceso a programas estatales. Y para actualizar parámetros de múltiples prestaciones.

Entre las principales prestaciones impactadas están jubilaciones, pensiones, subsidios, cuotas alimentarias, becas y asignaciones familiares, lo que convierte al salario mínimo en una variable central para millones de hogares argentinos.

En junio de 2026, la jubilación mínima ascendió a $674.976,99. Este monto incluye el haber mínimo con aumento, un bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $553.981,59. La pensión no contributiva por invalidez y vejez alcanzó $493.483,89.

En el caso de la pensión madre de siete hijos, el monto fue igual a la jubilación mínima.

Las asignaciones familiares también experimentaron incrementos:

• Asignación Universal por Hijo: $144.932
• Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $471.915
• Asignación Familiar por Hijo: $72.474

Estos valores se utilizan tanto para calcular los montos que perciben los beneficiarios como para determinar los topes de ingresos que habilitan el acceso a las ayudas.

El SMVM actúa como parámetro para definir la elegibilidad y actualización de los beneficios. Esto refuerza su papel como herramienta fundamental en la política de protección social.

Cómo se define el salario mínimo y quiénes participan

El Salario Mínimo, Vital y Móvil surge como resultado de negociaciones entre el Gobierno, los representantes de los trabajadores y los empleadores.

Su actualización suele tratarse en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta instancia busca alcanzar consensos que permitan mantener el poder adquisitivo de los asalariados.

Cuando las partes no logran un acuerdo, el Ejecutivo nacional puede intervenir. Fija los valores por decreto, como ocurrió ante la falta de consenso a fines de 2025.

El SMVM está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. Sirve como referencia para determinar el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador registrado por una jornada completa.

A diferencia de otros ingresos, como jubilaciones y pensiones, el salario mínimo no cuenta con un mecanismo automático de actualización en función de la inflación.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan periódicamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El salario mínimo, no.

Esta diferencia ha sido fuente de reclamos por parte de los sindicatos. Exigen una mayor protección frente al avance de los precios y la erosión de los salarios reales.

Por qué el aumento del salario mínimo quedó por debajo de la inflación

La última cifra difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) marcó una inflación del 2,6% en el período.

El ajuste aplicado al Salario Mínimo, Vital y Móvil en junio fue del 1,32%. No logró igualar el ritmo de aumento de los precios.

La falta de un mecanismo automático de actualización vinculado al índice inflacionario genera que el salario mínimo quede por debajo del incremento de precios.

Esta situación repercute en el poder adquisitivo de los trabajadores. Y de quienes perciben prestaciones sociales asociadas a este parámetro.

El debate sobre el método de actualización del SMVM permanece abierto. Los gremios sostienen que las revisiones deberían contemplar los índices de inflación para evitar una pérdida de poder adquisitivo.

Los empresarios, por su parte, advierten sobre el impacto de los aumentos en los costos laborales.

Las próximas reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil definirán la pauta de actualización para los meses posteriores a agosto. La evolución de la inflación y los reclamos sindicales marcan la agenda de discusión.

El Banco Central reabrió la batalla contra provincias y municipios que encarecen el crédito con altas alícuotas de Ingresos Brutos y otras cargas tributarias. Una nueva norma técnica del BCRA permite que los bancos radiquen las cuentas abiertas en forma remota en cualquier sucursal del país.

La medida tiene un objetivo concreto: que las entidades financieras puedan asignar esas cuentas a sucursales instaladas en jurisdicciones con menor presión fiscal, sin importar dónde vive el cliente que abrió la cuenta. De esta forma, los bancos podrán esquivar provincias y municipios con impuestos altos.

Hoy la mayoría de las cuentas se abren de manera digital. Una persona desde Salta puede abrir una caja de ahorro con su celular, sin pisar nunca una sucursal. El banco ahora podrá radicar esa cuenta en una sucursal de Santiago del Estero, provincia que cobra 3% de Ingresos Brutos, en lugar de hacerlo en Salta donde la alícuota es 8%.

La normativa del Central especificó que los bancos que admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos podrán asignar cualquier casa operativa para la radicación de esas cuentas. El único requisito: informar al cliente en el momento de la asignación.

En algunas entidades consideraban que esta práctica ya estaba permitida. Pero para despejar dudas, el Central que preside Santiago Bausili decidió incluirlo explícitamente en su normativa. La entrada en vigencia fue inmediata.

Esta desregulación, estiman en el BCRA, ayudará a reducir la carga fiscal de los préstamos, un punto crítico de la relación entre el Central y los gobiernos distritales. La actividad financiera, tanto de bancos como de fintech, suele ser castigada por los distintos distritos.

Provincias y municipios aplican alícuotas altas en Ingresos Brutos, tasas municipales y otros tributos sobre la actividad financiera. Esa presión fiscal encarece el costo del crédito y reduce la rentabilidad de las entidades.

Cuánto cobra cada provincia a los bancos en Ingresos Brutos

La pelea del BCRA con las provincias por este tema viene de largo. En julio del año pasado, el Central publicó un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que detalló la carga tributaria provincial sobre servicios financieros.

El informe incluyó una tabla comparativa con las alícuotas aplicadas, el tratamiento de títulos públicos y créditos hipotecarios, y los criterios de base imponible. El objetivo fue transparentar el impacto fiscal sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre distritos.

El relevamiento del año pasado incluyó las 24 jurisdicciones del país. La Pampa encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.

A partir de allí, el listado mostró escalones menores. San Juan aplicó 8,50%, mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Jujuy y Salta fijaron su tasa en 8%. Santa Cruz también impuso 8% pero con particularidades sobre la base de cálculo.

Misiones estableció una alícuota de 7,80%, Mendoza 7%, y San Luis utilizó una base diferencial con 6,50% sobre el spread. Formosa cobró 5,50%, Corrientes 4,70% y Santiago del Estero cerró la tabla con 3%, también sobre el spread.

Por qué los bancos se quejan de la presión fiscal provincial

Meses antes, a comienzos de 2025, las cuatro entidades bancarias en su conjunto (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) habían reclamado por la presión fiscal provincial y municipal. El documento fue contundente.

«La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que mostró nuestra economía en los últimos 25 años», consignó el texto.

Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. Esa carga fiscal termina trasladándose al costo del crédito que pagan personas y empresas.

El BCRA busca ahora que los bancos puedan optimizar su carga tributaria eligiendo jurisdicciones más amigables. La medida apunta a bajar el costo financiero del crédito y mejorar la rentabilidad de las entidades sin necesidad de negociar con cada provincia o municipio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio su mirada sobre cómo se dará de acá en más el proceso de crecimiento económico. Y a través de un informe presentado por su vicepresidente, Vladimir Werning, detalló de qué manera se dará el proceso de derrame desde sectores “naturalmente ganadores” a otros que lucen más rezagados.

“La recuperación de la actividad se consolidará, abarcando progresivamente a otros sectores”, explican en un informe. Los sectores ganadores en esta etapa del ciclo, explican, requieren de insumos, infraestructura, servicios urbanos y logística. “El eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”.

Se trata de la teoría del “derrame”. Es decir algunos sectores que impulsan la actividad pero que luego permiten que otros segmentos que no están directamente beneficiados por las nuevas reglas de juego terminen también sumándose a la reactivación.

De hecho el crecimiento que muestran los índices oficiales están básicamente sostenidos por algunos sectores puntuales, pero que crecen muy fuerte: agro, energía y minería son los más relevantes.

En 2026 se estima que el PBI crecería cerca de 3,5%, pero con estos sectores creciendo a más del doble o incluso el triple de velocidad. Mientras tanto, otros se mantienen rezagados, no crecen o directamente siguen cayendo.

En relación a la inversión privada, el Central reconoce que cayó recientemente pero por efecto de la incertidumbre electoral: “Hoy se observa una expansión del financiamiento corporativo doméstico y externo que anticipa el tercer motor de la expansión económica en curso, la inversión”.

El informe también se muestra optimista en relación a la evolución del consumo, pero, al mismo tiempo, reconoce que hay cambios en el contexto que vale la pena tener en cuenta.

Uno de ellos tiene que ver con los cambios en los canales de comercialización, como la innovación digital. “El sector privado -señala- deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

La baja del riesgo país también es algo que se menciona como un impacto para el sector privado: “Los retornos se ajustan por riesgo, que disminuye. No será factible preservar márgenes vigentes cuando el riesgo país era más alto que ahora”.

La transición a un régimen de baja inflación, agregan, afecta la composición de márgenes. “La contribución financiera cae automáticamente y aumenta la productividad operativa, en la medida que se capitaliza la empresa”, marcan.

Por otra parte, enfatizan que el volumen es lo que explicará la rentabilidad futura de las empresas al considerar que en la facturación “aportará más el esfuerzo por aumentar ventas versus la velocidad de remarcación de precios”.

Y, por último, puntualizan que con tasas de interés reales positivas es clave la rotación de productos y “se requiere optimizar el manejo de inventarios”.

Werning también se centró en el proceso de baja de la inflación. En ese sentido, explica que una serie de factores la hicieron subir pero temporalmente. Entre ellos, mencionó el impacto que tuvo la incertidumbre preelectoral del año pasado. Aunque no lo menciona explícitamente se produjo una suba del tipo de cambio que meses después generó un impacto en los precios.

Pero luego también se refiere a algunos shocks internacionales, más precisamente el aumento de la nafta por la guerra en Medio Oriente y también el aumento internacional de la carne que también se sintió en el mercado local.

La buena noticia, sostiene, es que se sigue esperando un descenso de la inflación en los próximos meses. El índice porteño arrojó 2,1% en mayo y el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) estimó un 2,3% para la inflación nacional del mes pasado. El proceso de desinflación se mantendría, perforando el 2% en agosto aunque algunos economistas como Fernando Marull estiman que esto podría ocurrir incluso en junio.