El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había reconocido que para mantener el superávit fiscal son necesarios mayores ingresos. En ese contexto, el Gobierno tomó una serie de medidas para sostener el pilar central del programa económico y busca evitar tensiones en las cuentas públicas.

Entre las decisiones que van en esa línea, se cuentan la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la entrega de una canasta de letras capitalizables (Lecap) al PAMI como forma de asistencia financiera o el ajuste en la focalización de los subsidios al transporte. El objetivo común de estas decisiones fue blindar el equilibrio fiscal en un contexto de presión legislativa y volatilidad en la recaudación.

“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, aseguró Caputo en una entrevista con Economía de quincho.

Aunque en mayo la recaudación tributaria mostró un repunte tras nueve meses de caída en términos reales, impulsado en gran medida por la presentación de la declaración jurada de Ganancias de empresas, ese incremento resulta insuficiente. La fragilidad de los ingresos del Gobierno quedó en evidencia la semana pasada, cuando se postergó hasta el 1° de noviembre la entrada en vigencia del FAL, tal como anticipó Infobae.

Un informe de Facimex estimó que la postergación del fondo para pagar indemnizaciones generó un ahorro fiscal del 0,15% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto se trata de un compromiso que había asumido el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el último Staff Report se conoció que a los fines de alcanzar el superávit primario de cerca de 1,5%/PBI durante el 2026, Caputo podía llegar a tomar medidas complementarias entre ellas postergar la entrada en vigencia de la reforma laboral.

A su vez, el reporte de Facimex añadió que el Ejecutivo transfirió al PAMI una canasta de Lecap por $580.000 millones, equivalente al 0,05% del PBI. Y que tanto la postergación del FAL como el aporte financiero al PAMI vía Lecaps buscaron blindar el equilibrio fiscal, en un escenario donde la recaudación tributaria mostró un desempeño negativo: la recaudación cayó 4,9% interanual real en los primeros cinco meses del año y alcanzó mínimos desde 2009, cuando se excluye el atípico 2020.

No obstante, los desafíos fiscales de 2026 no se limitaron a la prórroga del FAL. Según el análisis en cuestión, las principales presiones provienen de los gastos vinculados a leyes aprobadas en el Congreso, especialmente el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Estas normativas, consideradas clave para la aprobación del Presupuesto 2026, implicaron un costo fiscal de 0,20% y 0,15% del PBI respectivamente, de acuerdo con estimaciones del FMI.

El mismo informe destacó que la eliminación de impuestos internos, que ya impactó en la recaudación de mayo, y la reciente baja de retenciones al campo que se oficializó la semana pasada, tienen un costo fiscal muy bajo que no superó en conjunto el 0,1% del PBI. Fue el propio ministro Caputo quien indicó que la baja de retenciones al sector agropecuario e industrial representó apenas USD 57 millones en 2026.

“Para este año proyectamos un superávit primario del 1,3% del PBI, donde excluimos los ingresos correspondientes a las privatizaciones (ya suman 0,14% del PBI entre las represas del Comahue y Citelec) que no cuentan para la meta fiscal acordada con el FMI, la cual contempla un superávit primario de 1,4% del PBI”, estimó Facimex.

En materia de ingresos, desde la consultora Invecq destacaron que en mayo el principal motor fue Ganancias DGI, que venía promediando 31% interanual en los meses previos (-1,4% real) y en mayo trepó a 71% (+28% real).

“Esta aceleración abrupta no se explicaría por una mejora estructural en la rentabilidad empresarial, sino por una baja base de comparación de las ganancias en 2024 (cubiertas mayormente con los anticipos mensuales) y por la habilitación a distribuir utilidades, que habría llevado a muchas empresas a adelantar o concentrar el pago del saldo de Ganancias para poder girar dividendos. También se destacó Bienes Personales (+46,5% i.a. real), aunque su peso sobre el total es muy acotado”, precisaron.

A la vez, los economistas de la firma advirtieron que depurado el efecto de Ganancias a sociedades, el panorama luce “significativamente más frío” ya que los tributos con mayor correlación con el nivel de actividad mostraron en mayo una performance negativa generalizada: “IVA DGI cayó -3,1% i.a. real —profundizando la caída promedio de -2% de meses anteriores—, créditos y débitos en cuenta corriente retrocedieron -3,7% i.a. real —retomando la baja tras dos meses de subas—, y contribuciones patronales anotaron -4,6% i.a. real —también por debajo del -3,7% promedio previo—“.

“En conjunto, el promedio de los tributos ligados a actividad se ubicó en -3,8% i.a. en mayo, profundizando la caída de -2,5% i.a. de los últimos tres meses. Este deterioro, por ahora, no compromete el superávit primario. Pero sí pone un límite claro a la posibilidad de bajar impuestos —uno de los ejes esperados de la reforma tributaria integral de 2026— y es parte de la explicación detrás del ajuste en las proyecciones del FMI, que recortó su estimación de superávit primario de 2,2% a 1,5% del PIB», acotaron.

En los próximos meses, la recaudación por Ganancias tendería a disminuir, ya que en julio corresponde actualizar tanto el Mínimo No Imponible como las deducciones según el Índice de Precios al Consumidor del primer semestre. En un contexto donde los salarios se mantienen por debajo de la inflación, una gran cantidad de trabajadores en relación de dependencia dejará de tributar este impuesto o lo hará con una alícuota menor.

Este miércoles se abre el primer sobre de la licitación para privatizar Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en todos los aeropuertos del país. Según pudo saber Infobae, al menos tres firmas habrían participado en la licitación para quedarse con el paquete accionario de la compañía.

Uno de ellos es el empresario argentino Horacio Paolini, a través de su compañía Escalum; el Grupo Sima, con su filial Global Protection Service; y la francesa Alyzia, principal operadora aeroportuaria de Francia.

La apertura del primer sobre —que evaluará los requisitos legales, técnicos y financieros de los oferentes— estaba prevista originalmente para el 7 de mayo, pero el Ministerio de Economía la prorrogó mediante la Resolución 521/2026 hasta el 10 de junio. El proceso se lleva adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR bajo la modalidad de licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, con un precio base de USD 45.120.000.

El valor inicial de la empresa generó debate en el sector. El propio Ejecutivo reconoció, en el informe de gestión que Manuel Adorni presentó ante el Congreso, que Intercargo posee un activo corriente de USD 55 millones —solo entre efectivo e inversiones, la cifra ronda los USD 38,5 millones—, lo que ubica el precio base por debajo del valor de los activos líquidos de la compañía.

Ante las críticas, el funcionario a cargo del proceso, Diego Chaher, reafirmó la postura oficial en diálogo con Infobae: “No estamos regalando nada. Todo tiene valor”, y recordó el caso de Transener, la operadora de la red eléctrica del país, que salió a la venta con un precio base de USD 206 millones y cuya oferta ganadora superó ese monto por USD 150 millones.

Chaher explicó que los valores surgen de un mecanismo técnico cruzado entre el Tribunal de Tasación de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y que el objetivo no es una liquidación apresurada. “Buscamos al inversor correcto, aquel que sepa que el modelo de negocio es bancable más allá de la coyuntura”, afirmó.

El primero de los candidatos identificados por Infobae es Horacio Paolini, titular de Escalum, cuyo accionista es Invhora, una compañía dedicada al negocio logístico y de grúas cuyo directorio preside el propio Paolini, un hombre con vínculos estrechos con el expresidente Mauricio Macri y el exdirigente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Paolini integró las comisiones directivas del club entre 2011 y 2019, y llegó a presentarse como candidato a la presidencia de la institución antes de aliarse a la lista de Angelici. Su empresa ya tiene un pie en el negocio: el año pasado, el Gobierno habilitó a Escalum Investment para brindar servicios de asistencia en tierra en tres terminales aeroportuarias del país.

El segundo interesado es el Grupo Sima, un holding argentino con actividad en seguridad aeroportuaria, seguridad física y electrónica, servicios de limpieza y confección de uniformes para empresas, fuerzas armadas y personal de salud. Su filial Global Protection Service figura entre las 11 empresas actualmente habilitadas para prestar servicios de rampa en el país.

La tercera candidata es Alyzia, con más de 70 años de historia en el negocio del handling aeroportuario y presencia en los principales aeropuertos de Francia, entre ellos el aeropuerto Charles de Gaulle de París y el aeropuerto de Orly. La compañía cuenta con más de 5.000 empleados y asiste a más de 80 aerolíneas —el 92% de ellas internacionales— en una docena de terminales en Francia y Bélgica. Serge Sellan, presidente de Alyzia, se reunió recientemente en París con el canciller Pablo Quirno durante la visita que el funcionario realizó a la capital francesa en el marco del XVIII Foro Económico Internacional de la OCDE sobre América Latina y el Caribe.

A pesar del perfil de Alyzia, fuentes del sector desconfían de que la adjudicataria final sea una empresa de capitales internacionales. El historial de vaivenes económicos de Argentina resta atractivo para operadores extranjeros que deben evaluar plazos de recuperación extensos y márgenes acotados, propios de un negocio que requiere inversiones significativas en maquinaria y equipamiento. A esto se suma el historial de Intercargo, una compañía con un pasado marcado por tensiones gremiales, paros recurrentes y una relación compleja con la política.

Tal es el caso de la suiza Swissport. Si bien era una de las compañías que, según especulaciones del sector, podría estar interesada en las acciones de la firma estatal de servicios de rampa, la propia empresa confirmó a este medio que no participó de la licitación.

Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió $6.700 millones en aportes estatales para sostener sus operaciones. A comienzos de 2024, el Gobierno del presidente Javier Milei interrumpió esos aportes como parte de la política de ajuste fiscal, y evaluó que la continuidad de la compañía bajo administración estatal resultaba inviable ante la necesidad de inversiones para modernizarla.

La habilitación de la venta de Intercargo se enmarca en un proceso de desregulación del mercado aerocomercial que el Gobierno inició en julio de 2024 con la modificación del Código Aeronáutico, y que profundizó en septiembre del mismo año con un decreto de la Secretaría de Transporte para abrir el mercado de asistencia en tierra a nuevos operadores. La norma terminó con el monopolio que Intercargo ejercía desde 1990, cuando una regulación de esa época le aseguraba la exclusividad del servicio para todas las aerolíneas que operaban en el país.

El primer decreto que inició la desregulación del sector —el 599/2024, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger— introdujo la posibilidad de que cada aerolínea elija su propio prestador de servicios de rampa. Luego, se abrió el negocio a otros operadores. Hoy, 11 empresas están habilitadas para operar: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp. Entre ellas, Swissport —de origen suizo— y la filial local de MNZS —británica— ya tenían experiencia previa en el país. Aerolíneas Argentinas y Flybondi, por su parte, se prestan a ellas mismas el servicio de rampa.

La regulación vigente establece que el adjudicatario deberá garantizar la continuidad del servicio en las escalas donde opera actualmente Intercargo durante al menos 180 días hábiles tras la transferencia. Además, deberá mantener el control societario y la composición accionaria mayoritaria por un período de 24 meses. El pliego también prohíbe la participación de empresas que ya controlen concesiones aeroportuarias o cuenten con certificados de explotador de trabajo aéreo en el país.

El Banco Central reabrió la batalla contra provincias y municipios que encarecen el crédito con altas alícuotas de Ingresos Brutos y otras cargas tributarias. Una nueva norma técnica del BCRA permite que los bancos radiquen las cuentas abiertas en forma remota en cualquier sucursal del país.

La medida tiene un objetivo concreto: que las entidades financieras puedan asignar esas cuentas a sucursales instaladas en jurisdicciones con menor presión fiscal, sin importar dónde vive el cliente que abrió la cuenta. De esta forma, los bancos podrán esquivar provincias y municipios con impuestos altos.

Hoy la mayoría de las cuentas se abren de manera digital. Una persona desde Salta puede abrir una caja de ahorro con su celular, sin pisar nunca una sucursal. El banco ahora podrá radicar esa cuenta en una sucursal de Santiago del Estero, provincia que cobra 3% de Ingresos Brutos, en lugar de hacerlo en Salta donde la alícuota es 8%.

La normativa del Central especificó que los bancos que admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos podrán asignar cualquier casa operativa para la radicación de esas cuentas. El único requisito: informar al cliente en el momento de la asignación.

En algunas entidades consideraban que esta práctica ya estaba permitida. Pero para despejar dudas, el Central que preside Santiago Bausili decidió incluirlo explícitamente en su normativa. La entrada en vigencia fue inmediata.

Esta desregulación, estiman en el BCRA, ayudará a reducir la carga fiscal de los préstamos, un punto crítico de la relación entre el Central y los gobiernos distritales. La actividad financiera, tanto de bancos como de fintech, suele ser castigada por los distintos distritos.

Provincias y municipios aplican alícuotas altas en Ingresos Brutos, tasas municipales y otros tributos sobre la actividad financiera. Esa presión fiscal encarece el costo del crédito y reduce la rentabilidad de las entidades.

Cuánto cobra cada provincia a los bancos en Ingresos Brutos

La pelea del BCRA con las provincias por este tema viene de largo. En julio del año pasado, el Central publicó un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que detalló la carga tributaria provincial sobre servicios financieros.

El informe incluyó una tabla comparativa con las alícuotas aplicadas, el tratamiento de títulos públicos y créditos hipotecarios, y los criterios de base imponible. El objetivo fue transparentar el impacto fiscal sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre distritos.

El relevamiento del año pasado incluyó las 24 jurisdicciones del país. La Pampa encabezó el ranking con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.

A partir de allí, el listado mostró escalones menores. San Juan aplicó 8,50%, mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Jujuy y Salta fijaron su tasa en 8%. Santa Cruz también impuso 8% pero con particularidades sobre la base de cálculo.

Misiones estableció una alícuota de 7,80%, Mendoza 7%, y San Luis utilizó una base diferencial con 6,50% sobre el spread. Formosa cobró 5,50%, Corrientes 4,70% y Santiago del Estero cerró la tabla con 3%, también sobre el spread.

Por qué los bancos se quejan de la presión fiscal provincial

Meses antes, a comienzos de 2025, las cuatro entidades bancarias en su conjunto (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) habían reclamado por la presión fiscal provincial y municipal. El documento fue contundente.

«La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que mostró nuestra economía en los últimos 25 años», consignó el texto.

Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. Esa carga fiscal termina trasladándose al costo del crédito que pagan personas y empresas.

El BCRA busca ahora que los bancos puedan optimizar su carga tributaria eligiendo jurisdicciones más amigables. La medida apunta a bajar el costo financiero del crédito y mejorar la rentabilidad de las entidades sin necesidad de negociar con cada provincia o municipio.