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ECONOMIA

Compras de inmuebles en efectivo, nuevo plazo y sin topes: claves del proyecto de Inocencia Fiscal

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El Gobierno avanza con una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y acelerar la incorporación al circuito formal de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero: los famosos «dólares del colchón».

El proyecto, que aún debe ser debatido en el Congreso, introduce cambios relevantes sobre el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, limita algunas facultades de fiscalización de ARCA y establece nuevas reglas para quienes decidan exteriorizar fondos.

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Dólar colchón: los 10 puntos clave del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

La propuesta incorpora varias observaciones que tributaristas acercaron semanas atrás al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de ARCA, Andrés Vázquez. El objetivo oficial es despejar dudas que podían desalentar la adhesión al régimen y reforzar los incentivos para utilizar los llamados «dólares del colchón».

Y estos son los diez puntos clave del nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal

1. Se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para adherir

Uno de los cambios más relevantes es la desaparición de los límites que restringían el acceso al régimen simplificado.

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La versión original exigía ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Ambos requisitos fueron eliminados, lo que amplía significativamente el universo de contribuyentes que podrán ingresar.

La modificación abre la puerta a personas con elevado patrimonio o con importantes operaciones financieras, como inversores que operan regularmente acciones y otros activos.

«Se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para incorporarse al régimen, con lo cual mucha más cantidad de contribuyentes, independientemente de su patrimonio y de sus ingresos anuales, pueden incorporarse al régimen simplificado de impuesto a las ganancias», explicó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

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2. Podrán ingresar los grandes contribuyentes

El proyecto también flexibiliza el acceso para los denominados Grandes Contribuyentes Nacionales.

Sin embargo, no tendrán acceso a todos los beneficios previstos por la ley. Podrán utilizar la declaración jurada simplificada y la mecánica simplificada de determinación del impuesto, evitando exhibir patrimonio final o consumos, pero quedarán excluidos de ventajas como la prescripción reducida y el denominado bloqueo fiscal sobre períodos anteriores.

En la práctica, podrán simplificar su declaración, aunque sin acceder al blindaje fiscal completo previsto para el resto de los adherentes.

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3. Habrá plazo hasta fines de 2027 para exteriorizar fondos

La iniciativa fija una fecha límite para quienes quieran utilizar dinero no declarado sin que ello implique reconocer irregularidades pasadas.

El proyecto establece una ventana temporal hasta el 31 de diciembre de 2027 para canalizar esos fondos hacia inversiones, consumo o adquisición de bienes registrables.

Según los especialistas, la norma evita hablar expresamente de blanqueo, aunque en los hechos funciona como una regularización con plazo determinado y con protección respecto del pasado fiscal de esos recursos.

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4. Bienes Personales: los fondos se incorporarán al patrimonio desde el momento en que se utilicen

Otro de los cambios apunta a evitar conflictos con el Impuesto sobre los Bienes Personales.

El proyecto dispone que los fondos exteriorizados se considerarán incorporados al patrimonio desde la fecha de la operación en la que sean utilizados o ingresados al sistema formal.

De esta manera, se busca impedir que el contribuyente deba enfrentar reclamos retroactivos por Bienes Personales o que la utilización de esos recursos sea interpretada como una confesión de tenencias ocultas en ejercicios anteriores.

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5. «Las operaciones inmobiliarias pueden no ser bancarizadas»

La obligación de utilizar mecanismos autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores deja de depender únicamente de normas reglamentarias y pasa a estar expresamente contemplada en la ley.

La exigencia se considerará cumplida siempre que el sistema financiero intervenga en el origen o en el destino de los fondos.

Además, el proyecto despeja una de las principales dudas vinculadas con las operaciones inmobiliarias. Los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con el régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.

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«Las operaciones inmobiliarias pueden no ser bancarizadas. Los pagos en efectivo efectuados en escrituras públicas son compatibles con la exigencia del régimen«, señaló Litvin.

La iniciativa busca incentivar que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero, se canalicen hacia inversiones inmobiliarias. Es por eso que se trata de uno de los cambios más relevantes del nuevo proyecto de ley.

6. Depositar dinero dejará de ser un elemento utilizado en contra del contribuyente

La reforma limita el uso de presunciones históricamente empleadas por el fisco para justificar ajustes.

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En particular, elimina la posibilidad de aplicar las presunciones de incremento patrimonial no justificado y de depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados cuando se trate de contribuyentes adheridos al régimen.

El cambio busca resolver una de las principales preocupaciones de quienes evalúan ingresar dinero al sistema financiero: que el simple hecho de depositarlo genere automáticamente una fiscalización o un ajuste tributario.

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7. ARCA deberá probar las inconsistencias con información concreta

El proyecto fortalece la llamada presunción de exactitud de las declaraciones juradas simplificadas.

La carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA, que solo podrá basarse en información declarada por el contribuyente, datos propios del organismo o información suministrada por terceros.

«Cualquier otra consideración no tendrá valor probatorio alguno», establece el texto.

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Para los especialistas, este punto representa uno de los mayores avances en términos de seguridad jurídica porque reduce la discrecionalidad del organismo fiscal y limita el uso de indicios o presunciones no respaldadas por evidencia concreta.

8. Se endurecen los requisitos para que exista una «discrepancia significativa»

La reforma modifica el criterio utilizado para determinar cuándo una diferencia detectada por ARCA puede hacer caer los beneficios del régimen.

Hasta ahora, el porcentaje se calculaba sobre el impuesto a pagar, lo que podía generar observaciones por montos relativamente pequeños cuando existían retenciones, percepciones o pagos a cuenta.

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Con el nuevo esquema, la diferencia deberá superar el 15% del impuesto determinado y, además, exceder un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en la Ley Penal Tributaria, actualmente cercano a los $5 millones.

El objetivo es evitar que ajustes menores o diferencias de escasa relevancia terminen generando consecuencias desproporcionadas para los contribuyentes.

«El sistema dará mayor seguridad jurídica. De aprobarse, las diferencias objetadas por el fisco solo serán consideradas significativas si superan dos umbrales: el 15% de la diferencia de impuesto y el 5% del límite punible de la Ley Penal Tributaria. Cuando una diferencia no superará ninguno de estos dos parámetros, no se la considerará relevante para cuestionar la declaración», detalló César Litvin.

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9. Habrá margen para corregir errores sin perder los beneficios

El proyecto incorpora un mecanismo correctivo que había sido solicitado por los tributaristas.

Si ARCA detecta una diferencia y el contribuyente rectifica su declaración y cancela los importes correspondientes dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, podrá conservar los beneficios del régimen.

«Antes, una discrepancia significativa podía hacer caer todos los beneficios. Ahora, si el contribuyente rectifica y paga, mantiene la protección prevista por la ley», explicó Litvin.

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La medida apunta a distinguir los errores subsanables de las conductas que impliquen una intención de evasión.

10. Se prevén devolución de pagos, perdón de multas y un rol más favorable de la UIF

La iniciativa incorpora varias garantías adicionales para los adherentes.

Por un lado, si una determinación fiscal es anulada en sede administrativa o judicial, ARCA deberá devolver las sumas abonadas dentro de los 45 días hábiles posteriores a la resolución firme, junto con los intereses correspondientes.

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Por otro, quienes hayan regularizado previamente tributos e intereses podrán acceder a la exención de multas siempre que acepten la pretensión fiscal y renuncien a reclamar posteriormente la devolución de esos importes.

Además, el proyecto instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que considere la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los procesos de monitoreo y análisis de operaciones, una señal destinada a brindar mayor previsibilidad frente a los controles vinculados con la prevención del lavado de dinero.

La advertencia de los tributaristas sobre la «letra chica»

Pese a las mejoras introducidas, algunos especialistas observan un punto que todavía genera preocupación.

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El proyecto mantiene la posibilidad de perder los beneficios del régimen por el cómputo improcedente de retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta, sin establecer un umbral mínimo de tolerancia.

«Si bien los cambios en general son positivos, en tanto apuntan a otorgar mayor seguridad jurídica y a ponerle fecha de vencimiento a la formalización de los dólares que están debajo del colchón, lo que no nos parece prudente es que cualquier diferencia —por mínima que sea— en materia de retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta haga decaer los beneficios«, advirtió Alberto Mastandrea, socio de Impuestos de BDO.

Y agregó: «La ausencia de todo umbral mínimo para estos conceptos convierte a un simple error de imputación en una causal de pérdida del beneficio, equiparándolo a la maniobra deliberada y transformando esa previsión en una verdadera trampa cazabobos».

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ECONOMIA

Sigue el boom de uno de los principales motores económicos: la producción minera creció con fuerza en abril

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La producción minera creció 9,5% interanual en abril. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El índice de producción industrial minera argentina registró en abril de 2026 un incremento interanual de 9,5% y de 0,7% mensual desestacionalizado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El acumulado de los primeros cuatro meses del año mostró una suba de 7,4% respecto al mismo período de 2025, lo que consolida el repunte del sector a nivel nacional.

En abril de 2026, la producción industrial minera argentina, que hoy es uno de los principales motores económicos junto con el agro, experimentó un avance significativo, con sectores como la extracción de sal y los minerales para la fabricación de productos químicos a la cabeza del crecimiento, de acuerdo con datos del Indec. Otras áreas, como la extracción de carbón y los servicios de apoyo para la industria de petróleo y gas, presentaron bajas, lo que evidencia un comportamiento desigual entre los distintos segmentos productivos.

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Según el organismo estadístico, la extracción de sal lideró las alzas, con un crecimiento interanual de 150,3% en abril. Los minerales destinados a la elaboración de productos químicos también se destacaron, con un aumento de 73,0% en la comparación con el mismo mes del año anterior.

Dentro de este grupo, la producción de carbonato de litio aumentó 79,0% y los minerales de boro subieron 35,9 por ciento. En tanto, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación evidenció un crecimiento de 45,5 por ciento. Específicamente, la producción de piedra caliza y yeso se incrementó en 5,2%, mientras que la de clínker, insumo esencial para el cemento, mejoró 16,5 por ciento.

La extracción de petróleo creció casi 20% interanual en abril. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La extracción de petróleo creció casi 20% interanual en abril. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el rubro de metales preciosos, tanto la plata como el oro avanzaron 15,8%, y el bullón dorado/doré lo hizo 7,4%, aunque el conjunto restante de minerales metalíferos retrocedió 55,4 por ciento. En cuanto a hidrocarburos, el índice de “extracción de petróleo crudo” marcó un salto interanual de 19,1 por ciento. Dentro de ese segmento, la extracción de petróleo no convencional fue la de mayor impulso, con una suba de 39,2 por ciento. El gas natural aumentó 2,8%, destacando una mejora de 12,2% en la extracción no convencional y una baja en la producción convencional.

No todos los segmentos evolucionaron favorablemente. El Indec registró un retroceso de 19,8% interanual en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, mientras que el acumulado de enero a abril de 2026 mostró una caída de 17,2% para este mismo rubro.

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En el segmento de combustibles sólidos, la extracción de carbón y turba descendió 21,6% en la comparación anual y retrocedió 18,4% en el acumulado de los cuatro primeros meses. La “extracción de arcilla y caolín” tuvo una baja interanual de 17,1% y acumuló una disminución de 14,2 por ciento.

También se observaron caídas en la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: el rubro completo cayó 5,7% en abril, con una baja de 22,3% en arenas industriales y de 5,8% en arena de fractura.

Otras áreas que registraron retrocesos fueron la extracción de rocas ornamentales y piedra caliza para cal o cemento, así como los minerales metalíferos no ferrosos distintos de oro, plata y bullón dorado.

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La extracción de sal lideró las alzas, con un crecimiento interanual de 150,3% en abril. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La extracción de sal lideró las alzas, con un crecimiento interanual de 150,3% en abril. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, remarcó que “el IPI minero de abril confirmó que el sector sigue siendo uno de los motores más dinámicos de la economía argentina”.

“El dato más destacado es el petróleo crudo, que subió 19,1% interanual, impulsado casi exclusivamente por el segmento no convencional con un avance del 39,2% anual, liderado por Vaca Muerta. Por el contrario, el petróleo convencional continuó su declive estructural (-10%). El litio también sigue creciendo a ritmos crecientes, con un aumento del 60,4% interanual. Esto refleja la maduración de los proyectos de los últimos años”, evaluó Cachanosky.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, coincidió al subrayar que “la minería y la energía volvieron a mostrar un buen desempeño en abril y consolidan como dos de los principales motores de la actividad económica del país”.

“Las inversiones realizadas, y las que vendrán, continuarán generando mayores niveles de producción, consolidando a ambos sectores como pilares del crecimiento. La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio y el avance de nuevos proyectos de inversión permiten anticipar que el sector seguirá aportando exportaciones, divisas y actividad durante los próximos meses”, añadió Casas.

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ECONOMIA

Colgados de la luz: el robo de electricidad cuesta unos u$s650 millones en la Argentina

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El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible. 

Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.

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Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.

En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.

La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.

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Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico

Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.

A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.

El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.

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Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.

Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.

Política sectorial y situación social

El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.

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Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.

Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.

Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.

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La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.

Una afectación a la calidad del sistema

Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.

El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.

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Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.

De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.

Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.

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ECONOMIA

Compactas, medianas y full size: así es la oferta completa de pickups en la Argentina

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Las exportaciones de pickups le dan escala de producción a las fábricas argentinas. A finales de 2027 se fabricarán en el país seis camionetas diferentes

El reciente informe industrial de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), con los resultados correspondientes a 2025, confirmó la tendencia que está viviendo el sector en el último tiempo en el mercado local. Aunque los vehículos que más se venden en Argentina son hoy los nuevos SUV, las pickup medianas se han convertido en el principal producto de las plantas nacionales por su proyección como productos manufacturados de exportación.

El informe destacó que las pickup Toyota Hilux y Ford Ranger son los dos únicos vehículos argentinos que crecieron en el último año en ventas al exterior, lo que impactó directamente en un aumento de la producción también. Así, las camionetas se convirtieron en los últimos años en el vehículo argentino por excelencia, al que se están volcando incluso marcas que no tenían historia en ese segmento como Fiat.

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En cambio, el resto de los modelos que se fabrican en las plantas argentinas cayeron en ambos rubros, producción y exportación, acentuando la necesidad de convertir a la industria nacional en productora de vehículos utilitarios livianos para sostener una escala suficiente que permita tener rentabilidad y justificar nuevas inversiones.

Vista aérea de la carrocería gris de una camioneta sin terminar en una línea de montaje. Se ven puertas abiertas, maquinaria, pasillos naranjas y barreras amarillas en la fábrica
Las pickup medianas Toyota Hilux y Ford Ranger son los dos vehículos más exportados de la industria automotriz argentina. (Infobae)

A nivel industrial, Argentina es el cuarto productor mundial de camionetas detrás de Tailandia, Estados Unidos y China. Además de Toyota y Ford, Stellantis sumó en 2025 las Fiat Titano y Ram Dakota que se fabrican en Ferreyra, Córdoba, y Volkswagen reforzará totalmente la propuesta de Amarok, que tendrá un vehículo completamente nuevo desde 2027.

Aunque no se producen localmente, en el segmento de las pickup medianas también hay modelos importados como la clásica Chevrolet S10 brasileña, la Nissan Frontier mexicana y la Mitsubishi L200 tailandesa, que complementan la oferta de vehículos utilitarios medianos para los usuarios argentinos.

Si bien el año pasado se dejaron de fabricar las Renault Alaskan y Nissan Frontier en Santa Isabel, la “dueña de casa”, Renault, lanzará este mismo año su camioneta compacta Niágara producida integralmente en la histórica fábrica cordobesa.

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En este segmento de las camionetas de media tonelada hay cada vez más competidores por ofrecer la versatilidad de uso con un precio más accesible y un tamaño que favorece el uso en ciudad frente a sus hermanas mayores.

Una pickup compacta Volkswagen Tukan camuflada con un patrón azul, amarillo y naranja está estacionada en un almacén industrial oscuro con columnas
Volkswagen Tukan será la pickup compacta de la marca en 2027. (Volkswagen Argentina)

Fiat lidera el mercado con dos vehículos brasileños, Fiat Strada y Toro, en un segmento que tiene muchas ofertas diferentes con motores turbo nafteros y diésel y tracción simple y doble. Allí compiten desde Volkswagen Saveiro, Renault Oroch, y Chevrolet Montana, hasta las mayores Ram Rampage y Ford Maverick, todas importadas.

Entre los planes ya anunciados y los proyectos en marcha que aun no se oficializaron, hay otras dos camionetas compactas que llegarán al mercado entre 2027 y 2028. Se trata de la Volkswagen Tukan y la entrada de Toyota en este particular segmento, con un vehículo que ya se está desarrollando en Brasil tomando como base la plataforma actual del Toyota Corolla Cross, del mismo modo que, por ejemplo, Renault hará con Niágara como derivado utilitario del Renault Boreal lanzado este año en el mercado argentino.

La relevancia para la producción argentina de camionetas es el motivo por el que seguirá reforzándose la oferta de versiones incluso en las dos marcas que lideran el segmento de medianas.

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En el transcurso de 2027, Ford incorporará las versiones Híbrida enchufable y Tremor en la línea de Ranger nacional, también de fabricación en la planta de General Pacheco, y Toyota lanzará la nueva generación de Hilux, que se producirá en Zárate y que permitirá a los usuarios de la marca, acceder a las primeras versiones electrificadas de la camioneta más popular del mercado local y regional.

Si bien aún no hay precisiones al respecto, las opciones serían de más de un tren de propulsión para el vehículo que domina las ventas absolutas del mercado, ya que Hilux tiene en su portafolio una versión híbrida, una híbrida enchufable y una 100% eléctrica, que ya se vende en Chile, por ejemplo.

Ranger PHEV
Ford empezará a fabricar en 2027 la versión Híbrida enchufable de Ranger en Argentina

Las más grandes, todas importadas

La oferta de camionetas se completa con las full size, las más grandes del mercado. Todas ellas son importadas y tienen en la Ford F150 el vehículo con mayores ventas en sus tres versiones, Híbrida, Tremor (la opción deportiva) y Raptor (la más extrema).

Después están las potentes RAM 1500 y Ram 2500 que importa Stellantis desde México y Estados Unidos respectivamente; y General Motors con las Chevrolet Silverado, la más reciente en el mercado argentino con su arribo en 2024. En este caso las opciones son la Silverado Z71 Trail Boss y High Contry, que el último mes sumaron a las versiones ya existentes, las nuevas MY 2026 con una actualización estética para ambos modelos.

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