El Ministerio de Economía volvió a extender los plazos de la licitación para la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo y sumó nuevas condiciones al proceso. Mediante la Resolución 833/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la presentación de ofertas, que ya había sido postergada en dos oportunidades, quedó fijada ahora para el 25 de junio de 2026.

Según las condiciones del pliego anterior, este miércoles 10 de junio se debían abrir los primeros sobres de la licitación. Los nuevos plazos, cuya oficialización cuenta con la firma del ministro de Economía Luis Caputo, establecen que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 17 de junio a las 10:00 horas, mientras que la apertura de la Etapa N° 1 se llevará a cabo el mismo 25 de junio a las 10:00 horas. En ese momento se conocerán los interesados finales.

No es, sin embargo, la primera vez que el cronograma se corre. La fecha límite para la presentación de ofertas estuvo fijada originalmente para el 7 de mayo de 2026, fecha que luego se reprogramó al 10 de junio a través de la Resolución 521/2026. Ahora se postergó nuevamente.

La circular incorpora además dos cambios de procedimiento que amplían el control sobre el proceso. Se modificaron los artículos 34 y 35 del pliego original para exigir, antes de la finalización del proceso, la intervención obligatoria de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos que dispondrán de 15 días hábiles para expedirse.

A su vez, se ajustó el protocolo para la firma del contrato: una vez abonado el precio por el adjudicatario -cuyo precio base está fijado en USD 45,1 millones-, la firma deberá celebrarse dentro de los siete días hábiles posteriores a esa intervención, con lo que se eliminó la referencia anterior que vinculaba ese paso únicamente al acto administrativo de adjudicación.

Según pudo saber Infobae, al menos tres firmas se presentaron en la licitación. Uno de ellos, el empresario argentino Horacio Paolini, a través de su compañía Escalum; el Grupo GPS, con su filial Global Service Handling; y la francesa Alyzia, principal operadora de handling aeroportuario de Francia, con presencia en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly y más de 5.000 empleados. La suiza Swissport, que el sector especulaba como posible interesada, confirmó a este medio que no participó del proceso.

El precio base de la licitación es de USD 45.120.000, un valor que generó fuerte debate en el sector dado que el propio Ejecutivo reconoció, en el informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso, que Intercargo posee un activo corriente de USD 55 millones, de los cuales unos USD 38,5 millones corresponden a efectivo e inversiones. Ante las críticas, Diego Chaher, el funcionario a cargo del proceso, sostuvo en una nota anterior ante Infobae: “No estamos regalando nada. Todo tiene valor”, y recordó el caso de Transener, cuya oferta ganadora superó el precio base por USD 150 millones.

Intercargo fue declarada sujeta a privatización en el marco del artículo 7° de la Ley de Bases (ley 27.742). El Estado Nacional es titular del 100% de su paquete accionario y la empresa presta el servicio de rampa —carga y descarga de equipaje, push back y colocación de escaleras— en todos los aeropuertos del país. El proceso de venta no contempla la implementación de un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni preferencias especiales para los trabajadores.

El PPP es una herramienta creada durante el proceso de privatizaciones de los años ’90 para que los empleados de empresas estatales en venta pudieran adquirir parte del capital accionario de esas compañías, con una participación minoritaria y voluntaria. Este programa sí rige, en cambio, para Aerolíneas Argentinas, donde los trabajadores tienen reservado el 10% del paquete accionario.

El pliego establece que el adjudicatario deberá garantizar la continuidad del servicio en las escalas donde opera actualmente Intercargo durante al menos 180 días hábiles tras la transferencia, mantener el control societario por un período de 24 meses y no podrá participar ninguna empresa que ya controle concesiones aeroportuarias o cuente con certificados de explotador de trabajo aéreo en el país.