POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y el avance del caso $LIBRA

YPF les avisó a sus proveedores el lunes a través de una carta. Anticipó que dejará de fabricar insumos clave para la producción nacional de algunos productos de consumo masivo, como detergentes, limpiadores o jabones para lavar la ropa. Esa materia prima, creen, ahora debería importarse, ya que nadie más la produce en el país. La decisión alertó a varias empresas, pero, entre ellas, a Unilever, el principal comprador de esos químicos en el país que se usarían para la línea CIF o Skip, entre otras marcas relevantes.
La petrolera que conduce Horacio Marín confirmó la decisión a . Saldrá del negocio comúnmente conocido como de “las parafinas” porque consideró que, en las actuales condiciones del mercado, no es rentable.
El ingreso de divisas a la economía argentina comenzó a mostrar un cambio que hasta hace pocos años parecía lejano. Impulsados por el crecimiento de Vaca Muerta, el avance de las exportaciones mineras y el financiamiento asociado a nuevos proyectos, los sectores energético y minero aportaron durante el primer cuatrimestre prácticamente la misma cantidad de dólares que el complejo agroexportador.
La conclusión surge de un informe de la consultora 1816 elaborado sobre la base de datos sectoriales del Banco Central. Según el estudio, la oferta neta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) proveniente de petróleo, gas y minería alcanzó unos US$8150 millones entre enero y abril, un monto equivalente al generado por los sectores cerealeros y oleaginosos.
En un nuevo gesto de concordia y convivencia con la oposición dialoguista, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), acordó un nuevo cronograma de tratamiento para los proyectos del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para la Casa Rosada, que deberá esperar para ver avances en los proyectos más deseados por la administración de Javier Milei. Tanto la reforma política como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada seguirán demorados.
De hecho, la senadora libertaria debió ceder en sus intenciones de sesionar este miércoles con el proyecto de propiedad privada luego de reunirse por casi dos horas con los jefes de bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y de Pro, Martín Goerling (Misiones), el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y los provinciales Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y Flavia Royón (Salta), entre otros.
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El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Dialogaron sobre la agenda de trabajo compartida entre el Gobierno Nacional y la provincia y la agenda parlamentaria impulsada por la gestión libertaria. En particular, ambos destacaron a importancia de que el Congreso avance con la discusión de la reforma electoral y con la eliminación de las PASO. En ese sentido, Jalil aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”.
El gobernador invitó al Gobierno a participar de la Fiesta del Poncho durante el mes de julio y la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas mediante el proceso de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A su vez, el gobernador le comunicó al ministro la invitación a participar de la inauguración de una planta de hilado y de un Hotel Cinco Estrellas en Antofagasta de la Sierra.
Cristina Kirchner está encerrada, simbólicamente, desde hace exactamente un año, cuando la Corte Suprema confirmó su condena por la causa Vialidad. Desde el 10 de junio de 2025, la expresidenta perdió terreno como líder del peronismo y también capacidad de representación a título individual, ya que no puede ser candidata. Sin embargo, sigue influyendo en el principal partido de oposición y se mantiene, de acuerdo a las últimas encuestas, en el top 5 de la dirigencia política argentina.
Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
Un informe técnico preliminar acerca del origen de la criptomoneda $LIBRA debilita la explicación que ofreció el presidente Javier Milei respecto al tuit con el que le dio promoción al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.
El análisis, realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal y anexado ahora al expediente judicial, indica que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38.

Se trata de la cuenta que en la investigación fue identificada como una billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo de Hayden Davis.
Cuando el caso explotó, con la quita masiva de fondos y el derrumbe inmediato de la moneda, Milei dijo en una entrevista que había promovido una moneda que “era pública”, aunque nunca explicó de dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que posibilita comprar una moneda que no estaba enlistada en ningún sitio y había sido creada 23 minutos antes.
POLITICA
Por orden de Leal: un testigo aseguró entregar “fajos de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte en febrero

Por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).
En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.
El 22 de enero fue anunciada su salida y su reemplazo por Fernando Herrmann quien, a su vez, dejó Transporte en abril para reemplazar a Carlos Frugoni, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que fue apartado luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar.
Según surge de la declaración testimonial, Leal le ordenó trasladar un sobre hasta un domicilio ubicado en Posadas 1429, en la Ciudad de Buenos Aires. El envío debía ser recibido por una mujer que trabajaba en la Secretaría de Transporte.
La revelación se produjo en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre Arsat y ALS y que, en las últimas semanas, derivó en el hallazgo de casi 2,6 millones de dólares y altas cantidades de droga durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal.
Para los fiscales, el episodio del sobre no constituye un hecho aislado. Las sospechas sobre el movimiento de dinero se apoyan además en las declaraciones del chofer del exfuncionario, quien trabajó junto a él durante más de seis años y describió una serie de conductas que calificó como “raras”.
El conductor explicó que Leal llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que en numerosas oportunidades manejaba una segunda mochila que permanecía guardada en el baúl del vehículo durante dos o tres días. Según recordó, esos movimientos se repetían después de determinadas reuniones.
La descripción de esa mecánica coincidió con los testimonios de otros empleados de Arsat. Una trabajadora que se desempeñaba como secretaria del entonces gerente general declaró que era habitual ver uno o dos sobres marrones tamaño A4 apoyados sobre la mesa de reuniones del despacho. Según precisó, esos sobres carecían de cualquier identificación.
La misma empleada señaló además que quienes acudían a reunirse con Leal solían hacerlo con mochilas propias. Entre los visitantes frecuentes figuraba uno de los hombres señalados en la investigación como intermediario entre Arsat y ALS, Santiago Pando.
Los investigadores consideran que la reiteración de estos elementos permite reconstruir una metodología para el traslado de dinero en efectivo. En la hipótesis de la investigación, la circulación de sobres, mochilas y valijas habría sido parte de un posible sistema utilizado para mover los retornos ilícitos que, según sospechan, se pagaban en dólares estadounidenses.
Además, el chofer de Leal aseguró que en febrero, en el mismo mes que se dio la entrega a la funcionaria de Transporte, identificada como “Belén”, recibió una instrucción específica de su jefe para trasladar una valija desde la ciudad de Buenos Aires hasta un domicilio vinculado al entonces funcionario en la provincia de Mendoza. Meses después, cuando la policía realizó los allanamientos, los investigadores encontraron en ese equipaje una parte sustancial de los casi US$2,6 millones secuestrados durante los allanamientos al exfuncionario.
Durante su testimonio, el conductor reconoció formalmente la valija exhibida por los fiscales y confirmó que era la misma que había llevado por orden de Leal. En su interior había alrededor de US$1,7 millones.
reemplazar a Carlos Frugoni,secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía,Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Diputados argentinos denunciaron que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso al país

Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.
La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.
El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.
Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.
Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.
De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.
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POLITICA
Avanza en Paraguay el juicio contra el exsenador Kueider por contrabando de US$ 200.000

El juicio oral y público contra el exsenador entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel por contrabandear 200.000 dólares se reanudará mañana en Paraguay con una audiencia en la que la fiscalía podría ampliar la acusación contra ambos.
Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.
La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.
Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.
Una vez concluido el juicio en Paraguay y que cumpla allí su pena, Kueider debería ser extraditado a la Argentina.
Después de la apertura del juicio el martes pasado, el proceso contra Kueider y su exsecretaria Guinsel Costa se reanudará mañana, martes 16 de junio, a las 10.30 hora local, en la sala 10 del sexto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.
Será la segunda audiencia del debate oral y por lo ocurrido la semana pasada es posible que mañana continúe la recepción de pruebas, que quedó en marcha al cierre de la primera jornada, por lo que el tribunal indicó que retomaría esa tarea.
Asimismo se espera que haya una definición sobre el planteo fiscal de ampliar la acusación. La fiscalía a cargo de Ysrael Villalba ya advirtió que podría formalizar un pedido para incorporar nuevas modalidades de contrabando.
El tribunal deberá decidir si lo admite o no, o si posterga para una audiencia posterior la decisión con un plazo para que la defensa responda. También existe la posibilidad de que Kueider o Guinsel decidan declarar en esta segunda audiencia, algo que ambas defensas dejaron planteado cuando dijeron la semana pasada que iban a hacerlo “más adelante en el proceso”, sin precisar cuándo.
El juicio arrancó la semana pasada después de varias postergaciones. El tribunal está integrado por la jueza Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Ni el fiscal Ysrael Villalba, ni la defensa a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo plantearon asuntos previos que dilataran el comienzo del debate.
Kueider escuchó la acusación junto a Guinsel y sus abogados. Cuando la presidenta del tribunal les ofreció la posibilidad de declarar, tanto Kueider como Guinsel se abstuvieron, aunque dijeron que iban a hacerlo con el avance del proceso. El tribunal dio inicio a la recepción de pruebas y, al concluir la jornada, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana.
El fiscal Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.
Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.
El abogado de Kueider, Marcelo Bogado, relativizó esa posibilidad, ya que dijo que el fiscal tiene problemas “para acreditar algunos aspectos de la acusación” y estimó que el propio tribunal podría terminar evaluando una recalificación de los hechos, para cambiarlos por una figura mas beneficiosa para su cliente.
Kueider es juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.
Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.
Según el acta fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.
Sobre esa base, la fiscalía paraguaya calificó preliminarmente el hecho como una tentativa de contrabando, al sostener que el dinero en efectivo constituye un “instrumento negociable” en los términos de la normativa especial sobre la materia, y que la conducta de no declararlo configuró un intento de “ocultar los instrumentos de valor monetario”.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.
Eduardo Kueider,Conforme a
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