ECONOMIA
Arrancó nueva etapa en el campo: controlarán el «DNI» de las semillas que se usen para sembrar

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo sistema de fiscalización de semillas que modifica de manera significativa la relación entre los productores agropecuarios y las empresas obtentoras de variedades genéticas.
A través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Secretaría de Agricultura, el Ejecutivo estableció un protocolo de control de identidad varietal en grano a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha, esto es, en acopios, cooperativas y puertos de exportación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial en la mañana de este lunes, fue el resultado de un proceso de semanas en el que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, había presentado el esquema a las entidades rurales y al sector semillero. La medida aplica únicamente a las variedades que se inscriban a partir de su publicación, lo que acota su alcance inmediato, pero sienta un precedente que alcanzará a todo lo que se registre de aquí en adelante.
Cómo funciona el nuevo sistema
El mecanismo toma como modelo el sistema Bolsatech, que en su momento fue utilizado para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto en la cadena de comercialización. Ahora, la nueva resolución generaliza ese tipo de control a todos los cultivos autógamos, que son aquellos en los que el productor puede guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente, como ocurre con la soja, el trigo y el algodón.
En términos concretos, los establecimientos que operen como puntos de entrega primaria del grano deberán:
- Tomar muestras de cada cargamento y someterlas a análisis de identidad varietal mediante métodos reconocidos por el INASE
- Utilizar pruebas genéticas o de inteligencia artificial por imagen
- Conservar las muestras junto con las contramuestras en sobres rotulados durante 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis
- Enviar los resultados simultáneamente al titular de la variedad y al productor que entregó el lote
Si el obtentor detecta que la variedad fue utilizada sin el pago de las regalías correspondientes, tendrá un plazo de 60 días para denunciar el caso ante el INASE, que actúa como árbitro en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo directo. Antes de esta reforma, el organismo aplicaba sanciones y multas a los infractores; ahora su rol es más acotado.
Los análisis estarán a cargo de Cámaras Arbitrales o de entidades privadas habilitadas que hayan suscrito convenios con el INASE. El costo operativo del sistema recaería en los titulares de las variedades —las propias semilleras—, aunque en la práctica los productores del sector advierten que ese gasto terminará siendo trasladado a lo largo de la cadena.
Una reforma con historia y con presiones externas
El debate sobre la propiedad intelectual en semillas tiene en Argentina una historia de décadas, cruzada por intereses contrapuestos y por intentos fallidos de reforma. La Ley de Semillas vigente —la 20.247, sancionada en 1973— reconoce el derecho del productor al uso propio: la posibilidad de reservar parte de su cosecha para resembrar en campañas posteriores sin pagar nuevamente por la tecnología genética.
Las empresas obtentoras reclaman desde hace años que ese mecanismo, combinado con la escasa capacidad de control del Estado, genera un mercado informal de semillas que les impide cobrar las regalías por sus desarrollos.
El Gobierno llegó a esta resolución tras descartar una reforma legislativa directa. La adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 —que restringe severamente el uso propio— había sido incorporada como compromiso en el acuerdo bilateral firmado con la administración de Donald Trump, pero esa adhesión requiere una ley del Congreso y enfrenta resistencia tanto en las cámaras como en las organizaciones agrarias. En ese contexto, el Ejecutivo optó por avanzar por vía reglamentaria en aquello que tenía a su alcance: fortalecer el control en la cadena comercial.
Ya en 2016, el gobierno de Cambiemos había implementado un mecanismo similar a través de la resolución 207 del INASE, denominado Sistema Bolsatech, para evitar una colisión frontal con Monsanto. Y en 2024, la entonces Secretaría de Bioeconomía había establecido la obligación para los productores de informar la compra de semilla original y conservar la factura correspondiente. La resolución de hoy profundiza esa línea.
El argumento de Sturzenegger: genética, brecha de rendimientos y reforma estructural
Sturzenegger salió a defender la medida con fuerza en sus redes sociales, presentándola como una reforma de fondo que permitirá a la Argentina alcanzar la frontera tecnológica en producción agrícola. El ministro sostuvo que el atraso del país en materia de rindes respecto de competidores como Brasil y Estados Unidos se explica, en gran medida, por la falta de protección efectiva a la propiedad intelectual en semillas.
Para ilustrar su argumento, Sturzenegger comparó los rendimientos del algodón en el Chaco —alrededor de 600 kilos de fibra por hectárea— con los de Brasil, donde superan los 1.800 kilos, y planteó que la diferencia se origina en que Brasil protege los derechos de los obtentores mientras que la Argentina no lo hace de manera efectiva.
En esa misma línea, señaló que el crecimiento de la productividad en soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial desde hace décadas, y que el año pasado Brasil registró 330 variedades nuevas de esa oleaginosa frente a apenas 23 en la Argentina.
«Lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado, que es el que tiene capacidad de hacerlo eficientemente. Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual, los privados se tienen que arreglar entre ellos. Solo si no hay acuerdo pueden ir al INASE, que actúa como tribunal de alzada», explicó el ministro.
Sturzenegger aclaró que el nuevo sistema no implica la adhesión a UPOV 91 —que continúa siendo un objetivo declarado del Ejecutivo para una instancia legislativa futura— y que tampoco afecta retroactivamente a las variedades ya inscriptas. También señaló que su estimación indica que, al acercarse a la frontera tecnológica, la Argentina podría incrementar sus exportaciones agrícolas en al menos u$s4.000 millones anuales.
Sin embargo, los críticos apuntan que el propio Sturzenegger reconoció en su texto que la Ley de Semillas vigente ya establece el derecho de propiedad de manera clara, y que el problema real era la falta de voluntad del INASE para fiscalizar. Un señalamiento que resulta llamativo teniendo en cuenta que el mismo ministerio impulsó el año pasado un decreto que redujo la jerarquía institucional de ese organismo, el cual estuvo prácticamente paralizado durante seis meses hasta que el Congreso rechazó la iniciativa.
El campo responde: los costos, el uso propio y la pregunta por las retenciones
Las entidades rurales habían presentado su propia propuesta para actualizar la Ley de Semillas —elaborada junto con CREA y Aapresid— que el Gobierno no tomó en cuenta. En su defensa pública de la medida, Sturzenegger fue un paso más allá y acusó a las organizaciones rurales de haber monopolizado el debate con el tema de las retenciones, incluso cuando las discusiones involucraban medidas con potencial de incrementar la producción en proporciones significativas. Esa acusación sí encontró respuesta.
Quien salió al cruce fue Pablo Ginestet, productor agropecuario y coordinador de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En la misma red social en que Sturzenegger había lanzado su escrito, Ginestet aclaró que las entidades no hablan de retenciones por rédito político sino porque durante décadas constituyeron un impuesto confiscatorio que el propio presidente Javier Milei calificó como un robo, y porque miles de productores desaparecieron bajo su vigencia.
Al mismo tiempo, Ginestet fue claro en señalar que la innovación y las mejores semillas son bienvenidas: «Celebramos toda medida que promueva innovación y mejores semillas», dijo, antes de pedir que el diagnóstico no se reduzca a un solo factor.
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ECONOMIA
El sueldo dura cada vez menos: 6 de cada 10 argentinos no llegan al día 20 del mes

El salario volvió a convertirse en una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según una encuesta de Zentrix, la mayoría de los hogares considera que sus ingresos no logran acompañar la inflación y enfrenta dificultades para sostener sus gastos durante todo el mes.
El dato más relevante del relevamiento indica que el 86,1% de los consultados cree que su sueldo pierde frente a la inflación. El indicador permanece cerca del máximo registrado en abril, cuando alcanzó el 86,6%, y muestra que la percepción negativa sobre los ingresos continúa instalada desde marzo.
Incluso dentro del electorado oficialista aparece una mayoría que reconoce esta situación: el 70,2% sostiene que sus salarios quedaron por debajo de la evolución de los precios. Entre quienes votaron a la oposición, la cifra escala al 96,6%.
Cuánto duran los ingresos de los hogares argentinos
La dificultad para llegar a fin de mes aparece reflejada en otro de los indicadores del estudio.
- El 61% de los encuestados asegura que el dinero disponible se termina antes del día 20 de cada mes.
- El 24,3% afirma que logra llegar a fin de mes, pero sin capacidad para generar ahorro..
- Solo el 13% declara que puede cubrir todos sus gastos y además reservar parte de sus ingresos.
La situación presenta diferencias según la identificación política de los participantes. Entre quienes respaldan al Gobierno, el 45,3% señala que sus ingresos se agotan antes del día 20. En el caso de los votantes opositores, esa proporción llega al 71,3%.
La economía nacional genera más preocupación que la situación personal
El diagnóstico sobre el país mantiene una evaluación negativa. El 64% de los argentinos considera que la situación económica general es mala o muy mala.
Sin embargo, cuando la consulta apunta a la economía personal, el porcentaje disminuye: el 41,7% realiza una evaluación negativa sobre sus propias finanzas.
La diferencia entre ambos indicadores refleja que el malestar está asociado principalmente a una visión crítica sobre el escenario general, aunque no todos los hogares perciban el mismo impacto en su situación cotidiana.
En paralelo, la percepción sobre la posición económica personal también muestra cambios: el 50,2% de los consultados se ubica dentro de los sectores bajos o medio-bajos, mientras que solo el 10,5% se identifica como parte de la clase alta.
La inflación oficial y las expectativas para los próximos meses
La desconfianza sobre los datos de inflación continúa siendo elevada. De acuerdo con Zentrix, el 68,8% de los encuestados considera que el índice difundido por el Indec no representa la variación de precios que observa en su vida diaria.
Aunque el resultado es inferior al máximo alcanzado en mayo, cuando llegó al 70,6%, la percepción crítica permanece en niveles altos desde marzo.
De cara al futuro, las expectativas tampoco muestran una mejora significativa: el 55,1% cree que «lo peor está por venir» en materia económica, mientras que solo el 24% considera que «lo peor ya pasó».
Además, después de la corrupción, los salarios aparecen como la segunda mayor preocupación de la población y desplazan a la inflación, que durante períodos anteriores ocupaba el primer lugar.
El ingreso disponible tuvo una mejora, pero todavía sigue por debajo de años anteriores Más allá de la percepción social, un informe de Equilibra registró una recuperación del ingreso disponible en abril de 2026. El indicador, que representa el dinero que queda en los hogares luego de afrontar los gastos fijos, mostró una suba mensual del 0,8%. El resultado marcó el final de una etapa de siete meses consecutivos de retrocesos iniciada en agosto de 2025.
Sin embargo, la mejora todavía no permitió recuperar el terreno perdido. El ingreso disponible permaneció 1% por debajo del nivel de abril del año pasado y se ubicó 14,5% debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.
Qué sectores recuperaron ingresos y cuáles siguieron perdiendo
La recuperación de abril no alcanzó a todos los grupos. Los trabajadores asalariados privados registrados fueron los únicos que mostraron una mejora tanto mensual como interanual. En ese segmento, el ingreso disponible aumentó 1,6% frente a marzo y avanzó 1,5% respecto de abril de 2025.
El resto de los sectores continuó con resultados negativos. Los empleados públicos registraron una caída mensual del -1,1% y acumularon una baja interanual del 6,6%.
Entre los jubilados, la pérdida también continuó. Los haberes mínimos con bono retrocedieron 0,7% durante abril y acumularon una caída del 9,2% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, las jubilaciones superiores a la mínima disminuyeron 0,2% en la comparación mensual y 3,5% en términos interanuales.
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ECONOMIA
Mientras compra pesos a China, la Casa de la Moneda va a empezar a imprimir billetes para Nigeria: los detalles del acuerdo

Mientras se importan pesos desde China, la Casa de la Moneda comenzará a imprimir billetes para Nigeria. Se calcula que las máquinas volverán a encenderse en agosto para imprimir unas 700 millones de unidades.
La empresa a cargo de la compra es la inglesa De la Rue, que se encargará de proveer las nairas producidas en las plantas de Retiro y Don Torcuato al banco central nigeriano.
Según fuentes de la Casa de Moneda, las negociaciones iniciaron en marzo y hace dos meses les hicieron firmar a los trabajadores un contrato de confidencialidad para evitar filtraciones sobre el tema. La denominación que se imprimirá corresponderá a billetes de 500 nairas.
Esperan que el trabajo tome entre 18 y 24 meses y que la mayor parte de los insumos sean provistos por De la Rue, la cual se beneficiaría de la mano de obra, la moderna maquinaria alemana adquirida en 2022 y exenciones aduaneras. Por ello, el costo sería muy bajo.
Las fuentes afirman que la empresa estaba buscando fábricas en Latinoamérica y la capacidad ociosa de la Casa de Moneda, además de lo anterior, contribuyó a que fuera la elegida.

“El contrato está firmado, pero aún no hemos completado toda la operación. Falta la instancia de la orden de compra. Es decir, está muy avanzado. Te diría que es inminente”, precisaron otras fuentes.
Y explicaron: “Casa de Moneda necesitaba volver a salir al mercado porque, desde 2024, tras el cese de los contratos, la actividad vinculada a la impresión de billetes había quedado prácticamente paralizada. Entonces, como una cuestión proactiva y, justamente, para mantener la empresa productiva, se empezó a mirar el mercado internacional. En ese contexto surgió la posibilidad de producción a fasón y se avanzó con esas gestiones”.
En ese sentido, se están presentando a todos aquellos bancos centrales de la región que tienen licitaciones abiertas. Por ejemplo, a fines del año pasado buscaron proveer a Paraguay y actualmente están completando la documentación para participar de una licitación del Banco Central de Bolivia y Guatemala.
“Nos estamos lanzando al mercado internacional, principalmente al regional, con la idea de explorar todas las oportunidades comerciales que existan. Donde haya una posibilidad de competir, nosotros nos vamos a estar”, remarcaron.
“En materia de impresión de billetes, cualquier oportunidad que surja en el mercado nos encuentra disponibles para cotizar y competir”, sostuvieron las fuentes.
Cabe recordar por otra parte que en 2024 el BCRA realizó una licitación para confeccionar 540 millones de billetes de $20.000. A partir de ese entonces, los proveedores pasaron a ser China Banknote Printing and Minting y Crane Currency Malta. El motivo fue el menor costo que representaba importarlo desde el país asiático, al igual que está sucediendo en la mayoría de los sectores de la economía.
En abril de 2025, el Gobierno nacional había ratificado, mediante el Decreto 295/2025, el nuevo estatuto de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y extendido la intervención de la empresa estatal, en el marco del proceso de reorganización de las empresas públicas.
En los considerandos, el Ejecutivo recordó que Casa de Moneda fue intervenida en noviembre de 2024 mediante el Decreto 964/2024, que designó al abogado Pedro Daniel Cavagnaro como interventor por un plazo inicial de 180 días.
Según indicaron, durante la intervención se avanzó en la reorganización de la empresa y en el análisis de sus cinco principales unidades de negocio: la fabricación de billetes, la producción de estampillas fiscales e instrumentos fiscales de control con servicios de trazabilidad, la confección de pasaportes, la fabricación de chapas patentes y los servicios de atesoramiento y destrucción de billetes para el Banco Central.
En ese contexto, en la Casa de Moneda dijeron: «Nuestro único accionista es el Estado nacional. Y no dejamos de estar dentro de la órbita de las empresas que el Gobierno tiene intención de privatizar».
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ECONOMIA
Qué espera con urgencia el mercado tras la buena respuesta inicial al plan anticrisis de Caputo

El economista Miguel Kiguel tiene un diagnóstico que, hoy en día, es compartido por varios de sus colegas y también por las consultoras más escuchadas en la City.
«El semestre que arranca no va a ser fácil, pero tampoco empieza desde cero. El Gobierno llega con una mejor posición de reservas, una inflación que retomó el camino descendente y un volantazo político. Lo más difícil será convertir un semestre financieramente sólido en algo que también se sienta en el bolsillo y que, llegado 2027, pueda trasladarse a las urnas», apuntó Kiguel.
La preocupación por la situación de la denominada «economía real» es concreta y extendida. Para los economistas no está nada claro cuáles podrían ser los motores de la actividad económica.
El mercado financiero tomó muy bien el anuncio de Luis Caputo sobre el plan para refinanciar los vencimientos de la deuda de los próximos 18 meses. No es poco; la incertidumbre por los dólares siempre es la base de las crisis en la Argentina, pero nadie duda de que en el actual contexto falta más.
El mensaje de Caputo sobre los vencimientos de deuda
Lo cierto es que Caputo consiguió ayer lunes un objetivo que venía persiguiendo desde hace meses: despejar el principal foco de preocupación de los inversores. Con el anuncio de su estrategia para afrontar los vencimientos de deuda de este año y de 2027, el equipo económico buscó instalar la idea de que no habrá una nueva crisis cambiaria ni sobresaltos financieros en la antesala de las elecciones.
El mensaje fue contundente. La administración de Javier Milei aseguró que tiene cubiertos los compromisos de deuda por u$s19.200 M de este año y que también tiene diseñado el esquema para afrontar los u$s24.900 M que vencen en 2027. Incluso sostuvo que el programa financiero para 2026 terminaría con un excedente de unos u$s3.700 M.
La señal apunta directamente al mercado. Después de las turbulencias cambiarias de 2025, el Gobierno intenta convencer a bancos, fondos de inversión y empresas de que esta vez el dólar permanecerá bajo control y que no habrá riesgos de un default que obligue a cambiar el rumbo económico.
Sin embargo, una vez despejado —al menos parcialmente— el frente financiero, la atención comienza a desplazarse hacia otro problema que preocupa tanto a los empresarios como a los propios inversores: la economía real sigue mostrando señales de debilidad.
La reactivación que no llega y el consumo masivo que no despega
Mientras las variables financieras muestran una situación mucho más ordenada que un año atrás, la actividad continúa ofreciendo un panorama heterogéneo, con varios sectores todavía en retroceso. Los últimos indicadores recopilados por iProfesional, en base a fuentes oficiales y de las cámaras empresariales, muestran que los últimos 90 días fueron particularmente flojos para la producción.
La industria sufrió una caída mensual superior al 3%, la construcción retrocedió más del 3% y el comercio también volvió a mostrar números negativos. Lo más preocupante es que el deterioro no aparece concentrado en un único sector. Los economistas remarcan que las bajas y subas se distribuyen entre distintas ramas de actividad, lo que dificulta encontrar una explicación puntual. El fenómeno luce bastante más generalizado de lo esperado.
Donde más se percibe la desaceleración es en el consumo. El patentamiento de autos volvió a caer, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron y tampoco aparecen señales claras de recuperación en el crédito al sector privado. La recaudación también encendió una alarma: registró en junio una merma del 7,6% real.
La morosidad bancaria continúa en niveles históricamente elevados, un dato que explica por qué las entidades financieras mantienen una actitud mucho más cautelosa a la hora de prestar dinero. Sin crédito y con familias todavía financieramente ahogadas, el consumo masivo continúa sin encontrar un motor consistente.
En este escenario complicado, algunos datos ofrecen cierto alivio. El salario real volvió a mostrar una ligera mejora en los últimos 60 días y, si el proceso desinflacionario continúa, podría comenzar a traducirse en una recuperación más firme del poder adquisitivo durante los próximos meses. Pero, por ahora, ese efecto todavía no alcanza para modificar el humor del mercado interno.
La economista Marina Dal Poggetto dio un panorama para los próximos meses en su último informe:
«Hacia adelante, según nuestro estimador de actividad, la economía volvería a rebotar en junio con una suba del 0,8% empujado principalmente por el segmento de bienes. La mayor tracción es concedida por el sector energético, luego de un gran mayo, con una suba del 8,1% s.e., mientras que la construcción volvería a dar buenas señales anotando un crecimiento del 2,8% sin estacionalidad«.
El desafío electoral que enfrentará Milei si la macro no baja a la calle
Hasta ahora, la principal preocupación de los financistas era evitar una nueva crisis cambiaria de cara a las próximas elecciones presidenciales. Con el anuncio oficial sobre el financiamiento de la deuda, el Gobierno intentó responder a esa inquietud.
Ahora la discusión cambia de eje: el desafío pasa por transformar esa estabilidad financiera en crecimiento económico más generalizado. En definitiva, aparece un trade-off que hasta hace pocos meses permanecía oculto.
Para el Gobierno ya no alcanza con mostrar una inflación en descenso y un programa financiero blindado. El mercado empieza a exigir que esa estabilidad también llegue a las fábricas, al comercio, al consumo y al bolsillo.
No se trata solamente de una cuestión económica. También es política.
Entre los inversores existe la convicción de que, si la mejora de la macro no termina llegando a la economía cotidiana durante los próximos meses, Milei podría enfrentar mayores dificultades para sostener el respaldo electoral que necesitará de cara a la elección presidencial de 2027.
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