POLITICA
Sube la presión interna contra Adorni y el Gobierno se encomienda a que la oposición no consiga los votos para la moción de censura
En el Gobierno sube la presión interna para que a Manuel Adorni lo echen, mientras el presidente Javier Milei se resiste. Y si faltaba algún ingrediente, la escalada opositora en el Congreso contra el jefe de Gabinete impide desplegar la agenda libertaria.
El sentimiento contrario al ministro coordinador se exacerbó tras la entrevista que dio a LN+, que dejó un sabor rancio en el oficialismo mientras Adorni presentaba una nueva declaración jurada con un patrimonio engordado.
Como agravante, distintos espacios opositores de ambas cámaras pidieron la interpelación e impulsaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete. De esa forma volvieron a darle un sacudón a los intentos oficialistas por retomar su inercia y a impulsar temas en la agenda más allá de la polémica por el patrimonio de Adorni.
Muchos en la Casa Rosada anhelan que finalmente el ministro coordinador sea expulsado o se vaya para terminar con un cuento que lleva meses. Al mismo tiempo, se encomiendan a que los opositores no consigan el número para la moción de censura, que tiene como objetivo desplazarlo.
En la Argentina, un jefe de Gabinete jamás fue corrido del cargo con esta herramienta que, paradójicamente, fue incorporada a la Constitución en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, adorado por Milei.
El Gobierno sabe que en el Congreso será clave cómo juegue Pro (que de momento no piensa acompañar) y también los gobernadores radicales aliados.
“No creemos que prosperen esos pedidos de la oposición; Manuel no se va a ir, ni lo van a echar”: es la voz oficial de Balcarce 50.
Sin embargo, tras bambalinas, los actores políticos del Gobierno plantean un escenario legislativo que todavía conserva dudas. Creen que la oposición no tiene una tarea sencilla para conseguir el número, pero ven un fuerte convencimiento de las bancadas díscolas en hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a la interpelación y a la posterior moción de censura. La oposición tiene a su favor el generalizado malestar social hacia la figura de Adorni. Por eso, en el Gobierno dan por descontado que habrá que activar conversaciones con los aliados para frenar esa avanzada.
“Vamos a trabajar para que eso no ocurra”, afirmó a una fuente del oficialismo.
Esto, pese a que la mayor parte de los integrantes del Gobierno viven un momento de hartazgo y escuchan la promesa de que la polémica pasará, porque el fin no llega nunca.
Son los mismos sectores que creen que Milei debería echarlo, o, en su defecto, Adorni debería renunciar. Pero el Presidente está infranqueable y el jefe de Gabinete tampoco piensa en irse.
El propio Adorni hizo saber el jueves que piensa dar en julio su informe de gestión ante el Senado; o sea, que se queda al menos hasta el mes próximo.
Este viernes, en la Casa Rosada existía una cuota de incertidumbre respecto de lo que pasará en el Congreso. Pese a que Pro ya dejó trascender, como contó , que no acompañará una moción de censura contra Adorni, en ciertos despachos de Balcarce 50 se inquietaron con el comunicado del macrismo: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.
El mayor temor es que la presión social haga mella tanto en los legisladores amarillos como en los radicales aliados y que eso deje a la Casa Rosada en una situación compleja.
Además, fuentes del propio Gobierno mostraban dudas respecto de por qué los gobernadores apoyarían a un funcionario vapuleado en imagen negativa, si la contrapartida no se vislumbra del todo tentadora. ¿Por qué pagar ese costo político?
“Los de la oposición están trabajando como locos para que esto se dé; creemos que no van a llegar, pero hay mucha presión social, es un tema”, analizaban esta tarde en una oficina importante de Balcarce 50.
De momento, en la sede del Ejecutivo observan con atención los movimientos del partido de Mauricio Macri, como así también a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Asimismo, a ciertos sectores del cordobesismo, sobre todo alineados con Martín Llaryora.
En el Senado ya entró un proyecto de resolución movilizado por el peronismo para acortar los plazos de la interpelación a Adorni, mientras que en Diputados hay una sesión pedida para el próximo 23 de junio, en la que distintos sectores de la oposición buscan emplazar a comisión tanto la interpelación como la moción de censura contra el funcionario, para después llevarlas a recinto y solo precisar mayoría simple para aprobarlas.
escalada opositora en el Congreso,como contó LA NACION,Paula Rossi,Manuel Adorni,Congreso Nacional,Conforme a,,»Es mucha plata». Kicillof opinó sobre el caso Adorni y habló de “pendrives” para la provincia,,Por sus dichos en la entrevista. Manuel Adorni sumó una nueva denuncia en la Justicia,,»Presidente, defienda el cambio». Macri presiona para que echen a Adorni, pero Pro no apoyará la moción de censura,Manuel Adorni,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: la declaración de bienes de Adorni y el número de la inflación de mayo,,»Es mucha plata». Kicillof opinó sobre el caso Adorni y habló de “pendrives” para la provincia,,Caso Adorni. Qué es la moción de censura que impulsa la oposición y cómo sigue el proceso en el Congreso
En una entrevista en Infobae al Regreso, Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria, expuso la estrategia opositora ante la continuidad de Manuel Adorni y defendió la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena.
Durante la conversación, Valdés planteó que “hay varios proyectos ya ahora, en estas horas, de pedido de moción de censura de Adorni, pero se lo ganó”, en referencia a las contradicciones en las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.
Valdés apuntó contra Adorni y el oficialismo por las contradicciones patrimoniales
El legislador peronista sostuvo que Manuel Adorni “se ganó” la moción de censura por haber dado versiones opuestas sobre su patrimonio en el Congreso y en recientes declaraciones mediáticas. “Lo que ha dicho ayer o antes de ayer es inversamente a lo que él dijo hace 20 días en la Cámara de Diputados cuando fue a hacer el informe, donde manifestó que todos sus bienes están declarados”, argumentó Valdés, y subrayó la gravedad institucional de la situación: “La violación de las instituciones no son a un partido o al otro partido”.
Valdés explicó que la solicitud de censura “no es que es el bloque de Unión por la Patria solamente”, y destacó: “Hoy me sorprendió que estaba Schiaretti entre los firmantes”. Consultado sobre si llegarían a los 129 votos necesarios, reconoció: “Eso te lo cuento el día ese, porque nosotros trabajamos, pero bueno, hay otros que operan”.
El diputado también diferenció la posición del PRO, señalando que aunque “el PRO lo apoya”, la conducción del bloque—presidida por Ritondo—maneja sus propios tiempos: “A veces yo veo comunicados del PRO, mirá, te soy sincero, hace una semana hubo un comunicado del PRO, y Jorge Macri estaba en vivo en un canal de televisión, y dijo: ‘Cuando venía para acá me enteré de ese comunicado, pero me enteré por la radio del remis’”.
Debate sobre la ley de inocencia fiscal y el blanqueo: diferencias y riesgos
El panel abordó la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal y los sucesivos blanqueos de capitales en la Argentina. Valdés sostuvo: “No me gusta la Ley de Inocencia Fiscal, pero no me parece que debe ser usada por personas políticamente expuestas”.
En ese sentido, Valdés advirtió sobre el riesgo de que los blanqueos faciliten maniobras del narcotráfico: “Hoy contratan a los contadores para ver cómo los propios narcos generan lobbies para blanquear la plata mal habida”. Explicó que trabaja en una aclaratoria para excluir a personas políticamente expuestas de los beneficios del blanqueo.
Matías Barbería y Martín Tetaz detallaron que el borrador del Gobierno para modificar la ley busca ampliar el patrimonio máximo permitido y facilitar la exteriorización de fondos, pero, según Barbería, “no está esta aclaratoria, no en el borrador, que no es oficial, circula”.
Valdés remarcó su postura: “Ha habido blanqueos en época de Cristina, en época de Néstor, en época de Macri. Ahora, es excesivo la Ley de Inocencia Fiscal, les digo la verdad, es excesivo”. Defendió la transparencia: “Yo soy de los que hace la declaración jurada, la que creo en los políticos, en la que uno cuando asume un cargo es políticamente puesto”.
A un año de la condena a Cristina Kirchner: defensa, crítica a la justicia y fractura peronista
En el aniversario de la condena en la causa Vialidad, Valdés defendió enfáticamente la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner: “Nosotros sentimos que se han dado una serie de situaciones para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.
El diputado reconstruyó el derrotero judicial de la ex presidenta, asegurando que “cuando Cristina va a casación penal, le tocan Hornos y Borinsky y Barroetaveña. Hornos y Borinsky, comprobado por acceso a la información pública, iban a jugar al pádel a Olivos con Mauricio Macri”.
Valdés cuestionó la imparcialidad de la Corte Suprema, recordando que la condena incluyó la inhabilitación absoluta: “Lo más grave de la condena a Cristina no son los siete años de prisión, son la inhabilitación absoluta para administrar”. Comparó la persecución judicial con la sufrida por Hipólito Yrigoyen, afirmando: “A Cristina, en el momento que más intención de votos tenía, le prohíben la inhabilitación absoluta”.
El panel señaló la división interna en el peronismo sobre cómo manejar la situación judicial de la ex presidenta, una tensión que Valdés reconoció al afirmar: “Hay un sector del peronismo muy vinculado a la expresidenta que dice: Cristina libre tiene que ser un tema central de la campaña. Y hay otro sector que dice: de ninguna manera, la única forma en la que Cristina sea realmente liberada es que el peronismo llegue al poder”.
Hacia el cierre, Valdés reiteró: “Clamo la inocencia de las personas que conozco cómo viven y no tengo vergüenza. Yo sé que sería mucho más popular en esta audiencia que yo dijera lo contrario, pero quiero ser honesto, es lo que creo”.
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eduardo valdés
La 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida en Ginebra, adoptó el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas. Se trata de un instrumento llamado a convertirse en una referencia central para la regulación internacional del trabajo en plataformas digitales y para los debates que deberán afrontar los Estados en los próximos años.
La relevancia del instrumento y las implicancias que puede tener para los distintos sistemas jurídicos nacionales justifican un análisis atento de sus disposiciones y de los principios que lo inspiran.
Una lectura integral del Convenio permite advertir que su objetivo principal consiste en establecer estándares mínimos de protección para la economía de plataformas sin imponer una categoría jurídica uniforme para todas las personas que trabajan a través de ella.
Desde su propio preámbulo, el instrumento reconoce expresamente las diferencias existentes entre los Estados miembros respecto del desarrollo de la economía de plataformas, así como la diversidad de modelos empresariales y modalidades de trabajo que caracterizan a este sector. Del mismo modo, reconoce que las plataformas digitales han generado nuevas oportunidades de trabajo e ingresos, han favorecido procesos de formalización y han contribuido al desarrollo empresarial, al tiempo que identifica desafíos que requieren respuestas regulatorias adecuadas.
Esta premisa resulta central para comprender el alcance del convenio.
En efecto, el artículo 1 define al “trabajador de plataformas digitales” como toda persona empleada o contratada para trabajar a cambio de remuneración o pago, independientemente de la clasificación de su situación en el empleo. La definición deliberadamente evita identificar a todos los trabajadores de plataformas con una única categoría jurídica y reconoce que pueden existir diferentes modalidades de vinculación.
Esa misma lógica se refleja con mayor claridad en el artículo 9, que constituye probablemente una de las disposiciones más relevantes del Convenio. Allí se establece que los Estados deberán adoptar medidas para asegurar la correcta clasificación de los trabajadores de plataformas digitales, vinculada a la existencia o inexistencia de una relación de trabajo, basándose principalmente en los hechos relativos a la ejecución del trabajo, la remuneración o el pago, y teniendo en cuenta las especificidades propias del trabajo realizado a través de plataformas digitales.
La norma es inequívoca. El Convenio no crea una presunción universal de laboralidad, no impone la reclasificación automática de todos los trabajadores de plataformas como empleados dependientes y tampoco elimina la posibilidad de que existan formas legítimas de trabajo autónomo. Por el contrario, reconoce expresamente que pueden coexistir relaciones laborales dependientes y modalidades de trabajo independientes, debiendo determinarse cada situación la realidad de los hechos y a la legislación nacional aplicable.
Así, por ejemplo, el artículo 10 distingue expresamente entre los trabajadores de plataformas digitales vinculados por una relación de trabajo y aquellos que no lo están. Respecto de los primeros, exige que la remuneración no sea inferior al salario mínimo aplicable y prevé mecanismos de compensación de gastos cuando corresponda. Respecto de los segundos, dispone que los Estados evalúen la conveniencia de extender determinadas medidas de protección.
Asimismo, el artículo 12 impone a los Estados miembros la obligación de adoptar medidas destinadas a garantizar el acceso de los trabajadores de plataformas digitales a la protección de la seguridad social, tomando como parámetro de comparación a otros trabajadores que posean la misma clasificación de situación en el empleo.
No resulta casual que el Convenio utilice reiteradamente la expresión “misma clasificación de situación en el empleo”. Tanto en materia de seguridad social (artículo 12) como de protección general (artículo 23), el instrumento toma como punto de partida la existencia de diferentes categorías jurídicas de prestación de servicios. Ello confirma que la norma no pretende homogeneizar todas las formas de trabajo desarrolladas mediante plataformas digitales ni equipararlas automáticamente al trabajo dependiente, sino garantizar estándares adecuados de protección dentro de cada categoría reconocida por la legislación nacional.
La verdadera innovación del instrumento no radica, entonces, en la creación de una nueva categoría laboral ni en la imposición de una determinada calificación jurídica. Su aporte principal consiste en establecer un conjunto de estándares mínimos de protección adaptados a las particularidades de la economía de plataformas.
Entre ellos pueden destacarse la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la prevención de riesgos laborales, la protección frente a la violencia y el acoso, la transparencia en el uso de algoritmos y sistemas automatizados de toma de decisiones, la protección de los datos personales, el acceso a mecanismos eficaces de reclamación y reparación, la protección de migrantes y refugiados y el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento y fiscalización.
Algoritmos
Particularmente novedoso resulta el capítulo dedicado a los sistemas automatizados de toma de decisiones. Por primera vez, una norma internacional del trabajo establece obligaciones específicas de información respecto de los algoritmos utilizados para asignar tareas, evaluar desempeño o adoptar decisiones que afecten el acceso al trabajo, incluyendo el derecho a solicitar explicaciones y revisiones cuando determinadas decisiones automatizadas produzcan consecuencias significativas sobre la actividad de los trabajadores.
Asimismo, merece destacarse que el Convenio reconoce expresamente la necesidad de promover un entorno propicio para las empresas sostenibles y la competencia leal. Este aspecto refleja la búsqueda de un equilibrio entre la protección de quienes trabajan a través de plataformas y la preservación de los beneficios asociados a la innovación tecnológica, la inversión, la generación de ingresos y el desarrollo de nuevos modelos productivos.
La adopción de este Convenio refleja un enfoque pragmático. La OIT ha reconocido la heterogeneidad de la economía de plataformas y ha optado por establecer principios mínimos de protección sin imponer soluciones uniformes. De este modo, deja a los Estados la responsabilidad de determinar, sus ordenamientos jurídicos, a los hechos de cada caso y a las especificidades propias del trabajo en plataformas digitales, cuándo existe una relación de trabajo y cuándo nos encontramos frente a formas legítimas de trabajo autónomo.
En ese equilibrio entre protección, innovación y diversidad de modalidades de trabajo radica, probablemente, uno de los aspectos más relevantes del nuevo Convenio.
El autor es abogado y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Ignacio Forconi,Reforma laboral,Conforme a,Reforma laboral,,Para el sector privado. El Gobierno reglamentó el régimen de promoción del empleo registrado,,“Fue en contra de los trabajadores”. ATE denunció al Gobierno ante la OIT por la reforma laboral,,Ganancias sobre alquileres. En qué casos los propietarios dejarán de pagar el impuesto y por qué la letra chica trajo sorpresas
POLITICA
Citaron a indagatoria al extitular de ARSAT y seguirá detenido por la droga encontrada en su departamento
El expresidente de ARSAT Facundo Leal fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones realizadas dentro de la empresa estatal. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también convocó a otros acusados para que presten declaración a partir de fines de junio.
La investigación apunta a posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública. En paralelo, la Justicia avanza sobre el análisis del patrimonio de Leal luego del hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario.
Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir el origen de los fondos encontrados. Entre ellas, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, requirió información al Banco Central y solicitó las declaraciones juradas correspondientes a la Oficina Anticorrupción.
Además, todos los citados a indagatoria quedaron sujetos a una prohibición de salida del país y a medidas cautelares sobre sus bienes, incluyendo inmuebles que fueron allanados durante la investigación.
Leé también: Milei busca bajar la tensión que generó el caso Adorni en el gabinete e impulsa la vuelta de las conferencias
Por otra parte, Leal continuará detenido luego de que fuera procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución está vinculada a la droga secuestrada durante un procedimiento realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Durante su declaración, el exfuncionario sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó argumentos respaldados por un informe médico que acreditaría su adicción. Sin embargo, el juez consideró que las cantidades halladas excedían ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento.
La causa por drogas fue remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, al entender que los hechos investigados ocurrieron dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En los allanamientos realizados a fines de mayo, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero en distintas monedas extranjeras y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y un vapeador con cannabis. También se secuestraron elementos vinculados al consumo de drogas.
Otro de los puntos que generó atención durante la investigación fue el hallazgo de equipamiento tecnológico que inicialmente despertó sospechas sobre posibles tareas de espionaje. Sin embargo, un peritaje realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal concluyó que los dispositivos no fueron utilizados para actividades de inteligencia ilegal y que no contenían información relevante para otras causas judiciales.
La causa principal por presunta corrupción se originó a partir de una investigación sobre un robo ocurrido en instalaciones utilizadas por ARSAT. Durante las actuaciones, la Justicia detectó posibles irregularidades en la contratación de una empresa de logística encargada de almacenar equipamiento para un proyecto de la compañía estatal.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la firma habría obtenido contratos mediante mecanismos que habrían evitado procesos licitatorios formales. La pesquisa también analiza si existieron pagos indebidos a funcionarios para facilitar esas contrataciones.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados a exdirectivos y responsables de compras de ARSAT, que para los investigadores podrían aportar elementos sobre el funcionamiento de la presunta maniobra.
En paralelo, Leal quedó involucrado en otra investigación judicial vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El fiscal federal Ramiro González impulsó una pesquisa preliminar tras una denuncia que sostiene que podrían haberse cometido hechos de corrupción relacionados con adjudicaciones de obras y contratos.
La presentación judicial también alcanzó a otros funcionarios que ocuparon cargos dentro del organismo. Como primeras medidas de prueba, la Fiscalía solicitó informes patrimoniales, documentación administrativa y antecedentes de contrataciones realizadas durante la gestión investigada.
Además, se requirió información a distintos organismos de control para determinar si existen denuncias previas o irregularidades detectadas en las adjudicaciones bajo análisis.
ARSAT, Corrupción, investigacion
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