POLITICA
La polémica por las criptomonedas de Adorni: cómo funciona la trazabilidad y qué puede revelar una billetera
La reciente controversia sobre la justificación patrimonial con criptomonedas por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni, puso en el centro del debate la transparencia de la tecnología blockchain y generó dudas sobre la credibilidad de las explicaciones oficiales. Laureano Bielsa, abogado especialista en Finanzas afirmó en Infobae Al Mediodía que la trazabilidad técnica del sistema permite auditar movimientos, aunque persisten dificultades reales a la hora de vincular cada billetera con una persona concreta.
La utilización de criptomonedas como sustento de la declaración jurada por parte del funcionario presenta ventajas y limitaciones, según precisó el especialista. Si bien blockchain registra de manera pública todos los movimientos, no existe una relación directa y automática entre cada billetera y su titular.
Esto admite que las operaciones sean rastreables, pero al mismo tiempo deja margen para que los responsables eludan su identificación, lo que dificulta la verificación social y judicial sobre la veracidad de los fondos declarados.
“La blockchain es básicamente un sistema de contabilidad distribuido. Es como un Excel que, en vez de guardarse en mi computadora, se almacena en todas las computadoras que forman parte de la red”, explicó Bielsa. Destacó que “todas esas computadoras conservan una copia de cada transacción, lo que hace muy difícil modificar o eliminar registros”, especialmente considerando que “una red de Bitcoin tiene cientos de miles de equipos conectados”.
Cómo funciona el rastreo de fondos en blockchain
El especialista insistió en que la trazabilidad es absoluta para cualquier billetera si se conoce su clave pública. Sin embargo, planteó los límites del sistema: “Las billeteras no son anónimas, son seudónimas. Lo que tenés es una serie de números y letras que funciona como un CBU digital”. Aunque cualquiera puede consultar el historial de una billetera, sin documentación adicional no es posible saber a quién pertenece.
Al analizar si un funcionario puede justificar su patrimonio en bitcoin simplemente con la presentación de una billetera, Bielsa indicó que “no hay forma de probar que no era de Adorni esa billetera; no es consistente ni siquiera para sostener una hora de conversación”.
De todos modos, reconoció que con la clave pública puede consultarse el historial completo, ya que existen herramientas gratuitas que permiten revisar cada movimiento de manera sencilla.
Tipos de billeteras y su importancia en la trazabilidad
Bielsa explicó diferencias claves entre sistemas de almacenamiento: “Una billetera caliente es la que está conectada a Internet y te permite operar desde una computadora o una aplicación”. Por otro lado, “las billeteras frías no están conectadas y pueden ser un pendrive o una paper wallet impresa, que es un método más rudimentario y antiguo”.
El experto se mostró escéptico ante quienes aseguran haber utilizado estos soportes años atrás: “Una persona que manejaba una paper wallet en 2014 tenía que ser muy experta, porque el sistema exigía mucho conocimiento técnico”, dijo.
Y agregó: “Para transferir correctamente los fondos, era necesario gestionar los ‘vueltos’, dado que el sistema genera una clave pública nueva en cada transferencia, por lo que presentar la historia completa requiere un nivel de detalle alto”.
Al unir el contexto técnico con la dificultad de mover grandes montos de bitcoin en los primeros años, Bielsa reforzó sus dudas: “Por entonces era algo de nicho. Encontrar a alguien que tuviera 200.000 dólares en bitcoin para vender era muy complejo, había que reunirse en persona y la confianza en la operatoria era limitada”.
Dudas y críticas sobre la justificación patrimonial en criptomonedas
No sólo los aspectos técnicos siembran dudas sobre la validez de ciertas explicaciones patrimoniales con criptomonedas. Bielsa señaló: “El dato llamativo no es si ganó o perdió, es pensar que alguien puso todo su ahorro no declarado en una inversión de alto riesgo. Es muy difícil de creer”.
También se refirió a la dificultad de sostener los fondos sin retirarlos durante años: “La mayor parte de la gente, incluso usuarios experimentados, se sorprendía por pequeñas subidas y bajadas y rara vez aguantaba todo su capital invertido durante mucho tiempo”, afirmó. Según Bielsa, sólo quienes poseían sumas muy grandes o contaban con formación técnica podían tolerar semejante volatilidad.
A la hora de probar la propiedad real de una billetera, el proceso se complica aún más. “Por vía judicial formal no sería posible descifrar si está mintiendo o no, porque la billetera es seudónima y no está registrada a su nombre. Si consigue que alguien le preste una, y esa persona no lo declara, no nos vamos a enterar”, advirtió.
Aun así, remarcó que si la clave pública aparece en la declaración jurada, la comunidad técnica puede analizar todos los movimientos y ejercer cierto control social.
Según su experiencia, cuando la corrupción se cruza con la blockchain, la comunidad técnica y la sociedad civil disponen de herramientas inéditas para exponer irregularidades y favorecer la transparencia. Que los registros históricos permanezcan inalterables y sean públicamente consultables, representa —en su opinión— una vía real para mejorar las prácticas públicas y robustecer los controles, ofreciendo una esperanza concreta frente a viejos problemas.
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POLITICA
Con su nueva declaración jurada, Manuel Adorni contradijo lo que había informado en el Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió haber omitido declarar cientos de miles de dólares en sus presentaciones de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA), contradiciendo a las declaraciones que él mismo realizó ante el Congreso y en conferencias de prensa de la Casa Rosada durante los últimos meses.
“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, dijo el funcionario este miércoles. En ese reportaje, anunció que rectificaría sus declaraciones juradas para incorporar el patrimonio omitido y que abonaría los impuestos adeudados al fisco.
Según ese nuevo comentario, el jefe de Gabinete precisó cuál era el faltante que se desconocía en su patrimonio, y con el cual adquirió otras propiedades y bienes. “Invertimos 200 mil dólares en bitcoin y ganamos unos 300 mil”, reveló y luego contó que se trataba de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.
El 29 de abril pasado, con el presidente Javier Milei siguiendo el informe de gestión del jefe de Gabinete desde un palco, Adorni había asegurado ante los legisladores: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”. En ese descargo en el Congreso, también advirtió haber cumplido con las “obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”.
Esa posición la había sostenido también el 25 de marzo en una conferencia de prensa, donde afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. Y el 4 de mayo, reiteró ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada: “Nunca existió ocultación alguna”.
En la entrevista de ayer, Adorni reconoció además que la omisión fue intencional, aunque la justificó como una forma de escapar “de la vieja política”, cuando aún trabajaba en el sector privado. Sin embargo, no explicó por qué eligió transparentar esos fondos recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei, y en el momento en que la Justicia detectó gastos e inversiones que no se condicen con su patrimonio declarado.
“En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″, explicó en su última versión.
Al asumir el cargo, Adorni tenía declarados ante la OA únicamente dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, valuado en 24,1 millones de pesos, y otro de 105 metros cuadrados en La Plata, valuado en 14,1 millones de pesos. Completaban su patrimonio un Renault Captur 2019 y el equivalente a unos 25.000 dólares en efectivo.
Ya en la función pública adquirió un departamento en Caballito –sin vender el anterior- y sumó una casa en el country Indio Cua, declarada exclusivamente a nombre de su esposa, Angeletti. Eso también, dijo, fue un “error” que rectificaría para reconocer la compra a medias. La escribana Adriana Nechevenko, que participó de las operaciones inmobiliarias del funcionario, declaró que “se le dio todo junto” en los últimos tiempos.
Al ser consultado sobre el porqué no dio estas explicaciones anteriormente, el funcionario señaló que no habló antes, debido a que prefirió respetar a la Justicia. “Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, sostuvo. Sobre su vivienda en Indio Cuá, contó que tomó la decisión de mudarse tras sufrir agresiones. “Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos”, precisó.
La documentación de Adorni, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorporará activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos los USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. Según aclaró el jefe de Gabinete, su esposa no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.
La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por Adorni sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar con criptomonedas. Según esa explicación, los registros permitirán reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.
POLITICA
“Mochilas raras”: el chofer de Facundo Leal admitió que llevó la valija con US$1,7 millones a Mendoza el mismo mes de su renuncia a Orsna
La declaración de quien durante más de seis años fue el chofer personal de Facundo Leal, el exfuncionario que fue detenido con droga y 2,3 millones de dólares, es una de las piezas más sensibles de la investigación judicial que analiza presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa satelital Arsat.
Según pudo reconstruir , el relato no sólo permitió delinear movimientos cotidianos del exfuncionario, sino que además aportó detalles sobre reuniones reservadas y el traslado de equipaje que calificó como “raro”. Específicamente confirmó los movimientos de una valija que, meses después, sería encontrada con parte de los casi US$2,6 millones de dólares secuestrados al extitular de Arsat y el organismo regulador de los aeropuertos Orsna.
El chofer trabajó para Leal desde enero de 2020 hasta el 28 de mayo pasado, cuando el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue detenido. Es decir, lo trató constantemente durante las dos gestiones más relevantes que tuvo, tanto en la empresa pública como en el organismo regulador de aeropuertos. Su testimonio fue incorporado a la causa judicial en que se investigan presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS).
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, en febrero de 2026, cuando Leal renunció al Orsna, el entonces funcionario le encomendó a su chofer una tarea puntual: trasladar una valija desde la Capital hasta un domicilio vinculado a él en la provincia de Mendoza.
Cuando los investigadores le exhibieron fotografías y elementos secuestrados durante los allanamientos, el chofer reconoció formalmente aquella valija. Se trataba del equipaje encontrado en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en Mendoza, donde la policía secuestró una parte sustancial de los casi US$2,6 millones incautados durante los procedimientos.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en esa valija había alrededor de US$1,7 millones. El reconocimiento realizado por el chofer permite conectar directamente el traslado ordenado por Leal con uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
El chofer explicó que el funcionario llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que existía un comportamiento que consideraba fuera de lo habitual. Relató que, en determinadas ocasiones, Leal guardaba una segunda mochila en el baúl del vehículo y la dejaba allí durante dos o tres días. Después de ciertas reuniones, esa mochila era reemplazada por otra o trasladada por el propio funcionario.
El chofer recordó incluso haber visto a Leal ingresar a un edificio en pleno centro porteño, portando dos mochilas al mismo tiempo. Si bien aclaró que nunca observó directamente dinero en efectivo, describió esas maniobras como algo “raro”.
Ante los investigadores, el chofer describió una relación de extrema confianza entre Leal y Santiago Pando, señalado en la causa como uno de los nexos con ALS. Según declaró, Pando era una presencia habitual tanto en las oficinas de ARSAT de Benavídez como en el edificio conocido como “el Rulero”. Pero además sostuvo que los encuentros entre ambos trascendían el ámbito laboral.
El chofer explicó que frecuentemente trasladaba a Leal hasta la zona de la Recova, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según relató, muchas veces veía a Pando y entendía que ambos mantenían reuniones. “Había mucha confianza entre Pando y Leal”, declaró, al tiempo que aseguró que por la relación que observaba “parecían amigos”.
Su testimonio permite además reconstruir una verdadera ruta gastronómica de encuentros entre los imputados. El chofer recordó que Leal acostumbraba a reunirse en distintos bares y restaurantes. Entre ellos mencionó el café Havanna de la Recova, donde en varias oportunidades observó a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, sentado en las mesas exteriores, aparentemente aguardando la llegada del funcionario.
También confirmó que Leal frecuentaba el restaurante Piegari, sobre la calle Posadas, un lugar que coincide con conversaciones incorporadas al expediente en las que los acusados coordinaban reuniones. A ello se suman los viajes que realizó hacia el café Tostado de Nordelta, especialmente durante el primer año de la pandemia. En ese establecimiento identificó a Boschin y a Leonardo Comperatore, además de otras personas cuya identidad no pudo precisar.
En un contexto marcado por la renuncia de Leal al ORSNA y su posterior detención, la palabra de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos pasa a ocupar un lugar central en una causa que continúa sumando pruebas y derivaciones judiciales.
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POLITICA
Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”
El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.
El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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