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POLITICA

Asociaciones civiles denunciaron que la nueva ley de Lobby restringirá la participación ciudadana

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Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

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La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

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Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

Plenario de Comisiones - Ley de Lobby

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

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En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

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“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

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“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

  • Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
  • El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
  • La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
  • Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
  • La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.

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Diputados: la oposición no consiguió quórum y se cayó la sesión en la que buscaba rechazar el DNU de Milei sobre desregulación económica

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Finalmente, como anticipó TN, se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados impulsada por la oposición dura, el kirchnerismo y aliados, en la que iban a tratar de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, de desregulación de la economía, considerado estratégico para el Gobierno. No lograron sentar a los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

Con negociaciones, los libertarios lograron blindar el DNU, al bloquear un debate en que la oposición además apuntaba a tratar dos temas muy incómodos para el Gobierno, como los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

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“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró el titular de la cámara baja, Martín Menem, tras la caída de la sesión. El propio Javier Milei hizo eco de sus palabras y festejó en sus redes con las siglas “MAGA” y “VLLC!”, en alusión a “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez” (en inglés) y “Viva La Libertad Carajo”.

Además de los 95 legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Gabriel Bornoroni; no bajaron al recinto para bloquear la sesión los 12 del PRO de Cristian Ritondo; y los seis de la UCR de Pamela Verasay. Tampoco asistieron los dos del MID de Oscar Zago; los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego -que tiene esta tarde una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli-; Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa); y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, anunció la caída de la sesión impulsada por la oposición. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).

Tras la caída de la sesión, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que habilitaran el sistema para ver quiénes son los diputados presentes en el recinto y quiénes decidieron acompañar al oficialismo.

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La convocatoria había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. No hubo firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.

La oposición no logró reunir el quórum para derribar el DNU de desregulación económica, tratar la emergencia en discapacidad y proyectos por endeudamiento familiar. (Foto: Prensa Diputados).
La oposición no logró reunir el quórum para derribar el DNU de desregulación económica, tratar la emergencia en discapacidad y proyectos por endeudamiento familiar. (Foto: Prensa Diputados).

En los días previos, Martín Menem ideó una estrategia para bloquear la sesión que incluyó el llamado a otra sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, donde el oficialismo incluyó en el temario sus propias iniciativas en materia de discapacidad y endeudamiento familiar.

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POLITICA

Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

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Mientras en Buenos Aires el oficialismo lograba este jueves desactivar la sesión en el Congreso en la que la oposición buscaba derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente Javier Milei se encontraba en Washington exponiendo en eventos con dirigentes de derecha y ratificando su apoyo a Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones en Brasil. Esta semana, cuando en la Cámara de Diputados se realice lo que el propio Gobierno considera que va a ser “la sesión más larga de la historia de la Cámara de Diputados”, el líder libertario estará en España, justo en la antesala de los comicios adelantados en los que se definirá al próximo mandatario de ese país.

El jefe de Estado argentino estará poco menos de 96 horas en territorio nacional antes de volver a partir al exterior, en el marco de las giras que viene encabezado para posicionarse como uno de los referentes políticos de la región en medio de los cambios de signo político que se están registrando en todo el mundo.

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Si bien la agenda todavía se estaba terminando, Milei tiene previsto despegar rumbo a Madrid el lunes por la noche, después de participar durante la mañana en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La Casa Rosada todavía no terminó de confirmar la agenda en la capital española, aunque en el Gobierno daban por muy probable un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes europeas con las que el jefe de Estado mantiene una relación más fluida.

Milei volvería a reunirse con Ayuso (Europa Press)

También había expectativa por una posible reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien competirá por la Presidencia del gobierno español en las elecciones adelantadas del 29 de noviembre.

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La visita del libertario a Madrid se da en un momento de máxima tensión para la administración de Pedro Sánchez, quien tuvo que llamar a comicios antes de tiempo tras una serie de protestas masivas.

Abascal encabezará el martes a las 19:00 un acto partidario en Ponferrada, en la plaza Mayor y frente al ayuntamiento de ese municipio del norte español, pero Milei no tenía previsto trasladarse para participar de esa actividad.

El dirigente de Vox continuará entre el miércoles y el jueves con una serie de conferencias de prensa, de las que tampoco estaba prevista la presencia del Presidente argentino.

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La expectativa oficial estaba puesta, en cambio, en los contactos que Milei pueda mantener en Madrid con dirigentes y empresarios, luego de una nueva visita a los Estados Unidos que incluyó actividades políticas y reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano.

En Washington, el mandatario volvió a mostrarse en un evento junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en una señal más de respaldo a los espacios de derecha de América Latina.

“Vamos a sacar a patadas al dictador comunista”, exclamó en esa oportunidad el libertario, que se involucra cada vez de manera más directa en los procesos de la región, al referirse a Lula da Silva.

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La Casa Rosada considera que esos apoyos, que en algunos casos derivaron posteriormente en victorias electorales, forman parte de una estrategia que fortalece la proyección internacional del libertario.

Milei con Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Tierney L. Cross)

Milei ya expresó públicamente su acompañamiento a candidatos y dirigentes de ese sector en Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región. El vínculo con Abascal y con Ayuso se inscribe en esa misma línea, en momentos en que España se encamina hacia una campaña electoral anticipada.

El viaje del Presidente coincidirá con la sesión convocada en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre, que en el oficialismo anticipan que podría ser una de las más extensas de la historia reciente del cuerpo, con una duración cercana a las 24 horas.

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Después de conseguir que la oposición no lograra quórum para debatir este jueves la derogación del DNU 70/2023, La Libertad Avanza buscará ordenar su propia agenda legislativa con iniciativas que apuntan a responder a los reclamos de los bloques aliados.

Una vez más, si bien seguirá los acontecimientos desde Europa, el mandatario dejará las negociaciones políticas en manos de los integrantes de la cúpula libertaria que ya vienen conversando con los otros espacios.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, escribió el titular de la Cámara baja, Martín Menem cuando se confirmó que la oposición no había alcanzado el quórum.

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Entre los proyectos previstos para el miércoles, en tanto, figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina.

Además, el oficialismo pretende llevar al recinto el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros como concesión para los aliados.

El oficialismo tendrá un nuevo desafío en Diputados (RSFotos)

La medida, que fue autorizada por Menem luego de varias presiones, apunta a preservar el DNU 70, después de que la Corte Suprema reabriera la discusión sobre la Ley de Tierras.

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La agenda también incluiría las propuestas oficiales sobre discapacidad y morosidad o endeudamiento familiar, que el Gobierno elaboró como alternativa a los proyectos impulsados por la oposición.

La intención del oficialismo al convocar esa sesión fue, entre otros puntos, ofrecerles a los aliados una vía para acompañar las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros sin tener que votar la derogación completa del mega decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión.

Con Milei fuera del país, la negociación política quedará nuevamente en manos de Santilli, los Menem y el resto de la mesa política, que se reuniría el martes nuevamente.

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El jefe de Gabinete recibió este jueves al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una ronda de contactos con mandatarios provinciales que busca asegurar apoyos para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.

Ambas iniciativas dependen de los mismos bloques dialoguistas que resultaron determinantes para impedir que la oposición reuniera el número necesario para abrir la sesión de este jueves.

En paralelo, el martes también se retomarán las conversaciones con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con quienes el Gobierno no se reúne desde el 24 de septiembre.

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El encuentro se da después de casi un mes de diferencias por la discusión sobre discapacidad, la falta de coordinación parlamentaria y las negociaciones electorales de cara a 2027.

A pesar de esas tensiones, el PRO decidió no participar de la sesión opositora de la semana pasada y fue uno de los factores que le permitió al oficialismo proteger el DNU 70.

International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,North America

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La Casa Rosada enviará la reforma del Código Penal al Congreso antes de fin de año y la convertirá en eje de campaña

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La Casa Rosada planea enviar al Congreso antes de fin de año la reforma del Código Penal y busca convertir la agenda de seguridad en uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027. El Ejecutivo retomó las negociaciones internas sobre el alcance del texto y sostiene que la iniciativa se presentará como una reforma conjunta, y no dividida en una serie de proyectos.

En Balcarce 50 aseguran que el proyecto presentado en Diputados por Virginia Gallardo para modificar penas y reglas de prescripción no altera esa hoja de ruta. Cerca de la conducción legislativa explican que la iniciativa buscó instalar algunos de los temas de la agenda penal, pero que no forma parte de una estrategia para reemplazar ni fragmentar la reforma que prepara el Ejecutivo.

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El punto central sigue siendo cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y los equipos que intervienen en la revisión jurídica del proyecto. Entre ambas áreas circularon varios borradores durante los últimos meses y en el Gobierno reconocen que todavía existen discusiones sobre la extensión definitiva del articulado.

Una de las alternativas que gana terreno es recortar aproximadamente la mitad de la reforma original para alcanzar un texto intermedio. La primera versión superaba los 900 artículos y planteaba una modificación mucho más amplia del Código vigente, mientras que Justicia propuso después una intervención más acotada sobre su estructura actual.

En el Ejecutivo sostienen que las diferencias se redujeron y que todavía existe margen para un acuerdo antes de diciembre. La definición marcará también qué cambios ingresarán finalmente al Congreso y cuáles quedarán afuera de una iniciativa que atravesó distintas revisiones desde fines de 2025.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó el proyecto original de la reforma del Código Penal (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).

La decisión política es que no se envíen por separado los principales capítulos de la reforma. Esto marca una diferencia con la posibilidad que se había analizado de avanzar primero con un paquete puntual de endurecimiento de penas mientras continuaba la discusión sobre una modificación más amplia del Código Penal.

El borrador que circula dentro del Gobierno incluye un aumento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto, entre ellas los delitos cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. El uso de un vehículo para facilitar el robo o la fuga aparece como agravante y puede llevar la pena hasta los 15 años.

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