POLITICA
El peronismo volvió a reclamar en el Senado la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

El Salón de las Provincias del Senado de la Nación reunió a senadores y diputados del peronismo que, en el primer aniversario del fallo que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a pedir por su libertad.
El espacio elegido congregó a buena parte de los miembros del bloque justicialista del Senado y a sus pares de Unión por la Patria de Diputados y fueron los presidentes de ambos bloques los que tomaron la palabra y anunciaron que presentarán una nota frente a la Corte Suprema en donde expresarán “profundo rechazo, preocupación y repudio frente a los integrantes del poder judicial partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático”.
“No hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide a la ciudadanía elegir, cuando no se permite participar a una dirigente. Ni los genocidas ni los narcos tienen las medidas de detención que le aplican a Cristina y entendemos que esto es un disciplinamiento político de parte de los jueces”, señaló Germán Martínez, presidente del bloque de UP y quien podría ser el encargado de llevar personalmente el documento de los legisladores al Máximo Tribunal.

Luego tomó la palabra el senador José Mayans, quien hizo referencia a que “ayer -9 de junio- fue el Día de la Resistencia peronista y la compañera Cristina inauguró hace un año el encuentro señalando que nuestra misión era continuar la lucha. Ahí ratificó la decisión de ser candidata a diputada provincial para luchar contra el gobierno cipayo y antipatria de Milei. Se postuló el 5 de julio, lo ratificó el 9 y rápidamente la Corte sacó el fallo por el temor que le tienen”.
Luego de hacer referencia al intento de magnicidio que sufrió la ex Vicepresidenta, el formoseño explicó las condiciones en las que está detenida comparándola con las especificaciones de las detenciones domiciliarias de narcotraficantes y genocidas. “Solo el 1,76% de los presos tiene restricciones de visitas”.
Acto seguido, dijo que la discusión también tiene que ver con la pena. “Le dieron 6 años de prisión pero la inhabilitaron de por vida. Hay una desproporcionalidad con la inhabilitación de por vida ¿tanto miedo le tienen?”.
“Nos están sacando la patria, por eso estamos acá, a un año de la aberración que tiene detenida a Cristina Kirchner”, agregó.
Mayans apuntó contra Javier Milei por su frase en un reportaje de “ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina”, y también contra Mauricio Macri, quien, cuando desde el mundo libertario dijeron que su candidatura le hace el juego al kirchnerismo respondió que había que “preguntarle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo”.

Luego de hacer referencia a las noticias en las que se señalaba que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa y otros funcionarios por acogerse a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, el diputado Carlos Castagneto -ex titular de ARCA– explicó que esto no extinguía la causa penal por enriquecimiento ilícito. Fue una novedad de la jornada que los legisladores del peronismo utilizaron para contrastar y volver a insistir en el manejo político de la detención de CFK.
La interna peronista
La detención de CFK y una posible forma de obtener su libertad divide las aguas en el peronismo. Aunque entre los legisladores presentes había representantes de varias de las corrientes que confluyen en el peronismo -y estaba ausente Máximo Kirchner– hubo una pregunta en la que todos se miraron que fue si Axel Kicillof se debería reunir con la ex mandataria presa.
Este punto divide las aguas ya que hay sectores que entienden que hay que “correr” a la ex presidenta de los discursos de campaña, ganarle a Milei y, en todo caso, definir la forma en la que se va a solucionar su detención y proscripción y otros que entienden que no se puede ir a una elección con candidatos proscriptos.
“Lo que nos diferencia es ese punto”, explicó la diputada nacional y una de las figuras de La Cámpora, Paula Penacca. “El eje central es que cualquiera del peronismo que quiera volver a gobernar tiene que entender que no hay chance de generar mejor vida para la gente si hay líderes proscriptos y si alguien puede ir preso por las decisiones que tome que busquen mejorar la vida de la sociedad”.
El próximo 20 de junio La Cámpora organiza un banderazo en Parque Lezama en apoyo a la ex presidenta. En ese encuentro es probable que haya una bandera del Movimiento Derecho al Futuro. “Está bien que haya una bandera del sector de Axel, pero el debate no es si hay una bandera o no, es si el peronismo puede ir a una elección con sus referentes proscriptos”, agregó.
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POLITICA
Inédita decisión: citarán a veedores de la CGT y de una ONG para fiscalizar las nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana

Ya con Abel Furlán desplazado, el interventor judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, avanza con fuertes decisiones para garantizar la transparencia en la nueva votación a la que convocará antes de fin de año en la Seccional Zárate-Campana.
El abogado, que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene previsto citar a veedores de la CGT y de la ONG Transparencia Electoral para que fiscalicen las elecciones en esa filial del gremio metalúrgica, que se hicieron en marzo pasado y fueron anuladas dos meses después por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante serias irregularidades del oficialismo liderado por Furlán.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de Zárate-Campana, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González tomaron la misma decisión con la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio.

Los jueces fundamentaron su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional bonaerense y aseguraron que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Biglieri es interventor tanto a nivel seccional como nacional, tiene a su cargo la administración del sindicato y de la obra social, y se le otorgó un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical.
Para ayudarlo en su tarea, el interventor designó algunos asesores con pasado en la función pública. El más conocido es Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo libertario que provenía del equipo de Jorge Triaca y duró un año en el cargo, o Carlos Galina, jefe de asesores de Biglieri, que en el gobierno de Mauricio Macri tuvo el mismo puesto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la obra social de la UOM figura otro ex funcionario: Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde había llegado con Graciela Ocaña en la gestión de Cristina Kirchner y luego volvió con Cambiemos, entre 2017 y 2018.

Cerca del interventor afirmaron que su plan de gestión al frente de la UOM contempla cuatro pasos y el primero fue presentar en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios que, sugestivamente, son 5 dirigentes distanciados de Furlán: Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).
Una vez que Trabajo reconozca a los nuevos delegados paritarios metalúrgicos, el segundo paso trazado por Biglieri será justamente la negociación de aumentos salariales con los empresarios para la rama siderúrgica (que no pacta incrementos desde hace 2 años) y la metalúrgica en general. “Tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores cobrando un básico por debajo de la línea de pobreza -dijeron a Infobae fuentes sindicales-. No podemos esperar a terminar con la intervención judicial para salir a discutir los salarios”.
“Entre abril de 2025 y mayo de 2026 tenemos una pérdida contra el IPC de 12,9 puntos”, sostuvo otro dirigente metalúrgico, que recordó que el último aumento salarial para el sector se acordó en abril pasado.

En este escenario salarial, cruzado por la interna en el sindicato, se destacó la postura de Bonetti, quien encabezó este lunes un acto en memoria del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor al cumplirse 57 años de su asesinato, porque volvió a criticar al desplazado jefe de la UOM: tras mencionar que existe “un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, señaló que » el Gobierno ataca a los trabajadores y a la industria, pero también hay una responsabilidad de Furlán, cuya conducción carece de la capacidad y grandeza de Vandor, quien supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”.
Las tratativas salariales que pilotearán Bonetti y sus colegas podrían darles un protagonismo interno que será clave cuando finalmente se llame al congreso nacional del sindicato para volver a elegir a su conducción.
En esa instancia, hay otra resolución de Biglieri que incidirá de manera directa en el proceso de designación del nuevo jefe nacional de la UOM en reemplazo de Furlán, que tendrá lugar luego de los comicios en Zárate-Campana. Es que los titulares de las seccionales se eligen por el voto directo de los afiliados, pero la conducción nacional metalúrgica surge de un congreso del que participan delegados que envía cada seccional en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tiene.

Eso significa que los metalúrgicos no eligen directamente a quienes los van a representar a nivel nacional en el sindicato sino a los electores que son los que, en definitiva, tomarán esa crucial decisión.
Pero el problema detectado por el interventor es que los padrones de las seccionales están inflados y no reflejan en muchos casos la pérdida de afiliados por la crisis del sector metalúrgico, lo que distorsiona la representación verdadera de los electores al congreso de la UOM.
Las cifras oficiales de los padrones en varios casos terminaron favoreciendo a los oficialismos leales a Furlán: el ejemplo más notorio, resaltaron cerca de Biglieri, es el de la Seccional San Martín, una de las más importantes y manejada por el furlanista Osvaldo Lobato, que aportó 19 delegados al congreso de la UOM, pero según sus afiliados reales debería haber llevado sólo 6.

Una curiosidad: Lobato es secretario Gremial de la CGT en representación de la UOM, a propuesta de Furlán durante el congreso cegetista de noviembre pasado. ¿Cómo hará la CGT para mantener la imparcialidad enviando veedores a la votación metalúrgica de Zárate-Campana, donde se jugará el futuro de Furlán, si tiene como virtual número 3 a un dirigente fiel a éste?
El tercer paso de la intervención será, en palabras del entorno de Biglieri, será ver cómo se va conformando este “nuevo mundo del trabajo” a partir de la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cuarto, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que, según advirtieron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no habilitará mientras se mantenga la intervención judicial en la UOM.
Algunos metalúrgicos lo celebran porque de esa forma los convenios que rigen la actividad deberán ser rediscutidos por dirigentes legitimados por los votos, pero para otros es una mala noticia: “Hay que renegociar lo antes posible, no podemos tener un convenio del año 75″, enfatizó un experimentado sindicalista del sector.
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POLITICA
El Gobierno avanza con cambios en la Aduana y pone a Diego Santilli al frente de la negociación por la reforma electoral

El Gobierno avanza con cambios en la Aduana, recalcula la estrategia electoral de Javier Milei y prepara los próximos movimientos de Diego Santilli en el Congreso y con los gobernadores. En la Casa Rosada buscan combinar gestión, negociación política y una etapa de mayor moderación pública del Presidente después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
En el Ejecutivo aseguran que trabajan en modificaciones tecnológicas para la Aduana a raíz de quejas por demoras, falta de trazabilidad y problemas para seguir el recorrido de mercadería. “Necesitamos hardware. No hay formas de seguimiento claras”, expresan en Nación. La frase apunta a una discusión interna sobre la capacidad del Estado para controlar cargas, contenedores, circuitos logísticos y procesos de liberación con información más precisa.
Las quejas llegaron desde empresas, operadores y usuarios que denuncian demoras en la salida de contenedores y trámites aduaneros poco previsibles. En Balcarce 50 admiten que el tema se volvió una cuenta pendiente para el área económica, en especial por el impacto que tiene sobre importaciones, exportaciones, costos logísticos y competitividad.
El Gobierno ya empezó a mostrar algunos cambios administrativos. Federico Sturzenegger destacó la resolución de ARCA que permite reemplazar garantías por declaraciones juradas para operadores con comportamiento regular, una medida que, según el ministro de Desregulación, reduce costos, trámites y márgenes de discrecionalidad. En el oficialismo lo presentan como parte de una agenda más amplia para simplificar el comercio exterior.
La reforma del Código Aduanero está en esa misma dirección, pero con un alcance mayor. En el Ejecutivo trabajan sobre cambios vinculados a digitalización de procesos, reducción de discrecionalidad, trazabilidad, procedimientos sancionatorios y plazos administrativos. La idea es combinar simplificación normativa con tecnología aplicada al control.
La discusión aduanera se da en paralelo al reordenamiento político que abrió la salida de Adorni y el ascenso de Santilli. En la Casa Rosada adelantan que esperan meses de mayor moderación discursiva de Milei mientras el Gobierno busca recomponer vínculos con gobernadores y conseguir votos para las reformas.
El nuevo jefe de Gabinete tiene como tarea central acercar posiciones con mandatarios provinciales y bloques aliados. En Balcarce 50 creen que la reforma electoral será el punto más sensible de esa negociación. “Si no sacamos las PASO, Milei no reelige”, insisten en Nación. La frase resume la obsesión de la mesa política: evitar una primaria nacional que pueda ordenar a la oposición y generar una foto desfavorable antes de la elección general.
Leé también: El Gobierno se enfoca en la estrategia parlamentaria y diseña un plan para reflotar tres proyectos clave
Por eso, el Gobierno habilitó negociaciones por un esquema de bi-listas o listas compartidas con algunos gobernadores. La alternativa permitiría que mandatarios provinciales o aliados conserven identidad propia en categorías legislativas, pero vinculados a la candidatura presidencial de Milei. En la Casa Rosada lo presentan como una herramienta para destrabar votos a cambio de eliminar o suspender las PASO.
La apuesta oficial tiene dos tiempos. Primero, una etapa de moderación, acuerdos y negociación parlamentaria. Después, un regreso a una campaña más polarizada. “Una vez que salga la reforma política y se cierren algunos acuerdos con gobernadores, vuelve el Milei radicalizado”, expresan en el oficialismo.
La discusión también atraviesa el tono de campaña. En varios despachos oficiales aseguran que la oferta electoral será “estabilidad y resultados económicos”, con foco en inflación, salarios, crédito, seguridad y reformas sancionadas. Pero en otras oficinas creen que Milei deberá recuperar un discurso más duro contra la oposición para ordenar a su núcleo propio.

“No vamos a hablar de la casta porque esa bandera ya la perdimos, pero sí vamos a apuntar contra el modelo anterior”, agregan en Nación. La definición muestra el intento de recalibrar el mensaje: menos eje en la política como enemigo general y más confrontación con el kirchnerismo, el peronismo y las gestiones anteriores.
Santilli volverá esta semana al Senado para reunirse con el bloque de La Libertad Avanza y aliados. El objetivo será destrabar la Ley de Zonas Frías y avanzar con la reforma electoral, dos de las prioridades que Karina Milei marcó en la última reunión con legisladores oficialistas. En el Gobierno reconocen que todavía faltan votos y que el rol de los gobernadores será determinante.
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El martes, Santilli encabezará junto a Karina Milei su primera reunión de mesa política como jefe de Gabinete. El horario todavía no está definido porque la Selección argentina jugará al mediodía, lo que también llevó al Gobierno a adelantar la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier.
El nuevo ministro coordinador acompañará además a Milei en el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. En la Casa Rosada quieren que la actividad funcione como una señal política hacia los gobernadores, aunque dan por hecho que varios mandatarios no asistirán porque tendrán celebraciones en sus provincias.
A partir de septiembre, el Gobierno buscará imponer con más fuerza el clima electoral, la polarización y la campaña sobre las reformas aprobadas y las que todavía intentará impulsar. La hoja de ruta combina gestión, cambios administrativos como los de Aduana, negociación con gobernadores y una estrategia de campaña que dependerá, en buena medida, de si Santilli logra destrabar la reforma política.
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POLITICA
A 50 años de la masacre del comedor, familiares y organizaciones civiles pidieron que actúe la Justicia

Familiares de las 23 víctimas del atentado al comedor de la Policía Federal Argentina (PFA), perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, recordaron este sábado los 50 años del trágico hecho, junto a organizaciones que impulsan el avance de la causa judicial. El acto se realizó frente a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, la dependencia donde ocurrió el ataque.
Con el lema “Basta de impunidad, historia completa”, reclamaron que la Justicia condene a los responsables del atentado. Además, exigieron que se elimine de la estación de subte de la línea E el nombre de Rodolfo Walsh, a quien consideran el “ideólogo” del ataque, y se retiren los nombres de los responsables que se mantienen en el Parque de la Memoria, situado en Costanera Norte.
Medio siglo atrás, el 2 de julio a las 13.20, estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de la PFA, ubicado en la planta baja del edificio de Moreno 1417. Fue el atentado más grave ocurrido en el país hasta el ataque a la AMIA. El explosivo había sido colocado apenas 20 minutos antes por un infiltrado de Montoneros, José María “Pepe” Salgado, quien lo dejó oculto bajo un sobretodo en una silla. La explosión causó la muerte de 23 personas, además de decenas de heridos, según datos oficiales.
Victoria Matienzo fue la primera oradora del acto. Su hermano, el agente Ernesto Matienzo, tenía 23 años cuando falleció a causa del atentado. Entre aplausos, Victoria exigió que remuevan el nombre de la estación de subte Rodolfo Walsh de la línea E y que “saquen a los asesinos del Parque de la Memoria porque hay muchísimos”.
Asimismo, reclamó que se retiren las placas que, en la entrada del edificio, conmemoran a las víctimas de los años en los que en la dependencia de Moreno 1417 funcionó un centro clandestino de detención. “Por respeto a nuestros seres queridos”, remarcó.
Luego, Emilio Hardoy, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –entidad que impulsó y consiguió en 2024 la reapertura de la causa judicial–, sostuvo que el atentado representa “un crimen aberrante que sigue impune después de medio siglo”. “Los argumentos, la voluntad y la decisión que [los tribunales] dicen no encontrar para juzgar a quienes ensangrentaron al país son los mismos que sí los encontraron, y con qué celeridad, para perseguir a quienes nos defendieron contra la subversión”, agregó.
La Sala I de la Cámara Federal dispuso en 2024 que se reabriera la investigación judicial y que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich fuera llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos. No obstante, Firmenich aún no declaró ante los jueces.
Asimismo, Hardoy agradeció la presencia de las legisladoras porteñas Rebecca Fleitas y Lucía Montenegro, ambas del bloque La Libertad Avanza, y del cineasta y escritor alineado con el oficialismo Diego Recalde: “[Su participación] es una muestra de valor, es algo inusual. Debería ser lo normal, pero en estas circunstancias es un acto de heroísmo”. Fleitas presentó en marzo pasado por tercera vez en la Legislatura el proyecto para eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte.
También tomó la palabra Julio Renzacci, a quien la bomba le seccionó la arteria femoral. Un civil le hizo un torniquete y lo metió en un taxi rumbo al Hospital Rawson. “De no haber sido por él –al que nunca pude ver para reconocerlo–, en pocos minutos me hubiese desangrado”, relató. Además, marcó que Firmenich aún elude presentarse ante la Justicia: “Tanta soberbia y prepotencia hace 50 años y tanto miedo hoy de una simple declaración en un escritorio”.
En la misma línea, Gabriel Cepeda, hijo de Josefina Melucci de Cepeda, la única civil que falleció en el atentado, sostuvo que “quien no comparece para defender sus actos, pone en evidencia su eterna condición de cobarde”. Y reclamó que “el tiempo de la Justicia no se tome con el mismo reloj con el que se tomó el tiempo de la injusticia en los últimos 50 años”. En el escenario lo acompañaron sus hermanas Alejandra y Carolina.
Al homenaje también se acercaron Liliana Bertuzzi y Lucía Guelfi. En 1976 trabajaban con Melucci como empleadas administrativas en YPF y la recuerdan como una mujer alegre, luchadora y “amiguera”. Aquel mediodía había ido a la Superintendencia a retirar una cédula de identidad –un favor para una vecina– y, de paso, a almorzar allí con una amiga.
En el acto también estuvo Alba Shand. Su hermano Carlos, fallecido en el atentado, tenía 28 años, era cabo, bombero y estudiaba Derecho. Shand, quien toda su vida ejerció como docente, afirmó que debió “callar durante mucho tiempo” y que, muchas veces, no pudo “contar las dos partes de esos años terribles”. En diálogo con , sostuvo que el gobierno libertario fue una especie de “puntapié” para visibilizar esta causa, al “reconocer a las Fuerzas Armadas” y “respetar a la PFA, que estuvo tan ninguneada durante tanto tiempo”.
El homenaje finalizó con la lectura de los nombres de las víctimas del atentado. Andrés Fernández Cendoya, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), tuvo a su cargo el cierre de la conmemoración.
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