El 29 de abril pasado asistimos a un acontecimiento singular en la historia política reciente: el presidente de la Nación, junto a las principales figuras del gabinete, asistieron a la exposición del Jefe de Ministros ante el recinto de la Cámara de Diputados.

Hoy sabemos con certeza de qué se trató aquel espectáculo inusual: una ODA a la mentira nunca antes interpretada con tal descaro.

El jefe de Gabinete leyó aquella vez, en transmisión para todo el país, respuestas prefabricadas y datos al voleo sobre la situación por la que se lo investiga.

Eso sí, las leyó con tanta convicción y altanería que sus intervenciones eran correspondidas con vivas y aplausos estruendosos de palcos y butacas oficialistas.

Al finalizar la actuación, el elenco de gobierno y su bancada se retiró del hemiciclo entonando aquello de los Divididos -“cuando la mentira es la verdad…”- con tanto convencimiento de que hubo tiempo, además, para el insulto a opositores y periodistas que se atrevieran a indagar.

Cuando la mentira es una conducta legitimada y celebrada desde el poder, ella deja de ser el rasgo individual de un funcionario y produce un daño silencioso en la sociedad que suele advertirse tardíamente.

Alguna vez, Arturo Illia dijo que “si no sabemos con seguridad que nuestra verdad es la verdad, sabemos, al menos, dónde está la mentira”.

El problema ahora es que se ha mentido tanto, y tan sistemáticamente, que la verdad pierde sus contornos. Estamos frente a un problema moral que se convierte en un problema institucional de impacto sobre la salud de la democracia.

Terreno peligroso

Una sociedad puede convivir con errores, promesas incumplidas de sus gobernantes, exageraciones, exceso de retórica. Pero cuando el funcionario utiliza la mentira deliberadamente, como herramienta de comunicación, o como estrategia defensiva para mantener el poder a cualquier precio, entramos en un terreno peligroso.

La pregunta es inevitable. Si los responsables del poder, como el Jefe de Gabinete, pueden mentir sin consecuencias ¿por qué razón la sociedad debería tener la obligación de decir la verdad?

La mentira emanada desde el poder, y más todavía si tiene el apoyo del propio presidente, actúa como legitimación de una realidad falsa y falseada. La naturaliza y la consolida.

Con nuestros aciertos y errores, venimos de una tradición donde la conducta pública tenía un efecto pedagógico. El gobernante era el espejo donde muchos ciudadanos se miraban: su comportamiento, aun cuando no enseña, educa.

No puede argumentarse que la mentira construida sea el resultado de un invento resabio de la casta, que desea regresar al pasado. Lo ridículo pasa a la categoría de cinismo.

El gobierno y sus seguidores creen que encarnan una excepción. Si no se detienen, van a quedar como los protagonistas del peor cambio cultural.

Como sociedad tenemos que reaccionar urgentemente. No puede ser que una baja de la inflación o del riesgo país lo permita todo. La democracia no se sostiene únicamente con cifras. Necesita confianza, y ella existe sobre la base de la verdad.

No estamos exigiendo gobiernos o dirigentes infalibles e incontrovertibles, no existen. Pero una cosa es equivocarse y otra aferrarse a la mentira deliberadamente.

El error se corrige; la mentira sistemática, destruye.

Como se vio aquella tarde en el recinto de Diputados, la mentira política nunca viene sola. Necesita acompañarse de agresiones, polarizaciones y ataques generalizados, como los que padece la prensa en busca de la verdad.

Los argentinos hemos soportado crisis económicas, políticas, decepciones, fatiga social y hasta corrupción. Pero no podemos consentir la destrucción deliberada de la verdad pública.

Aunque miremos diariamente la pizarra de los números y sigamos votando, solo la degradación nos espera.