La paritaria aceitera volvió a cerrarse sin acuerdo este martes. La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo a pedido de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) terminó sin resultados, luego de que los gremios aceiteros rechazaran la propuesta empresaria de actualizar los salarios mes a mes según el índice de precios al consumidor del Indec.

Semanas atrás, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro en todas las plantas del pais, medida ante la que el Ministerio de Capital Humano reaccionó casi de forma inmediata con una conculiación obligatoria que vence este jueves 18 de junio.

Frente a la falta de acuerdo paritario el bloque empresario advirtió que cada semana de paro le costaría a cada trabajador hasta $960.000 en salario no percibido.

Según el comunicado que difundió por CIARA-CEC este martes tras la reunión, la industria llegó a la mesa dispuesta a firmar en ese mismo acto el compromiso de ajustar los salarios todos los meses según el reporte del Indec, sin excepción. “La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del Indec y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señala el texto.

La oferta empresaria se apoya en los números acumulados desde enero: Ciara-CEC asegura haber anticipado aumentos del 13,8%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 14,7%, una brecha de menos de un punto porcentual. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al 304% del tipo de cambio en ese lapso. Las cámaras sostienen que su propuesta “es la única viable para defender los salarios aceiteros”.

Los gremios, en cambio, reclaman un aumento del 20% retroactivo a mayo y rechazan que la indexación por IPC sea suficiente para recomponer el poder adquisitivo. El secretario general del SOEA de San Lorenzo, Daniel Succi, había anticipado antes de la reunión que las bases estaban dispuestas a dar pelea: “Siempre tenemos ganas de negociar y siempre que sea conveniente para el trabajador vamos a ver cómo se hace”, afirmó en declaraciones radiales. Los sindicatos también cuestionaron las cifras salariales que difunde el sector empresario: mientras CIARA-CEC sostiene que el promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, Succi señaló que el básico inicial es de $2.344.000 y el tope de supervisores ronda los 3.500.000 pesos.

Frente a la posibilidad de un nuevo paro, Ciara-CEC volvió a insistir en el costo concreto para los propios trabajadores: cada día de paralización representa una pérdida de $160.000 por empleado, lo que en una semana laboral completa acumularía $960.000 por trabajador.

El conflicto tuvo su detonante a fines de mayo, cuando ambos sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país tras la oferta empresaria de un incremento del 0% para ese mes. El Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que detuvo las medidas de fuerza y habilitó la negociación formal.

Según anticipó CIARA en su comunicado, es probable que la Secretaría de Trabajo extienda la conciliación una semana más, hasta el 25 de junio. De confirmarse esa extensión, las plantas del principal polo agroexportador del país seguirían activas mientras continúa la negociación. Los gremios, por su parte, quedarían habilitados para retomar las medidas de fuerza si no hay acuerdo al vencimiento del nuevo plazo.

El sector arrastra tensiones desde antes del paro del 27 de mayo. Semanas atrás, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete, consecuencia del alza del gasoil efecto de la guerra de Medio Oriente. Esa medida, según las cámaras empresariales, generó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones y afectó el cumplimiento de contratos internacionales.

El Ejecutivo oficializó los cambios mediante un decreto. El nuevo formato deberá mostrar cuánto cuesta realmente cada empleado para la empresa

16/06/2026 – 18:20hs

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de distintos aspectos de la reforma laboral y confirmó una de las modificaciones que más impacto tendrá en la relación entre empleados y empleadores: la implementación de un nuevo modelo de recibo de sueldo que incluirá información detallada sobre el costo laboral total de cada trabajador.

La medida fue oficializada a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Entre los principales cambios, el nuevo documento permitirá visualizar no solo el salario bruto y el salario neto, sino también todas las contribuciones y cargas que afronta la empresa por cada puesto de trabajo.

Reforma laboral: cómo será el nuevo recibo de sueldo

A partir de la reglamentación, los recibos deberán incorporar un apartado específico donde se detalle el costo laboral total asumido por el empleador. Allí se informarán conceptos como los aportes a la seguridad social, obra social, PAMI, ART, contribuciones sindicales, aportes a cámaras empresariales y otros gastos asociados a la relación laboral.

Según establece la normativa, el nuevo recibo estará organizado en cuatro secciones claramente diferenciadas:

• Datos identificatorios del empleador y del trabajador.

• Contribuciones patronales y otros conceptos abonados por la empresa.

• Remuneración bruta y detalle de las deducciones.

• Remuneración neta efectivamente percibida por el empleado.

Además, el formato incorporará herramientas visuales para facilitar la comprensión de la información. Entre ellas, un gráfico que mostrará cómo se compone el costo laboral total, permitiendo comparar cuánto representa el salario de bolsillo respecto de las cargas y contribuciones asociadas al empleo.

Qué busca el Gobierno con esta modificación

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el objetivo es aumentar la transparencia y que los trabajadores puedan conocer con mayor precisión cuánto desembolsa una empresa por cada empleo registrado.

La reglamentación señala que los cambios buscan mejorar la claridad y accesibilidad de la documentación laboral, fortaleciendo la comprensión sobre los conceptos que integran la relación de trabajo y el costo total que afronta el empleador.

Otros cambios incluidos en la reglamentación

La reforma laboral reglamentada también introduce modificaciones en otros aspectos del mercado de trabajo. Entre ellos, se destacan nuevas reglas para los convenios colectivos, cambios en los aportes sindicales, mecanismos de control sobre la representación gremial y actualizaciones vinculadas con empresas de servicios eventuales y plataformas digitales.

Asimismo, se avanzó en la digitalización de distintos procesos laborales. Por ejemplo, las licencias médicas que requieran reposo deberán emitirse mediante plataformas sanitarias registradas oficialmente, mientras que diversos trámites laborales y previsionales pasarán a realizarse a través de sistemas electrónicos.

Con estas medidas, el Gobierno busca profundizar la modernización del sistema laboral argentino y avanzar hacia una mayor digitalización y simplificación administrativa tanto para empresas como para trabajadores.

Este martes, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales, una declaración que se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.

La operación aprobada por los directorios del Banco Mundial y MIGA garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública. El paquete combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló que el organismo mantiene su compromiso con la estabilización macroeconómica de Argentina y la agenda de reformas orientadas al crecimiento. Según Cordeiro Guerra, “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”. Pese a estas definiciones y con el objetivo de realizar un anuncio de manera oficial, mañana a la tarde mantendrá una reunión con el ministro de Economía Caputo en Argentina.

La intervención del Banco Mundial es un paso en dirección al regreso de la Argentina a las emisiones de deuda en el mercado voluntario internacional. El Gobierno argentino negoció estas garantías como un respaldo para conseguir préstamos con bancos internacionales a una menor tasa frente a un riesgo país que en abril estaba en torno a los 520 puntos básicos (p.b.). Un escenario que cambió de forma rotunda en las últimas semanas ya que con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor’s de CCC+ a B- y con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país cayó a 425 p.b. al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y es en este nuevo contexto en el que diferentes analistas del mercado vuelven a sus sugerencias para que el ministro de Economía Caputo aproveche esta nueva ventana de oportunidad para salir a colocar deuda en el mercado internacional antes que se cierre. Algo que Caputo, hasta ahora, resiste a la espera de mejores condiciones y costos financieros aún más bajos.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, precisó que la operación demuestra la capacidad de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial para adaptarse a las necesidades de sus países miembros. Ahmad remarcó que la estructura financiera aprovecha los balances del BIRF y de MIGA, generando ahorros y atrayendo inversiones que pueden mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia en el contexto argentino.

Las garantías con organismos formaron parte de la estrategia financiera que le presentó el equipo económico al Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien explicó que la segunda revisión del programa con el FMI incluyó metas relacionadas con la compra de reservas y el cierre del programa financiero para 2026. Daza indicó que el programa financiero para ese año quedó cerrado y que las fuentes de financiamiento ya fueron identificadas. “La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, adelantó en su momento.

La Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, lanzada en 2024, consolida los productos de garantía y a los expertos de la entidad, ofreciendo soluciones integrales para países en desarrollo. El enfoque busca simplificar y agilizar procesos, eliminar redundancias y reducir los riesgos de inversión, con la meta de aumentar la emisión anual de garantías a USD 20.000 millones para 2030. El proceso de aprobación en los directorios del Banco Mundial y MIGA marcó un nuevo paso en la estrategia de financiamiento externo de Argentina para el año 2026, que continuará en el próximos días es que mañana debería ser el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y a fines de julio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por entre USD 250 y USD 500 millones.