ECONOMIA
El desafío de Caputo: encontrar señales positivas dentro de los indicadores negativos de actividad
Luis Caputo decidió dedicarse en tiempo completo a dar la guerra comunicacional por la interpretación de los datos económicos. Y su objetivo ya no se limita a relativizar la gravedad de un mes con IPC alto poniendo la lupa sobre el IPC núcleo: ahora busca convencer de que hay crecimiento incluso cuando los índices marcan una caída.
El punto máximo en esa batalla con sus críticos la tuvo tras la reciente publicación de los indicadores de actividad para la construcción y la industria manufacturera, que registraron fuertes caídas en abril, tanto respecto del mes previo como en términos interanuales.
Era un pésimo dato para el gobierno, dado que el mes previo se había tomado con ánimo de celebración el crecimiento interanual de 12,7% en la construcción, un posible indicador de que, como tantas veces anunció el gobierno, «la malaria ya quedó atrás». Sin embargo, la nueva caída registrada en abril -2,8 en comparación interanual y 4% respecto del mes previo- cayó como un baldazo de agua fría.
Fue ahí cuando la estrategia comunicacional de Caputo se puso en marcha. A pesar de que había celebrado públicamente los índices que marcaron la suba de marzo, luego desestimó por poco relevantes los mismos indicadores que marcaron la caída de abril. El ministro sostiene que lo que hay que mirar es la llamada «tendencia ciclo», que depura las distorsiones de las variaciones de corto plazo -como aumentos inesperados de materiales, lluvias abundantes o un mes con pocos días hábiles-.
Por eso, Caputo sostiene que la construcción lleva un ciclo ininterrumpido de crecimiento desde noviembre pasado. Y, además, recurrió a dos indicadores positivos para afirmar su argumento: se registra un crecimiento en el personal ocupado y en la cantidad de metros cuadrados solicitados para nuevas obras. Claro que hay un problema: ambos datos se publican con un mes de retraso, es decir que corresponden a marzo. En consecuencia, no puede descartarse que el mes próximo, cuando se actualicen, ambos muestren números negativos. ¿Qué haría Caputo ante esa situación: admitiría la caída o buscaría un índice alternativo?
Eligiendo indicadores: la estrategia de Luis Caputo
Los antecedentes de Caputo marcan con claridad su tendencia a mostrar la parte más favorable al gobierno. Así, cuando el IPC daba alto pero la «inflación núcleo» tenía variación menor, afirmaba que ese último era el indicador importante. Cuando el rubro servicios marcaba aumentos fuertes, se jactaba de que el rubro alimentario iba por debajo del promedio, y que era el más relevante desde el punto de vista social.
De hecho, ese fue el argumento detrás de la decisión del ministro de archivar el nuevo IPC del Indec que había confeccionado Marco Lavagna: como la nueva canasta agrandaba la ponderación de los servicios, y justo se estaba en pleno proceso de subas de tarifas -lo que Toto llama «readecuación de precios relativos»-, el cambio de IPC iba a reflejar una situación distorsionada.
El razonamiento de Caputo partía del supuesto de que la categoría de alimentos continuaría con bajos aumentos, y que eso haría de contrapeso al encarecimiento de servicios. Sin embargo, una situación inesperada en la industria de la carne -el rubro con más incidencia en la canasta- potenció la escapada inflacionaria del verano.
Caputo se defendía con el argumento de que «la carne no va a subir 8% todos los meses». Y, efectivamente, hubo una moderación en los precios de las carnicerías, pero se compensó con otra situación inesperada: una ola de aumentos en las verdulerías.
De manera que, después de entusiasmarse con una canasta alimentaria estabilizada en niveles inflacionarios menores a 2%, otra vez se revirtieron las expectativas: el rubro alimentos se incrementó 2,5% en mayo.
A esa altura, el único rubro del IPC que ayuda al discurso oficial es el de los productos importados que compiten con la industria nacional, principalmente la ropa y los electrodomésticos, pero ensalzar ese dato suponía agravar la discusión con los industriales que se quejan de que sufren una pérdida de competitividad por causa del modelo económico.
Inflación mayorista, a veces
Ante esa situación, Caputo empezó a destacar los bajos niveles del IPIM, el índice de la inflación mayorista. Es un índice al que los economistas no ven como predictor confiable del IPC, por su alto componente de insumos importados y porque está muy expuesto a las variaciones cambiarias.
Aun así, era un dato que venía bien para el «relato» económico, al punto que el propio Javier Milei celebró eufóricamente que los precios mayoristas hubiesen tenido una variación de apenas 1% en febrero. Claro, ese mes el IPC había dado 2,9% y los pronósticos para marzo eran de empeoramiento, entonces el gobierno usó al índice mayorista como una señal esperanzadora de que la crisis pasaría pronto.
El problema es que el índice mayorista de marzo fue igual que el IPC -3,4%- y que en abril los precios mayoristas se dispararon un 5,2%, casi duplicando al IPC. Si se siguiera el argumento utilizado hasta ese momento, no quedaría otra alternativa que aceptar que la inflación estaba empeorando.
Fue entonces cuando Caputo, en una nueva pirueta retórica, explicó que, justo ese mes, el índice mayorista había dejado de ser relevante, porque estaba distorsionado por el efecto del conflicto en Medio Oriente, que había disparado al petróleo y sus productos derivados.
Ya, a esa altura, los cambios de argumentación del ministro empezaron a generar respuestas irónicas por parte de los economistas críticos de la gestión. «Si excluimos educación, transporte, vivienda, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas y prendas de vestir, la inflación fue menor a la del mes pasado», afirmaba uno de los comentaristas en las redes.
Aunque, si se trata de críticas con ironía, ninguna superó a las dirigidas contra Antonio Aracre, asesor del gobierno, quien reflotó las viejas argumentaciones de los años ’80, cuando se difundía junto al IPC oficial, un «índice descarnado», para argumentar que, en realidad, la inflación no era tan grave, y aparecía magnificada por un problema específico en la carne vacuna.
El mismo argumento, que se usó en febrero y marzo, se utilizó luego pero con foco en los aumentos de la matrícula escolar y los servicios públicos.
Va ganando el pesimismo
La cuestión, en todo caso, es si ese uso «optimista» de los indicadores le está dando rédito político al gobierno. Y, de momento, las señales indican que eso no está ocurriendo. Más bien al contrario, las propias estadísticas que hace el Indec muestran una baja predisposición a invertir por parte de los empresarios.
En el caso de la construcción, apenas un 9,4% cree que la actividad del próximo trimestre se incrementará, mientras el resto ve un estancamiento o incluso un retroceso.
Algo similar ocurre en el sufrido rubro de las pymes, las más afectadas por la presión tributaria, y donde más se siente el desempleo. Caputo destacó el incremento de 25% interanual en las exportaciones de pequeñas empresas, lo que implica el volumen más alto desde el 2013.
Pero, en fuerte contraste, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lleva un año ininterrumpido de registros negativos en su encuesta de ventas internas, que es el dato relevante para el 95% del universo pyme.
Y, en una reunión con el ministro, los dirigentes de la CAME le solicitaron que ARCA suspendiera los embargos y la aplicación de multas por atrasos en el pago de impuestos.
El argumento fue que el mix de consumo deprimido y la falta de una reforma impositiva ponía en riesgo la supervivencia de miles de empresas. Fue un pedido que, por lo pronto, negaba la afirmación oficial de que hay una recuperación fuerte del consumo.
Además, abundan los informes sectoriales que hablan de crisis. Se destacan los de las cámaras textil e indumentaria, la del juguete, la de autopartes y la metalurgia como sectores más afectados y con menores niveles de uso de la capacidad fabril instalada.
Los primeros indicadores llevaron a la mayoría de las consultoras a pronosticar que el próximo dato del EMAE -que corresponderá a abril- volverá a dar una variación negativa, desactivando así la esperanza que había generado la suba de 5,5% registrada en marzo.
Los economistas consideraron que ese dato había sido posibilitado, en realidad, por la baja base de comparación de hace un año, pero que la situación no se repetirá en el EMAE de abril. Más bien al contrario, los bajos niveles de actividad sectorial -que se refleja en ejemplos como la industria automotriz, que tuvo paradas de actividad en varias terminales- llevan a predecir un nuevo número en rojo.
El campo, sin «flow»
Por si estos debates no fueran suficientes, el ministro tampoco está demostrando mucha capacidad persuasiva con los empresarios agrícolas, protagonistas del gran boom exportador.
El argumento es que, aun cuando el gobierno haya anunciado un cronograma de alivio tributario por las retenciones a la exportación, eso no llega a compensar el incremento de costos. Por caso, la urea, uno de los principales insumos para la fertilización, subió más de un 50% desde el inicio del conflicto en Irán.
El malestar quedó en evidencia en la reunión del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con los productores maiceros. El funcionario se enojó por el escaso entusiasmo que demostraba el auditorio y por la ausencia de aplausos ante la enumeración de medidas positivas para el campo.
«Pónganle flow», se quejó el secretario, que les advirtió a los productores que, si no cambiaban la actitud, el malhumor social se transformaría en una victoria electoral del kirchnerismo en 2027.
Ese «flow», lejos de ser un pedido personal, se está transformando en política de Estado. Caputo lo demuestra ante cada indicador potencialmente negativo.
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ECONOMIA
Licitación clave: Caputo sale a buscar más de USD 1.300 millones y prueba un nuevo instrumento para seducir al mercado
Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.
El menú de instrumentos para la subasta de hoy incluye opciones a tasa fija, bonos Cer/Tamar, títulos dólar linked, el hard dollar AO29 y la incorporación del bono dual, que ajusta por la tasa mayorista para plazos fijos de más de $1.000 millones -Tamar- o por dólar linked. Este último instrumento, un cupón cero con vencimiento el 28 de enero de 2028, se diseñó para pagar el mayor rendimiento entre ambos mecanismos de ajuste. Según PPI, el equipo de Finanzas busca con esta herramienta no solo testear el apetito de los inversores por nuevas alternativas de cobertura, sino también extender el plazo promedio de la deuda en moneda local, en especial ante los compromisos que se concentran en el año electoral de 2027.
Actualmente, el bono de referencia más cercano para valorar el nuevo dual es el Boncer TZX28, que rinde cerca de 8%, mientras que un dólar linked de duración similar ofrece 8,9%, una diferencia de 90 puntos básicos que el mercado asigna al riesgo de una posible brecha cambiaria después de las elecciones presidenciales. El carácter dual del nuevo bono intenta captar la atención de aquellos inversores que priorizan la doble cobertura ante la inestabilidad cambiaria, sin renunciar a la exposición en moneda local.
La oferta de este nuevo instrumento se da luego de que la semana pasada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que es “una posibilidad” que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses. Más tarde, el funcionario nacional aclaró que se refería a octubre de 2027. Cabe destacar que desde enero, el tipo de cambio mayorista se mantiene -con variaciones- en torno a 1.500 pesos.
Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, consideró que los comentarios de Ravier sobre la posibilidad de un dólar oficial en $1.800 no tendrían un impacto determinante en la licitación. Morales sostuvo que, si bien el mercado prestó atención a esas declaraciones, el Gobierno probablemente esperará consolidar la desinflación antes de convalidar una suba brusca del tipo de cambio.
Además, proyectó que los instrumentos dólar linked, especialmente la Lelink de septiembre y el nuevo bono dual, recibirán buena demanda. “Creemos que los inversores van a aceptar alargar duration a cambio de contar con esa doble cobertura”, afirmó. Esta preferencia se vincula con la búsqueda de protección ante escenarios de volatilidad y el deseo de asegurar cobertura tanto frente a la inflación como frente a movimientos cambiarios.
El otra test estará en la colocación del AO29 con el que se busca 1.351 millones de dólares. El cronograma oficial prevé que, si no se reúne la suma buscada en la primera instancia de la licitación, el jueves se abrirá una segunda vuelta donde se podrá colocar hasta USD 150 millones adicionales del AO29. Esta secuencia responde a la necesidad de completar el objetivo de USD 2.000 millones para este instrumento.
La estrategia quedó en evidencia durante última la licitación. En esa ocasión, Finanzas recibió ofertas por USD 985 millones en la primera vuelta, pero adjudicó solo USD 470 millones, con el objetivo de mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) por debajo del 8 por ciento. En la segunda vuelta, de USD 260 millones ofertados, solo incorporó 150 millones de dólares. Este comportamiento confirmó que la prioridad del Ministerio no se enfocó en captar la mayor cantidad posible de dólares, sino en preservar la tasa, restringiendo el volumen adjudicado para evitar un costo mayor de financiamiento.
En el segmento hard dollar, Nicolás Capella, Sales Trader de Invertir en Bolsa, anticipó que la licitación del AO29 probablemente se defina en valores cercanos al 8% en el mercado secundario y estimó que el monto adjudicado podría ubicarse entre USD 300 millones y USD 500 millones sumando ambas rondas. Capella señaló que un dato negativo para el clima de negocios es la caída del Índice de Confianza en el gobierno medido por la Universidad Torcuato Di Tella, que retrocedió más de 6% respecto al mes anterior y se ubicó en el menor registro de la gestión de Javier Milei. El mercado utiliza este índice como termómetro electoral y de expectativas políticas.
En ese contexto, los inversores observan con atención el clima político y las expectativas sobre la política cambiaria, acentuadas por la caída en la confianza medida por la Universidad Di Tella. La aparición del bono dual introduce una opción para quienes buscan cobertura frente a posibles saltos del tipo de cambio, sin abandonar la renta en pesos.
La definición de la licitación del Bonar 2029 y el debut del bono dual ajustable por Tamar/dólar linked marcan un nuevo capítulo en la estrategia financiera del Gobierno, que busca equilibrar la necesidad de fondos frescos con la administración de riesgos y la extensión de plazos. El resultado servirá para medir la confianza de los inversores en la hoja de ruta de Caputo y el margen de maniobra de Finanzas ante un escenario de alta sensibilidad.
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El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro.
La iniciativa busca otorgar un alivio financiero a sectores que, según el legislador, atraviesan una fuerte caída de la actividad, con el objetivo de evitar cierres de empresas, preservar puestos de trabajo y permitir la continuidad de las actividades productivas.
Lewandowski presentó los principales puntos de la propuesta junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, durante un encuentro con cámaras empresariales de Villa Constitución, donde recogió los reclamos del sector productivo.
Qué propone el proyecto contra los embargos de ARCA
La iniciativa establece la suspensión durante 12 meses de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares promovidas por el organismo recaudador.
Uno de los puntos centrales contempla además el levantamiento automático de los embargos bancarios que ya fueron aplicados sobre los contribuyentes incluidos en la norma.
El objetivo es liberar fondos que actualmente se encuentran inmovilizados y permitir que las empresas recuperen liquidez y capital de trabajo para afrontar sus gastos y mantener la actividad.
«No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo», afirmó Lewandowski.
El proyecto contempla como potenciales beneficiarios a: Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs); Cooperativas; Empresas recuperadas; Monotributistas; Profesionales autónomos y Entidades sin fines de lucro.
La propuesta apunta especialmente a contribuyentes que enfrentan dificultades para afrontar sus obligaciones fiscales y que, ante una ejecución o embargo, pueden perder recursos necesarios para continuar con sus actividades.
Además de frenar las ejecuciones fiscales y los embargos, la iniciativa incorpora un régimen excepcional de regularización de deudas con beneficios diferenciados según el tamaño de cada empresa.
Para las microempresas, el proyecto plantea una condonación total de multas e intereses, mientras que las pequeñas y medianas empresas accederían a importantes reducciones.
También contempla planes de financiación amplios para facilitar el pago de las obligaciones pendientes.
Otro de los puntos centrales consiste en eliminar la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, de manera que los contribuyentes que fueron más afectados por la crisis no queden automáticamente fuera de los mecanismos de regularización.
El senador justificó la presentación de la iniciativa en los reclamos que recibió de empresas y cámaras productivas.
«Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones», sostuvo.
En la misma línea, el legislador advirtió sobre el impacto que tiene el cierre de una empresa sobre los trabajadores, las comunidades y las propias cuentas públicas.
«Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos», concluyó.
El gobierno porteño eliminó un histórico trámite laboral para bajar costos
La Ciudad de Buenos Aires eliminó uno de los trámites administrativos más tradicionales del ámbito laboral: la obligación de rubricar la documentación de los empleadores ante la autoridad local.
La medida, vigente con efecto desde el 1° de junio de 2026, forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la gestión porteña y se alinea con las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de registración laboral.
La Resolución 852/SECTE/2026, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, permitirá que miles de empresas dejen de realizar un procedimiento que durante décadas implicó costos administrativos, tiempos de gestión y el cumplimiento de requisitos específicos para validar libros y documentación laboral.
La decisión de la Ciudad responde a un cambio previo producido a nivel nacional: la Ley 27.802 modificó el régimen previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral pase a concentrarse en un sistema único administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Como consecuencia, las administraciones provinciales y de la Ciudad ya no pueden exigir registros o documentación distinta de la prevista por la normativa nacional.
Frente a este nuevo escenario, el Gobierno porteño resolvió derogar todo el esquema regulatorio que sostenía el antiguo sistema de rúbricas, evitando que subsistieran obligaciones consideradas incompatibles con el nuevo marco jurídico.
Desde la administración porteña destacan que el cambio representa una reducción concreta de cargas administrativas para quienes generan empleo.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la medida «refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente» y sostuvo que eliminar obligaciones que perdieron sustento legal «reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo».
En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia «un Estado más moderno y eficiente», eliminando trámites innecesarios sin afectar los mecanismos de fiscalización.
Uno de los principales interrogantes que genera la eliminación del trámite es si implica una reducción del control estatal sobre las relaciones laborales. La respuesta oficial es negativa.
La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265: desaparece el trámite administrativo, pero continúan los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad y las inspecciones en los lugares de trabajo.
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ECONOMIA
El Banco Central no intervino, vendió futuros y le puso un freno al dólar mayorista justo antes de los $1.500
La decisión del Banco Central de no intervenir en el mercado cambiario reveló el cambio de tendencia de las últimas jornadas. Se trató de la primera vez desde principios de año que terminó con saldo neutro. De esta manera, consiguió que el dólar mayorista frenara en 1.498 pesos.
Las compras de julio por parte del Central fueron significativas y ya suman 1.963 millones de dólares. Sin embargo, fueron solo dos jornadas de fuertes adquisiciones en bloque. El resto de los días, se ubicaron en niveles de entre USD 25 y USD 40 millones diarios.
Uno de los objetivos que tiene el Gobierno, y que acordó con el BCRA, es acelerar la compra de divisas para fortalecer el balance de la entidad.
Este giro de parte de la autoridad monetaria dejó en claro que las declaraciones del vocero presidencial no estaban coordinadas con el equipo económico. Adrián Ravier habló la semana pasada de un dólar a “$1.800 o $1.700 en los próximos meses”.
Para el Gobierno, la prioridad es seguir bajando la inflación. Avalar subas significativas en el tipo de cambio podría generar un impacto negativo en el proceso de desinflación.
Sin embargo, estacionalmente ya se empezó a notar un menor ingreso de divisas del sector agropecuario por el final de la cosecha gruesa. Por lo tanto, se trata de un mercado donde no hay menos espacio para los distintos compradores sin presionar sobre el precio: importadores, ahorristas, empresas que pagan dividendos y el propio Banco Central.
Al mantenerse al margen del mercado ayer y al mismo tiempo acelerar la venta de contratos de futuros de dólar, el equipo económico le puso un límite a la suba de la cotización. El mayorista finalizó a $1.498 pero podría haber superado la barrera de $1.500 si se hubieran producido compras oficiales.
Un informe de la consultora LCG advirtió que la mayor estabilidad en el mercado cambiario “está apalancada en una mayor presencia del BCRA interviniendo en el mercado”. “Después de haber llevado el volumen abierto en futuros de dólar a niveles mínimos en mayo (USD 193 millones), subió a USD 492 millones en junio y en lo que va de julio habría aumentado a USD 1.490 millones”, agregaron los analistas.
Estos datos muestran a las claras que la intención del Gobierno es suavizar todo lo posible los movimientos del tipo de cambio. Tanto a través de una menor intervención en el mercado, como de la venta de futuros para los que buscan cobertura cambiaria, pero sin necesidad de comprar dólares en el mercado.
El mismo reporte resaltó que hoy sigue siendo negocio el carry trade: desarmar una posición en moneda dura para pasarse a pesos y cubrirse vendiendo futuros de dólar. “Según el plazo de la inversión en pesos, esto sigue dando entre 0,1% y 0,6% en dólares en términos mensuales. Uno de los objetivos del Gobierno es que el rendimiento de este producto sintético se mantenga positivo. Esto impulsa una mayor oferta de dólares en el mercado y menor demanda”.
El resto de las cotizaciones quedó firme y con aumento de brecha, lo que denota esta mayor demanda en el mercado. El oficial minorista, por ejemplo, cerró sin cambios a $1.520, pero el MEP trepó levemente a 1.533 pesos. El que más subió fue el contado con liquidación, que terminó al borde de 1.600 pesos.
La oferta de dólares en los próximos 90 días dependerá más de lo que ingrese el sector energético, considerando que ya finalizó la liquidación de la mayor parte de la cosecha gruesa. También pueden aportar las empresas o gobiernos provinciales que consigan colocar bonos en el mercado internacional, como sucedió en los últimos días con Neuquén (colocó un bono de USD 500 millones) o PCR (otro de USD 400 millones).
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