Este martes, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales, una declaración que se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.

La operación aprobada por los directorios del Banco Mundial y MIGA garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública. El paquete combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló que el organismo mantiene su compromiso con la estabilización macroeconómica de Argentina y la agenda de reformas orientadas al crecimiento. Según Cordeiro Guerra, “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”. Pese a estas definiciones y con el objetivo de realizar un anuncio de manera oficial, mañana a la tarde mantendrá una reunión con el ministro de Economía Caputo en Argentina.

La intervención del Banco Mundial es un paso en dirección al regreso de la Argentina a las emisiones de deuda en el mercado voluntario internacional. El Gobierno argentino negoció estas garantías como un respaldo para conseguir préstamos con bancos internacionales a una menor tasa frente a un riesgo país que en abril estaba en torno a los 520 puntos básicos (p.b.). Un escenario que cambió de forma rotunda en las últimas semanas ya que con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor’s de CCC+ a B- y con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país cayó a 425 p.b. al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y es en este nuevo contexto en el que diferentes analistas del mercado vuelven a sus sugerencias para que el ministro de Economía Caputo aproveche esta nueva ventana de oportunidad para salir a colocar deuda en el mercado internacional antes que se cierre. Algo que Caputo, hasta ahora, resiste a la espera de mejores condiciones y costos financieros aún más bajos.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, precisó que la operación demuestra la capacidad de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial para adaptarse a las necesidades de sus países miembros. Ahmad remarcó que la estructura financiera aprovecha los balances del BIRF y de MIGA, generando ahorros y atrayendo inversiones que pueden mejorar la calidad de vida y los medios de subsistencia en el contexto argentino.

Las garantías con organismos formaron parte de la estrategia financiera que le presentó el equipo económico al Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien explicó que la segunda revisión del programa con el FMI incluyó metas relacionadas con la compra de reservas y el cierre del programa financiero para 2026. Daza indicó que el programa financiero para ese año quedó cerrado y que las fuentes de financiamiento ya fueron identificadas. “La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones”, adelantó en su momento.

La Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, lanzada en 2024, consolida los productos de garantía y a los expertos de la entidad, ofreciendo soluciones integrales para países en desarrollo. El enfoque busca simplificar y agilizar procesos, eliminar redundancias y reducir los riesgos de inversión, con la meta de aumentar la emisión anual de garantías a USD 20.000 millones para 2030. El proceso de aprobación en los directorios del Banco Mundial y MIGA marcó un nuevo paso en la estrategia de financiamiento externo de Argentina para el año 2026, que continuará en el próximos días es que mañana debería ser el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y a fines de julio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por entre USD 250 y USD 500 millones.

Existen algunas distorsiones en el mercado que comienzan a hacer cada vez más ruido en algunos sectores. De forma puntual, en un encuentro cara a cara que tuvo iProfesional con referentes de los principales bancos que operan en Argentina, la coincidencia generalizada es que el actual precio del dólar, que se encuentra prácticamente «clavado» en todo el año en torno a los $1.430, empieza a incomodar y a mostrar riesgos para el modelo económico.

Sobre todo, la preocupación de las entidades financieras es que este abaratamiento del tipo de cambio, cuyo valor cae un 2% en 2026 mientras la inflación arrastra un incremento del 15% en el mismo período, le coloque cada vez más presión a la demanda de divisas. Esta demanda se sigue manteniendo en niveles elevados y es solapada, hasta el momento, por el fuerte ingreso de dólares de las liquidaciones de las exportaciones de la cosecha gruesa del campo.

La inquietud que está surgiendo desde los bancos es que un dólar barato, sumado a que están concluyendo los ingresos fuertes del agro, genere una mayor demanda de los ahorristas, empresas e importadores, y una consecuente mayor salida de reservas del Banco Central (BCRA). Algo que se vería agravado por la cada vez mayor tensión generada por la llegada de las elecciones presidenciales de 2027.

Es decir, el temor es que el BCRA tenga cada vez menos capacidad de armarse un «colchón» de billetes verdes de respaldo para afrontar pagos y de poder de fuego para proveer las coberturas cambiarias de los argentinos en el año electoral. De hecho, las compras de divisas por parte del público para ahorrar fueron muy cercanas, en todo mayo pasado, a los u$s2.500 millones que pudo comprar la entidad monetaria para las reservas. Un equilibrio muy «finito» en pleno momento de venta de la cosecha gruesa.

Además, argumentan que un dólar mayorista estable en $1.430 también empieza a fomentar un mayor nivel de importaciones, aspecto que comienza a complicar a algunos sectores industriales y a otros ámbitos de la economía. También empieza a afectar a ciertos segmentos que exportan y para los cuales ya no es competitivo este valor del tipo de cambio.

Los bancos nunca harán ninguna afirmación sobre el dólar públicamente; es una de las cosas de las que más se cuidan. Incluso, evitan prestarse a ponerle cifras al tipo de cambio en un off the record. Por eso, es interesante que en un mano a mano se lance un número y se le ponga una cifra al precio del dólar que consideran ideal. 

En ese diálogo con el grabador del celular desactivado, algunas de las voces no dudan al afirmar que el dólar debería estar más cerca de los $1.700 que de los $1.400 actuales.

La posición del Banco Central y las proyecciones del mercado de futuros del dólar

Al respecto, iProfesional consultó a distintos economistas de mercado, cuyas posturas tienen puntos de coincidencia y de disidencia respecto a este planteo.

Por lo pronto, la coincidencia generalizada es que la continuidad del cepo cambiario para las empresas ocasiona problemas para que haya un libre juego en el precio de mercado para el dólar en base a la oferta y la demanda. Por ende, todavía existen condiciones que limitan que la plaza cambiaria opere con normalidad.

«En el plano cambiario, actualmente la Argentina tiene una fuerte posición técnica vendedora de dólares, producto de la liquidación de una cosecha gruesa que marcó nuevos récords en volúmenes y con precios internacionales razonables, los préstamos privados en moneda estadounidense y las liquidaciones de colocaciones de bonos en el exterior», detalla Juan Ignacio Bialet, gerente de Finanzas Personales del Grupo SBS.

Y agrega: «Esto le ha permitido al BCRA realizar fuertes compras de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y bajar las tasas de interés cortas a niveles negativos, buscando reactivar sectores económicos rezagados».

En resumen, en todo el año el tipo de cambio está cayendo nominalmente cerca del 2%, mientras que la inflación no cede y acumula un avance cercano al 15% en 2026, lo que conlleva a una «apreciación real con dudas de que se sostenga hacia adelante», sostiene Bialet.

Por lo pronto, el dólar estadounidense cotiza en la plaza mayorista alrededor de los $1.430. Para el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex, para fin de año se está negociando a $1.617,5.

Ahora bien, si se analiza el precio máximo contemplado de no intervención en la plaza cambiaria para la banda de flotación que fija el Banco Central, y que ajusta de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), el valor actual de la misma coincide con el monto solicitado por varios bancos, debido a que se ubica en los $1.776. Es decir, la cotización actual se encuentra un 23% (340 pesos) por debajo del precio máximo contemplado como «tolerable» por el BCRA y del requerido por algunos sectores de la economía para poder ser competitivos.

Debate de economistas: Argumentos a favor y en contra de una devaluación

Respecto al precio del dólar mayorista que varios bancos consideran que sería el «ideal» para la economía, que se ubica más cercano a los $1.700 que a los $1.450 actuales, existen diversos puntos a favor y en contra. En especial, algunos economistas sostienen que la oferta y la demanda de divisas es la que hoy está determinando el valor de mercado, más allá de la interferencia del cepo cambiario y de las intervenciones oficiales en los mercados de futuros.

«Hoy las exportaciones básicas funcionan con este dólar y tienen rentabilidad, y son lo que más crece en el año. Sí puede ser que un dólar más alto brinde más rentabilidad a segmentos que ahora exportan a pérdida y a sectores estructuralmente competitivos de la Argentina que están teniendo una fuerte competencia de la oferta importada en el mercado local», detalla Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, a iProfesional.

Y agrega que, en caso de que suba el precio del dólar mayorista, esto podría servir como «un efecto que atempere los costos sociales de la transformación productiva, pero no tendría que implicar un gran salto del tipo de cambio, sino un reacomodamiento del mismo. O sea, depende del sector, pero veo poco probable que se pueda llevar a unos $1.700 sin una disrupción en lo financiero«. En resumen, Menescaldi ve como «poco probable» que el Gobierno deje que el tipo de cambio se escape.

«Puede tener más volatilidad y asemejarse a la inflación, pero veo poco probable que impulse una corrección. Es que el actual esquema permite avanzar con las compras, pero depende de una oferta abundante de dólares, tanto del comercio como de los canales financieros, que no se sabe si se sostendrá en el tiempo, y de una demanda que permanezca ralentizada», grafica el economista.

En este sentido, Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, reflexiona: «Las cantidades exportadas aumentan, así que, por ese lado, no veo una justificación para que aumente el precio del dólar hasta los $1.700. El temor es que se acelere la compra de dólares para atesoramiento, algo que puede contrarrestar el ingreso por superávit comercial y emisiones de deuda; pero, por ahora, no lo veo preocupante como para pedir una devaluación del 25%«.

Para Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, el valor actual es el que refleja el mercado: «No encuentro justificaciones para determinar arbitrariamente un valor de dólar para dar competitividad al comercio exterior. En los primeros cinco meses del año, el agro y la minería tuvieron un muy buen desempeño con sus exportaciones, con un tipo de cambio muy alejado del nivel indicado de $1.700. La competitividad del comercio exterior no depende del nivel del tipo de cambio solamente». Por eso, reflexiona que la competitividad depende de «muchos factores, ya que si solo se dependiese del tipo de cambio, entonces no se sería competitivo para exportar».

En la misma tónica, Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la consultora Quaestus, concluye: «Creo que la balanza comercial nos habla y las economías regionales también. Récords de exportaciones por todos lados y un superávit de la balanza comercial que también viene siendo histórico. Por eso, un dólar más alto le daría más competitividad al comercio exterior, pero ¿a cambio de qué? No creo que a largo plazo eso redunde en mayor competitividad para el sector necesariamente, tampoco para la economía en su conjunto. Creo que los ingresos de divisas de energía y minería vienen a sacarle algo de la estacionalidad típica que históricamente tuvo el país».

Al respecto, Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios, suma: «El dólar ajusta por oferta y demanda, por lo que si hay un aumento del 35% en la cantidad exportada, no se puede decir que no tiene competitividad a este precio. Incluso, si sube de precio puede ir apareciendo más oferta; no lo veo ahora más arriba de $1.600».

Reservas del BCRA: Impacto sectorial del atraso cambiario y la inflación

Otros economistas consideran que un tipo de cambio de $1.700 le daría más tranquilidad y «comodidad» a toda la economía.

«Un dólar de $1.700 sería muy bueno para una cantidad de sectores que hoy por hoy están siendo postergados en términos de crecimiento, porque hay otros sectores que soportan sin problemas un tipo de cambio más bajo. El tema es que la gran mayoría de los sectores, sobre todo los que más empleo brindan, necesitan una competitividad un poco mejor y, tal vez, $1.700 es un valor de referencia bastante apropiado para el contexto actual», resume Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

Por el lado de Jorge Colina, economista de Idesa, coincide: «No es bueno hablar de cuánto debería ser el tipo de cambio, porque cada sector, cada actividad, tiene su propio tipo de cambio. A un precio de $1.400, energía y minería están exportando casi como el campo, y este último rubro sigue exportando bien a ese valor. Con un billete de $1.700, varios también se pueden poner a exportar su producto, pero hay otros que necesitan más de $2.000 para poder competir con las importaciones«.

En definitiva, indica que lo mejor para el tipo de cambio es que el mercado cambiario «sea libre» para que su valor se ubique según la oferta y la demanda, y luego que la economía sea muy competitiva en lo real para que todas las empresas se puedan manejar «independientemente de cuál sea el tipo de cambio».

Las causas por las que el Gobierno se «resiste» a subir el precio del dólar respecto a los actuales $1.430 del segmento mayorista se vinculan a evitar presiones a una inflación mayor y a mantener un tipo de cambio controlado para preservar la actual «estructura financiera», en la que el Banco Central compra dólares a diario para acrecentar las reservas y ya ha superado la meta de u$s10.000 millones en todo el año.

«Un dólar más alto genera más inflación, caída del salario real, entre otros aspectos a considerar. No lo veo catastrófico que se ubique a $1.700, pero es volver a afectar el proceso de desinflación, y es lo que el Gobierno tampoco quiere», finaliza Baer ante iProfesional.

Luis Caputo decidió dedicarse en tiempo completo a dar la guerra comunicacional por la interpretación de los datos económicos. Y su objetivo ya no se limita a relativizar la gravedad de un mes con IPC alto poniendo la lupa sobre el IPC núcleo: ahora busca convencer de que hay crecimiento incluso cuando los índices marcan una caída.

El punto máximo en esa batalla con sus críticos la tuvo tras la reciente publicación de los indicadores de actividad para la construcción y la industria manufacturera, que registraron fuertes caídas en abril, tanto respecto del mes previo como en términos interanuales.

Era un pésimo dato para el gobierno, dado que el mes previo se había tomado con ánimo de celebración el crecimiento interanual de 12,7% en la construcción, un posible indicador de que, como tantas veces anunció el gobierno, «la malaria ya quedó atrás». Sin embargo, la nueva caída registrada en abril -2,8 en comparación interanual y 4% respecto del mes previo- cayó como un baldazo de agua fría.

Fue ahí cuando la estrategia comunicacional de Caputo se puso en marcha. A pesar de que había celebrado públicamente los índices que marcaron la suba de marzo, luego desestimó por poco relevantes los mismos indicadores que marcaron la caída de abril. El ministro sostiene que lo que hay que mirar es la llamada «tendencia ciclo», que depura las distorsiones de las variaciones de corto plazo -como aumentos inesperados de materiales, lluvias abundantes o un mes con pocos días hábiles-.

Por eso, Caputo sostiene que la construcción lleva un ciclo ininterrumpido de crecimiento desde noviembre pasado. Y, además, recurrió a dos indicadores positivos para afirmar su argumento: se registra un crecimiento en el personal ocupado y en la cantidad de metros cuadrados solicitados para nuevas obras. Claro que hay un problema: ambos datos se publican con un mes de retraso, es decir que corresponden a marzo. En consecuencia, no puede descartarse que el mes próximo, cuando se actualicen, ambos muestren números negativos. ¿Qué haría Caputo ante esa situación: admitiría la caída o buscaría un índice alternativo?

Eligiendo indicadores: la estrategia de Luis Caputo

Los antecedentes de Caputo marcan con claridad su tendencia a mostrar la parte más favorable al gobierno. Así, cuando el IPC daba alto pero la «inflación núcleo» tenía variación menor, afirmaba que ese último era el indicador importante. Cuando el rubro servicios marcaba aumentos fuertes, se jactaba de que el rubro alimentario iba por debajo del promedio, y que era el más relevante desde el punto de vista social.

De hecho, ese fue el argumento detrás de la decisión del ministro de archivar el nuevo IPC del Indec que había confeccionado Marco Lavagna: como la nueva canasta agrandaba la ponderación de los servicios, y justo se estaba en pleno proceso de subas de tarifas -lo que Toto llama «readecuación de precios relativos»-, el cambio de IPC iba a reflejar una situación distorsionada.

El razonamiento de Caputo partía del supuesto de que la categoría de alimentos continuaría con bajos aumentos, y que eso haría de contrapeso al encarecimiento de servicios. Sin embargo, una situación inesperada en la industria de la carne -el rubro con más incidencia en la canasta- potenció la escapada inflacionaria del verano.

Caputo se defendía con el argumento de que «la carne no va a subir 8% todos los meses». Y, efectivamente, hubo una moderación en los precios de las carnicerías, pero se compensó con otra situación inesperada: una ola de aumentos en las verdulerías.

De manera que, después de entusiasmarse con una canasta alimentaria estabilizada en niveles inflacionarios menores a 2%, otra vez se revirtieron las expectativas: el rubro alimentos se incrementó 2,5% en mayo.

A esa altura, el único rubro del IPC que ayuda al discurso oficial es el de los productos importados que compiten con la industria nacional, principalmente la ropa y los electrodomésticos, pero ensalzar ese dato suponía agravar la discusión con los industriales que se quejan de que sufren una pérdida de competitividad por causa del modelo económico.

Inflación mayorista, a veces

Ante esa situación, Caputo empezó a destacar los bajos niveles del IPIM, el índice de la inflación mayorista. Es un índice al que los economistas no ven como predictor confiable del IPC, por su alto componente de insumos importados y porque está muy expuesto a las variaciones cambiarias.

Aun así, era un dato que venía bien para el «relato» económico, al punto que el propio Javier Milei celebró eufóricamente que los precios mayoristas hubiesen tenido una variación de apenas 1% en febrero. Claro, ese mes el IPC había dado 2,9% y los pronósticos para marzo eran de empeoramiento, entonces el gobierno usó al índice mayorista como una señal esperanzadora de que la crisis pasaría pronto.

El problema es que el índice mayorista de marzo fue igual que el IPC -3,4%- y que en abril los precios mayoristas se dispararon un 5,2%, casi duplicando al IPC. Si se siguiera el argumento utilizado hasta ese momento, no quedaría otra alternativa que aceptar que la inflación estaba empeorando.

Fue entonces cuando Caputo, en una nueva pirueta retórica, explicó que, justo ese mes, el índice mayorista había dejado de ser relevante, porque estaba distorsionado por el efecto del conflicto en Medio Oriente, que había disparado al petróleo y sus productos derivados.

Ya, a esa altura, los cambios de argumentación del ministro empezaron a generar respuestas irónicas por parte de los economistas críticos de la gestión. «Si excluimos educación, transporte, vivienda, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, alimentos, bebidas y prendas de vestir, la inflación fue menor a la del mes pasado», afirmaba uno de los comentaristas en las redes.

Aunque, si se trata de críticas con ironía, ninguna superó a las dirigidas contra Antonio Aracre, asesor del gobierno, quien reflotó las viejas argumentaciones de los años ’80, cuando se difundía junto al IPC oficial, un «índice descarnado», para argumentar que, en realidad, la inflación no era tan grave, y aparecía magnificada por un problema específico en la carne vacuna.

El mismo argumento, que se usó en febrero y marzo, se utilizó luego pero con foco en los aumentos de la matrícula escolar y los servicios públicos.

Va ganando el pesimismo

La cuestión, en todo caso, es si ese uso «optimista» de los indicadores le está dando rédito político al gobierno. Y, de momento, las señales indican que eso no está ocurriendo. Más bien al contrario, las propias estadísticas que hace el Indec muestran una baja predisposición a invertir por parte de los empresarios.

En el caso de la construcción, apenas un 9,4% cree que la actividad del próximo trimestre se incrementará, mientras el resto ve un estancamiento o incluso un retroceso.

Algo similar ocurre en el sufrido rubro de las pymes, las más afectadas por la presión tributaria, y donde más se siente el desempleo. Caputo destacó el incremento de 25% interanual en las exportaciones de pequeñas empresas, lo que implica el volumen más alto desde el 2013.

Pero, en fuerte contraste, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lleva un año ininterrumpido de registros negativos en su encuesta de ventas internas, que es el dato relevante para el 95% del universo pyme.

Y, en una reunión con el ministro, los dirigentes de la CAME le solicitaron que ARCA suspendiera los embargos y la aplicación de multas por atrasos en el pago de impuestos.

El argumento fue que el mix de consumo deprimido y la falta de una reforma impositiva ponía en riesgo la supervivencia de miles de empresas. Fue un pedido que, por lo pronto, negaba la afirmación oficial de que hay una recuperación fuerte del consumo.

Además, abundan los informes sectoriales que hablan de crisis. Se destacan los de las cámaras textil e indumentaria, la del juguete, la de autopartes y la metalurgia como sectores más afectados y con menores niveles de uso de la capacidad fabril instalada.

Los primeros indicadores llevaron a la mayoría de las consultoras a pronosticar que el próximo dato del EMAE -que corresponderá a abril- volverá a dar una variación negativa, desactivando así la esperanza que había generado la suba de 5,5% registrada en marzo.

Los economistas consideraron que ese dato había sido posibilitado, en realidad, por la baja base de comparación de hace un año, pero que la situación no se repetirá en el EMAE de abril. Más bien al contrario, los bajos niveles de actividad sectorial -que se refleja en ejemplos como la industria automotriz, que tuvo paradas de actividad en varias terminales- llevan a predecir un nuevo número en rojo.

El campo, sin «flow»

Por si estos debates no fueran suficientes, el ministro tampoco está demostrando mucha capacidad persuasiva con los empresarios agrícolas, protagonistas del gran boom exportador.

El argumento es que, aun cuando el gobierno haya anunciado un cronograma de alivio tributario por las retenciones a la exportación, eso no llega a compensar el incremento de costos. Por caso, la urea, uno de los principales insumos para la fertilización, subió más de un 50% desde el inicio del conflicto en Irán.

El malestar quedó en evidencia en la reunión del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con los productores maiceros. El funcionario se enojó por el escaso entusiasmo que demostraba el auditorio y por la ausencia de aplausos ante la enumeración de medidas positivas para el campo.

«Pónganle flow», se quejó el secretario, que les advirtió a los productores que, si no cambiaban la actitud, el malhumor social se transformaría en una victoria electoral del kirchnerismo en 2027.

Ese «flow», lejos de ser un pedido personal, se está transformando en política de Estado. Caputo lo demuestra ante cada indicador potencialmente negativo.