La invitación fue cursada. Todo el gabinete deberá asistir este sábado, en Rosario, a la celebración por el Día de la Bandera. El presidente Javier Milei y su equipo de ministros pretenden dar una señal de unidad en medio de la crisis por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Como contó , el ministro coordinador fue invitado al evento, aunque su suerte parece atada a los avances de la oposición que busca interpelarlo en el Congreso y luego activar una moción de censura para removerlo del cargo.

Esta tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado, se conocerá si los operadores de la Casa Rosada lograron convencer a Pro, la UCR y a los gobernadores aliados para que sus senadores no se sumen a la interpelación y moción de censura que impulsa el kirchnerismo, que pretende aprobar mañana mismo, en el recinto de la Cámara alta, el proceso contra el jefe de Gabinete.

Si Adorni lograra zafar de la amenaza parlamentaria, el oficialismo tendrá motivos para presentar como “un relanzamiento” la foto en Rosario, pese al desgaste que las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial del ministro coordinador generó en la gestión e incluso, en la imagen del propio Milei.

La foto en Rosario, además, podría poner fin a la reclusión del Presidente, que desde el martes 9 al mediodía no comunica actividades públicas ni anuncios de gestión.

Aquel día, Milei recibió a la delegación argentina que participará, dentro de dos semanas, de los Juegos Macabeos en Israel. Fue su última actividad pública, un día antes de que Adorni afirmara, en una entrevista con LN+, que había ahorrado medio millón de dólares en Bitcoin y evitado declararlos al fisco, en un intento por justificar su incremento patrimonial, investigado por la Justicia.

En los ocho días transcurridos desde entonces, el Presidente redujo al mínimo su actividad pública, defendiendo a su jefe de Gabinete a través de posteos en las redes sociales.

En el medio, el Gobierno tuvo motivos para celebrar, como la fuerte caída del riesgo país o la baja en el índice de inflación. Hechos que, en el pasado, hubieran motivado entrevistas o presentaciones en público del mandatario.

“No hay agenda en estos días. El Presidente trabaja en Olivos”, confirmaron funcionarios cercanos al Presidente, quien esta mañana tuvo una intensa participación en las redes sociales, posteando imágenes del astro futbolístico Lionel Messi y el seleccionado argentino; del viaje oficial por Israel del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y renovadas críticas al periodismo del filósofo ultraoficialista Alejandro Rozitchner. “Masterclass”, escribió el Presidente, en letras mayúsculas y acompañando un video en el que Rozitchner califica a todos los periodistas como “unos hijos de remil putas”.

En sus cuentas de X e Instagram, el primer mandatario también anticipó actividades que llevará a cabo en los próximos días y semanas, como su participación en una charla de la Fundación Faro, prevista para el martes de la semana próxima, y su viaje a París para el Argentina Week, en el mes de septiembre.

Desde Balcarce 50 dan por descontado que las gestiones para frenar la interpelación del jefe de Gabinete habrían sido exitosas, y que hoy quedaría confirmado que no habrá sesión este jueves en el Senado. Mientras, Milei utilizó las redes sociales para defender al funcionario.

El primer gesto fue a horas de emitida la entrevista que el periodista José Del Rio le realizó a Adorni. Entonces, el Presidente reposteó un mensaje del documentalista oficial Santiago Oría. “Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente (…) La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, escribió el funcionario.

En los días siguientes, el primer mandatario continuó replicando frases de apoyo y defensa del ministro coordinador. “Hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas”, posteó anteayer el usuario @mileibarrial, en un mensaje reposteado luego por el Presidente. Otro modo de justificar la defensa que Milei hace de Adorni, sometido, según el Gobierno, a una “carnicería mediática”, según distintos posteos que surgen desde el oficialismo.

El domingo, el periodista Luis Majul comentó en su programa de LN+ una charla con el Presidente, en la cual −aseguró− el primer mandatario renovó su respaldo al jefe de Gabinete, y lo consideró “inocente”.

El deliberado repliegue presidencial coincide con la suspensión, por esta semana y hasta nuevo aviso, de las reuniones de mesa política (que se convocó por última vez el jueves pasado, en la mañana posterior a la aparición televisiva de Adorni) y del gabinete nacional.

Como informó , el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el subsecretario de gestión institucional Eduardo “Lule” Menem y (desde Israel) Martín Menem, se contactaron con representantes de distintos bloques del Senado para convencerlos de no avanzar en la interpelación a Adorni. Fuentes oficiales aseguran que tanto el Presidente como Karina Milei están “enteradas” de esas gestiones, que decantarían en la suspensión de la sesión prevista para mañana.

Desde el Gobierno aseguran que Adorni se concentrará por estos días en la gestión y en su exposición de gestión ante el Senado, prevista para el 2 de julio próximo. Y que estará junto a Milei el sábado, en Rosario, en la reaparición pública de ambos luego de once días de bajo perfil.

El avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. En respuesta, senadores y diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos para proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento.

Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.

Entre otras medidas, la comisión dispuso que las áreas técnicas no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento de la oficina y limitó la capacidad de sus autoridades para realizar modificaciones presupuestarias.

La respuesta más ambiciosa llegó desde el Senado. Los integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC y fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica.

La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa y no únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.

Según los autores, el objetivo es reforzar la independencia del organismo y reducir la “asimetría de información” que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria y fiscal.

“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, explicó Moisés.

En los fundamentos, los senadores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina. También plantean que garantizar la estabilidad de sus equipos técnicos es una condición necesaria para preservar la independencia de sus análisis.

En Diputados, el radical bonaerense, Pablo Juliano, avanzó por otra vía. Presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.

El integrante del bloque Provincias Unidas advierte que las nuevas restricciones podrían afectar la capacidad legislativa de trabajar con información propia. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa.

Juliano también cuestiona que una mayoría circunstancial pueda definir qué estudios puede realizar la oficina. “Su función no puede quedar limitada únicamente a aquello que resulta previamente autorizado o políticamente conveniente”, argumenta.

A estas iniciativas se sumará un tercer proyecto impulsado por la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP). Según pudo saber , la legisladora trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.

La controversia se desató luego de que la comisión supervisora aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. Sus críticos sostienen que las medidas afectan la autonomía de la oficina y podrían condicionar la elaboración de informes sobre temas sensibles. El oficialismo rechaza esa interpretación.

El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, defendió las decisiones adoptadas y sostuvo que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC.

La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo. También puede solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.

Precisamente ese punto es uno de los que más cuestiona la oposición. La misma comisión que actualmente impulsa auditorías, revisa concursos de personal y limitó la realización de informes extraordinarios es la encargada de aprobar el plan de trabajo anual de la oficina. Hoy ese cuerpo está controlado por representantes del oficialismo y sus aliados.

“Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, afirmó Monteverde a través de las redes sociales.

La preocupación opositora se explica también por el protagonismo que ganó la OPC en algunos de los debates más sensibles de los últimos meses. El organismo elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad y, además, fue citado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para sus defensores, esos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar su independencia técnica.