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ARA San Juan: las querellas de 34 familias pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales

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RÍO GALLEGOS.− Casi nueve años después de que el ARA San Juan implosionara en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo, las familias de la mayoría de las víctimas −a través de las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias− pidieron cinco años de prisión efectiva para cada uno de los cuatro exoficiales de la Armada acusados como responsables por el hundimiento del submarino. En tanto que el abogado Luis Tagliapietra, solicitó penas de hasta siete y ocho años de prisión efectiva.

Sin embargo, sobre el final de la jornada tras los alegatos, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi advirtió que la actuación de los querellantes es de carácter adhesivo a la del Ministerio Público Fiscal, por lo que los pedidos de penas más altas y el encuadre en concurso real planteados carecían de eficacia procesal.

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Mientras las abogadas Carreras y Arias aceptaron la observación y ratificaron el pedido en los términos de la fiscalía, Tagliapietra dejó asentada su reserva federal.

En el primer turno, las abogadas Carreras y Arias, que representan a 34 familias de los submarinistas fallecidos, expusieron durante casi cuatro horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, un alegato que combinó el peso de los hechos probados con la voz de quienes perdieron a sus hijos, maridos, hermanos y padres la mañana del 15 de noviembre de 2017.

El almirante (R) López Mazzeo junto a su defensor oficialHORACIO CORDOBA

El pedido de condena recayó en forma igualitaria sobre los cuatro imputados: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa.

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Las querellas solicitaron, además, diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público para los cuatro, con fundamento en los artículos 248 y 20 bis del Código Penal. La abogada Arias dejó asentado que esta calificación, que encuadra los hechos como estrago culposo agravado por muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, representa el máximo reproche posible dentro del marco jurídico con el que la causa fue elevada a juicio, y que la gravedad de lo probado, en su criterio, excede largamente ese encuadre.

La abogada Carreras, que denominó el suceso como la “Crónica de una muerte anunciada”, cerró el alegato con una reconstrucción de los últimos momentos del submarino, con la que buscó devolver humanidad a una causa que estuvo atravesada por los tecnicismos navales. Describió a la tripulación combatiendo durante al menos 20 horas en el interior de la nave: golpeándose contra las paredes en medio del temporal, respirando humo, sin visibilidad, achicando agua, intentando comunicarse. “El primer golpe contra una pared del pasillo. El otro golpe contra la otra. Un cabezazo contra la tubería. No veo porque el humo me lo impide”, graficó, traduciéndoles a los jueces lo que los 44 vivieron adentro de esa botella de acero.

La abogada se apoyó también en los testimonios de las familias de los tripulantes, todos coincidentes en un punto: el submarino estaba en mal estado, se rompía. “No querían ir. Nos mintieron”, sintetizó Carreras. Y añadió: “La mentira es una forma de violencia, de maltrato”. Para la querellante, el ocultamiento y la mentira no fueron solo posteriores al hundimiento, sino que estuvieron presentes antes y durante la tragedia.

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ARA San Juan: el submarino hundido con 44 tripulantes.

Uno de los ejes finales de su exposición fue la comunicación de la madrugada del 15 de noviembre, cuando el ARA San Juan reportó el ingreso de agua al tanque de baterías. La abogada cuestionó que el imputado Correa, quien recibió el llamado en su teléfono particular pasada la medianoche, no se haya trasladado a la base ni convocado a ningún especialista. “Cuando había problemas me llamaban a mí”, recordó que el propio Correa declaró en el juicio.

Para la querella, ese llamado no era una novedad de rutina: era un pedido de ayuda. “El sentido común indica que esa pregunta, en medio de la noche, reportando un principio de incendio, no podía ser otra cosa que un pedido de auxilio”, sostuvo.

El capitán de navío destituido Javier Villamide, junto a su equipo de defensa durante la audiencia del juicio por le hundimiento del ARA San JuanHORACIO CORDOBA

Lorena Arias tomó la palabra para construir el encuadre jurídico del pedido de condena. Con precisión, sostuvo que los tres tipos penales imputados −abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por muerte− concurren idealmente sobre una misma conducta omisiva, y que por eso corresponde aplicar la pena del delito más grave: el artículo 189, segundo párrafo del Código Penal.

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El eje de su argumentación fue la distinción entre imprudencia simple e imprudencia grave. “La imprudencia grave −explicó− es la que persiste después de que el riesgo fue identificado, documentado y advertido por la propia institución, sin que se adoptara ninguna medida de mitigación”.

Para Arias, ese es el caso: los imputados no fueron sorprendidos por un riesgo desconocido. Convivieron con él, lo toleraron y finalmente lo normalizaron. “Los grandes desastres no suelen producirse por una sola decisión. Se producen cuando una estructura entera comienza a aceptar como normal aquello que el reglamento había sido creado para impedir”, afirmó.

La abogada querellante Lorena AriasHORACIO CORDOBA

La abogada también desarmó el argumento que, anticipó, esgrimirán las defensas: que el ARA San Juan había navegado antes sin accidentes. “Eso no reducía el riesgo objetivo. Lo que reducía era la percepción de urgencia. Y esa normalización del riesgo no es ejercicio del debido cuidado: es exactamente como los grandes desastres institucionales se producen”.

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Arias rechazó además la tesis que las defensas construyeron durante el debate: la de que cada imputado podía desplazar su responsabilidad hacia el otro. “Si todos los garantes se desplazan mutuamente, nadie responde por la muerte de 44 personas. El artículo 45 del Código Penal no funciona así”, señaló. Cada uno de los cuatro acusados tenía deberes propios emanados de normas distintas, y que todos fallaran simultáneamente no los exonera.

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzán y María GarmendiaHORACIO CORDOBA

Las responsabilidades

La querella trazó una imputación individualizada para cada acusado. A Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos, le señaló la responsabilidad más directa sobre la última navegación: conocía el incidente de julio de 2017 en el mismo sistema que falló en noviembre, recibió el reporte de averías de la madrugada del 15 de noviembre y, según un testigo declarado en el juicio, al día siguiente −mientras las familias esperaban noticias y los tripulantes ya yacían en el fondo del mar− estaba en una recepción de la Escuela de Guerra Conjunta.

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A Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, las querellas le atribuyen haber firmado la orden de operaciones que envió al ARA San Juan a su misión final en ausencia del titular del Comando. “Esa firma no fue un acto delegado inocente ni una formalidad administrativa”, sostuvo Arias. “Era asumir la comprobación de que la misión asignada era compatible con el estado real del buque. Esa comprobación era imposible de realizarse afirmativamente, y no se realizó”.

A López Mazzeo, la querella sitúa el origen de su reproche el 5 de septiembre de 2017, cuando emitió el mensaje naval que incorporó al ARA San Juan en una operación que además de los ejercicios navales en Ushuaia requería 12 días de patrulla.

A Correa, jefe de Comunicaciones, la querella le endilga dos momentos de conducta activa. El primero, haber incorporado en la orden de operaciones la extensión del intervalo de comunicación con el submarino de 36 a 48 horas, lo que −según Arias− redujo la capacidad de detección temprana de una emergencia. El segundo, haber recibido el llamado de la madrugada del 15 de noviembre y no haber tomado ninguna medida: ni convocó al Estado Mayor, ni llamó a especialistas, ni activó protocolos de emergencia.

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Al cierre del alegato, Lorena Arias leyó uno por uno los 44 nombres de los tripulantes del ARA San Juan. Lo hizo en nombre de las familias que la querella representa. Luego sintetizó el sentido de todo el proceso: “Este juicio no puede devolver a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a sus padres. Pero sí puede establecer algo indispensable en un Estado de derecho: que la vida de quienes sirven bajo mandos militares no es descartable, y que los deberes existen para cumplirse, y no para archivarse”.

Las querellas también reservaron para las familias representadas el derecho a reclamar la reparación del daño moral y material sufrido, conforme el artículo 29 del Código Penal.

“Me atrevo a pedirles una sentencia justa”

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Abogado querellante Luis TagliapietraHORACIO CORDOBA

El último querellante en tomar la palabra fue también el más personal. Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra —uno de los 44 tripulantes fallecidos— y abogado desde el primer día de la causa, cerró los alegatos con un pedido de penas más elevadas que el de sus colegas y un encuadre jurídico propio: siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso, y ocho para Villamide y Correa, a quienes además reclamó que se les impute abandono de personas por haber dejado a la tripulación sin auxilio en altamar la noche del 14 de noviembre.

En su alegato denunció una instrucción judicial fallida —con prueba destruida en la Base Naval de Mar del Plata mientras la jueza estaba de vacaciones y peritajes realizados por personal de la propia Armada— y reveló, a partir de documentos reservados, que la misión del ARA San Juan incluía la identificación de buques y aeronaves militares británicos vinculados a Malvinas, y que el submarino fue enviado solo, sin torpedos operativos y sin buque de apoyo.

En el tramo final dejó de lado los tecnicismos para hablar como padre. Contó que su hijo quería llegar a ser almirante para construir una Armada mejor, que estudió con obsesión para participar en la última navegación y que en su computadora tenía archivada toda la documentación del ARA San Juan que estaba estudiando para las pruebas finales.

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Admitió que pedir una condena va contra sus propias convicciones —se definió como partidario de la justicia restaurativa—, pero que se debe a las familias que representa. Y cerró con un ruego que excedió el veredicto: que la sentencia establezca qué quedó pendiente de investigar, porque para él la búsqueda de la verdad no termina aquí. “No me atrevo a pedirles justicia, señores. Me atrevo a pedirles una sentencia justa”, concluyó.




Mariela Arias,Conforme a

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Hackearon la cuenta de X de Cadena 3 y publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner

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El medio cordobés Cadena 3 fue hackeado y en el interín los usurpadores de la cuenta de X de la emisora publicaron una noticia falsa sobre la salud de Cristina Kirchner. El posteo llamó la atención de los lectores.

Horas después, el medio denunció que su cuenta “había sido vulnerada” y que lograron restablecer la seguridad de la misma poco después.

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Fue al mediodía que el diario digital posteó la impactante noticia de que la extitular del Ejecutivo habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que permanecía en “estado delicado”.

La publicación consistía en una imagen de la expresidenta con el titular grande y en rojo “Urgente”. Abajo se leía: “Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV”. En la descripción, añadia: “Según fuentes oficiales, Cristina Fernández de Kirchner habría sufrido un ACV y se encuentra en estado delicado. Se espera el parte médico oficial en las próximas horas”.

La fake sobre la salud de Cristina Kirchner que fue difundida en la cuenta de X de Cadena3Captura

“Seguiremos informando con datos confirmados”, concluyeron. La noticia permaneció en la cuenta de X durante más de una hora, tiempo durante el cual la cuenta de Cadena 3 no realizó otras publicaciones. El posteo no tenía artículo. Y en la página web de la emisora no había ninguna noticia relacionada.

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La publicación tuvo más de 500 vistas en la red social hasta que fue eliminada. Cerca de las 16 compartieron un comunicado notificando a sus seguidores de la sorpresiva situación.

“AVISO. Nuestra cuenta fue vulnerada y se publicó información falsa sobre un supuesto problema de salud de Cristina Fernández de Kirchner”, expresaron. Desde la cuenta señalaron que la publicación es “completamente apócrifa”.

La aclaración publicada por Cadena3Captura

“Carece del logo institucional de Cadena 3, utiliza una tipografía ajena a nuestra identidad visual y no enlaza a ninguna nota en cadena3.com, requisito de todas nuestras publicaciones. Ya se restableció la seguridad de la cuenta“, comentaron.

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La falsa noticia sorprendió a los usuarios que la vieron antes de que fuera desmentida. La expresidenta no reportó problemas graves de salud en los últimos tiempos, y su última internación ocurrió en diciembre del año pasado.

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos de las coimasMarcos Brindicci

La exmandataria sufrió un dolor abdominal en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Un equipo de médicos fue al domicilio, donde decidieron trasladarla al Sanatorio Otamendi para una evaluación más exhaustiva. Allí fue diagnosticada con una apendicitis aguda con peritonitis localizada y fue sometida a una cirugía laparoscópica.

Permaneció internada durante más de dos semanas. Se le retiró el drenaje peritoneal aplicado luego de la cirugía y debió continuar con tratamiento antibiótico por vía oral. Fue dada de alta el 3 de enero de 2026. Luego, fue monitoreada en su domicilio en San José 1111.

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Milei se mostró por primera vez con su nuevo vocero Adrián Ravier: “Va a empezar un enorme desafío”

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Tras ser designado como vocero, Adrián Ravier se muestra con el presidente Javier Milei en un acto libertario. Se trata de un evento de la Fundación Faro, donde el Presidente habla de Economía junto al flamante funcionario, que está presente en el público. También están Manuel Adorni y Karina Milei.

“La experiencia de Adrián es fundamental para la comunicación de los actos del Gobierno. Confiamos en vos para difundirlo de la manera correcta”, señaló en referencia a Ravier, ubicado en primera fila.

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“Nuestro peor trimestre fue mejor que los 100 años comunistas anteriores”, reivindicó su gestión. Además, señaló que el país está “en el momento más bajo del Riesgo País”.

También volvió a cuestionar al kirchnerismo y la oposición dura y los acusó de querer “voltear al Gobierno”. “En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos. Fue una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”, resaltó.

Leé también: El PRO redobló la apuesta y presionó al Gobierno: “Manuel Adorni no puede seguir en el cargo”

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“Abróchense los cinturones, que Argentina comienza el camino para volver a ser grande nuevamente”, afirmó el Presidente. “El salario real del mes de abril le ganó a la inflación”, aseguró.

“Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”, remarcó Milei.

“Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”, remarcó. Asimismo, desmintió lo que llamó “campaña del miedo” de la izquierda: “Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron”.

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“Los vamos a derrotar una y mil veces en la elecciones, y lograr entrar en el siglo liberal que nos devuelva el oro que supimos tener y hacer grande a la Argentina nuevamente”, desafió.

Luego, cuestionó al expresidente y líder del PRO: “Mauricio Macri tiene el récord de defaultear la deuda en pesos. No por nada los argentinos tienen 400 mil millones de dólares en los colchones”.

Javier Milei, Adrián Ravier

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Historia de un vendedor de humo

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No pagaba impuestos porque decía que su pyme no podía competir con las grandes empresas internacionales. Nadie imaginó nunca un argumento más insustancial que ese. Sin embargo, sorprendentes pases de magia le permitieron conseguir cautelares judiciales para seguir vendiendo sus productos sin rendirle cuentas al Estado. Hasta el propio presidente Javier Milei dijo en su momento: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el ‘Señor del Tabaco’, que hacen lobby para defender sus intereses”. Perdió: el Congreso no aprobó una ley que lo hubiera obligado a ese señor a pagar impuestos. El Presidente culpó luego a “la casta, gobernadores, opositores y empresarios”. Debió dar nombres, que es siempre la gran ausencia en las denuncias de Milei.

El conflicto consistía en que el empresario vendía cigarrillos sin cobrar casi el 80 por ciento de impuestos que conlleva el precio de ese producto para luchar contra la adicción al tabaco. Nadie sabe si en realidad el precio de sus cigarrillos era apenas el 20 por ciento de las marcas tradicionales o era mucho mayor, pero lo cierto es que su empresa, Tabacalera Sarandí, pasó en muy poco tiempo de tener el 5,6 por ciento del mercado argentino de cigarrillos a controlar el 38,4 por ciento. Es un relevamiento que hizo la consultora Abeceb, que lidera el economista Dante Sica, exministro de Mauricio Macri. Se necesita un arte muy particular para dar semejante salto mortal.

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Prensa y justicia: las obsesiones de Milei

El sujeto se llama Pablo Otero, el Señor del Tabaco, y cultiva un bajísimo perfil. En agosto del año pasado perdió su última batalla judicial por evasión de impuestos. La Corte Suprema de Justica decidió entonces, por unanimidad, que Otero debía pagarle al Estado unos 1000 millones de dólares por impuestos que no tributaba desde 2018. Con todo, aquel informe de la consultora de Sica asegura que la evasión impositiva de Otero y de otras pymes tabacaleras generaron una “pérdida acumulada (para el fisco) de 5.823 millones de dólares entre 2018 y 2023”. Otero se defendió señalando que las sucesivas crisis económicas habían obligado a la gente que fuma a optar por las segundas marcas, como la suya, porque son más baratas. ¿Es solo eso? ¿No son también más baratas porque sus cigarrillos no pagan los impuestos correspondientes? La Corte Suprema desestimó ese argumento.

Ahora, Otero está cerca de volver a ser revisado por el máximo tribunal de justicia del país, en este caso por lavado de dinero. La Corte intervino por la evasión de impuestos después de que Otero retozara durante mucho tiempo entre cautelares de la Justicia que lo beneficiaban. El riguroso periodista Alejandro Alfie escribió sobre “el proverbial poder de lobby (de Otero), que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática”. Alfie consignó que una fuente especializada le dijo que “Otero se benefició de una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas y medios. ¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de 1000 millones de dólares?”, le subrayaron. Pocas, en verdad.

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Otero se escuda en el nacionalismo empresario y las acusa a las grandes compañías internacionales, como Philip Morris o British American Tobacco Argentina, de hacer lobby en su contra. La treta chocó con lo probable: la Corte Suprema resolvió que debía cobrar y pagar los mismos impuestos que cobran y pagan todos los cigarrillos, los fabrique quien los fabrique.

El beneficio de sucesivas cautelares que la Justicia le concedió a Otero durante varios años iba, además, contra la corriente impositiva del mundo, que aumenta los gravámenes que deben pagar los adictos al tabaco para desalentar la compra de cigarrillos. Un fumador debe ser un hombre rico en Gran Bretaña, por ejemplo, donde un paquete de cigarrillos cuesta entre 15 y 20 dólares. Para peor, Otero argumentaba que las empresas internacionales radicadas en la Argentina importaban la materia prima, el tabaco, pero la Justicia comprobó que él hacía lo mismo.

El caso del lavado de dinero comenzó, según el periodista Hugo Alconada Mon, cuando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el organismo encargado de pesquisar el lavado de activos, alertó a la justicia federal de que la fortuna de Otero es producto de la “recurrente y sistemática evasión de impuestos” y que también es “sospechosa”. La UIF señaló que su origen “podría ser ilícito”. En efecto, la ARCA (ex-Afip) denunció que Otero usaba una “usina de facturas truchas” para blanquear dinero.

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El caso de lavado cayó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. El fiscal decidió en un tiempo fugaz que no había pruebas para acusar a Otero de lavado, pero la jueza Servini rechazó ese dictamen de Taiano. El fiscal apeló el rechazo de la magistrada ante la Cámara Federal, donde la ARCA le reprochó a Taiano que ni siquiera había pedido la opinión de la Unidad de Investigaciones Financieras. “En esos casos, es mejor impulsar la denuncia y luego se verá”, opinó otro fiscal en disidencia con lo que hizo Taiano.

Sin embargo, la Cámara Federal le dio la razón a Taiano y confirmó el archivo de la causa por lavado de dinero contra Otero. La resolución de esa Cámara volvió a ser apelada ante la Cámara de Casación, la máxima instancia penal, porque el lavado de dinero es un delito federal. Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ratificó la decisión de archivar la causa por falta de pruebas, pero hizo algo más: apartó al ARCA como querellante de la causa, y esa resolución le impide a la agencia impositiva la posibilidad de apelar los dictamines judiciales. Los jueces de Casación explicaron que “es difícil avanzar en una investigación cuando el primer fiscal renunció a la investigación”. El primer fiscal, en síntesis, es el responsable de que una causa avance o desaparezca olvidada en el tiempo o en los archivos. Taiano, en este caso.

La causa sobre supuesto lavado de dinero de Otero está ahora en un laberinto de papeleríos tribunalicios. La ARCA apeló ante la Casación que la hayan apartado como querellante, porque no le encuentra una explicación razonable para que la dejaran fuera de una causa que ese organismo inició con la denuncia de evasión impositiva de Otero, denuncia que prosperó y ganó en la Corte Suprema. Es probable que Casación ratifique su decisión de apartar al ARCA de la persecución a Otero por lavado de dinero porque, aducen, demoró su apelación, aunque no violó ningún plazo judicial.

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En la Casación aceptaron también que la ARCA podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya el clima contra Otero es otro. De hecho, es ahí donde tropezó con su primera gran derrota y fue condenado a pagar una muy alta cifra millonaria en dólares, con pocos antecedentes de esa magnitud en el país. Una resolución de la Corte Suprema sobre el delito de lavado de dinero por parte de Otero es fácilmente predecible.

En Mar del Plata, duerme también otra causa contra Otero por falsificación de estampillas. El expediente refiere al estampillado de la actual ARCA (de la AFIP antes) que llevan los paquetes de cigarrillos; Tabacalera Sarandí habría vendido tabaco con estampillas apócrifas. Hasta la Casa de la Moneda confirmó ante la Justicia que el estampillado que revisó en los cigarrillos de Otero eran falsos. No obstante, de esa causa por falsificación no se supo mucho más en los últimos meses, aunque es también un delito penal. Nadie sabe si el expediente está siendo investigado o duerme en algún cajón donde van a parar los papeles inútiles (o incómodos).

La Argentina firmó en 2003, hace 23 años, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud. Pero los lobistas de la industria tabacalera lograron que la Argentina sea el único país de la región que todavía no puede tener la necesaria ratificación legislativa. Ese acuerdo se propone mitigar el impacto del tabaquismo en la sociedad. Senadores y diputados están –y estuvieron– mirando alguna otra cosa. La situación empeoró ahora porque Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud; es lo que mismo que había hecho antes su admirado Donald Trump con los Estados Unidos. Por lo tanto, ya no existe el compromiso de ratificar ese tratado importante para la salud pública.

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Si Sica tiene razón y se evadieron casi 6000 millones de dólares en cinco años, entre varias pymes fabricantes de cigarrillos, estaríamos ante un claro caso de injusticia social. Algunos pudieron evitar un enorme pago de impuestos en uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, como es la Argentina. Esos son solo ciertos bocetos de los manejos de la Justicia que no se observan ni se analizan cuando Milei parece dispuesto a perseverar con Manuel Adorni hasta que la platea se canse. También la platea se puede cansar de él. Tal vez Otero vuelva a ser noticia cuando pasen el ruido, la furia y la polvareda del presente.

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