POLITICA
Historia de un vendedor de humo
No pagaba impuestos porque decía que su pyme no podía competir con las grandes empresas internacionales. Nadie imaginó nunca un argumento más insustancial que ese. Sin embargo, sorprendentes pases de magia le permitieron conseguir cautelares judiciales para seguir vendiendo sus productos sin rendirle cuentas al Estado. Hasta el propio presidente Javier Milei dijo en su momento: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el ‘Señor del Tabaco’, que hacen lobby para defender sus intereses”. Perdió: el Congreso no aprobó una ley que lo hubiera obligado a ese señor a pagar impuestos. El Presidente culpó luego a “la casta, gobernadores, opositores y empresarios”. Debió dar nombres, que es siempre la gran ausencia en las denuncias de Milei.
El conflicto consistía en que el empresario vendía cigarrillos sin cobrar casi el 80 por ciento de impuestos que conlleva el precio de ese producto para luchar contra la adicción al tabaco. Nadie sabe si en realidad el precio de sus cigarrillos era apenas el 20 por ciento de las marcas tradicionales o era mucho mayor, pero lo cierto es que su empresa, Tabacalera Sarandí, pasó en muy poco tiempo de tener el 5,6 por ciento del mercado argentino de cigarrillos a controlar el 38,4 por ciento. Es un relevamiento que hizo la consultora Abeceb, que lidera el economista Dante Sica, exministro de Mauricio Macri. Se necesita un arte muy particular para dar semejante salto mortal.
Prensa y justicia: las obsesiones de Milei
El sujeto se llama Pablo Otero, el Señor del Tabaco, y cultiva un bajísimo perfil. En agosto del año pasado perdió su última batalla judicial por evasión de impuestos. La Corte Suprema de Justica decidió entonces, por unanimidad, que Otero debía pagarle al Estado unos 1000 millones de dólares por impuestos que no tributaba desde 2018. Con todo, aquel informe de la consultora de Sica asegura que la evasión impositiva de Otero y de otras pymes tabacaleras generaron una “pérdida acumulada (para el fisco) de 5.823 millones de dólares entre 2018 y 2023”. Otero se defendió señalando que las sucesivas crisis económicas habían obligado a la gente que fuma a optar por las segundas marcas, como la suya, porque son más baratas. ¿Es solo eso? ¿No son también más baratas porque sus cigarrillos no pagan los impuestos correspondientes? La Corte Suprema desestimó ese argumento.
Ahora, Otero está cerca de volver a ser revisado por el máximo tribunal de justicia del país, en este caso por lavado de dinero. La Corte intervino por la evasión de impuestos después de que Otero retozara durante mucho tiempo entre cautelares de la Justicia que lo beneficiaban. El riguroso periodista Alejandro Alfie escribió sobre “el proverbial poder de lobby (de Otero), que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática”. Alfie consignó que una fuente especializada le dijo que “Otero se benefició de una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas y medios. ¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de 1000 millones de dólares?”, le subrayaron. Pocas, en verdad.
Otero se escuda en el nacionalismo empresario y las acusa a las grandes compañías internacionales, como Philip Morris o British American Tobacco Argentina, de hacer lobby en su contra. La treta chocó con lo probable: la Corte Suprema resolvió que debía cobrar y pagar los mismos impuestos que cobran y pagan todos los cigarrillos, los fabrique quien los fabrique.
El beneficio de sucesivas cautelares que la Justicia le concedió a Otero durante varios años iba, además, contra la corriente impositiva del mundo, que aumenta los gravámenes que deben pagar los adictos al tabaco para desalentar la compra de cigarrillos. Un fumador debe ser un hombre rico en Gran Bretaña, por ejemplo, donde un paquete de cigarrillos cuesta entre 15 y 20 dólares. Para peor, Otero argumentaba que las empresas internacionales radicadas en la Argentina importaban la materia prima, el tabaco, pero la Justicia comprobó que él hacía lo mismo.
El caso del lavado de dinero comenzó, según el periodista Hugo Alconada Mon, cuando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el organismo encargado de pesquisar el lavado de activos, alertó a la justicia federal de que la fortuna de Otero es producto de la “recurrente y sistemática evasión de impuestos” y que también es “sospechosa”. La UIF señaló que su origen “podría ser ilícito”. En efecto, la ARCA (ex-Afip) denunció que Otero usaba una “usina de facturas truchas” para blanquear dinero.
El caso de lavado cayó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. El fiscal decidió en un tiempo fugaz que no había pruebas para acusar a Otero de lavado, pero la jueza Servini rechazó ese dictamen de Taiano. El fiscal apeló el rechazo de la magistrada ante la Cámara Federal, donde la ARCA le reprochó a Taiano que ni siquiera había pedido la opinión de la Unidad de Investigaciones Financieras. “En esos casos, es mejor impulsar la denuncia y luego se verá”, opinó otro fiscal en disidencia con lo que hizo Taiano.
Sin embargo, la Cámara Federal le dio la razón a Taiano y confirmó el archivo de la causa por lavado de dinero contra Otero. La resolución de esa Cámara volvió a ser apelada ante la Cámara de Casación, la máxima instancia penal, porque el lavado de dinero es un delito federal. Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ratificó la decisión de archivar la causa por falta de pruebas, pero hizo algo más: apartó al ARCA como querellante de la causa, y esa resolución le impide a la agencia impositiva la posibilidad de apelar los dictamines judiciales. Los jueces de Casación explicaron que “es difícil avanzar en una investigación cuando el primer fiscal renunció a la investigación”. El primer fiscal, en síntesis, es el responsable de que una causa avance o desaparezca olvidada en el tiempo o en los archivos. Taiano, en este caso.
La causa sobre supuesto lavado de dinero de Otero está ahora en un laberinto de papeleríos tribunalicios. La ARCA apeló ante la Casación que la hayan apartado como querellante, porque no le encuentra una explicación razonable para que la dejaran fuera de una causa que ese organismo inició con la denuncia de evasión impositiva de Otero, denuncia que prosperó y ganó en la Corte Suprema. Es probable que Casación ratifique su decisión de apartar al ARCA de la persecución a Otero por lavado de dinero porque, aducen, demoró su apelación, aunque no violó ningún plazo judicial.
En la Casación aceptaron también que la ARCA podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya el clima contra Otero es otro. De hecho, es ahí donde tropezó con su primera gran derrota y fue condenado a pagar una muy alta cifra millonaria en dólares, con pocos antecedentes de esa magnitud en el país. Una resolución de la Corte Suprema sobre el delito de lavado de dinero por parte de Otero es fácilmente predecible.
En Mar del Plata, duerme también otra causa contra Otero por falsificación de estampillas. El expediente refiere al estampillado de la actual ARCA (de la AFIP antes) que llevan los paquetes de cigarrillos; Tabacalera Sarandí habría vendido tabaco con estampillas apócrifas. Hasta la Casa de la Moneda confirmó ante la Justicia que el estampillado que revisó en los cigarrillos de Otero eran falsos. No obstante, de esa causa por falsificación no se supo mucho más en los últimos meses, aunque es también un delito penal. Nadie sabe si el expediente está siendo investigado o duerme en algún cajón donde van a parar los papeles inútiles (o incómodos).
La Argentina firmó en 2003, hace 23 años, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud. Pero los lobistas de la industria tabacalera lograron que la Argentina sea el único país de la región que todavía no puede tener la necesaria ratificación legislativa. Ese acuerdo se propone mitigar el impacto del tabaquismo en la sociedad. Senadores y diputados están –y estuvieron– mirando alguna otra cosa. La situación empeoró ahora porque Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud; es lo que mismo que había hecho antes su admirado Donald Trump con los Estados Unidos. Por lo tanto, ya no existe el compromiso de ratificar ese tratado importante para la salud pública.
Si Sica tiene razón y se evadieron casi 6000 millones de dólares en cinco años, entre varias pymes fabricantes de cigarrillos, estaríamos ante un claro caso de injusticia social. Algunos pudieron evitar un enorme pago de impuestos en uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, como es la Argentina. Esos son solo ciertos bocetos de los manejos de la Justicia que no se observan ni se analizan cuando Milei parece dispuesto a perseverar con Manuel Adorni hasta que la platea se canse. También la platea se puede cansar de él. Tal vez Otero vuelva a ser noticia cuando pasen el ruido, la furia y la polvareda del presente.
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El Gobierno registró una mejora en la imagen de Javier Milei después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y busca profundizar el clima electoral. En Nación sostienen que el Presidente pasó de rondar los 33 o 34 puntos a ubicarse cerca de los 38, según mediciones que circulan en la mesa política libertaria.
El Ejecutivo interpreta esa suba como una señal de recuperación después del desgaste que generó el caso Adorni, que había paralizado parte de la agenda oficial y obligado a reordenar el Gabinete. En despachos oficiales creen que el cambio de etapa, la llegada de Diego Santilli y el relanzamiento de la negociación con gobernadores le dieron aire al Presidente.
La Casa Rosada también vincula ese movimiento con la expectativa por la reforma electoral. En varios despachos sostienen que, si el Congreso aprueba la suspensión o eliminación de las PASO, el oficialismo va a “redoblar todas las batallas” en la campaña, tanto contra el kirchnerismo como contra sectores de la oposición dialoguista con los que competirá en 2027.
En Balcarce 50, en paralelo, guardan bajo llave dos reformas que consideran de alto voltaje para un eventual segundo mandato: la previsional y la constitucional. “No son para hacer campaña, pero es lo más importante en carpeta”, expresan en Nación.
El jefe de Estado describe la reforma previsional como una iniciativa de segunda generación. Milei siempre sostuvo que no iba a impulsarla durante su mandato 2023-2027 y llegó a desplazar al extitular de ANSES después de que adelantara públicamente que el área trabajaba en detalles técnicos de ese esquema.
El Gobierno también tiene en estudio una reforma constitucional de perfil liberal. En despachos oficiales mencionan cambios sobre los tiempos de las elecciones legislativas, que hoy se realizan cada dos años, y una arquitectura más ortodoxa en materia fiscal, emisión monetaria e independencia del Banco Central, entre otros puntos.
El Ejecutivo sí quiere avanzar antes de los meses electorales con una reforma tributaria o un acuerdo general de baja de impuestos para 2028. La idea es llegar a la campaña con una promesa ordenada de alivio fiscal futuro, atada al sostenimiento del superávit y a la continuidad del programa económico.
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La Casa Rosada prepara además el esquema de visitas a provincias para la previa electoral, con una lógica similar a la de 2025. La prioridad será concentrar la presencia de Milei y de los principales candidatos en los distritos con mayor cantidad de electores y mayor impacto sobre la competencia nacional.
En Balcarce 50 también usarán esas visitas como prenda de negociación con gobernadores, compitan juntos en la boleta o no. En el oficialismo entienden que la presencia presidencial, el nivel de campaña, la foto política y la intensidad del despliegue territorial pueden formar parte de los acuerdos distrito por distrito.
La Libertad Avanza trabaja por eso en un mapa fino de entendimientos. En Nación están predispuestos a ceder o negociar en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Chubut, entre otros distritos, siempre bajo la lógica de preservar el armado nacional de La Libertad Avanza.
En el Gobierno, en cambio, planean mantener candidatos propios en provincias como Córdoba, Salta, Jujuy y Misiones. “Romina Diez va a ser primera candidata a senadora y Bornoroni sigue en pie para la gobernación”, explican sobre el cálculo electoral en Santa Fe y Córdoba.
El Ejecutivo asegura que los acuerdos no se reducen a listas. También incluyen financiamiento partidario en cada distrito, elección de candidatos competitivos, tracción de la militancia y tono discursivo de la campaña. “No vamos a decir que el gobernador es narco”, ponen como ejemplo en Nación para graficar que la confrontación puede modularse según la provincia.
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La Casa Rosada quiere hacer campaña con las reformas ya sancionadas y con las que enviará en el último tramo del mandato. En ese paquete ubican la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los códigos Penal, Civil y Aduanero, Inocencia Fiscal, la reforma presupuestaria inspirada en el “shutdown”, la regla fiscal, seguridad y defensa.
En Balcarce 50 buscan combinar esa agenda con resultados macroeconómicos y de seguridad. La baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización financiera y los indicadores de inseguridad serán parte del contraste que el oficialismo quiere instalar frente al “modelo” del kirchnerismo, con Axel Kicillof como una de las figuras centrales de polarización.
El primer mandatario también apunta a ordenar la interna para esa etapa. Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo no tienen previsto disputar el armado territorial, pero sí colaborar en estrategia, discurso y campaña. En Nación sostienen que el objetivo es preservar las órbitas de poder dentro del Ejecutivo si Milei consigue la reelección y abrir una segunda etapa de reformas con mayor volumen político.
Gobierno, Javier Milei, reforma
POLITICA
Carrió cuestionó la reforma de la Ley de Tierras: “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”
La iniciativa del oficialismo que apunta a levantar las restricciones que la ley vigente impone sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros está cerca de discutirse en el Senado si el Congreso aprueba el proyecto de ley también conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante esto, la ex diputada Elisa Carrió cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno. “Sería una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial”, consideró.
Mediante el argumento de que sean las provincias las que decidan y pongan los límites, el Gobierno puso en el centro del debate la eliminación de la restricción nacional del 15% establecido mediante la Ley 26.737, concebida como un régimen de orden público destinado a limitar la extranjerización de tierras rurales.
Carrió expresó sus consideraciones mediante un documento que difundieron desde el espacio que conduce. Así, la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional habilita a que estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político. El texto lleva la firma de otras 75 personas, entre las que se encuentran referentes de la Coalición Cívica-Ari (CC-Ari) y ex diputados nacionales y ex legisladores porteños.
En el documento titulado “La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, la agrupación liderada por Carrió sostuvo que la reforma desplaza el eje del régimen vigente y añadió que pretenden “quitar todo límite objetivo a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras”.
En otras palabras, los interesados dejarían de estar sujetos a los principales límites que hoy impone la norma legal. Por un lado, el tope general mencionado del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el tope individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
El documento también cuestiona la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera y la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que condicionaba la adquisición de tierras en áreas de seguridad fronteriza a la nacionalidad argentina nativa del comprador. “Una vez otorgadas esas autorizaciones, desaparecen las limitaciones objetivas previstas por la normativa vigente. De este modo, la excepción política queda sin topes, sin criterios materiales, sin restricciones territoriales y sin resguardos suficientes”, resaltó la ex diputada.
El posicionamiento califica ese esquema como una violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe conceder facultades extraordinarias por las cuales “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna”. Y va más lejos al señalar que “quienes acompañen esta reforma estarán votando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites sustantivos, en favor de gobernadores y del Poder Ejecutivo Nacional, frente a Estados extranjeros”.
En otro apartado del documento, la referente de la CC-Ari pidió tener en cuenta “los vínculos políticos del Gobierno Nacional con magnates tecnológicos que promueven o han financiado proyectos de salida respecto del Estado”. En sentido señaló el vínculo entre el Gobierno nacional y el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir. “Pretende desde hace años crear espacios de autonomía radical frente a la política democrática”, invoca el texto.
Frente a ese escenario, los autores del documento defienden la necesidad de mantener una regulación sobre la tierra que distinga entre apertura económica y entrega de jurisdicción. «La Argentina puede abrirse al mundo sin ponerse en remate; recibir inversiones sin entregar jurisdicción; incorporar tecnología sin renunciar a la ética“, reclamaron. Y agrega que “un país que pierde capacidad de decisión sobre su territorio incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica”.
En esa misma línea, concordaron en que la tierra rural “puede ser un activo económico, pero también es soporte de jurisdicción, seguridad, infraestructura y presencia estatal”, por eso cualquier reforma de la Ley de Tierras “debe procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación de estos bienes estratégicos, asegurando que la apertura económica no implique una disminución de la capacidad del Estado para proteger el ambiente”.
El documento de unas 13 páginas enumera gran parte del atractivo económico que tiene el país. “La frontera norte, la cordillera, la Patagonia, los cursos de agua, las reservas de litio, la energía, la producción de alimentos y la proyección antártica forman parte de una geografía que excede la dimensión puramente inmobiliaria o productiva”; y ante esa tentación exige “mirar la cuestión de la tierra desde una perspectiva más amplia que la compraventa privada”.
Sobre esa arquitectura normativa, el documento concluye que configura “una delegación inadmisible de poder sobre un bien esencial de la Nación” y que, en los términos del artículo 29 de la Constitución, la condena con nulidad insanable y responsabilidad para quienes la formulen, consientan o firmen. El Senado tiene previsto tratar la iniciativa en los próximos días.
POLITICA
La Casa Rosada evita escalar la tensión con Brasil tras los insultos de un funcionario de Lula a Milei
Pese a las resonantes declaraciones contra Javier Milei de un funcionario del Gobierno de Lula da Silva, la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas con Brasil en la previa del próximo viaje del Presidente a San Pablo.
“Nada para comentar”, se limitaron a responder en Balcarce 50 y la Cancillería a TN luego de que el secretario General de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, insultara a Milei por su inminente visita a Brasil para apoyar al principal candidato presidencial de la oposición.
“¡GRAN NOTICIA! Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada de trabajo a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitar votos al Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?“, escribió Boulos en sus redes.
El exabrupto del funcionario del Planalto puso en evidencia el momento que atraviesan las relaciones entre los dos Gobiernos, que desde el inicio de la gestión de Milei se limitó a los carriles diplomáticos formales para evitar cualquier contacto entre los mandatarios.
Además de las diferencias ideológicas, el vínculo con Lula da Silva se resintió por las reiteradas manifestaciones de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, principal dirigente de la oposición brasileña que está inhabilitado para competir electoralmente por el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.
En ese contexto, quien representará a la oposición en su lugar será uno de sus hijos, el senador por Río de Janeiro Flavio Bolsonaro, a quien Milei recibió en la Quinta de Olivos dos semanas atrás.
«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, enfatizó el Presidente tras el encuentro, que acompañó con una foto en sus redes sociales. Sin embargo, Milei quiso ir más allá y el viernes pasado confirmó que viajará a San Pablo el próximo 25 de julio para participar de la unción de su aliado ideológico como candidato para las elecciones de octubre. Luego, irá a Brasilia para reunirse con el propio Jair Bolsonaro, a quien vio por última vez en julio de 2024 por una edición de la CPAC en Camboriú.
Los movimientos de Milei forman parte de la búsqueda del Gobierno de afianzar el bloque geopolítico con los líderes de centroderecha que se impusieron recientemente en la región.
En ese sentido, el Presidente ya confirmó su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia, el 28 de julio y el 7 de agosto, respectivamente.
Los mandatarios electos, a quienes Milei apoyó en la previa de sus definiciones electorales, se suman a un grupo afín a las ideas de la Casa Rosada que incluye a Santiago Peña en Paraguay; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Noboa en Ecuador; José Antonio Kast en Chile; Nayib Bukele en El Salvador; Nasry Asfura en Honduras; Luis Abinader en República Dominicana; Laura Fernández en Costa Rica; y José Raúl Mulino en Panamá.
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Del lado contrario, quedaron el uruguayo Yamandú Orsi, la mexicana Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en Brasil, además de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela.
En ese contexto, pese a las manifestaciones de rechazo del Planalto, la Cancillería evitó pronunciarse públicamente y mantiene las relaciones diplomáticas formales a través de la Embajada en Brasilia que lidera Guillermo Daniel Raimondi. Por su parte, desde la sede diplomática brasileña en Buenos Aires también evitaron dar comentarios sobre el tenso vínculo con la Casa Rosada.
Lula Da Silva, Javier Milei, Brasil
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