POLITICA
Historia de un vendedor de humo
No pagaba impuestos porque decía que su pyme no podía competir con las grandes empresas internacionales. Nadie imaginó nunca un argumento más insustancial que ese. Sin embargo, sorprendentes pases de magia le permitieron conseguir cautelares judiciales para seguir vendiendo sus productos sin rendirle cuentas al Estado. Hasta el propio presidente Javier Milei dijo en su momento: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el ‘Señor del Tabaco’, que hacen lobby para defender sus intereses”. Perdió: el Congreso no aprobó una ley que lo hubiera obligado a ese señor a pagar impuestos. El Presidente culpó luego a “la casta, gobernadores, opositores y empresarios”. Debió dar nombres, que es siempre la gran ausencia en las denuncias de Milei.
El conflicto consistía en que el empresario vendía cigarrillos sin cobrar casi el 80 por ciento de impuestos que conlleva el precio de ese producto para luchar contra la adicción al tabaco. Nadie sabe si en realidad el precio de sus cigarrillos era apenas el 20 por ciento de las marcas tradicionales o era mucho mayor, pero lo cierto es que su empresa, Tabacalera Sarandí, pasó en muy poco tiempo de tener el 5,6 por ciento del mercado argentino de cigarrillos a controlar el 38,4 por ciento. Es un relevamiento que hizo la consultora Abeceb, que lidera el economista Dante Sica, exministro de Mauricio Macri. Se necesita un arte muy particular para dar semejante salto mortal.
Prensa y justicia: las obsesiones de Milei
El sujeto se llama Pablo Otero, el Señor del Tabaco, y cultiva un bajísimo perfil. En agosto del año pasado perdió su última batalla judicial por evasión de impuestos. La Corte Suprema de Justica decidió entonces, por unanimidad, que Otero debía pagarle al Estado unos 1000 millones de dólares por impuestos que no tributaba desde 2018. Con todo, aquel informe de la consultora de Sica asegura que la evasión impositiva de Otero y de otras pymes tabacaleras generaron una “pérdida acumulada (para el fisco) de 5.823 millones de dólares entre 2018 y 2023”. Otero se defendió señalando que las sucesivas crisis económicas habían obligado a la gente que fuma a optar por las segundas marcas, como la suya, porque son más baratas. ¿Es solo eso? ¿No son también más baratas porque sus cigarrillos no pagan los impuestos correspondientes? La Corte Suprema desestimó ese argumento.
Ahora, Otero está cerca de volver a ser revisado por el máximo tribunal de justicia del país, en este caso por lavado de dinero. La Corte intervino por la evasión de impuestos después de que Otero retozara durante mucho tiempo entre cautelares de la Justicia que lo beneficiaban. El riguroso periodista Alejandro Alfie escribió sobre “el proverbial poder de lobby (de Otero), que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática”. Alfie consignó que una fuente especializada le dijo que “Otero se benefició de una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas y medios. ¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de 1000 millones de dólares?”, le subrayaron. Pocas, en verdad.
Otero se escuda en el nacionalismo empresario y las acusa a las grandes compañías internacionales, como Philip Morris o British American Tobacco Argentina, de hacer lobby en su contra. La treta chocó con lo probable: la Corte Suprema resolvió que debía cobrar y pagar los mismos impuestos que cobran y pagan todos los cigarrillos, los fabrique quien los fabrique.
El beneficio de sucesivas cautelares que la Justicia le concedió a Otero durante varios años iba, además, contra la corriente impositiva del mundo, que aumenta los gravámenes que deben pagar los adictos al tabaco para desalentar la compra de cigarrillos. Un fumador debe ser un hombre rico en Gran Bretaña, por ejemplo, donde un paquete de cigarrillos cuesta entre 15 y 20 dólares. Para peor, Otero argumentaba que las empresas internacionales radicadas en la Argentina importaban la materia prima, el tabaco, pero la Justicia comprobó que él hacía lo mismo.
El caso del lavado de dinero comenzó, según el periodista Hugo Alconada Mon, cuando la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el organismo encargado de pesquisar el lavado de activos, alertó a la justicia federal de que la fortuna de Otero es producto de la “recurrente y sistemática evasión de impuestos” y que también es “sospechosa”. La UIF señaló que su origen “podría ser ilícito”. En efecto, la ARCA (ex-Afip) denunció que Otero usaba una “usina de facturas truchas” para blanquear dinero.
El caso de lavado cayó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. El fiscal decidió en un tiempo fugaz que no había pruebas para acusar a Otero de lavado, pero la jueza Servini rechazó ese dictamen de Taiano. El fiscal apeló el rechazo de la magistrada ante la Cámara Federal, donde la ARCA le reprochó a Taiano que ni siquiera había pedido la opinión de la Unidad de Investigaciones Financieras. “En esos casos, es mejor impulsar la denuncia y luego se verá”, opinó otro fiscal en disidencia con lo que hizo Taiano.
Sin embargo, la Cámara Federal le dio la razón a Taiano y confirmó el archivo de la causa por lavado de dinero contra Otero. La resolución de esa Cámara volvió a ser apelada ante la Cámara de Casación, la máxima instancia penal, porque el lavado de dinero es un delito federal. Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ratificó la decisión de archivar la causa por falta de pruebas, pero hizo algo más: apartó al ARCA como querellante de la causa, y esa resolución le impide a la agencia impositiva la posibilidad de apelar los dictamines judiciales. Los jueces de Casación explicaron que “es difícil avanzar en una investigación cuando el primer fiscal renunció a la investigación”. El primer fiscal, en síntesis, es el responsable de que una causa avance o desaparezca olvidada en el tiempo o en los archivos. Taiano, en este caso.
La causa sobre supuesto lavado de dinero de Otero está ahora en un laberinto de papeleríos tribunalicios. La ARCA apeló ante la Casación que la hayan apartado como querellante, porque no le encuentra una explicación razonable para que la dejaran fuera de una causa que ese organismo inició con la denuncia de evasión impositiva de Otero, denuncia que prosperó y ganó en la Corte Suprema. Es probable que Casación ratifique su decisión de apartar al ARCA de la persecución a Otero por lavado de dinero porque, aducen, demoró su apelación, aunque no violó ningún plazo judicial.
En la Casación aceptaron también que la ARCA podrá recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya el clima contra Otero es otro. De hecho, es ahí donde tropezó con su primera gran derrota y fue condenado a pagar una muy alta cifra millonaria en dólares, con pocos antecedentes de esa magnitud en el país. Una resolución de la Corte Suprema sobre el delito de lavado de dinero por parte de Otero es fácilmente predecible.
En Mar del Plata, duerme también otra causa contra Otero por falsificación de estampillas. El expediente refiere al estampillado de la actual ARCA (de la AFIP antes) que llevan los paquetes de cigarrillos; Tabacalera Sarandí habría vendido tabaco con estampillas apócrifas. Hasta la Casa de la Moneda confirmó ante la Justicia que el estampillado que revisó en los cigarrillos de Otero eran falsos. No obstante, de esa causa por falsificación no se supo mucho más en los últimos meses, aunque es también un delito penal. Nadie sabe si el expediente está siendo investigado o duerme en algún cajón donde van a parar los papeles inútiles (o incómodos).
La Argentina firmó en 2003, hace 23 años, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización Mundial de la Salud. Pero los lobistas de la industria tabacalera lograron que la Argentina sea el único país de la región que todavía no puede tener la necesaria ratificación legislativa. Ese acuerdo se propone mitigar el impacto del tabaquismo en la sociedad. Senadores y diputados están –y estuvieron– mirando alguna otra cosa. La situación empeoró ahora porque Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud; es lo que mismo que había hecho antes su admirado Donald Trump con los Estados Unidos. Por lo tanto, ya no existe el compromiso de ratificar ese tratado importante para la salud pública.
Si Sica tiene razón y se evadieron casi 6000 millones de dólares en cinco años, entre varias pymes fabricantes de cigarrillos, estaríamos ante un claro caso de injusticia social. Algunos pudieron evitar un enorme pago de impuestos en uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, como es la Argentina. Esos son solo ciertos bocetos de los manejos de la Justicia que no se observan ni se analizan cuando Milei parece dispuesto a perseverar con Manuel Adorni hasta que la platea se canse. También la platea se puede cansar de él. Tal vez Otero vuelva a ser noticia cuando pasen el ruido, la furia y la polvareda del presente.
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POLITICA
La reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Propiedad privada: las tres batallas legislativas que el Gobierno quiere ganar en agosto
Agosto comenzó con varios desafíos legislativos para La Libertad Avanza. En el Senado, el oficialismo busca retomar el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llegó al recinto luego de sufrir 15 modificaciones en su dictamen. En Diputados, en tanto, avanzan los preparativos para iniciar el tratamiento de la reforma del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
Las diferencias entre el oficialismo y sus aliados quedaron expuestas durante la discusión del proyecto de propiedad privada, especialmente en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Hubo cambios propuestos por los aliados dialoguistas que aceptó la senadora Patricia Bullrich y este martes los anunciará junto a los senadores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
“Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés. De todo eso y varios ítems polémicos más trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está en debate en el Senado”, señaló Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal.
En la misma línea, Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas, afirmó: “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia”.
La iniciativa, que también contempla desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una última versión producto de las conversaciones que mantuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
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El oficialismo espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, de la mayoría de los integrantes de la UCR y de distintos espacios provinciales. La sesión será presidida por el libertario Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior del presidente Javier Milei.
Los debates en Diputados
La Cámara baja definió los giros a las comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central anunciado por Javier Milei en cadena nacional.
La iniciativa será analizada por tres comisiones presididas por diputados libertarios: Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch; Legislación General, encabezada por Santiago Santurio; y Finanzas, presidida por el fueguino Santiago Pauli.
El plenario de las tres comisiones ya se fijó para este miércoles a las 15. Será una reunión informativa con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Este martes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirá a los jefes de bloques dialoguistas para definir la estrategia legislativa y establecer el cronograma de los plenarios de comisiones. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto durante las últimas semanas de agosto, con las fechas del 19 o el 26 como posibles alternativas.
Una de las primeras críticas sobre el funcionamiento del Banco Central fue expresada por Martín Menem: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Ha sido una constante meter la mano en el Banco Central. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”, cuestionó el diputado.
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Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó la necesidad de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. “Cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.
El proyecto impulsado por Milei busca establecer un régimen legal que garantice la independencia funcional y financiera del Banco Central, determine la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.
La reforma también apunta a revertir los cambios implementados en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.
Además, la propuesta incluye el denominado “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, junto con reformas vinculadas al mercado de capitales y al mercado de seguros.
Inocencia Fiscal
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal fueron convocadas para este miércoles a las 10.30 con el objetivo de iniciar el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
La iniciativa contempla modificaciones vinculadas a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.
El objetivo del Gobierno es incentivar la incorporación de más contribuyentes al sistema formal y promover el ingreso al circuito financiero de los denominados “dólares del colchón”, que, según estimaciones del equipo económico, alcanzan los 170.000 millones de dólares fuera del sistema.
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló durante la presentación del proyecto que, aunque los depósitos en dólares del sistema financiero se encuentran en niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros mantenidos fuera del circuito bancario.
La intención de La Libertad Avanza es aprobar esta norma durante las sesiones previstas para agosto. La iniciativa se convirtió en una de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.
debates, Congreso de la Nación, Javier Milei
POLITICA
Prefectura Naval intimó a más de 500 trabajadores a levantar el paro que frenó la actividad en los puertos: hay 140 barcos detenidos
El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.
La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso a Infobae. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.
En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo – documento que acompaña el texto oficial – a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.
La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.
El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.
Impacto de la medida de fuerza
Las consecuencias del paro se hicieron sentir de inmediato. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, según alertó el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales a través de las cuales se distribuye nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.
Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.
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POLITICA
Ley de propiedad privada: aliados no saben si la Casa Rosada avala la última versión y piden claridad
Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.
“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.
“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.
Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.
El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.
A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.
En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).
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