ECONOMIA
Nuevos controles a las devoluciones de 30% por gastos en el exterior: cómo pedir el reembolso del dólar tarjeta ante ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.
De esta manera, los contribuyentes que buscan recuperar estas percepciones enfrentan ahora exigencias más amplias en materia de justificación de fondos y respaldo documental.
Aunque el Gobierno eliminó el cepo para las personas físicas, mantuvo el dólar tarjeta. Este tipo de cambio corresponde al valor oficial del billete verde, al que se suma un 30% en concepto de percepciones por el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, según la situación fiscal de cada contribuyente. Es posible evitar este recargo si se realiza un stop debit y se paga directamente con dólares disponibles en la cuenta o de manera manual a través de la ventanilla del banco.
El contador Marcos Felice detalló que ARCA intensificó la fiscalización y solicitó a determinados contribuyentes la presentación de información financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Los requerimientos incluyen la entrega de extractos completos de cuentas bancarias en pesos y en moneda extranjera, billeteras virtuales y cuentas comitentes utilizadas durante los períodos bajo análisis. La información debe reflejar la totalidad de los movimientos registrados, sin omitir ninguna operación.

Felice explicó que, como parte de los nuevos procedimientos, los contribuyentes deben confeccionar una planilla de cálculo en formato Excel, donde consignan la individualización de los fondos acreditados. Dicha planilla debe incluir la entidad financiera o billetera utilizada, el número de cuenta de destino, la fecha de ingreso de los fondos, el importe acreditado, el concepto de la acreditación y la identificación del depositante. Además, se exige consignar la cuenta de origen de cada transferencia, especificando el número de cuenta desde la cual se efectuó la operación, ya sea propia o de terceros.
Uno de los ejes centrales del control es la obligación de justificar el origen de los fondos cuando ARCA detecta diferencias entre las acreditaciones registradas y los ingresos informados. En estos casos, el organismo requiere que el contribuyente explique y documente la procedencia de los importes observados.
Entre la documentación respaldatoria se encuentran comprobantes de transferencias, contratos, documentación de préstamos, rescates de inversiones, comprobantes de ventas u otros documentos que permitan demostrar la trazabilidad de los fondos.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, analizó los plazos y dificultades que enfrentan los contribuyentes en este proceso. Domínguez señaló que todos los años el fisco suele demorar la devolución de las percepciones por cuestiones presupuestarias. Pero la cuestión es que ahora ARCA detectó percepciones por valores que no considera compatibles con los ingresos declarados por el contribuyentes, por lo que solicita información adicional que resulta muchas veces difícil de reunir.
Los requerimientos pueden incluir la presentación de documentación y planillas que acrediten cada movimiento y justifiquen la congruencia entre los ingresos y las percepciones reclamadas.

Domínguez remarcó que estos controles refuerzan las demoras y la carga administrativa sobre quienes buscan recuperar las sumas retenidas. Y que la fiscalización es más estricta cuando el fisco considera que existe una incompatibilidad entre los montos percibidos y la capacidad contributiva del solicitante.
Por su parte, la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, explicó que existen distintos mecanismos para solicitar la devolución de percepciones por consumos y viajes al exterior, según el tipo de contribuyente. Cuando una persona no se encuentra inscripta en ningún impuesto y sufre percepciones, debe cargar las percepciones mediante una declaración jurada mensual, presentando tantas declaraciones como meses haya sufrido esos descuentos.
La solicitud de devoluciones se habilita recién el 1° de enero del año siguiente a aquel en que ocurrieron las percepciones. Por ejemplo, si alguien viajó en enero, febrero o marzo de 2026, podrá pedir la devolución en enero de 2027. La recomendación es hacerlo lo antes posible desde la fecha que se habilita porque desde ese momento corren los intereses si se demora la devolución.
En el caso de empleados en relación de dependencia, Girardi indicó que la posibilidad de recuperar las percepciones depende de la situación ante el impuesto. Si el trabajador supera el Mínimo No Imponible (MNI) y sufre retenciones, debe informar al empleador el monto total de las percepciones sufridas. El empleador descuenta ese monto a través del sistema SIRADIG, pero solo hasta el tope de lo que retuvo. Así, si el empleador retuvo $100.000 y el trabajador tuvo percepciones por $150.000, existirán $50.000 que no se reintegrarán por esa vía y deberán ser reclamados por otro mecanismo.
La operatoria, tanto para empleados en relación de dependencia como para contribuyentes no inscriptos, exige un seguimiento minucioso de los detalles y la preparación de toda la información que requiere ARCA. El proceso implica la carga de declaraciones, la confección de planillas detalladas y la presentación de comprobantes que respalden cada operación observada por el organismo.
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ECONOMIA
Un historiador global calificó de “masacre” la motosierra y la política económica de Javier Milei

(Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
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ECONOMIA
Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentó seis veces más que la inflación

En diciembre de 2023, cuando el gobierno de Milei comenzó su gestión, inició un proceso de ajustes de todo tipo, que incluyó el sinceramiento de precios de los boletos de colectivo. En ese momento, los pasajeros del AMBA pagaban una tarifa mínima de $52,96 en recorridos de hasta tres kilómetros. Algunas semanas más tarde (el primer ajuste se iba a aplicar el 1° de enero de 2024, pero se postergó unos días) la tarifa más baja saltó a $76,92 y comenzó una tendencia ascendente que ya no se detuvo.
Hoy, el precio se divide en tres, dependiendo de su se trata de líneas de colectivo de jurisdicción nacional, bonaerense o de CABA. Las primeras, que conectan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con municipios del conurbano, hoy cobran un pasaje mínimo de $742,81; las que dependen de la Provincia, parten de $1.215,09 y las últimas, las de CABA, arrancan de $920,48 por recorridos de hasta tres kilómetros.
Ahora bien, para comparar el avance de los precios con la inflación, no se pueden tomar en consideración los valores de octubre, sino los de agosto pasado, porque ese es el último mes para el que existe medición oficial publicada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las tarifas más altas en el octavo mes de este año fueron las de los colectivos de jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, que partían de $1.111,19 en ese momento para viajes cortos. Eso significa que, esas líneas de colectivo en particular, el boleto aumentó $1.058,23 en la era Milei (1.998,16% de suba acumulada).
¿Cuánto subió la inflación? De acuerdo con la medición oficial del Indec, desde noviembre de 2023 (justo antes de que asumiera Milei) hasta agosto de este año, el IPC acumuló un avance del 336% a nivel nacional. Eso significa que el porcentaje de suba del boleto de colectivo superó por 1.662 puntos al porcentaje de inflación de ese período. En otras palabras, el aumento de la tarifa de micro fue 5,94 veces superior a la inflación.

Si se analizan las otras líneas de colectivos se encuentra una diferencia menor, considerando que en agosto los micros de CABA tenían boletos mínimos de $852,90 y los que jurisdicción nacional partían de $742,81, siempre hablando de viajes de hasta tres kilómetros de recorrido. En esos casos, las subas acumuladas en la gestión Milei son de 1.510,4% y 1.302,5% respectivamente. Aún así, se trata de porcentajes mucho mayores a la inflación de ese período.
El punto de partida
En diciembre de 2023, durante los primeros días de gestión, el Gobierno y las empresas mantuvieron una serie de reuniones para definir qué pasaría con los precios de los pasajes. En ese momento, desde Nación aclararon que los incrementos formaban parte de un reconocimiento del atraso tarifario que se había acumulado durante los últimos años y, en particular, desde agosto de 2023. La administración anterior había interrumpido la actualización automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Esa situación, sumada al retraso en el pago de subsidios había generado interrupciones en el servicio de transporte de pasajeros del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese escenario, tanto el Estado como las empresas coincidieron en que una actualización de las tarifas era más que necesaria para que el sistema volviera a funcionar con normalidad. Desde Transporte detallaron en ese entonces que sólo en diciembre de ese año el Gobierno nacional había transferido subsidios a las empresas del sector por $51.893 millones. Esa cifra, explicaron, respondía a una “matriz de costos y kilómetros recorridos que se fue distorsionando con el transcurso de los años”, lo que se agravó por el congelamiento de precios.
Según informaron desde Nación, esa distorsión llevó a que el transporte automotor de pasajeros llegara al punto de estar “prácticamente estatizado”, ya que en un 91% estaba financiado por el Gobierno y apenas un 9% de sus ingresos provenían de lo que pagaban los pasajeros.

Hoy los números son otros, pero aún existe un gran desajuste que las empresas denuncian todos los meses. Según el Índice Bondi que elabora la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), actualmente el Gobierno nacional reconoce una estructura de costos de $351.692,5 millones, cuando el costo real es de $453.495,79 millones. Ese desfasaje, afirman las empresas, lleva a que el subsidio otorgado por el Estado sea insuficiente para cubrir el costo de funcionamiento del sistema.
Ante ese escenario, Aaeta plantea que es necesario un ajuste, ya sea de las tarifas o de los subsidios. Según los cálculos de la entidad, en septiembre se produjo un déficit de $456,92 por boleto. Ese monto es lo que debería subir el pasaje promedio para que el sistema funcione con normalidad con el monto de subsidios vigente. El otro camino, sería la eliminación total de los aportes del Estado, pero en ese caso el costo real del boleto ascendería a $2.494,13 en el AMBA.
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