El Senado retoma esta semana las audiencias públicas para completar vacantes el poder judicial con la presentación en días consecutivos de más de 30 postulantes a ocupar cargos judiciales, los que concurrirán a la Comisión de Acuerdos para defender sus nominaciones.

La primera audiencia con 16 candidatos será este martes, a partir de las 11, y en este encuentro sobresale la presencia de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, que está nominado para ocupar el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.

Se trata de un puesto clave, ya que no sólo tiene jurisdicción sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza, sino que es el tribunal en el que recayó la causa en la que se investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Según pudo saber , la postulación de Rodríguez Ponte no sufriría ningún contratiempo y tendría asegurada las firmas para obtener dictamen y que su pliego quede habilitado para su tratamiento en el recinto a partir de la próxima semana.

De hecho, fuentes oficialistas destacaron el papel que el candidato ha desempeñado como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un área especial que depende de la Corte Suprema de Justicia y tiene a su cargo los peritajes de las causas y de las escuchas telefónicas.

Según informó este diario, nada ocurrirá en la causa que tiene a Insaurralde y Cirio como protagonistas hasta que el Senado no le dé acuerdo a Rodríguez Ponte. Esa es la decisión que adoptó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, según fuentes de los tribunales federales lomenses.

A la audiencia de este martes concurrirán otros 15 postulantes a diferentes cargos judiciales, de los cuales sólo uno ha recibido algún tipo de impugnación. Se trata de Angel Roger Luna Roldán, propuesto para juez de cámara del Tribunal Oral Criminal de Tucumán.

Las impugnaciones están relacionadas con sus vínculos familiares y las eventuales consecuencias que esa relación podría tener en el desempeño de sus funciones. Tiene antecedentes como defensor penal en Santiago del Estero, función en la que fue nombrado en 2017, durante el mandato como gobernadora de la exsenadora Claudia Ledesma, esposa del exgobernador y actual senador Gerardo Zamora.

Otro de los candidatos que se presentarán este martes ante la Comisión de Acuerdos es Bernardo Rodríguez Palma, quien postula para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín, quien tiene más de 30 años en el Poder Judicial y es actual secretario del juzgado federal de Tres de Febrero. Entre los postulantes a ocupar tribunales vacantes en el interior del país figuran Pablo Roberto Toledo como juez en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Miguel de Tucumán, quien en la actualidad se desempeña como relator de la Corte provincial y Ruth María Ponce de León, también postulada para un Tribunal Oral Criminal Federal, pero en su caso en Posadas, Misiones.

También para la región norte, aunque en este caso como postulante a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, concurrirá al Senado a defender su pliego María Virginia Ise, quien ya fue defensora oficia y jueza correccional.

Por su parte, Juan Marcelo Burella Acevedo está postulado como fiscal de la Unidad Fiscal de Corrientes. En la misma provincia, pero en para ocupar una fiscalía descentralizada en la ciudad de Paso de los Libres, se presentará a defender su pliego Hugo Daniel Froy.

La lista se completa con las postulaciones para desempeñarse como conjueces de la justicia federal del distrito judicial de Córdoba de Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina Di Gregori, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, Fernando Gabriel Zarabozo y José Eduardo Villena. Este último, participó este año en una de las jornadas para impulsar el proyecto que araba las penas para falsas denuncias que organizó el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Los idus de junio que arrinconaron al Gobierno llegan al final después de una semana contra las cuerdas: el caso Adorni, por un lado y por el otro, una movida definitoria de la Corte Suprema en el conflicto universitario llevaron al Gobierno a días críticos. El desembarco de Diego Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete le permite a Milei empezar a dejar atrás al huracán Adorni. Fueron ciento doce días que se llevaron puesto una parte central del capital identitario del mileísmo: la cruzada anti casta y la pureza ética del político libertario.

El flamante vocero Adrián Ravier lo dejó claro ayer: en X, anunció el comienzo de “una nueva etapa”. Pero el tema universitario, con menos resonancia que el caso Adorni, no encuentra su final. Al contrario, escala, promete consecuencias más duraderas y golpea al Gobierno directamente en el corazón de su otra bandera política clave: la política macroeconómica.

Desde el jueves, cuando movió la Corte, Luis Caputo tiene sobre su escritorio la obligación de cumplir con el 52 por ciento de aumento, o actualización, en realidad, de los salarios docentes universitarios para compensar la caída por inflación desde noviembre de 2023. El acuerdo que el Gobierno firmó con los gremios paritarios nacionales el 11 de junio había logrado reducirlo a un 24,33 por ciento. Ahora, con la decisión de la Corte, queda obligado a completar la corrección, y sumar el 28 por ciento restante.

Tanto en el escándalo Adorni como en la disputa legal en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, en los dos casos al Gobierno le cayó el peso del principio de revelación, pero al revés. Hay goles en contra del principio de revelación: no quedaron expuestos los enemigos del Gobierno sino debilidades estructurales del oficialismo.

El Gobierno pudo evitarlas, pero se empecina en sostenerlas. Un funcionamiento problemático que implica: acelerar a ciegas, hasta chocar con la realidad; el empecinamiento como psicología política; el encierro consecuente en la cámara de eco y la desconexión con la emoción de la gente y las movidas posibles de sus adversarios; y el ”sí Milei” como política de Estado y sus consecuencias.

Empecinamiento anti universitario

En el tema universitario, el Gobierno jugó con esas mismas fichas. La resistencia cueste lo que cueste a una negociación con la comunidad universitaria que hacía un planteo razonable ante la caída salarial del 40 por ciento y un empecinamiento extremo. Esa lógica política terminó con la Corte ratificando la medida cautelar que determina el inmediato y urgente cumplimiento de los dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que más pesan en las arcas del Estado: la actualización salarial y el aumento de las becas universitarias, ambas fijadas en la ley aprobada en 2025, y resistida por el Gobierno por decreto.

El Gobierno se empecinó en aceptar su resultado: al veto y al decreto, se le sumó la apelación ante la Corte con una medida de excepción, que la Corte rechazó el jueves.

La decisión de la Corte de dejar firme la cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene efectos más profundos y con consecuencias más imparables hacia el futuro que el mismísimo caso Adorni: complican el modelo de equilibrio fiscal o superávit del Gobierno basado hoy, sobre todo, en gastos postergados. El equipo económico tendrá que hacer malabares creativos para poder sostener los objetivos anti inflación en medio de un proceso que empieza a adquirir, gradualmente, velocidad electoral.

El viernes pasado por la tarde, hubo reunión virtual estratégica con la presencia de la secretaria jurídica y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal; su número dos, la subsecretaría de Planeamiento Normativo, Paula Taddei y el subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez, entre otros funcionarios. Hay nueva narrativa, hecha de cinco piezas, para afrontar la noticia de la cautelar firme.

Primero, el Gobierno sostiene que cumplirá con la cautelar. Segundo, afirma que ya lo está haciendo con el pago del 24,33 por ciento para salarios y con lo acordado para la actualización de las becas: “estamos a derecho”, dicen desde el ministerio de Capital Humano. Tercero, considera que para cumplir con la actualización del restante 28 por ciento tiene todo el año fiscal, que termina en diciembre. Cuarto, sostiene que la cautelar es una medida transitoria que depende del amparo sobre la cuestión de fondo, la legalidad o no del decreto que suspendió la aplicación de la ley, que debe definirse en la primera instancia. Quinto, ahora las esperanzas del Gobierno están puestas en que el juez de primera instancia, Martín Cormick, falle en contra del amparo presentado por el CIN. “Si actualizamos todo de golpe, puede pasar que el juez falle contra el amparo y cómo recuperamos los fondos”, dicen desde el Gobierno.

Si el fallo fuera en contra del Gobierno, estarían dispuestos a llegar a apelar en la segunda instancia.

La decisión de la Corte la semana pasada tomó por sorpresa al Gobierno. ¿Qué pasó? Según fuentes cercanas a la dinámica de la Corte, entre el miércoles y el jueves, la cautelar cayó en la interna de la Corte donde suelen quedar enfrentados el presidente de la Corte Horacio Rosatti con los otros dos miembros del Tribunal, Carlos Ronsekrantz y Guillermo Lorenzetti.

El otro también juega

La Corte movió sus propias fichas, con lógica ajena a las necesidades del Gobierno. El miércoles, Lorenzetti hizo declaraciones en TN para responder sobre la imparcialidad de la Corte y los sesgos que producen la demora de sus fallos, por ejemplo, en relación a la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Las declaraciones de Lorenzetti fueron problemáticas para la Corte en dos sentidos. Por un lado, responsabilizó a Rosatti de un diálogo con el Gobierno para quitarle presión a la Corte dado que ya había un acuerdo con los gremios universitarios: en ese punto, el presidente de la Corte quedó expuesto. Por otro lado, quedó expuesta toda la Corte: Lorenzetti le dio un peso a ese acuerdo político como el factor clave de resolución del reclamo y le restó peso institucional al fallo de la Corte en relación a esa cautelar.

El jueves, el fallo que dejó firme la cautelar recogió esas dos incomodidades. Pero se enmarca en una coreografía más compleja. La Corte tuvo que atender a las exigencias de la opinión pública y del Gobierno al mismo tiempo. Con el tratamiento, Rosatti buscó dejar dos. “En la Corte, el que sirve el menú y decide qué casos se tratan es el Presidente”, explica el conocedor de la coreografía de la Corte. A Rosatti se le reconoce diálogo más fluido con el Gobierno. “El hijo del asesor de Rosatti, Silvio Robles, es asesor de Martín Menem. El Gobierno se entera de todas las movidas”, dice el conocedor de la Corte. Con esa movida, Rosatti puede argumentar que Lorenzetti lo expuso, y no tuvo opción: no había chances técnicas de no dejar firme la cautelar y menos en el escenario creado por Lorenzetti. Ante el Gobierno, Rosatti impulsó la decisión inevitable.

Otra interpretación es que Rosatti, una vez que su hijo fue nombrado juez, rompió lanzas con el Gobierno. Desde el palacio de la Corte, esa posibilidad parece menos creíble. Está claro que hay un diálogo entre la cabeza del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero hoy, dado la interna, no tiene un solo vocero. “Hoy no hay una cohesión hoy que permita decir que Rosatti habla por la Corte cuando habla con el Gobierno”, explica la fuente.

¿El Gobierno tiene que cumplir la cautelar? “Se tiene que cumplir. No importa el acuerdo que el Gobierno haya hecho con los gremios. Para que se caiga la cautelar, los demandantes tienen que desistir”, aclaran desde la Corte.

Esta semana, el CIN planea avanzar con una medida de ejecución inmediata ante el juez de primera instancia. Y hay versiones que indican que el juez Cormick fallaría positivamente en favor del amparo universitario después de la feria judicial. Un vocero clave del mundo universitario subraya el peso que el cumplimiento de la ley tiene para la política económica del Gobierno: “Lo que más le preocupa al Gobierno es la cláusula de indexación cada tres meses: fija paritarias pero con la obligación de mantener actualizado los salarios al menos con la inflación, nunca por debajo”.

Adorni y el desgobierno

Milei y el oficialismo encararon el caso Adorni y los reclamos universitarios todo el año pasado y hasta ahora con un estado de negación que los llevó hacia un resultado esperable para todos, menos para el Gobierno. Desde que se conoció la foto de la esposa de Adorni en Nueva York, el 8 de marzo, y luego la foto de su viaje en avión privado el 12 de marzo, la suerte política de Adorni estaba echada, y con razón: en cuatro días, el exjefe de Gabinete tejió una trama de mentiras que ya entonces empezaron a dañar la credibilidad del Gobierno. Desde aquella semana, el caso no hizo otra cosa que agravarse. Sólo el Gobierno, y Milei mismo, se negaron a aceptarlo.

Antes del fin de semana, el oficialismo buscó vender éxito donde había obstáculos. En relación a Adorni, fuentes del oficialismo se esforzaron por destacar una recuperación del control de la agenda política cuando, en realidad, el movimiento de pinzas desde el Congreso lo enfrentó al único desenlace posible: el fin político del jefe de Gabinete y vocero estrella.

En el conflicto universitario, el acuerdo con los gremios fue comunicado como un logro, cuando en realidad implicó un reajuste del gasto para poder financiarlo. Ahora, con la decisión de la Corte, ese frente se complica más todavía. El Gobierno sigue intentando encontrarle un agujero al mate de un conflicto donde viene perdiendo.

La “nueva etapa” puede significar algo en ese sentido: el avance en el Gobierno de un macrismo sin Macri, con una Patricia Bullrich y un Santilli con cintura comprobada para la astucia de la negociación y registro de otras dimensiones de la política. Lo nuevo puede ser una corrección en la lógica del empecinamiento mileísta.