La Cámara Nacional Electoral anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 366/2025, que había asignado a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina. La medida considera que dicha norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional.

El tribunal sostuvo que, como la ciudadanía involucra el otorgamiento de derechos políticos a los solicitantes, la norma anulada regula aspectos que alteran cuestiones electorales que le están vedadas al Poder Ejecutivo.

Entre sus puntos centrales, el decreto de Javier Milei reforzó el control migratorio, exigió seguro de salud para extranjeros, limitó el acceso gratuito a la salud y a la educación universitaria para quienes no fueran residentes permanentes y estableció impedimentos más estrictos para el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes.

El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y que el artículo 99, inciso 3°, en particular, le prohíbe expresamente dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.

Por otra parte, la Cámara señaló que no hay razones de “rigurosa excepcionalidad y urgencia” que tornaran imposible seguir el trámite legislativo ordinario, que es el único supuesto que habilita constitucionalmente el dictado de este tipo de normas.

Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, dice el fallo, que les impone aplicar la ley frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades constitucionales.

Así, el Tribunal resolvió declarar la nulidad del decreto 366/2025, revocar la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de ciudadanía de un comerciante chino y resolvió otorgársela.

Además, los jueces resolvieron comunicar lo decidido al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones e informe del fallo a los jueces federales con competencia electoral de todo el país.

El decreto fue dictado el 28 de mayo de 2025 y fue firmado por Javier Milei. La norma trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una atribución que desde 1869 estuvo en manos de los jueces federales.

El origen del fallo

El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, fue motivado por la apelación de Liping Yang, un comerciante chino radicado desde hace once años en Oro Verde, Entre Ríos, a quien un juzgado federal le había rechazado la carta de ciudadanía por tener una orden de expulsión dictada por la Corte Suprema que, sin embargo, nunca se efectivizó.

El DNU 366/2025 modificó también la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional.

En materia de ciudadanía, trasladó la facultad de otorgar alidad de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones y exigió que los dos años de residencia previa fueran no solo continuos, sino también legales y sin salidas del país.

La Cámara entendió que, al modificar quién decide sobre la ciudadanía -condición que habilita el ejercicio de los derechos políticos-, el decreto invadió esa zona vedada.

El fallo fue más allá: examinó los propios fundamentos del DNU y concluyó que las razones esgrimidas por el Gobierno —la sobrecarga de recursos judiciales, la necesidad de mayor control— constituían argumentos de “oportunidad, mérito o conveniencia” propios de una decisión legislativa ordinaria, no la situación de urgencia excepcional que la Constitución exige para saltear al Congreso.

En ese sentido, citó antecedentes de la propia Corte Suprema sobre los límites a las facultades legislativas del Ejecutivo.

El tribunal también recordó que esta era la primera vez que se le planteaba la cuestión, y que jueces de primera instancia ya habían declarado la inconstitucionalidad del decreto en casos similares, lo que tornaba necesario unificar el criterio para todo el fuero electoral del país.

Con el aval del dictamen fiscal, la Cámara tuvo por acreditado que Yang ingresó al país en septiembre de 2015, no registra antecedentes penales aquí ni en China, abrió un supermercado, tributa en Argentina y vive en Oro Verde junto a su esposa e hijos.

El juicio oral de los cuadernos de las coimas, en el que la expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada, continuó este martes con las declaraciones del personal técnico de la ARCA —exAFIP— que, a pedido de la Justicia, intervino en fiscalizaciones o análisis contables sobre algunas de las empresas investigadas en la causa.

Uno de los testigos fue Alfredo Pedro Puyo, excontador del organismo recaudador, que relató ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que realizó sobre Electroingeniería, una de las empresas contratistas más activas del Estado entre 2003 y 2015, en manos de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.

El contador señaló que, además de detectar “algunas inconsistencias” entre los ingresos declarados en IVA y Ganancias, en su trabajo identificó giros de dinero hacia grupos de medios de comunicación y un movimiento que consideró inusual: el retiro de más de dos millones de dólares en efectivo.

“Investigamos a los socios del grupo Eiling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Encontramos que había empresas a las cuales Electroingeniería mandaba fondos. Eran empresas de medios de comunicación: Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Esas fueron las empresas que investigamos”, dijo Puyo.

El contador sostuvo que, a su criterio, esos giros tenían como objetivo financiar la actividad de esas compañías. “Eran para financiar las empresas de medios. Las empresas daban pérdida y había que financiarlas de algún modo”, declaró.

Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina formaban parte del entramado empresario ligado a Ferreyra en el sector de medios, donde Electroingeniería tuvo participación durante los años del kirchnerismo.

El contador recordó luego un retiro específico. “Hubo un movimiento que nos llamó la atención: un retiro en efectivo en dólares. Un monto como de dos millones de dólares, que permaneció en la empresa en dinero en efectivo durante más de un ejercicio fiscal. Por eso nos llamó la atención”, dijo.

“Cuando una empresa da pérdida, es raro que mantenga dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”, agregó.

Él y la colega que lo siguió, la contadora Matilde Lanza, de la AFIP, sostuvieron que las investigaciones encabezadas por ellos fueron internas -es decir, sin consultar con las compañías- y a pedido del juez Claudio Bonadio, con el objetivo de identificar en las empresas investigadas posibles “financiamientos espurios”.

Lanza identificó retiros en efectivo en Decavial S.A., la empresa de Marcelino Aznar, y una diferencia contable de más de US$5 millones. También recordó un movimiento puntual en Panedile, la compañía del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti: un retiro por ventanilla realizado por el hijo del empresario, también llamado Hugo, por US$315.000. La contadora dijo que esa extracción “coincidía temporalmente” con entregas de dinero acreditadas en el expediente.

En la causa, el financista Ernesto Clarens, que ofició de intermediario entre empresarios y el matrimonio Kirchner y también declaró como arrepentido, sostuvo que uno de los muchos pagos realizados por la empresa Panedile había sido de 313.300 dólares.

Parte del trabajo de los contadores consistía en cruzar la información de las empresas con la base EPOC de la AFIP, en la que figuran proveedores “no confiables” que sociedades pueden utilizar para emitir facturas apócrifas y obtener así un crédito fiscal para la deducción de impuestos.

Entre las empresas alcanzadas por la pesquisa se encontraba el Grupo Techint, algunos de cuyos directivos fueron apartados del tramo principal del caso y luego sobreseídos.

La contadora sostuvo que una de las empresas del grupo, Scrap Service, emitió facturas apócrifas por alrededor de US$40 millones. “Nosotros fuimos auxiliares de la Justicia y lo que hicimos fue describir información”, repitió la mujer ante las preguntas de los abogados defensores. Desde Techint no respondieron a la consulta de .

Traslados

En 2020, Lanza, que trabajaba como supervisora en el área de grandes contribuyentes, fue reubicada en una dirección regional, según declaró hoy en la causa. Sus dichos corrieron en línea con los de otros contadores que declararon previamente en la causa y fueron reubicados tras detectar o señalar irregularidades en los estados contables de algunas empresas.

Fue el caso de la contadora María Marta Criscuolo, que declaró la semana pasada. “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, dijo, en alusión a Sacde, de Angelo Calcaterra.

Los testimonios de los empleados integran un bloque de testigos solicitado por la fiscalía para intentar alumbrar, desde el análisis contable, algunas de las presuntas maniobras atribuidas a los empresarios investigados en el juicio oral de los Cuadernos, entre ellas el destino de fondos, los cruces entre sociedades y los movimientos de dinero que quedaron bajo la lupa de la exAFIP.

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