POLITICA
La Procuración le pidió a la Corte que le saque la pensión por viudez a Cristina Kirchner

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa donde Cristina Kirchner busca que se le restituya la pensión como viuda de Néstor Kirchner, dada de baja por su condena en la causa Vialidad.
El dictamen, al que tuvo acceso TN, planteó que la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó en febrero a la ANSES restituirle la pensión a CFK, desconoce los efectos de la condena firme por corrupción en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal. Es decir, que la expresidenta debe ser despojada de cualquier beneficio, como la jubilación, pensión o retiro, civil o militar.
Esa decisión de la Cámara, según Casal, generó un conflicto institucional al invadir la competencia del juez de ejecución penal.
Con este dictamen, el funcionario avaló el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N°1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que la Corte Suprema intervenga y confirme el rechazo a restituirle la pensión.
dictaminó que la reelección indefinida de Insfrán en Formosa es inconstitucional. (Foto: NA / Damian Dopacio)
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
Casal consideró que “resulta jurídicamente incompatible mantener el beneficio de asignación mensual vitalicia a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado, castigado con pena de prisión por más de tres años”.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
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La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
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Detuvieron a un empresario acusado de usurpar una casa en Cariló

MAR DEL PLATA.- El empresario Mauricio Ríos, recordado por protagonizar la usurpación de una vivienda en Cariló en tiempos de pandemia por coronavirus, quedó detenido luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia federal en el marco de una causa que lo involucra en el robo de una camioneta secuestrada junto a otros vehículos en aquella localidad.
La medida judicial, ordenada por el juez Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, sumó un segundo detenido, el secuestro de distintos elementos de interés para la causa y mantiene como sospechosos a otros dos sujetos que continúan en libertad.
Ríos está radicado en Mar del Plata, se ha movido durante los años en negocios vinculados a la gastronomía, la nocturnidad e incluso se lo vincula con la actividad en servicios de playa. Y su despliegue y crecimiento, según fuentes de la investigación, estaría relacionada a su cercanía con Rudy Ulloa, uno de los hombres fuertes del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz.
A Ríos lo encontraron en su domicilio del barrio Chauvin, hasta donde llegaron unidades de la Policía Federal para cumplir con el allanamiento y la detención. Según se pudo conocer, tenía programada una intervención quirúrgica por un problema de salud, por lo que la justicia hizo lugar al pedido de afrontar esta instancia bajo la condición de prisión domiciliaria.
El caso que se le imputa mantiene la calificación de encubrimiento agravado, por robo con armas, falsificación y uso de cédula verde y supresión de la numeración registral de un automotor. Se trata de una de las camionetas secuestradas frente a la casa de calle Leñatero ocupada de manera ilegal por aquellos días de 2020, dominados por restricciones de circulación que imponía el protocolo de seguridad sanitaria por circulación y contagio de coronavirus.
El desalojo se concretó a mediados de noviembre de ese año, luego de que los propietarios advirtieran no solo que había extraños en la casona con fondo de parque que tenía salida directa al Cariló Golf. Cuando anduvieron por allí, la encontraron pintada de otro color, en tonos más próximos al bordó, y hasta con nuevo nombre en el frente: “Volver a vivir”, la habían bautizado, según se leía en un cartel.
Allí se anoticiaron de denuncias de vecinos por ruidos molestos derivados de noches de cumbia a alto volumen e intenso movimiento de vehículos. Pronto supieron que era un rumor a voces, en ese bosque, de fiestas que allí se advertían en tiempos de limitación para reuniones.
Ríos, conocido por aquí como “El Gordo Maury”, quedó procesado entonces en la justicia ordinaria, que lo acusó de usurpación de vivienda, con intervención de la Fiscalía de Pinamar. Según se pudo conocer, la causa está encaminada a juicio. En la puerta de esa vivienda se secuestraron varios vehículos con algunas irregularidades en sus dominios. De allí viene la causa que ahora tiene la justicia federal en Mar del Plata y mantiene al empresario en prisión domiciliaria.
No es el único escándalo que involucra a Ríos. En 2022 su nombre volvió a asomar como tercero de un caso de asesinato: durante la celebración de su cumpleaños 51, en el local gastronómico de un parador lindero al faro, hubo una discusión entre dos de los más de 200 invitados, balas y un muerto.
La víctima fatal fue Maximiliano Rihl, de 44 años, oriundo de Canning. Recibió impactos de bala a manos de Juan Jesús Piero Pinna, también empresario, oriundo de Tucumán y conocido por allí como El Faraón del Pollo, nombre de su distribuidora avícola. Entonces trascendió que su novia por aquellos días y a quien acompañaba esa noche en esa fiesta era, precisamente, una hija de Rudy Ulloa.
El caso tomó aún mayor dimensión porque el autor del crimen escapó de Mar del Plata y fue buscado hasta que se entregó, paso que dio en la provincia de Tucumán, a la que había llegado sin ser interceptado por los policías que lo buscaban.
Ríos quedó ahora a disposición del juez Inchausti y se espera a que supere esta cirugía programada que tenía para ponerle fecha a la audiencia de formalización de imputaciones, que se realiza en sede del juzgado y con presencia de los imputados y sus respectivas defensas.
El empresario Mauricio Ríos, recordado por protagonizar la usurpación de una vivienda en Cariló,Y su despliegue y crecimiento, según fuentes de la investigación, estaría relacionada a su cercanía con Rudy Ulloa,,durante la celebración de su cumpleaños 51, en el local gastronómico de un parador lindero al faro, hubo una discusión entre dos de los más de 200 invitados, balas y un muerto.,Darío Palavecino,Conforme a
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Nueva concentración en la CNEA: trabajadores reclamaron por las desvinculaciones y el desalojo

Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvieron a manifestarse este miércoles frente a la sede central del organismo, ubicada sobre la avenida del Libertador al 8200, a la altura de Ramallo, en el barrio porteño de Núñez. La convocatoria, prevista para las 9 de la mañana, se realizó en rechazo a las desvinculaciones informadas por el Gobierno y en repudio al operativo de Gendarmería Nacional que desalojó el edificio durante la protesta del martes.
Según pudo reconstruir Infobae, la manifestación se desarrollaba sobre la vereda, sin corte de tránsito. En el lugar también permanecían efectivos de las fuerzas de seguridad apostados frente al ingreso de la sede.
La nueva concentración se produjo un día después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomara el edificio de la CNEA para denunciar el despido de casi un centenar de empleados del organismo. La medida derivó en un operativo de Gendarmería Nacional y en el desalojo de los manifestantes.
Tras esos hechos, el Gobierno salió a responder las denuncias sindicales y aseguró que no se trató de despidos, sino de la no renovación de 61 contratos de plazo fijo firmados durante 2023, bajo la gestión anterior de la CNEA.
De acuerdo con la información oficial, 42 de los 61 contratos correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El Ejecutivo sostuvo además que no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el personal técnico especializado que desarrolla las tareas centrales del organismo.
La postura oficial buscó responder a la denuncia realizada por ATE, que sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la convocatoria y las medidas de fuerza a través de sus redes sociales. El martes había anunciado una permanencia en el edificio hasta obtener respuestas de las autoridades y aseguró que el presidente de la CNEA, Martín Porro, “está atrincherado por decisión propia”.
El gremio calificó las bajas como una “canallada” e invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado. Además, sostuvo que existe un intento de desmantelar el organismo para facilitar una futura privatización.
Durante la jornada del martes también se registraron incidentes en el edificio de la CNEA. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, el personal desvinculado ingresó de manera irregular a la sede, lo que motivó el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional, que custodia el predio por tratarse de una institución estratégica. De acuerdo con esa versión, un efectivo sufrió lesiones leves en la boca y dos escudos resultaron dañados durante el operativo.
Horas antes de la ocupación del edificio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. En ese contexto, explicó que el Gobierno retomó un promedio de alrededor de 3.000 bajas mensuales en la administración pública nacional como parte del proceso de revisión de estructuras y dotaciones.
Ravier también precisó que, además de las desvinculaciones, 3.983 trabajadores se acogieron a planes de retiro voluntario en distintos organismos nacionales, entre ellos Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Además, señaló que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.
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La Iglesia recibió a la conducción de la CGT y las dos CTA para abordar temas de la agenda social

La profundización de la crisis social y la búsqueda de caminos de diálogo entre los dirigentes sindicales para frenar el impacto de la emergencia sobre los sectores más vulnerables ocuparon la agenda de la reunión que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, mantuvo con la conducción de las tres centrales obreras: la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.
El encuentro, pedido por los dirigentes sindicales, tuvo lugar el lunes en la sede del Episcopado y fue difundido por la CTA Autónoma, que conduce el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy. Participaron también Octavio Argüello (CGT), Hugo Yasky y Edgardo Llano (CTA de los Trabajadores) y Ricardo Peidro y Rodolfo Aguiar (CTA Autónoma), entre otros dirigentes.
En las últimas horas, además, el arzobispo Colombo recibió a la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que encabeza Alejandro Gramajo, con quienes abordó la preocupación por el impacto de la crisis social en los barrios populares.
“La unidad es indispensable para luchar en contra de los cierres de pequeñas y medianas empresas, los topes a las paritarias, la ley de reforma laboral y el intento de destruir las organizaciones sindicales”, planteó Godoy, tras el encuentro de los dirigentes sindicales con la Iglesia.
La audiencia con los dirigentes sindicales se desarrolló días después del inusual encuentro entre los referentes de las dos vertientes de la CTA con el triunvirato de la CGT para articular un plan de lucha contra la gestión de Javier Milei, como publicó .
Según informaron los voceros gremiales, el arzobispo Colombo agradeció la presencia de las tres centrales obreras y consideró imprescindible trabajar por la construcción de “un futuro para las próximas generaciones”. Transmitió su preocupación por la “situación alarmante” de la salud mental, con especial preocupación por los jóvenes, y animó a trabajar para que puedan tener una vida digna e imaginar un futuro.
En función de ese camino de unidad, Godoy señaló que “las tres centrales sindicales pusieron en marcha un plan de lucha no solamente organizando la resistencia de los trabajadores, sino articulando con otros sectores de la sociedad”.
Entre los síntomas de la crisis social mencionaron el cierre de 26.000 empresas y fábricas desde fines de 2023, el derrumbe del consumo interno, el aumento de costos, la apertura a las importaciones y las dificultades de competitividad que golpean principalmente a las pymes.
Yasky dijo que “el daño social es muy grande” y planteó que la necesidad de retomar el diálogo con todos los sectores dispuestos a trabajar por el bien de la Argentina es prioritario, porque el gobierno de Javier Milei sigue hablando de la macroeconomía y pareciera que tuviéramos dos países distintos”.
Argüello, uno de los secretarios generales de la CGT, expresó su preocupación por la situación atraviesan las obras sociales sindicales por “al abandono del Estado”.
El mismo lunes, además, la CGT realizó un encuentro en su sede de Azopardo 802 para presentar la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, que reflexiona sobre la custodia de la persona humana en los tiempos de la Inteligencia Artificial.
Barrios populares
El impacto de la crisis social en los barrios populares también fue abordado en la reunión de Colombo con la mesa ejecutiva de la UTEP, encabezada por Gramajo.
Los dirigentes sociales plantearon su preocupación por una situación que graficaron como “una olla a presión”, debido a las dificultades que enfrentan los trabajadores, la creciente presencia del narcotráfico y el incremento del problema de las adicciones y de la salud mental, entre otras problemáticas.
“Mientras el gobierno nos miente diciendo que Argentina está creciendo, en nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones”, fue el planteo de Gramajo.
El dirigente social alertó también sobre el crecimiento de los problemas de salud mental entre los jóvenes y señaló: “La Argentina es una olla a presión, con múltiples problemas que se acumulan en la vida de nuestro Pueblo”.
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