POLITICA
Se acumulan los rechazos sindicales a la última oferta de aumento salarial que hizo Kicillof
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento salarial de 2,5% en julio para los trabajadores estatales, y los gremios del sector acumularon rechazos al ofrecimiento. Se pronunciaron en contra los docentes, médicos y trabajadores de la administración pública nucleados en sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado a una reunión paritaria el viernes, tres días después de un paro provincial realizado por cuatro de los cinco gremios que lo integran. La medida de fuerza tuvo un 95% de adhesión, según los gremios, y fue el primer paro provincial que hizo el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) contra Axel Kicillof.
Al término de la reunión del viernes, el FUDB informó que la oferta gubernamental “fue rechazada por insuficiente” y se pasó a un cuarto intermedio. “Este encuentro se dio como consecuencia del contundente paro docente realizado el día 30 de junio. En dicho ámbito, la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial del 2,5 % para julio sobre el sueldo de junio fue rechazada por insuficiente, motivo por el cual se resolvió pasar a un cuarto intermedio”, se especificó en el comunicado firmado por el Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados, que fue el único de los gremios del frente que no se plegó al paro).
Este lunes, en una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, la directora general de Educación y Cultura, Flavia Terigi, confió en acordar con los docentes. “Hubo una oferta que hizo el gobierno de la provincia, de 2,5%, una oferta que fue considerada insuficiente por los gremios para llevarla a consulta. Entonces, las conversaciones continúan. Nosotros tenemos expectativas de que en estos días podamos llegar a un acuerdo”, dijo Terigi.
La semana pasada, recibieron el mismo ofrecimiento de 2,5% los trabajadores de la administración pública provincial y los médicos, y también la respuesta fue el rechazo. “En el marco de la negociación paritaria que mantuvieron los gremios estatales con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la administración bonaerense ofertó un incremento del 2,5% en el mes de julio para el régimen de la ley 10.430, que fue rechazado por ATE al ser declarado como insuficiente. El encuentro pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana [por esta semana]. ATE planteó que considera indispensable un aumento salarial que ponga el salario de las y los estatales bonaerenses por encima de la inflación”, se indicó en un comunicado de ATE. El último dato de inflación difundido por el Instituto de Estadística y Censos (Indec), para el mes de mayo, fue del 2,1%.
“En el marco de la paritaria general del Estado (Ley 10.430), los gremios de la administración pública bonaerense rechazamos la primera oferta salarial del gobierno y exigimos una urgente recomposición del salario. Además, desde Cicop reclamamos celeridad en la conformación de las mesas técnicas y en la convocatoria a la paritaria sectorial de los y las profesionales de la salud”, afirmó, por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop, por sus anteriores siglas, correspondientes a “Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial”).
Conflictos en San Pedro y Azul
A nivel municipal, los conflictos salariales también suman tensión. En San Pedro, se decretó un paro por 48 horas de los trabajadores municipales, ante la posibilidad de que no perciban los aguinaldos. En Azul, la intendencia informó que pagará el sueldo complementario en dos pagos y puso en alerta al sindicato municipal local.
En San Pedro, donde gobierna el peronista Cecilio Salazar, aliado de Kicillof, los municipales harán una huelga el martes y el miércoles. “Recién van a depositar [los sueldos] mañana. Sobre el aguinaldo, nos dijeron que va a estar entre el 15 y el día 20. Lo pagarían fuera de término. Y vienen incumpliendo con las categorías, la ropa y los aumentos salariales”, dijo a Juan Cruz Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro.
Salazar, en tanto, afirmó a este diario que pidió asistencia del gobierno provincial para poder pagar los aguinaldos. “Estamos pagando sueldos mañana y les dijimos a los sindicatos que hasta mitad de mes es muy difícil que paguemos los aguinaldos. Con fondos propios, no podemos”, dijo el jefe comunal.
En Azul, municipio gobernado por Nelson Sombra, intendente justicialista alineado con Cristina Kirchner, se anunció el pago del aguinaldo en dos cuotas. El jefe comunal se reunió con los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA), el viernes. “El intendente explicó el complejo panorama financiero que atraviesa el municipio. Según manifestó, a diferencia de años anteriores, la Provincia de Buenos Aires no ha brindado la misma asistencia económica para afrontar el pago de salarios y aguinaldos, lo que obligó al Ejecutivo a depender casi exclusivamente de la recaudación municipal. En ese marco, se nos informó que el próximo lunes 6 se depositarán los haberes correspondientes al mes en curso junto con el 50% del aguinaldo, quedando pendiente el pago del porcentaje restante”, informó el gremio en un comunicado.
“Desde el STMA, dejamos expresado de manera clara nuestro rechazo al pago desdoblado del aguinaldo”, indicó el sindicato municipal azuleño. “el compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo es abonar el lunes 6 los salarios y el 50% del aguinaldo. En caso que esto sea así sin tener modificaciones para mejorar y a su vez, no tener certezas del pago de las segunda cuota, desde el gremio convocaremos a una asamblea de trabajadores para evaluar la situación y definir, de manera colectiva, las acciones gremiales a seguir”, advirtió el gremio, que conduce Luciano Varela.
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POLITICA
La advertencia de un investigador de la CNEA: “Ya hubo un éxodo de unas 500 personas del sector nuclear”
La energía nuclear suele asociarse con la producción de electricidad, pero en Argentina también sostiene desarrollos vinculados con la medicina, la industria y la investigación científica. Sin embargo, detrás de esos avances, el sector atraviesa un escenario que, según sus propios protagonistas, pone en riesgo la continuidad de capacidades construidas durante décadas.
Ese fue el diagnóstico que planteó el investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del CONICET, Andrés Kreiner, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí sostuvo que el principal problema hoy no pasa por la falta de conocimiento ni de infraestructura, sino por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores y la salida de personal altamente calificado.
“El sector nuclear estatal se está asfixiando salarialmente”, resumió. Según explicó, los salarios “perdieron más del 50% de su capacidad adquisitiva frente al IPC” en los últimos dos años, una situación que ya comenzó a reflejarse en la estructura del organismo. “Ha producido un éxodo del orden de 500 personas. Algunas se jubilaron, pero la mayoría se fueron porque no pueden vivir con esos salarios”, aseguró.
Para Kreiner, la magnitud del problema se entiende mejor cuando se observan casos concretos. Mencionó el de Paula Alderete, una técnica que opera un microscopio electrónico de alta complejidad y que, según indicó, percibe entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales. “Estos salarios son realmente salarios de hambre”, afirmó. También señaló que un ingeniero con algunos años de experiencia cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y que incluso la remuneración más alta dentro de la Comisión, correspondiente a su categoría como investigador superior, se ubica entre 2,4 y 2,5 millones de pesos.
El investigador remarcó que el impacto no alcanza únicamente a científicos e ingenieros. “Se está echando a profesionales, técnicos y también administrativos”, sostuvo, y explicó que en una institución con el nivel de complejidad de la CNEA cada una de esas funciones resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.
Una actividad que va mucho más allá de las centrales nucleares
Durante la entrevista, Kreiner también buscó poner en contexto la importancia que tiene el sector para el país. Recordó que Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación que generan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida a nivel nacional, aunque insistió en que esa es apenas una parte de la actividad que desarrolla el sistema nuclear.
Uno de los campos donde esa capacidad resulta más visible es la medicina. Allí, explicó, la producción de radioisótopos permite realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad. Como ejemplo mencionó el tecnecio-99, “uno de los radioisótopos más utilizados”, que se administra junto con un fármaco y “se localiza preferencialmente en tejidos tumorales”, permitiendo detectar lesiones a partir de la radiación que emite.
A ese desarrollo se suma el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentra en construcción frente al Hospital Roffo. Según explicó Kreiner, esa tecnología representa un salto respecto de los tratamientos convencionales porque utiliza haces de protones que permiten concentrar la radiación con mucha mayor precisión sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.
Las aplicaciones tampoco se limitan al ámbito sanitario. En el Centro Atómico Constituyentes, agregó, también se irradian celdas solares destinadas a misiones espaciales y componentes electrónicos que deben soportar niveles extremos de radiación, una tarea que forma parte del desarrollo tecnológico de distintos sectores industriales.
El debate sobre las inversiones y la pérdida de capacidades
Consultado sobre la posibilidad de una mayor participación privada en el desarrollo nuclear, Kreiner aclaró que el sistema argentino nunca funcionó exclusivamente bajo control estatal. Como ejemplo mencionó a CONUAR, empresa dedicada a la fabricación de combustibles nucleares, donde la CNEA participa con algo más del 30% del paquete accionario mientras que el resto pertenece al grupo Pérez Companc.
Sin embargo, consideró que el deterioro salarial modifica por completo ese escenario. “Hay una mano de obra muy calificada que está regalada”, advirtió. En ese contexto, explicó, una empresa extranjera podría instalarse en el país y, ofreciendo salarios apenas dos o tres veces superiores, incorporar recursos humanos que demandaron años de formación dentro del sistema público.
Por eso, aclaró que no rechaza la llegada de inversiones privadas, aunque sostuvo que deberían orientarse hacia esquemas de cooperación. “Si hubiera una asociación en la que una empresa pone el dinero y la Comisión aporta sus recursos humanos altamente capacitados para desarrollar proyectos en conjunto, lo veríamos de otra forma”, planteó.
Sobre el final de la entrevista, Kreiner extendió esa preocupación hacia la política energética de largo plazo. Recordó que Argentina desarrolló durante décadas una línea tecnológica basada en reactores de uranio natural y agua pesada, una característica que, según señaló, le permitió construir autonomía en un área considerada estratégica.
En ese sentido, expresó su preocupación por el destino del único predio habilitado para construir una nueva central nuclear en el país. “Ese sitio se lo están ofreciendo graciosamente a una empresa”, cuestionó, antes de insistir en que preservar las capacidades acumuladas resulta clave para mantener la independencia tecnológica. “La Argentina tiene una línea tecnológica del uranio natural y agua pesada que nos independiza tecnológicamente y nos da seguridad energética”, concluyó.
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andrés kreimer
POLITICA
Un juez acusado de usar expresiones antisemitas en las redes apeló a un fallo que favoreció a Milei para defenderse
El suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López comenzó hoy a ser juzgado acusado de discriminación por usar expresiones antisemitas en sus redes sociales. Frente al Consejo de la Magistratura, López se defendió citando un fallo en favor de Javier Milei en una disputa con un niño con autismo de 12 años que pidió que se le ordenara al Presidente retirar un tuit que aludía a él y lo asociaba a “los kukas”.
La fiscalía reclamó al Jurado de Enjuiciamiento su destitución, tras citar mensajes en la red social X que el propio acusado reconoció que era de su autoría. Se lo acusó de atacar a la comunidad judía, incitar al hostigamiento digital y difundir ideas conspirativas.
La defensa, en cambio, habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.
“Nunca actué con mala fe ni con ánimo de ofender. Mis opiniones no fueron ataques personales. Tuvieron que buscar con lupa porque no encontraron un tuit que acusara a la comunidad. Este magistrado ha ejercido su función durante 40 años sin ninguna sanción disciplinaria”, afirmó López, y dijo que la acusación es “maliciosa”.
Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez Alfredo López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.
El Plenario del Consejo de la Magistratura votó enviarlo al Jury. Ese proceso se inició hoy y seguirá durante esta semana con la citación de testigos.
El Jurado de Enjuiciamiento está a cargo de los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria), quien siguió la audiencia por Zoom.
La acusación está a cargo del abogado Alberto Maques y el senador Luis Juez, en nombre del Consejo de la Magistratura. “Venimos a sostener el pedido de destitución del juez Alfredo López. Cuando nos tocó examinar su conducta en la comisión, nos planteamos si estábamos frente a la libertad de opinión que tiene cualquier ciudadano. Pero a medida que nos fuimos adentrando en la investigación de la causa, en ese órgano colegiado, plural, en el que coincidimos muy pocas veces, hubo una mirada unívoca, única. La conducta del juez López es absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal”, afirmó.
Incluso, el senador Juez señaló que creyó que cuando se lo citó por el artículo 20 (una suerte de indagatoria), López iba a tener una actitud reflexiva e iba a disculparse, algo que no sucedió. Incluso, según el relato del senador cordobés, López intentó contextualizar sus expresiones con el conflicto de Gaza y afirmó que no violó la buena conducta que debe tener un juez.
La acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.
Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP.
Para los consejeros Juez y Maques, en nombre del Consejo, López no puede seguir siendo juez. El senador se lamentó porque anteriormente, con otra integración, el magistrado ya había tenido denuncias y se las “había dejado pasar”. Y añadió: “Si en ese momento se hubieran motorizado sanciones, (López) no se habría envalentonado”.
La defensa del juez López afirmó que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un magistrado de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.
López se quejó diciendo que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, por sus posteos en X. En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría.
“La cuestión a determinar trasciende a mi persona y sentará un precedente por primera vez a nivel nacional e internacional. Lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos. Como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”, afirmó ante el jury.
En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de la decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”.
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POLITICA
Cambios en el Gobierno: renunció Guido Giana, el segundo de Mario Lugones en el Ministerio de Salud
El segundo de Mario Lugones en el Ministerio de Salud, Guido Giana, presentó la renuncia este lunes tras poco más de ocho meses en el cargo. Lo reemplazará quien lo acompañaba en la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera, Rodrigo Sbarra.
“El Ministerio de Salud de la Nación agradece a Guido Giana por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión. Su aporte fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”, manifestaron fuentes oficiales tras la salida del funcionario, que atribuyeron a motivos personales.
Su lugar será ocupado por Sbarra, cuya designación será oficializada a través de un decreto que se publicará en las próximas horas. De acuerdo a la cartera que conduce Lugones, el ascenso del hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa garantiza la continuidad de la línea de trabajo del Ministerio.
Para enfatizar ese punto, adelantaron que Sbarra continuará con el mismo equipo de trabajo de Giana, con el objetivo de profundizar las políticas de “desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización” del sistema de salud que impulsan en el Gobierno.
Quién es Guido Giana
El ahora exfuncionario había llegado al Ministerio de Salud en noviembre del año pasado, tras la abrupta salida de Cecilia Loccisano, quien hasta ese momento ejercía como virtual viceministra de Lugones.
Para reemplazarla, el Gobierno promovió a Giana, un exejecutivo del Sanatorio Güemes —propiedad del ministro Lugones— que también trabajaba bajo el ala del asesor presidencial Santiago Caputo. El hasta hoy secretario de Gestión Administrativa ya había tenido un paso por la gestión pública durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando ocupó un cargo ejecutivo en el PAMI.
Su trayectoria política dentro del PRO incluyó una etapa como concejal en el municipio de Presidente Perón y una candidatura a intendente por ese distrito bajo la coalición Juntos por el Cambio.
Con la designación de Sbarra, su segundo en la Secretaría que ocupaba, el Ministerio buscó descartar cualquier especulación de que la salida de Giana estuviera atravesada por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. “Se va a mantener la línea de trabajo”, insistieron.
De acuerdo a su perfil de LinkedIn, el flamante funcionario se describe como economista especialista en implementación de políticas públicas y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública nacional.
De acuerdo a su registro, antes de su ingreso al Gobierno de Javier Milei se había desempeñado durante más de cuatro años en el Ministerio de Desarrollo Productivo durante la gestión de Macri. Allí ejerció primero como subsecretario de Coordinación entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, y luego pasó a ser secretario de Coordinación hasta diciembre de 2019.
Antes de eso, Sbarra fue asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño entre mayo de 2012 y diciembre de 2015.
El economista llegó a ese cargo tras otros tres años —entre julio de 2009 y mayo de 2012— como asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Sin embargo, su primer cargo en el sector público lo obtuvo en marzo de 2005, cuando ingresó como asistente en la Unidad Ministro del Ministerio de Economía y Producción. Allí permaneció hasta diciembre de 2008, cuando pasó a ejercer el mismo rol en el Ministerio de Producción hasta julio de 2009. Además, tuvo entre agosto de 2010 y abril de 2011 un paso como consultor externo del INTA, donde participó en el Programa Global Biopact.
Ministerio de salud, Mario Lugones
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