La Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó este lunes la apelación presentada por el juez Martín Irurzun, quien buscaba una medida cautelar para permanecer en sus funciones más allá del límite etario de 75 años sin que el Poder Ejecutivo haya remitido su pliego de nombramiento al Senado para su acuerdo.

El fallo ratificó la decisión de primera instancia que ya había rechazado el pedido el 26 de junio por falta de verosimilitud del derecho. Si el gobierno no envía su pliego en los próximos días, se abre una vacante clave para que el gobierno pueda nombrar un juez en Comodoro Py.

Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desde hace más de dos décadas, cumple 75 años el próximo 18 de julio. De no mediar una intervención judicial o administrativa que lo habilite, deberá cesar en sus funciones conforme al artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces que alcanzan esa edad requieren un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo precedido del acuerdo del Senado para continuar otros cinco años.

En su presentación, el magistrado pidió suspender los efectos de esa norma constitucional y argumentó que el precedente “Schiffrin” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reafirmó que la validez del límite etario, habría perdido vigencia tras el cese del exmiembro de la Corte, Juan Carlos Maqueda.

La Cámara rechazó ese planteo al considerarlo una conjetura sin sustento jurídico suficiente. Los jueces señalaron que los tribunales inferiores deben ajustarse a los precedentes de la Corte Suprema salvo que se aporten argumentos nuevos y fundados que justifiquen apartarse de ellos.

El Estado Nacional se opuso al otorgamiento de la medida cautelar. Antes de resolver, la Cámara aceptó las excusaciones de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio, quienes se apartaron del caso por decoro, dado que Irurzun había intervenido en una causa penal conexa en la que ellos figuran como denunciados.

La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada además por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, interviene en la revisión de decisiones de los juzgados federales de primera instancia en materia de corrupción en la función pública, trata de personas, narcotráfico y otras causas de relevancia. Con la eventual salida de Irurzun, se generará una vacante en ese tribunal estratégico.

El gobierno acelera la cobertura de vacantes

Días atrás, el Poder Ejecutivo oficializó, mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el nombramiento de 11 jueces y camaristas y cuatro funcionarios del Ministerio Público, tras la aprobación de 75 pliegos por parte del Senado el pasado 4 de junio.

Los nombramientos fueron firmados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de su viaje a París para participar en el plenario del GAFI en la OCDE, y donde coincidió con el juez Ariel Lijo.

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Las designaciones abarcan tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del interior del país.

Comodoro Py, Gobierno, pliego

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La energía nuclear suele asociarse con la producción de electricidad, pero en Argentina también sostiene desarrollos vinculados con la medicina, la industria y la investigación científica. Sin embargo, detrás de esos avances, el sector atraviesa un escenario que, según sus propios protagonistas, pone en riesgo la continuidad de capacidades construidas durante décadas.

Ese fue el diagnóstico que planteó el investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del CONICET, Andrés Kreiner, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí sostuvo que el principal problema hoy no pasa por la falta de conocimiento ni de infraestructura, sino por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores y la salida de personal altamente calificado.

“El sector nuclear estatal se está asfixiando salarialmente”, resumió. Según explicó, los salarios “perdieron más del 50% de su capacidad adquisitiva frente al IPC” en los últimos dos años, una situación que ya comenzó a reflejarse en la estructura del organismo. “Ha producido un éxodo del orden de 500 personas. Algunas se jubilaron, pero la mayoría se fueron porque no pueden vivir con esos salarios”, aseguró.

Para Kreiner, la magnitud del problema se entiende mejor cuando se observan casos concretos. Mencionó el de Paula Alderete, una técnica que opera un microscopio electrónico de alta complejidad y que, según indicó, percibe entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales. “Estos salarios son realmente salarios de hambre”, afirmó. También señaló que un ingeniero con algunos años de experiencia cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y que incluso la remuneración más alta dentro de la Comisión, correspondiente a su categoría como investigador superior, se ubica entre 2,4 y 2,5 millones de pesos.

El investigador remarcó que el impacto no alcanza únicamente a científicos e ingenieros. “Se está echando a profesionales, técnicos y también administrativos”, sostuvo, y explicó que en una institución con el nivel de complejidad de la CNEA cada una de esas funciones resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.

Una actividad que va mucho más allá de las centrales nucleares

Durante la entrevista, Kreiner también buscó poner en contexto la importancia que tiene el sector para el país. Recordó que Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación que generan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida a nivel nacional, aunque insistió en que esa es apenas una parte de la actividad que desarrolla el sistema nuclear.

Uno de los campos donde esa capacidad resulta más visible es la medicina. Allí, explicó, la producción de radioisótopos permite realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad. Como ejemplo mencionó el tecnecio-99, “uno de los radioisótopos más utilizados”, que se administra junto con un fármaco y “se localiza preferencialmente en tejidos tumorales”, permitiendo detectar lesiones a partir de la radiación que emite.

A ese desarrollo se suma el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentra en construcción frente al Hospital Roffo. Según explicó Kreiner, esa tecnología representa un salto respecto de los tratamientos convencionales porque utiliza haces de protones que permiten concentrar la radiación con mucha mayor precisión sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.

Las aplicaciones tampoco se limitan al ámbito sanitario. En el Centro Atómico Constituyentes, agregó, también se irradian celdas solares destinadas a misiones espaciales y componentes electrónicos que deben soportar niveles extremos de radiación, una tarea que forma parte del desarrollo tecnológico de distintos sectores industriales.

El debate sobre las inversiones y la pérdida de capacidades

Consultado sobre la posibilidad de una mayor participación privada en el desarrollo nuclear, Kreiner aclaró que el sistema argentino nunca funcionó exclusivamente bajo control estatal. Como ejemplo mencionó a CONUAR, empresa dedicada a la fabricación de combustibles nucleares, donde la CNEA participa con algo más del 30% del paquete accionario mientras que el resto pertenece al grupo Pérez Companc.

Sin embargo, consideró que el deterioro salarial modifica por completo ese escenario. “Hay una mano de obra muy calificada que está regalada”, advirtió. En ese contexto, explicó, una empresa extranjera podría instalarse en el país y, ofreciendo salarios apenas dos o tres veces superiores, incorporar recursos humanos que demandaron años de formación dentro del sistema público.

Por eso, aclaró que no rechaza la llegada de inversiones privadas, aunque sostuvo que deberían orientarse hacia esquemas de cooperación. “Si hubiera una asociación en la que una empresa pone el dinero y la Comisión aporta sus recursos humanos altamente capacitados para desarrollar proyectos en conjunto, lo veríamos de otra forma”, planteó.

Sobre el final de la entrevista, Kreiner extendió esa preocupación hacia la política energética de largo plazo. Recordó que Argentina desarrolló durante décadas una línea tecnológica basada en reactores de uranio natural y agua pesada, una característica que, según señaló, le permitió construir autonomía en un área considerada estratégica.

En ese sentido, expresó su preocupación por el destino del único predio habilitado para construir una nueva central nuclear en el país. “Ese sitio se lo están ofreciendo graciosamente a una empresa”, cuestionó, antes de insistir en que preservar las capacidades acumuladas resulta clave para mantener la independencia tecnológica. “La Argentina tiene una línea tecnológica del uranio natural y agua pesada que nos independiza tecnológicamente y nos da seguridad energética”, concluyó.

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