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POLITICA

Ante una postura renuente del Gobierno, la justicia tuvo que intervenir para destrabar la paritaria de la UOM

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Una de las paritarias más importantes del sector industrial se destrabó a partir de un fallo judicial: este miércoles se reunirá una comisión de dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales, con el objetivo de tratar de conseguir un aumento salarial que compense un desfase inflacionario de casi el 13% y, en el caso de la rama siderúrgica, el desafío será mayor porque hace dos años que no se pacta un incremento.

El encuentro, que se realizará en la sede de la UOM, será el primero que mantendrán los delegados paritarios nombrados por Alberto Biglieri, el interventor judicial de la UOM desde el 22 de mayo pasado, que son Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).

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La convocatoria a la primera reunión paritaria de la UOM, cuyo último aumento correspondió al período abril 2025–marzo 2026, se había empantanado por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Biglieri.

Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM

Cuando el abogado designado por la Justicia al frente de la UOM envió a Trabajo la nómina de dirigentes habilitados para negociar salarios, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.

En la resolución oficial se afirma que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.

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En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.

Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital, es uno de los delegados paritarios del gremio

Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.

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Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM

Los delegados paritarios designados por Biglieri son dirigentes que tomaron distancia de Abel Furlán, el titular de la UOM que fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.

El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en la que Furlán compitió contra una listma opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

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POLITICA

Qué son las PASO y para qué sirven

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El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y para ello resta contar con adhesiones en la Cámara de Senadores, que facilite el cambio para los próximos comicios.

Es por ello que en los próximos días se buscará reactivar el tratamiento legislativo de las PASO, aunque se sabe que no hay apoyo concreto de los senadores dialoguistas para eliminar esta instancia de votación.

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Qué se necesita para eliminar las PASO

Para aprobar una ley de reforma del sistema electoral, la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.

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Cuál es la finalidad de las PASO

Las PASO constituyen un momento previo a la elección definitiva, en la que los partidos políticos ponen a competir a sus propios candidatos en elecciones internas y abiertas, para que la ciudadanía determine cuál es el postulante que se medirá posteriormente como figura principal con los demás espacios políticos.

Las PASO definen al candidato de cada espacio políticoMarcelo Aguilar

Por definición, las PASO, que fueron sancionadas en 2009 dentro de la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, son un tipo de comicio que se realiza antes de las elecciones nacionales, ya sean legislativas o presidenciales.

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Cuál es el significado de las PASO

En las PASO, un precandidato debe obtener el 1,5% de los votosMauro V. Rizzi –

Para qué sirven las PASO

Otra de las características de las PASO es la de funcionar como un “filtro” antes de las elecciones generales. Es que para participar de la instancia electoral definitiva es necesario haber conseguido un piso del 1,5% de los votos válidos emitidos, con una lista o la sumatoria de ellas. Quienes no reciben este caudal de sufragios ya no tienen la posibilidad de presentarse nuevamente a los comicios.

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Habitualmente, las PASO se celebran dos meses y medio antes de cada elección general; lo que suele coincidir con el segundo domingo del mes de agosto y, como indica su nombre, se hace de forma simultánea en todo el país.

En las PASO participan, obligatoriamente, todos los ciudadanos a partir de 18 años, siempre que se encuentren inscriptos en el padrón nacional electoral e independientemente de si están o no afiliados a un partido político. En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo.



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POLITICA

La advertencia de un investigador de la CNEA: “Ya hubo un éxodo de unas 500 personas del sector nuclear”

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La energía nuclear suele asociarse con la producción de electricidad, pero en Argentina también sostiene desarrollos vinculados con la medicina, la industria y la investigación científica. Sin embargo, detrás de esos avances, el sector atraviesa un escenario que, según sus propios protagonistas, pone en riesgo la continuidad de capacidades construidas durante décadas.

Ese fue el diagnóstico que planteó el investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del CONICET, Andrés Kreiner, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí sostuvo que el principal problema hoy no pasa por la falta de conocimiento ni de infraestructura, sino por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores y la salida de personal altamente calificado.

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“El sector nuclear estatal se está asfixiando salarialmente”, resumió. Según explicó, los salarios “perdieron más del 50% de su capacidad adquisitiva frente al IPC” en los últimos dos años, una situación que ya comenzó a reflejarse en la estructura del organismo. “Ha producido un éxodo del orden de 500 personas. Algunas se jubilaron, pero la mayoría se fueron porque no pueden vivir con esos salarios”, aseguró.

Para Kreiner, la magnitud del problema se entiende mejor cuando se observan casos concretos. Mencionó el de Paula Alderete, una técnica que opera un microscopio electrónico de alta complejidad y que, según indicó, percibe entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales. “Estos salarios son realmente salarios de hambre”, afirmó. También señaló que un ingeniero con algunos años de experiencia cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y que incluso la remuneración más alta dentro de la Comisión, correspondiente a su categoría como investigador superior, se ubica entre 2,4 y 2,5 millones de pesos.

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El investigador remarcó que el impacto no alcanza únicamente a científicos e ingenieros. “Se está echando a profesionales, técnicos y también administrativos”, sostuvo, y explicó que en una institución con el nivel de complejidad de la CNEA cada una de esas funciones resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.

Una actividad que va mucho más allá de las centrales nucleares

Durante la entrevista, Kreiner también buscó poner en contexto la importancia que tiene el sector para el país. Recordó que Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación que generan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida a nivel nacional, aunque insistió en que esa es apenas una parte de la actividad que desarrolla el sistema nuclear.

Uno de los campos donde esa capacidad resulta más visible es la medicina. Allí, explicó, la producción de radioisótopos permite realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad. Como ejemplo mencionó el tecnecio-99, “uno de los radioisótopos más utilizados”, que se administra junto con un fármaco y “se localiza preferencialmente en tejidos tumorales”, permitiendo detectar lesiones a partir de la radiación que emite.

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El sector nuclear argentino sostiene actividades de medicina, industria, investigación científica y generación de energía, además de las centrales nucleares (CNEA/Imagen facilitada por REUTERS)

A ese desarrollo se suma el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentra en construcción frente al Hospital Roffo. Según explicó Kreiner, esa tecnología representa un salto respecto de los tratamientos convencionales porque utiliza haces de protones que permiten concentrar la radiación con mucha mayor precisión sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.

Las aplicaciones tampoco se limitan al ámbito sanitario. En el Centro Atómico Constituyentes, agregó, también se irradian celdas solares destinadas a misiones espaciales y componentes electrónicos que deben soportar niveles extremos de radiación, una tarea que forma parte del desarrollo tecnológico de distintos sectores industriales.

El debate sobre las inversiones y la pérdida de capacidades

Consultado sobre la posibilidad de una mayor participación privada en el desarrollo nuclear, Kreiner aclaró que el sistema argentino nunca funcionó exclusivamente bajo control estatal. Como ejemplo mencionó a CONUAR, empresa dedicada a la fabricación de combustibles nucleares, donde la CNEA participa con algo más del 30% del paquete accionario mientras que el resto pertenece al grupo Pérez Companc.

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Sin embargo, consideró que el deterioro salarial modifica por completo ese escenario. “Hay una mano de obra muy calificada que está regalada”, advirtió. En ese contexto, explicó, una empresa extranjera podría instalarse en el país y, ofreciendo salarios apenas dos o tres veces superiores, incorporar recursos humanos que demandaron años de formación dentro del sistema público.

El sector nuclear argentino sostiene actividades de medicina, industria, investigación científica y generación de energía, además de las centrales nucleares (Infobae en Vivo)

Por eso, aclaró que no rechaza la llegada de inversiones privadas, aunque sostuvo que deberían orientarse hacia esquemas de cooperación. “Si hubiera una asociación en la que una empresa pone el dinero y la Comisión aporta sus recursos humanos altamente capacitados para desarrollar proyectos en conjunto, lo veríamos de otra forma”, planteó.

Sobre el final de la entrevista, Kreiner extendió esa preocupación hacia la política energética de largo plazo. Recordó que Argentina desarrolló durante décadas una línea tecnológica basada en reactores de uranio natural y agua pesada, una característica que, según señaló, le permitió construir autonomía en un área considerada estratégica.

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En ese sentido, expresó su preocupación por el destino del único predio habilitado para construir una nueva central nuclear en el país. “Ese sitio se lo están ofreciendo graciosamente a una empresa”, cuestionó, antes de insistir en que preservar las capacidades acumuladas resulta clave para mantener la independencia tecnológica. “La Argentina tiene una línea tecnológica del uranio natural y agua pesada que nos independiza tecnológicamente y nos da seguridad energética”, concluyó.

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andrés kreimer

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POLITICA

Un juez acusado de usar expresiones antisemitas en las redes apeló a un fallo que favoreció a Milei para defenderse

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El suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López comenzó hoy a ser juzgado acusado de discriminación por usar expresiones antisemitas en sus redes sociales. Frente al Consejo de la Magistratura, López se defendió citando un fallo en favor de Javier Milei en una disputa con un niño con autismo de 12 años que pidió que se le ordenara al Presidente retirar un tuit que aludía a él y lo asociaba a “los kukas”.

La fiscalía reclamó al Jurado de Enjuiciamiento su destitución, tras citar mensajes en la red social X que el propio acusado reconoció que era de su autoría. Se lo acusó de atacar a la comunidad judía, incitar al hostigamiento digital y difundir ideas conspirativas.

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La defensa, en cambio, habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

“Nunca actué con mala fe ni con ánimo de ofender. Mis opiniones no fueron ataques personales. Tuvieron que buscar con lupa porque no encontraron un tuit que acusara a la comunidad. Este magistrado ha ejercido su función durante 40 años sin ninguna sanción disciplinaria”, afirmó López, y dijo que la acusación es “maliciosa”.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez Alfredo López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.

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El jury al juez López en el Consejo de la MagistraturaConsejo de la Magistratura

El Plenario del Consejo de la Magistratura votó enviarlo al Jury. Ese proceso se inició hoy y seguirá durante esta semana con la citación de testigos.

El Jurado de Enjuiciamiento está a cargo de los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria), quien siguió la audiencia por Zoom.

La acusación está a cargo del abogado Alberto Maques y el senador Luis Juez, en nombre del Consejo de la Magistratura. “Venimos a sostener el pedido de destitución del juez Alfredo López. Cuando nos tocó examinar su conducta en la comisión, nos planteamos si estábamos frente a la libertad de opinión que tiene cualquier ciudadano. Pero a medida que nos fuimos adentrando en la investigación de la causa, en ese órgano colegiado, plural, en el que coincidimos muy pocas veces, hubo una mirada unívoca, única. La conducta del juez López es absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal”, afirmó.

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Incluso, el senador Juez señaló que creyó que cuando se lo citó por el artículo 20 (una suerte de indagatoria), López iba a tener una actitud reflexiva e iba a disculparse, algo que no sucedió. Incluso, según el relato del senador cordobés, López intentó contextualizar sus expresiones con el conflicto de Gaza y afirmó que no violó la buena conducta que debe tener un juez.

El senador Luis Juez es uno de los integrantes del proceso contra el juez López por expresiones antisemitasConsejo de la Magistratura

La acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos, una encuesta que promovió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

Las denuncias contra López fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda de la Fundación Apolo, con base en los posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP.

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Para los consejeros Juez y Maques, en nombre del Consejo, López no puede seguir siendo juez. El senador se lamentó porque anteriormente, con otra integración, el magistrado ya había tenido denuncias y se las “había dejado pasar”. Y añadió: “Si en ese momento se hubieran motorizado sanciones, (López) no se habría envalentonado”.

La defensa del juez López afirmó que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un magistrado de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.

López se quejó diciendo que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, por sus posteos en X. En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría.

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“La cuestión a determinar trasciende a mi persona y sentará un precedente por primera vez a nivel nacional e internacional. Lo que está en juego son principios de la independencia judicial y la libertad de expresión en asuntos públicos. Como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”, afirmó ante el jury.

En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de la decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”.




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