Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, admitió que participó en el fraude con la obra pública vial en Santa Cruz y fue condenado a tres años de prisión, que con la pena que ya cumplía por lavado de dinero en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”, suma una condena unificada de siete años y nueve meses de cárcel.

Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de Andrés Basso en un juicio unipersonal, al homologar el juicio abreviado que acordaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con seis acusados del segundo tramo de la causa Vialidad, conocida como “Vialidad II”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante, prestó su conformidad.

La noticia se conoció en momentos en que Lázaro Báez, preso en Ezeiza, es investigado por sus vínculos con una persona de su confianza bajo sospecha lavado y de tráfico de drogas.

Los fiscales son los mismos que en la primera parte de esta causa lograron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez a seis años de prisión.

El acuerdo cierra sin juicio oral la segunda parte del expediente donde además ya están condenados el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nelson Periotti, entre otros, por defraudación contra el Estado. La Corte dejó firme esa sentencia.

Los dos condenados con mayor peso en este juicio abreviado son los empresarios. Ahora admitieron que entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 Martín Báez fue accionista y apoderado de Austral Construcciones, socio gerente de Loscalzo y Del Curto, y apoderado, vicepresidente y presidente de Kank y Costilla, las empresas del Grupo Báez que se quedaron con cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Desde esos cargos, y según la causa, Martín Báez decidió que varias empresas del mismo grupo se presentaran en una misma licitación pese a que estaba prohibido, firmó contratos sabiendo que violaban los pliegos y se benefició de un “canal exclusivo de pago anticipado” que hizo que, al terminar el mandato de Cristina Kirchner, las firmas de su padre fueran las únicas contratistas del país a las que el Estado no les debía un peso.

La confesión confirma la acusación de la causa Vialidad, porque son los propios acusados los que admitieron su responsabilidad.

Martín Báez ya tenía una condena firme por lavado de activos agravado de seis años y seis meses que le impuso la Cámara Federal de Casación en la causa de “La Ruta del dinero K”, confirmada el 29 de mayo de 2025.

Desde el 12 de junio de ese año goza de libertad condicional. Por eso, el juez unificó ambas penas en una sola de siete años y nueve meses de prisión, más una multa de cinco veces el monto de las operaciones de lavado.

La misma pena recibió Julio Mendoza, que presidió Austral Construcciones entre 2004 y 2015. Recibió tres años por Vialidad, que se unificaron con los cinco años que ya tenía por lavado en “La Ruta del dinero K”, para una pena única de cinco años y nueve meses.

Basso le mantuvo la prisión domiciliaria que ya le había concedido el Tribunal Oral Federal 4, por tener 71 años y por razones de salud.

El tercer empresario, Fernando Butti, que fue accionista y apoderado de Austral y representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla entre 2003 y 2008, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. Los tres fueron condenados como partícipes necesarios.

Entre los funcionarios, los condenados fueron tres exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Uno de ellos es Sergio Passacantando, gerente de Administración entre 2006 y 2015, a quien se le atribuyó haber montado el esquema de pagos preferenciales para las empresas de Báez.

El otro, Jorge Gregorutti, gerente de Obras y Servicios Viales entre 2008 y 2015, que firmó todos los certificados de avance de las obras investigadas sin controlarlas; y Carlos Alonso, subadministrador general entre 2011 y 2015.

En la sentencia, de 42 páginas, Basso destacó que no se trataba de un juicio abreviado como cualquier otro, sino que los hechos que admitieron los seis acusados son los mismos que se probaron en el juicio oral contra Cristina Kirchner en Vialidad I.

De modo que la existencia de la maniobra ya estaba establecida por una sentencia firme. Esa coincidencia entre lo probado en el debate y lo reconocido por los imputados, escribió el juez, le da a la reconstrucción de los hechos una solidez mayor que la que suele tener un juicio abreviado.

Los fiscales consideraron como agravante la “extrema gravedad” de la maniobra, a la que definieron como “una colosal maniobra de corrupción”, y como atenuante que los acusados admitieran su participación y aceptaran una pena.

Graduaron las condenas según la jerarquía de cada funcionario y el peso de cada empresario dentro de las constructoras. El delito prevé de dos a seis años de prisión.

Los seis acusados ratificaron el acuerdo ante el juez. Basso también incluyó a los seis condenados en el mismo decomiso dispuesto en el primer juicio, que se actualizó en julio de 2025 a 684.990 millones de pesos.

No es una deuda nueva ni se suma a la anterior. El juez explicó que, así como los hechos juzgados son los mismos, “el objeto del decomiso es también uno solo”, y que extenderlo a estos acusados no implica “una duplicación de lo ya decomisado”. El monto deberá volver a actualizarse cuando llegue el momento de ejecutarlo.

La sentencia dice que luego se decidirá “el orden de prelación entre los obligados” para pagar lo que no se cubrió y la incidencia de lo que ya se haya recuperado en el primer tramo de la causa, en el que fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia dio por concluida la querella por calumnias e injurias que el presidente Javier Milei había promovido contra el columnista de Carlos Pagni, a quien acusó de haberlo comparado con Adolf Hitler.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el abogado del Presidente, Francisco Oneto, y así quedó firme la desestimación de la causa por inexistencia de delito.

La decisión se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte Suprema rechazar un recurso sin dar mayores explicaciones.

La Corte Suprema, además, intimó a Milei a efectuar dentro de cinco días el depósito que exige el artículo 286 para las quejas rechazadas, bajo apercibimiento de ejecución.

Lorenzetti agregó un voto propio donde advirtió que rechazar un recurso por el artículo 280 “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.

Con este fallo, la querella del Presidente agotó las instancias judiciales donde habían rechazado su pretensión.

El presidente querelló a Pagni por la columna que hizo en su programa de LN+, Odisea Argentina, el 28 de abril de 2025.

Allí, el periodista habló del libro A treinta días del poder, del historiador Henry Ashby Turner, sobre el ascenso del nazismo y reflexionó sobre los riesgos de ciertas formas de comunicación política.

El 9 de mayo de 2025, Milei denunció a Pagni en Comodoro Py, el mismo día en que querelló también a Viviana Canosa y a Ari Lijalad.

El Presidente argumentó que el periodista le había atribuido “las mismas conductas” que Hitler para llegar al poder y que su columna buscaba inducir “una comparación insidiosa” entre el dictador y su persona.

La denuncia incluía, además, una supuesta cita textual de Pagni que el periodista nunca pronunció. Pagni dijo “la incomunicación genera caos, engendra monstruos” y que lo que más convoca es “el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo”.

En su defensa, Pagni dijo en la causa que “el hecho que le adjudica Milei no existió”, porque “no dijo lo que se le atribuye”.

El caso recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Rafecas.

El fiscal Ramiro González dictaminó que no había delito de acción pública y, en junio de 2025, Rafecas desestimó la querella por inexistencia de delito.

Concluyó el juez que la comparación que Milei denunciaba no existió y que las expresiones de Pagni eran un análisis político sobre temas de interés público, amparado por la libertad de prensa.

En julio de 2025, el camarista Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, confirmó esa decisión. Dijo comprender el malestar que el editorial pudo causarle al presidente, pero sostuvo que las opiniones no son delito porque se referían a asuntos de interés público.

En agosto de 2025, la Sala IV de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, hizo lugar a la queja del abogado al considerar que se había incurrido en un exceso de rigor formal, aunque aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo. A pedido del Presidente, el tribunal convocó a una audiencia de conciliación para el 25 de septiembre.

El 3 de octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de Borinsky, Hornos y Javier Carbajo, rechazó por unanimidad el recurso de casación.

Hornos sostuvo que la libertad de expresión goza de “una tutela reforzada” cuando se ejerce sobre cuestiones de interés público y que se trata de una “libertad preferida”.

Borinsky la definió como “piedra angular del sistema democrático” y recordó que los funcionarios deben tolerar un umbral más alto de crítica.

Si bien calificó las comparaciones con el nazismo como un “exceso retórico”, concluyó que no constituían delito y el juez Carbajo adhirió.

En noviembre de 2025, la misma sala declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que Milei buscaba llegar a la Corte. El abogado de Milei, Oneto, acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, que hoy rechazó ese intento.

Aún con este caso abierto, en abril pasado Milei llamó a Pagni “delincuente”. Fue por un error cometido por Pagni cuando comentaba en otro editorial un gráfico sobre salarios. Tomó enero de 2023 como inicio del gobierno de Milei, cuando el punto correcto era diciembre de 2023.

Luego el programa reconoció el error en un comunicado, pero mantuvo el fondo con datos del INDEC.

Milei denunció en su presidencia a varios periodistas. La denuncia contra Lijalad también fue desestimada por Rafecas y la Sala I de Casación dejó firme su cierre. En cambio, la querella contra Julia Mengolini sigue en pie: la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y Casación declaró inadmisible el recurso de la periodista, lo que habilitó el avance del juicio.

Por el contrario, en febrero la Sala III de Casación confirmó el sobreseimiento de Milei en la querella por injurias que le había iniciado Jorge Fontevecchia.