Mediante una resolución, el Ministerio de Justicia creó el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, para avanzar hacia un modelo registral automotor completamente digitalizado en todo el territorio.

Tras haber aprobado los lineamientos generales del plan, el Gobierno publicó la resolución 306/2026, a través de la cual encomendó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) que elabore y presente un cronograma de implementación ante la autoridad de aplicación en un plazo de 30 días corridos.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques estructuró el programa sobre tres ejes estratégicos que abarcan la transformación digital del sistema registral automotor; la evolución institucional de la DNRNPACP y de los registros seccionales; y la implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo modelo registral.

Se trata de una modernización que da continuidad a las primeras medidas implementadas, como lo fueron la creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), y el lanzamiento del sistema RUNA (Registro Único Nacional del Automotor) y el RUV (Registro Único Virtual).

Estos cambios se encuadran en el proceso de modernizción en que el Gobierno trabaja desde que asumió la gestiónl. Por eso, “impulsa una transformación integral del sistema registral automotor mediante un proceso gradual, ordenado y jurídicamente seguro que permita evolucionar desde un modelo sustentado en documentación física, territorialidad registral y procedimientos presenciales hacia un ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano, fortaleciendo los principios jurídicos del régimen registral mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, simplificar trámites y ampliar el acceso a los servicios registrales”.

Principales puntos del anexo que acompaña la resolución:

• Digitalización total de trámites, el proceso incluye validación automática de identidad, incorporación digital de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión electrónica de documentación registral.
• Simplificación y reducción de trámites, el universo de trámites se reducirá hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras.
• Digitalización del acervo documental, los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales, lo que reducirá costos y permitirá el acceso remoto a los antecedentes registrales.
• Interoperabilidad con otros organismos, la información disponible en otros organismos del Estado no podrá volver a ser exigida al ciudadano.
• Reorganización de la red de registros seccionales. La red de más de 1.500 registros distribuidos en todo el país se reorganizará de manera progresiva. Solo habrá oficinas de asistencia presencial para quienes tengan dificultades de acceso tecnológico

En paralelo, la misma cartera de Justicia creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para calcular los aranceles de los trámites registrales de automotores en todo el país.

La medida, dispuesta mediante la resolución 308/2026, reemplazó un esquema de más de 100 trámites con valores y particularidades individuales que el propio ministerio reconoció como “complejo”.

El valor del MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la unidad de referencia creada por el Banco Central (BCRA). A partir de su entrada en vigencia, ese valor se actualizará de forma cuatrimestral según la cotización de la UVA del día hábil anterior al inicio de cada período. Cuando el monto resultante en pesos no sea múltiplo de 10, se aplicará un redondeo simple al múltiplo de 10 inmediato inferior.

La DNRNPACP tiene un plazo de 20 días hábiles para proponer al ministerio un método de clasificación y asignación de módulos para cada uno de los trámites previstos en la normativa vigente. El objetivo es que todos los aranceles queden expresados en la nueva unidad de medida.

La resolución también modifica el sistema de liquidación de los ingresos que perciben los encargados de los registros seccionales. Según el nuevo esquema, estos se conforman con el remanente de la recaudación una vez descontados determinados aranceles y el costo de los elementos registrales utilizados en cada período.

Adiferencia de los conflictos planteados contra los bancos Santander, Hipotecario y Supervielle, entre otros, por el cierre de sucursales y despidos de personal, el consejo directivo de la Asociación Bancaria (AB) informó que firmó un acuerdo con Banco Columbia SA por la incorporación de 92 empleados al convenio colectivo de la actividad, luego de que la entidad adquiriera parcialmente activos y pasivos de Compañía Financiera Argentina SA (conocida comercialmente como Efectivo Sí).

La transacción comercial incluye el traspaso de un total de 36 sucursales de Efectivo Sí, que mantendrán sus puertas abiertas bajo la marca Banco Columbia, con la inclusión de activos y pasivos correspondientes por un monto cercano a los $46.000 millones. Según el gremio, la operación significa un avance «en la defensa del correcto encuadramiento laboral de quienes desempeñan tareas propias del sector».

El personal mantendrá todos los beneficios y derechos de los bancarios

Voceros gremiales detallaron a iProfesional que después de intensas negociaciones con las autoridades del Banco Columbia, quedó establecido que los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la Compañía Financiera Argentina están bajo el convenio colectivo de trabajo 18/75, con «el reconocimiento pleno de todos los derechos, beneficios y garantías que establece esa normativa», además de quedar representado sindicalmente por la Asociación Bancaria.

El sindicato que lidera Sergio Palazzo resaltó, a través de un comunicado que este tipo de acuerdos «resulta fundamental para evitar que los procesos de reestructuración empresarial deriven en pérdida de derechos o cambios en las condiciones laborales» y subrayó que «el objetivo central de la negociación fue garantizar la continuidad laboral y el respeto del convenio vigente para los empleados alcanzados por la operación».

El secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo, afirmó además que «quienes realizan tareas bancarias deben ser reconocidos como tales, con acceso a la totalidad de las condiciones salariales, sociales y laborales previstas para la actividad». El mensaje está ligado a las tratativas que viene llevando adelante La Bancaria para que las fintech reconozcan a sus empleados como bancarios y se los incluya en dicho convenio colectivo.

El documento del sindicato dio la bienvenida a los 92 nuevos bancarios y bancarias, resaltando que pasan a integrar una organización que «históricamente» ha defendido las conquistas del sector. Al respecto, manifestó que «la organización colectiva y la solidaridad son pilares fundamentales para la defensa de nuestros representados».

Para la compañía es una inversión que apunta al crecimiento

Desde el Banco Columbia, en tanto, detallaron que se trata «de una de las inversiones más significativas del sector financiero actual», que le permitirá aumentar exponencialmente su cartera de clientes. En un comunicado, la firma planteó que «a partir de esta incorporación, los nuevos clientes accederán a un ecosistema financiero de vanguardia. La propuesta institucional se apoyará en un portfolio de productos altamente competitivo que incluirá soluciones de banca digital de última generación, tarjetas de crédito con beneficios exclusivos y líneas de financiamiento diseñadas para potenciar el bienestar de las personas y el crecimiento de los comercios».

Explicaron que un elemento diferenciador será el modelo de atención, que buscará equilibrar la eficiencia tecnológica con una cercanía humana genuina. El director titular de Banco Columbia, Miguel Monguzzi, reveló: «Nuestra estrategia no busca solo sumar clientes, sino construir vínculos sólidos con la proximidad hacia ellos de un aliado financiero que entiende las necesidades locales de cada uno».

Efectivo Sí apunta a un sector no bancarizado de la población. Según su sitio web, ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes a través de su red de sucursales y de otros puntos de contacto, que incluyen comercios adheridos, comercializadoras, stands de venta y acuerdos con organismos.

Los mercados reaccionaron positivamente a la presentación del programa financiero que realizó el equipo económico. El riesgo país cayó otro escalón y quedó muy cerca de perforar los 400 puntos básicos, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5%.

El objetivo de Luis Caputo fue llevarle tranquilidad al mercado respecto a las distintas fuentes de financiamiento disponibles para hacer frente a los vencimientos de lo que resulta de 2026 y fundamentalmente lo que falta para el 2027.

Los pagos para el año que viene son abultados, lo que resulta una complicación adicional por tratarse de un año electoral entre capital e intereses, la Argentina debe hacer frente a la necesidad de cancelar deuda por casi USD 25.000 millones.

Caputo estuvo acompañado por su segundo en Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El funcionario destacó que la salida al mercado internacional “El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que emitir deuda en el exterior es “una opción, no un objetivo”. Y agregó que esperará para conseguir las tasas más bajas posibles. En esa línea, explicó que no necesitan endeudarse solo para demostrar que tienen acceso al financiamiento, como sugiere la mayoría de los analistas.

Con una tasa en Estados Unidos a diez años a casi 4,5% anual, el riesgo país cercano a 400 puntos implicaría que el Gobierno podría tomar deuda en el mercado internacional a una tasa cercana al 8,5% anual.

Sin embargo, a Caputo le parece por ahora insuficiente y espera para colocar posiblemente a tasas más cercanas al 7% anual en dólares. Si bien no habló de un rendimiento específico, ponderó los próximos bonos que se colocarán con garantías de organismos multilaterales saldrán a una tasa de poco más de 6%.

La mejora de la calificación de riesgo por parte de dos compañías, a las que podría sumarse Moody’s en breve, alentó a una mejora de los bonos dolarizados y la consiguiente baja del riesgo país. Los 408 puntos de cierre de ayer representan el valor más bajo desde que gobierno Javier Milei y ya está en los mejores niveles de los últimos diez años.

Con vencimientos por USD 25.000 millones que habrá que enfrentar el año que viene, el panorama sigue luciendo desafiante si no se recurre al mercado internacional.

De acuerdo con el detalle brindado por Caputo, el Central deberá comprar unos USD 5.000 millones para hacer frente a vencimientos, a los que se suman otros USD 4.000 millones para el pago de Bopreales.

El problema es que estos USD 9.000 millones que debería adquirir el BCRA en teoría el año no se acumularán en las reservas. Por lo tanto, lo ideal sería refinanciar los vencimientos con la emisión de nueva deuda (de ser posible en el mercado internacional) y no con el uso de los dólares que el Central compra en el mercado.

Por otra parte, se anunció la emisión de un nuevo Bonar 2029, cuyo objetivo -según se adelantó- es en esta instancia captar los dólares que cobrarán los inversores en los próximos días. El 9 de julio vencen unos USD 4.200 millones y el objetivo es que parten se reinviertan en el nuevo título, que pagará intereses de manera mensual.

El Gobierno sigue recurriendo así al financiamiento en el mercado local: ya se emitieron USD 4.000 millones entre los Bonares 2027 y 2028 y ahora van por otros USD 2.000 millones del Bonar 2029. Así, el total financiado en el mercado local ascendería a USD 6.000 millones.

En cuanto al FMI, el año que viene se aceleran los vencimientos de capital e intereses por USD 7.700 millones. El organismo a su vez realizará desembolsos pero por un monto mucho menor, por un total de USD 1.900 millones. Caputo aclaró que no está previsto solicitarle al organismo que refinancie los vencimientos, una posibilidad que había empezado a circular pero sin confirmación oficial.