La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del empresario cercano a la familia Kirchner, el agente inmobiliario Osvaldo “Bochi” Sanfelice, en la causa en que es investigado por lavado de dinero como supuesto testaferro en la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares.

El juez federal Daniel Rafecas había sobreseído a Sanfelice, sin que el fiscal rechazara el planteo. Solo apeló la Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, resolvió a principios de junio que el juez siguiera adelante con la investigación, en un fallo que cosechó los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Mariano Borinsky votó en disidencia.

Ahora, la Cámara Federal, siguiendo esa línea, revocó el sobreseimiento de Sanfelice, quien se encuentra mencionado en distintas investigaciones como socio de Máximo Kirchner.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron la similitud de esta operación con el objeto del caso Hotesur y Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.

En este caso, se investiga a Osvaldo Sanfelice por la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares con préstamo de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo y en la señal C5N. La Sala II de la Cámara Federal ordenó que se profundice la investigación por presunto lavado de activos en la adquisición del céntrico Hotel Waldorf.

La causa investiga si el establecimiento fue comprado para darle apariencia lícita a dinero proveniente de actos de corrupción ocurridos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Los magistrados consideraron “prematuro” el cierre de la causa y ordenaron que la pesquisa continúe enfocada en el verdadero origen de los fondos utilizados para la millonaria compra y el papel del préstamo de Fabián de Sousa.

De acuerdo con el peritaje contable citado en el fallo, la compra del hotel ubicado en la calle Paraguay 450 se realizó a través de una operación donde Sanfelice dijo que actuaba en nombre de terceros, mediante una serie de pasos que despertaron las sospechas de los investigadores.

En diciembre de 2008 Sanfelice suscribió un acuerdo de opción de compra por el cual entregó un adelanto de U$S 100.000. Este monto inicial, sin embargo, nunca fue declarado en su impuesto a las ganancias de ese año.

En abril de 2009 se firmó el boleto de compraventa. En este acto, Sanfelice adquirió “en comisión” el 88% de las acciones de la sociedad, comprometiéndose a pagar U$S 350.000 al contado y U$S 1.300.000 en diez cuotas mensuales. Así el total de la operación era de U$S 1.750.000.

En el transcurso de 2009, Sanfelice canceló la totalidad del saldo, aunque el pago se hizo mediante un “documento sin fecha certera y que no obra en los registros del escribano actuante”.

Entre 2010 y 2014, Sanfelice, ya actuando por sí mismo y no “en comisión”, adquirió más acciones hasta convertirse en el dueño del 97,74% del Hotel Waldorf.

El hecho de que Sanfelice iniciara la compra “en comisión” para luego terminar como adquirente definitivo llevó a la querella de la UIF a sostener que esto no descarta que haya actuado bajo la figura de “testaferro”.

Para la operación, que en el año 2009 Sanfelice expuso impositivamente por un valor total de $ 6.335.000, el imputado declaró haber utilizado fondos propios por $ 2.474.615,90 y haber asumido deudas por $ 4.109.604,00 con Fabián De Sousa y por $ 470.600,00 con la firma Walcorp S.A..

Si bien los peritos señalaron que con esos pasivos Sanfelice alcanzaba contablemente la capacidad para adquirir el hotel, advirtieron que “se desconoce si los pasivos declarados con Fabián de Sousa fueron asumidos para la operación de marras”.

El camarista Irurzun destacó en su voto que la instrucción no profundizó la versión sobre el préstamo ni investigó el origen de los fondos entregados por De Sousa.

Además, recordó que tanto Sanfelice como De Sousa ya enfrentan el juicio oral en el caso Hotesur y Los Sauces, donde están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos y reciclarlos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias.

Ante la “falta de certeza negativa”, los jueces ordenaron al juez Daniel Rafecas reabrir la investigación y que la UIF proponga medidas para avanzar en el esclarecimiento del origen del dinero.

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de su exesposa Jesica Cirio para descartar como prueba los videos donde se ve a la exmodelo rodeada de fajos de billetes termosellados en un vestidor, que las autoridades estiman que suman unos 10 millones de dólares.

Con esta decisión, a la que accedió , se complica la situación de ambos, que están siendo investigados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

No obstante, aún restan los resultados de un estudio para determinar si esos videos difundidos por este medio se grabaron en la casa que ocupó la pareja en un country de San Vicente, en el departamento de Palermo de Cirio, o en un tercer lugar.

Al mismo tiempo, hoy se realizó la extracción del contenido del celular de Cirio para determinar si allí se encuentran copias de los videos, y también del contenido de sus dispositivos electrónicos encontrados en su piso de Palermo: dos tablets y cinco pendrives, incluido uno que estaba en el interior de su Jeep Compass.

Insaurralde, mediante su abogado Fernando Pinto, dijo que debía excluirse el video como evidencia porque sostuvo que tiene origen en un ilícito y afecta la intimidad de la que entonces era su pareja.

Sostuvo que la nulidad debía ser “absoluta e insubsanable” porque no se comprobó si el video supera las pruebas de “licitud, autenticidad e integridad”. Mencionó que Cirio dijo que la hackearon y que las imágenes fueron alteradas.

Indicó que no se controló la cadena de custodia y que el contenido está amparado por la privacidad y la intimidad. Argumentó con la doctrina del fruto del árbol envenenado que “la ilegalidad de la obtención originaria proyecta y contamina todos los actos consecutivos que de ella dependan”.

La defensa de Jesica Cirio adhirió a los argumentos de Insaurralde. Sostuvo que ya había denunciado la posible filtración de material de su intimidad y que el juez sabía de la ilicitud del video y la ignoró.

Fue más allá su abogado Claudio Caffarello y sostuvo que Cirio es víctima de un delito, pero no obstante fue allanada y el Estado no investigó su denuncia, sino que se aprovechó del ilícito.

El fiscal Sergio Mola rechazó los argumentos de ambos y pidió convalidar los videos como evidencia. Dijo que no existen pruebas de que las imágenes publicadas por hayan sido obtenidas de modo ilegal y que la defensa no demostró en qué se basa para hablar de delitos.

Armella ordenó el pasado 21 de junio de 2026 el allanamiento del departamento de Cirio en el piso 18 de la calle Ortega y Gasset 1661, para secuestrar dispositivos electrónicos y dinero. Esos dispositivos empezaron a ser analizados.

El juez Armella sostuvo que si bien Cirio denunció en 2025 un acceso ilegítimo a su celular y notebook con fines extorsivos, ese expediente se archivó el 27 de marzo de 2026 por “inexistencia de delito”.

Esto fue así porque no se logró verificar “la propia materialidad de los hechos denunciados” y Cirio consintió esa decisión sin apelarla. Para Armella, eso “echa por tierra los dichos de las defensas”, sobre que el tribunal basó sus allanamientos en material de origen ilícito comprobado.

Ante la denuncia de las defensas de que los videos podrían estar manipulados o incluso generados por inteligencia artificial, el juez recordó en su fallo que ya se ha dado intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP).

Serán los peritos oficiales y los de parte quienes certifiquen la autenticidad del material para determinar si fue alterado. El juez destacó que la investigación y enriquecimiento ilícito es “completa y rigurosa”, y que la orden de allanamiento fue “debidamente fundada y proporcional frente al cuadro probatorio existente”.

Asimismo, el juez Armella ordenó que se realicen las tasaciones de los inmuebles investigados en este expediente, en particular el de Fincas de San Vicente, donde vivieron Cirio e Insaurralde. Esa casona, de un barrio cerrado, es objeto de investigación, ya que se sospecha que el lote fue adquirido mediante testaferros y que la construcción se hizo de manera de ocultar a sus verdaderos dueños.

No pueden salir del país

Armella dispuso la prohibición de salida del país de Insaurralde y Cirio, al tiempo que rechazó el pedido del fiscal Mola de detenerlos. Además dispuso el impedimento para viajar al exterior respecto de dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Ocupó el cargo hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.