Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.

Adorni dice que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, que los vendió a compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años y que “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran”, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos cuando él asumió como funcionario para mudarse (“al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio”, dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un “altercado” en la “vía pública”, cuenta el texto).

La operación de venta del 5 de agosto no solo es llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 “dólares billete” en algún lugar no revelado “sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”.

Adorni sostiene que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo prueba que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que Adorni tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pide. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario.

¿Puede bastar esta exposición como la explicación del enriquecimiento que la Justicia le reclamó a Adorni? Para la defensa, sí; en todo caso, deberá el fiscal Gerardo Pollicita demostrar que Adorni miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ no importa una inversión de la carga de la prueba”. El abogado invocó además la regla “in dubio pro reo” (en caso de dudas, hay que estar a favor del acusado).

Cuando Adorni incorporó públicamente la versión de sus criptoganancias, un funcionario que trabaja en la causa advirtió a LA NACIÓN que de no ser trazables las operaciones, el problema sería del funcionario porque es a él a quien le corresponde justificar su crecimiento patrimonial. El fiscal Pollicita deberá analizar ahora si lo presentado por el exjefe de Gabinete es suficiente, si dispone nuevas medidas de prueba o si pide que sea citado a declarar en indagatoria.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.

“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.

La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.

“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.

Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.

“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.

ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).