La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.

Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.

“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.

Una ley incompleta

Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.

Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.

Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.

En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.

Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.

Una herramienta habitual en el mundo

Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.

“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.

Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.

También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.

Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.

Más efectivos y una mayor integración con la sociedad

Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.

A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.

Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.

En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.

Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.

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El Senado resolvió sesionar el próximo jueves a las 12 con el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada y los pliegos para la designación de jueces y personal de Cancillería como principales temas.

Postergaron para, después del receso invernal, la sesión del 6 de agosto con foco en los proyectos de ley Hojarasca, que elimina legislación obsoleta, y de Falsas Denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada, más el proyecto de Salud Mental, que aún no tiene dictamen y se está discutiendo en un plenario de Legislación General y Salud Púbica.

La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y participaron los presidentes de bloque Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana Di Tullio y Fernando Salino.

Reforma Electoral

A la salida del encuentro de Labor Parlamentaria, la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich reiteró que la necesidad del Gobierno es “la eliminación de las PASO”. Pero además el oficialismo está buscando alternativas para modificar el proyecto que va desde la incorporación de las colectoras para la elección de los candidatos a suspender nuevamente las elecciones primarias, como ocurió en las elecciones de medio término del 2025.

El senador Martín Goerling Lara del PRO dijo que el “Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores, que estuvimos dialogando, queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión”. Por ahora los senadores no recibieron ningún borrador de cambios al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado.

Mientras que otros legisladores como Carolina Moisés de Convicción Federal, entienden que los cambios electorales están en la mesa de discusión de los gobernadores: “En el caso de Convicción Federal esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (los mandatarios de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión”, señaló Moisés.

Una vez que se cierren los entendimientos entre los gobernadores y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de la negociación con las provincias, el oficialismo buscará trasladar esos acuerdos a los senadores nacionales. “Estimo que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del PJ Nacional”, le aclaró a TN la senadora Carolina Moisés.

Esta semana el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que, “hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”. A su vez, agregó que “las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que, a través de internas o consenso, puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, remarcó Jalil.

Jalil es uno de los mandatarios que mantienen reuniones con el ministro Diego Santilli. Y cuenta con sus propios legisladores nacionales: el senador Guillermo Andrada, del bloque de Convicción Federal, y de los tres integrantes de la Cámara baja que conforman la bancada Elijo Catamarca: Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega.

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En febrero de este año el senador Andrada, junto a Sandra Mendoza y Carolina Moisés, se apartaron de la bancada Justicialista de José Mayans y armaron Convicción Federal con la presidencia de Moisés, quien además es la actual vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

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