POLITICA
Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión “arbitraria” como querellante y acusó al juez de recurir a “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi tomó una decisión “arbitraria”, surgida de un planteo “extemporáneo” de uno de los acusados, el lobista Mauricio Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.
Con el patrocinio de Nicolás Oszust, Romeo sostuvo que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, pero además “ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
En ese sentido, Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en premisas falsas. La primera, la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”, a lo que se sumó que el juez omitió “valorar la maniobra de ‘calidad simulada’” y las maniobras de “insider trading”.
El rol del Presidente
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. Y que incluyó, sostuvo, “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”, precisó.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Romeo sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse ese criterio, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A eso se sumó, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular de dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, que recordó que aportaron actas notariales para sostenerlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
En otro tramo del recurso, Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi también incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta. Ese supuesto ‘pseudoanonimato’ de la red fue levantado y unido inescindiblemente a la identidad humana de Martín Romeo a través de las actas notariales referidas en el agravio anterior, donde una funcionaria pública dio fe de la tenencia y control de las billeteras”, remarcó. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Excma. Cámara de Apelaciones ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme. El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”.
Por ese motivo, Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, además, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
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POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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POLITICA
Milei puso la Casa Rosada a disposición de la selección y dijo que no estará si el plantel decide ir
El presidente Javier Milei puso a disposición la Casa Rosada para los jugadores de la selección, cualquiera sea la instancia del Mundial a la que el conjunto de Scaloni llegue. “Cuando vayan, ese día la vacío”, sentenció.
En declaraciones radiales este miércoles, y tras el agónico triunfo de la Argentina frente a Egipto, Milei dijo: «Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. Yo me quedaría en Olivos. Hasta convencería a mi hermana [Karina] de que no vaya a trabajar».
Acto seguido, enfatizó en que no interferirá ni formará parte del encuentro en la sede del Poder Ejecutivo. “No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, sostuvo en diálogo con El Observador.
Durante la charla, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se prestó también a analizar el duelo entre la Albiceleste y el seleccionado africano. “Desde mi punto de vista, Argentina estaba jugando mejor. Tuvo cerca de siete u ocho oportunidades durante el primer tiempo, pero se le cerró el arco. El penal, a pesar de que Messi lo pateó fuerte… El arquero estaba inspirado. En los contragolpes, finalmente, Argentina sufrió dos goles”.
“Lo que rescato es ese instinto de supervivencia de los argentinos de pelear, pelear y seguir peleando hasta el final. Después ocurrió el milagro. Fue una reversión histórica. Las probabilidades de que eso sucediera eran del 0,16%. Algo prácticamente imposible, y lo pudimos presenciar”, celebró el jefe de Estado.
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POLITICA
Senado: LLA acordó sesionar la semana que viene para aprobar la ley de propiedad privada y 30 pliegos judiciales
El Senado resolvió sesionar el próximo jueves a las 12 con el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada y los pliegos para la designación de jueces y personal de Cancillería como principales temas.
Postergaron para, después del receso invernal, la sesión del 6 de agosto con foco en los proyectos de ley Hojarasca, que elimina legislación obsoleta, y de Falsas Denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada, más el proyecto de Salud Mental, que aún no tiene dictamen y se está discutiendo en un plenario de Legislación General y Salud Púbica.
La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y participaron los presidentes de bloque Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana Di Tullio y Fernando Salino.
Reforma Electoral
A la salida del encuentro de Labor Parlamentaria, la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich reiteró que la necesidad del Gobierno es “la eliminación de las PASO”. Pero además el oficialismo está buscando alternativas para modificar el proyecto que va desde la incorporación de las colectoras para la elección de los candidatos a suspender nuevamente las elecciones primarias, como ocurió en las elecciones de medio término del 2025.
El senador Martín Goerling Lara del PRO dijo que el “Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores, que estuvimos dialogando, queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión”. Por ahora los senadores no recibieron ningún borrador de cambios al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado.
Mientras que otros legisladores como Carolina Moisés de Convicción Federal, entienden que los cambios electorales están en la mesa de discusión de los gobernadores: “En el caso de Convicción Federal esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (los mandatarios de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión”, señaló Moisés.
Una vez que se cierren los entendimientos entre los gobernadores y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de la negociación con las provincias, el oficialismo buscará trasladar esos acuerdos a los senadores nacionales. “Estimo que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del PJ Nacional”, le aclaró a TN la senadora Carolina Moisés.
Esta semana el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo que, “hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”. A su vez, agregó que “las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que, a través de internas o consenso, puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, remarcó Jalil.
Jalil es uno de los mandatarios que mantienen reuniones con el ministro Diego Santilli. Y cuenta con sus propios legisladores nacionales: el senador Guillermo Andrada, del bloque de Convicción Federal, y de los tres integrantes de la Cámara baja que conforman la bancada Elijo Catamarca: Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega.
Lee También: Javier Milei compartió un duro mensaje contra el DT de Egipto: “La FIFA debería suspender a este payaso de por vida”
En febrero de este año el senador Andrada, junto a Sandra Mendoza y Carolina Moisés, se apartaron de la bancada Justicialista de José Mayans y armaron Convicción Federal con la presidencia de Moisés, quien además es la actual vicepresidenta de la Cámara de Senadores.
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