POLITICA
Un blindaje de dólares para el operativo reelección

La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.
Es una ley no escrita que cada vez que se acercan las elecciones nacionales los ahorristas e inversores se lanzan a “formar activos externos”. Es el tecnicismo equivalente a “comprar dólares”. El oficialismo actual se ufana de ser distinto de todos los anteriores, en especial en cuestiones económicas. Aun así, sufrió este comportamiento como los que lo precedieron. O aún de un modo más traumático. Antes de los comicios legislativos de 2025 la presión sobre las reservas del Banco Central fue tan fuerte que llegó a contaminar el mercado de bonos: los tenedores de papeles argentinos comenzaron a temer que faltarían dólares para atender sus acreencias. El Gobierno quedó contra las cuerdas y sólo pudo respirar gracias a un auxilio excepcional de Donald Trump, que desembolsó 20.000 millones de dólares para rescatar a su principal aliado sudamericano.
Con la memoria atrapada en esa experiencia, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, están interesadísimos en demostrar que su gestión está blindada ante el riesgo electoral que plantean las próximas presidenciales. El lunes presentaron el programa financiero oficial para 2026 y 2027. Esa iniciativa es, por sí misma, una novedad. Por primera vez Caputo ofrece una hoja de ruta explícita sobre las necesidades y fuentes del financiamiento oficial. Él siempre ha sido fóbico a ese tipo de ataduras.
Entre todos los datos en los que se sostiene el cálculo del equipo económico, hay dos muy significativos desde el punto de vista político. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer frente a los vencimientos previstos para 2027 de bonos emitidos bajo ley local. Representan 4.900 millones de dólares. Una cifra casi equivalente a la que Caputo promete captar emitiendo títulos similares: 5.000 millones de dólares.
Estas previsiones llevan implícita una premisa: desde comienzos de 2027 el mercado en el que se compran y venden esos bonos va a estar tan tranquilo que se podrá resolver ese compromiso sin dificultad. En la suma y resta final, será un rollover. Es decir, prevalecerá la confianza en que la nave se desplazará sin turbulencia alguna.
El cuadro diseñado por Economía presenta otro detalle tranquilizador. Para pagar la deuda en dólares el Tesoro conseguirá que el Banco Central le venda 4.900 millones de dólares. Esta operación supone algo obvio: que el Central dispondrá de esa suma para atender las necesidades financieras de Hacienda. Dicho de otro modo: en el mercado de cambios reinará la serenidad debido a que los ahorristas o inversores no querrán pasarse de pesos a dólares. Para seguir con la jerga de los especialistas: no habrá “creación de activos externos”.
La lectura política en la que se sostiene el programa financiero presentado por las autoridades es coherente con las afirmaciones habituales de Caputo: no hay posibilidad alguna de que el electorado decida un cambio y prefiera un candidato volcado hacia el populismo económico. En otras palabras, el “riesgo kuka” se ha reducido a cero. Por eso los bonos que vencen serán rescatados con papeles similares que todo el mundo aceptará y por eso al Central le sobrarán divisas para prestar al Tesoro en el momento de pagar la deuda. Esa paz financiera sólo es concebible en dos escenarios: uno en el que la candidatura de Milei resulta invulnerable u otro en el que esa candidatura es desafiada por la de otro dirigente que no inspira duda alguna sobre la continuidad del rumbo actual. Es decir: o Milei marcha hacia una victoria contundente en primera vuelta o Milei deberá enfrentar en un balotaje a alguien tan ortodoxo como él.
El porvenir que vaticina el programa financiero de Caputo descarta, como queda claro, que la política tenga otras ideas. Una de ellas es que prospere una propuesta que tenga afinidades conceptuales con Cristina Kirchner. Por ejemplo, que ella auspicie a un dirigente salido de sus filas, al estilo de Eduardo “Wado” De Pedro, Mariano Recalde o el mismo Máximo Kirchner, y que ese ahijado muestre alguna competitividad. Como es sabido, ese abanderado deberá defender dos consignas que el diputado Kirchner ya sacralizó: “Cristina libre” y “renegociación de la deuda externa”. Si, en cambio, el kirchnerismo acuerda con Axel Kicillof, el gobernador deberá aceptar ese credo. Hasta Sergio Massa, si quiere la bendición de San José 1111, no podrá desafiar el imperativo. Cabe la posibilidad de que Kicillof enfrente a su antigua mentora. Aun en ese caso, todavía no está para nada claro que él esté dispuesto a prometer que va a cumplir con los compromisos financieros asumidos sin reestructurar una moneda.
Estas posibilidades, que contienen un potencial de intranquilidad para los mercados, no parecen estar contempladas en el programa de Caputo. Al contrario, da la impresión de que los datos que expuso Economía obedecen a la tesis electoral que ya defendió el ministro a comienzos del mes pasado: “Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. Hay que suponer que, si no llega Kicillof, menos lo haría un candidato de La Cámpora. Por lo tanto, ¿hacía falta ofrecer un programa financiero?
El Ministerio de Economía descarta otro peligro, que ya no tiene que ver con la identidad de los rivales sino con la organización del calendario electoral. Una de las grandes novedades que presenta en estos tiempos la vida pública argentina es que la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar vida propia. El signo más evidente es que discute su propio cronograma para elegir autoridades, ajeno a del orden nacional. Sucedió el año pasado: los bonaerenses eligieron a sus legisladores el 7 de septiembre. Ganó el peronismo y ese resultado explica, en parte, esa inquietud financiera que pidió una intervención de Trump.
Todavía no está descartado que el año que viene las elecciones de la provincia sean, de nuevo, desdobladas. Es decir, que antes de la elección presidencial se elija al sucesor de Kicillof. ¿Qué impacto tendría en el clima general que esas elecciones las gane alguien del PJ? ¿Cómo asimilarían los inversores una derrota anticipada del oficialismo nacional en el principal distrito del país? El confiado programa financiero de Caputo estaría suponiendo un triunfo del candidato de Milei, lo que a la vez implica imaginar que en territorio bonaerense La Libertad Avanza y Pro irán unidos. En otras palabras: las cuentas de Caputo y Furiase suponen que en 2027 habrá apetito por el peso y apetito por los bonos. Imaginan todo, menos una corrida.
Esa propuesta financiera del Ministerio de Economía parece tener, sin embargo, un detalle de cautela que corrige este panorama. Está cifrado en tres guioncitos que indican falta de datos. Esos tres guioncitos aparecen, dentro del área de fuentes de financiamiento, en la opción NY law, es decir, bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Los casilleros no consignan números. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aparece esa opción, aunque todavía resulte abstracta. Para sintetizar: es posible que el Gobierno esté pensando en salir al mercado de deuda internacional. ¿Para recaudar qué cantidad de dólares? Guioncitos.
La baja del riesgo país volvería más atractiva esa emisión. Hay expertos que suponen que las calificadoras de riesgo mejorarán el status del país y que ese sería otro empujón hacia el mercado. Aunque desde el martes irrumpió un factor que podría entorpecer esta iniciativa. Ese factor es Trump. La decisión del presidente de los Estados Unidos de, a raíz de nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, desconocer el Memorandum de Entendimiento con Irán y ordenar nuevos ataques sobre bases militares de ese país, vuelve a enrarecer a la economía internacional, sobre todo en los campos energético y financiero.
Para la Argentina y, con especial énfasis, para la administración de Milei, la permanencia de la guerra en Medio Oriente tiene consecuencias importantes. Una es la posibilidad de una suba en la tasa de interés, que encarecería el costo de esos dólares que Economía podría ir a buscar al mercado internacional. En esta instancia hay que considerar otra variable: la del mayor o menor pragmatismo del Presidente. En febrero pasado fue reemplazado el secretario de Finanzas Alejandro Lew a raiz de que Milei se negó a autorizar una emisión de deuda por 5.000 millones de dólares a 10 años a una tasa superior a 9,5%. Los especialistas calculan que hoy la Argentina podría conseguir fondos con una tasa de alrededor del 8,7%. Si la tormenta repuesta por Trump se mantiene y el dinero se vuelve más costoso, ¿el Presidente autorizaría igual esa eventual operación de deuda?
Las decisiones bélicas de Irán tienen otra proyección sobre la Argentina. Al elevar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, vuelve más esquivo un triunfo electoral para los republicanos. Un consenso muy extendido entre los estudiosos de la opinión pública en ese país indica que Trump perderá el control de la Cámara de Representantes y no tiene asegurado retener el del Senado. Quiere decir que, con un Trump debilitado, la posibilidad de que el gobierno libertario pueda recibir, in extremis, un auxilio financiero desde el Norte, se vuelven mucho más pequeñas. El que Washington concedió en septiembre de 2025 ya desató una discusión inconveniente para el benefactor de Milei. Este es el rosario de preguntas que los guioncitos de Caputo todavía no responden.
Quiere decir que el programa elaborado por el ministro y su secretario Furiase se sostiene sobre hipótesis políticas de difícil verificación. Para expresarlo en términos muy generales: ellos pretenden conjurar una posible turbulencia derivada de un riesgo electoral inexistente, porque imaginarían que Milei ya tiene la reelección escriturada. Obtener más recursos para blindar un futuro menos previsible depende de que se atenúen o corrijan el comportamiento geopolítico de Trump y las restricciones financieras de Milei.
Una lógica parecida a la de Caputo al mirar las finanzas del año que viene es la que preside el trabajo de Diego Santilli y su reforma electoral. El jefe de Gabinete negocia dos cambios principales en el sistema. La suspensión de las primarias, por lo menos en su simultaneidad y su obligatoriedad, y la habilitación de listas colectoras. Este segundo cambio permitiría que fuerzas que rivalizan con La Libertad Avanza en las provincias puedan alinear sus listas de senadores y diputados nacionales con la candidatura presidencial de Milei.
Existe una ilusión óptica en ese nuevo esquema. Es de suponer que Milei ya tiene los votos, que incluso ya tiene las adhesiones de esos aliados partidarios, y sólo necesita una reglamentación para incorporarlos. Como Caputo, Santilli adopta el resultado deseable, la reelección de Milei, como premisa. Tal vez tenga razón.
Sin embargo, lo contante y sonante en la actualidad es que Santilli sólo está inventando un nuevo instrumento que es un arma de doble filo. Los gobernadores peronistas, radicales o independientes, que prometen al jefe de Gabinete unirse a la marcha triunfal de Milei lo hacen en el caso de que esa marcha triunfal se verifique. Y, sobre todo, porque hoy carecen de candidato, lo que es clave en la dirigencia peronista. Sin embargo, si por las razones que fuere, apareciera un rival competitivo que desafíe el triunfo de Milei, Santilli le estará ofreciendo a ese dirigente una herramienta para ordenar y expandir su propio campo.
Mientras el jefe de Gabinete y el ministro de Economía trabajan para la reelección de Milei, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, va creando, designando un juez tras otro, una estructura al servicio de Comodoro Py, la corporación a la que pertenecen él y su familia. Para construir ese artefacto de largo plazo debe pagar un precio de mediana duración: despejar de pesadillas judiciales las noches del Presidente y de su hermana Karina. La designación de magistrados es la herramienta principal para armar ese objetivo.
Una demostración muy elocuente de este juego aparece en la causa $LIBRA, que podría tener involucrados a los dos hermanos. Para que ese expediente desemboque, como está previsto, en la impunidad, el primer servicio llegó desde donde más se lo esperaba: el fiscal Eduardo Taiano. Aterrado siempre ante cualquier enfrentamiento con el poder, Taiano alegó que carecía de recursos técnicos para investigar la sospechosa operación con esa criptomoneda. La semana pasada, como viene informando Hugo Alconada Mon, se agregó el controvertido juez Mariano Martínez de Giorgi, que eliminó a los que habían sido reconocidos como querellantes, incluso por la Cámara Federal.
El argumento de Martínez de Giorgi fue desopilante. Según él, los querellantes no pueden querellar porque no quedó probado todavía que haya habido fraude. Es obvio que, para que eso quede probado, debería terminar el juicio. Salvo que se adopte la solución de De Giorgi: que los querellantes lo reemplacen a él y prueben que el delito que se investiga se consumó.
Es posible que con apenas una pizca de sinceridad Martínez de Giorgi podría haber reemplazado ese argumento por este otro: no debe haber querellantes que aporten pruebas o exijan medidas porque mi esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada jueza federal de Hurlingham por el Presidente, que es a quien yo debería investigar. Es una broma, claro. Pero hay algo cierto: Milei designó a la esposa de un juez que tiene entre manos una causa que no lo deja dormir.
El otro aporte de Mahiques a la tranquilidad de los Milei es el armado de la Cámara Federal. Es decir, del tribunal que debe revisar todos los pronunciamientos de primera instancia en los casos de corrupción. Allí el ministro piensa enviar al Senado el pliego de su amigo Pablo Yadarola, quien, como él y como su padre, Carlos Mahiques, compartieron la malhadada excursión a Lago Escondido. Yadaraola obtuvo, por el examen y los antecedentes, el lugar Nº 16 en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura. Pero gracias a la entrevista posterior subió 11 posiciones y terminó integrando la primera terna.
El juez penal económico Yadarola ganó celebridad en los últimos tiempos por sus dificultades para detectar quien dio la orden para que Laura Belén Arrieta, quien llegó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, pasara más de 10 valijas sin control de la Aduana en el aeroparque metropolitano. El juez alega, como Taiano, limitaciones técnicas. No se le ocurrió convocar a la agente que recibió la orden y preguntarle quién se la impartió. Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis, que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma.
A pesar de esas sospechosas alteraciones, en Tribunales hay una llamativa coincidencia: más nefasta que la llegada de Yadarola a la Cámara Federal sería la de su competidor Fernando Poviña, entre otras razones, por intereses que hunden sus raíces en la AFA, dada su condición de directivo del Atlético Tucumán. La AFA es el universo social de los Mahiques. Basta recordar que su padre celebró su cumpleaños en la mansión de dos jubilados de Villa Rosa en la que solía descender el helicóptero de Pablo Toviggino.
Otro camarista sería Pablo Bertuzzi, quien concursó por el cargo que hoy ocupa porque llegó allí por un traslado. Bertuzzi quedó en el puesto Nº 21. Gracias a la entrevista lo promovieron hasta el lugar Nº 7. Es posible que Milei envíe su pliego al Senado. Aunque en la Justicia afirman que demorará. Antes se espera que Bertuzzi convalide como camarista la decisión de Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa $LIBRA. Es decir: el presidente también tiene en sus manos el destino de unos de los magistrados que decide sobre el caso en el podría estar involucrado.
Bertuzzi aceptó competir por su cargo actual. No adoptó la posición de su colega Leopoldo Bruglia, quien denunció una discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a él lo desplazan de su cargo actual porque llegó por un traslado, dentro del mismo fuero federal. Pero el padre del ministro, Carlos, también llegó desde otro cargo y, en su caso, desde otro fuero. Sin embargo, no sólo no se lo desplaza sino que se lo propuso para continuar en el cargo de camarista de Casación después de haber cumplido 75 años. La Comisión envió el caso al Ministerio de Justicia para que responda la acusación de Bruglia. Mahiques debe explicar por qué su padre tuvo un privilegio.
Ayer papá Mahiques hizo alarde de su buen francés. Explicó que renunciaría a su “soberanía lingüística” en homenaje a los magistrados franceses que lo escuchaban. Participaba de un encuentro profesional de jueces franceses y argentinos. Como Mahiques intervino vía Zoom, agigantó la leyenda tribunalicia de que está asistiendo a los partidos del Mundial de Fútbol. Hazte fama.
Más allá de esas minucias, el de Mahiques fue un gesto muy oportuno. La relación con Francia acaba de tener un entredicho originado en Mendoza, cuando la vicegobernadora Hebe Casado describió a la selección de ese país como un “equipo africano”. En la embajada francesa ante la Argentina la declararon persona non grata.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
La Cámara Electoral le advirtió al Congreso que defina con tiempo las reformas para las elecciones del año que viene

La Cámara Nacional Electoral advirtió este martes al Congreso de la Nación sobre la necesidad de definir con tiempo el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas ante la cercanía de las elecciones de 2027.
Lo hizo a través de la Acordada Extraordinaria 155, firmada por los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La CNE recordó que, en el sistema representativo, el voto es el modo en que el pueblo pone en ejercicio la soberanía y que el Estado debe garantizar el sufragio efectivo y “esta Cámara, en particular, tiene la responsabilidad de asegurar la aplicación de las normas que garantizan a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos políticos”.
En ese marco, los jueces recordaron que actualmente “existen en el Congreso de la Nación, en condiciones de ser tratados, diversos proyectos de modificación del régimen electoral y de los partidos políticos —muchos de los cuales prevén reformas significativas con desafíos ciertos de implementación—” y se acotan los tiempos para los próximos comicios.
Entre esos proyectos figura la reforma política impulsada por el Gobierno, que incluye la eliminación o suspensión de las PASO y cambios en el régimen de partidos y de financiamiento. Esas iniciativas ya están en condiciones de ser tratadas, pero todavía no hay acuerdos suficientes con aliados y oposición.
La CNE recordó que todas las actividades preelectorales están sujetas a plazos “perentorios e improrrogables, con fecha límite en el acto de votación”. Por eso, reformas estructurales, que incluyen cargos a elegir, requisitos de personería partidaria, sistema de selección de candidaturas, instrumento de votación o control del financiamiento, exigen tiempo para su instrumentación, la coordinación con los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y la adecuación de los partidos.
La CNE expresó que, este año, en un seminario organizado junto al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), del que participaron magistrados, autoridades electorales, dirigentes y especialistas coincidieron en la importancia de fijar las reglas con anticipación.
Con ese diagnóstico, la Cámara resolvió comunicar la acordada al Congreso, a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a la Dirección Nacional Electoral, a los juzgados federales con competencia electoral y al Consejo Consultivo de Partidos Políticos.
El antecedente de las PASO 2025
“Alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”, advirtieron los camaristas y recordaron el antecedente de 2025.
Ese año el Congreso suspendió las PASO para las legislativas mediante la ley 27.783, promulgada en marzo. La Cámara dictó entonces la Acordada 37/2025 e instó a los partidos a adecuar sus mecanismos internos.
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Según el pronunciamiento, casi todas las agrupaciones terminaron designando candidatos sin voto directo de los afiliados, con la excepción de una alianza integrada por 626 partidos. Para el tribunal, esa experiencia confirmó “de modo indudable” la necesidad de tiempo.
“Demás está decir, por cierto, que el presente pronunciamiento no importa juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito de las iniciativas legislativas en trámite”, aclararon los magistrados.
La reforma política que busca el gobierno
El oficialismo en el Congreso busca avanzar con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que propone, entre otros puntos, eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) e implementar Ficha Limpia.
El proyecto tiene 79 artículos, entre los cuales se incluye eliminar la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En su lugar, serían designados de manera indirecta por el Congreso, de acuerdo con la representación proporcional de cada fuerza política.
En la Casa Rosada apuestan a darle media sanción a la iniciativa a mediados de septiembre. Para lograrlo, el Gobierno encomendó a sus principales operadores políticos retomar el diálogo con los bloques aliados y reconstruir las mayorías que había conseguido a comienzos de año.
En caso de lograrlo, la suspensión de las PASO privaría al peronismo y a otros potenciales rivales de la oportunidad de agruparse en contra de La Libertad Avanza bajo el paraguas de una primaria.
Cámara Nacional Electoral, Congreso, Elecciones
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Una justicia a la medida de la AFA

Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, en marzo último, el entonces juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola no imaginaba que su destino cambiaría velozmente. Son amigos desde hace mucho tiempo y han protagonizado varias correrías juntos. Hace pocos días, Yadarola escaló hasta convertirse en miembro de la poderosa Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir su nuevo puesto, Yadarola cerró la causa que investigaba el ingreso al país, en febrero del año pasado, de diez bultos sin que fueran controlados por funcionarios de la Aduana. Los bultos llegaron al aeroparque de la Capital en un vuelo privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Argentina; él vive en Miami.
María Belén Arrieta, colaboradora muy cercana de Scatturice, fue la única pasajera de ese avión. Los registros de las cámaras del aeropuerto señalan que una funcionaria de la Aduana hizo un llamado telefónico para permitir el privilegiado ingreso al país de Arrieta. Yadarola solo tenía que seguir la cadena de llamados telefónicos hasta establecer qué autoridad del gobierno nacional dio la orden definitiva. No lo hizo. El premio de su amigo Mahiques fue un ascenso, rápido y asombroso, en la misma Cámara donde el gobierno nacional le negó la permanencia al juez Martín Irurzun, un impecable magistrado del fuero federal.
Esos son solo dos ejemplos, el de Yadarola y el de Irurzun, que suponen un drástico cambio en el manejo de la Justicia desde que Mahiques accedió al control de la cartera de Justicia. Yadarola había quedado en el puesto 16° en el examen escrito y anónimo del concurso para ser camarista. Tras la entrevista personal, ascendió al noveno lugar, aún lejos de los seis primeros puestos que conformarían la terna definitiva. Pero uno de los consejeros que representa a los jueces, Diego Barroetaveña, volvió a analizar las entrevistas personales, propuso modificar el orden de mérito y lo ascendió al quinto lugar. El Consejo de la Magistratura lo aprobó, Yadarola ingresó en una terna y fue propuesto por el gobierno para ocupar ese destacado cargo en la Cámara Federal. Su acuerdo en el Senado fue votado por mileístas y kirchneristas. Una extraña convergencia en un mundo sin acuerdos.
Juan Bautista Mahiques no solo es miembro de una familia judicial; cuenta también con una larga carrera que pasó por varias covachas del Poder Judicial. Tiene de igual modo un pasado muy emparentado con los cuestionados dueños del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Los dos están siendo investigados en siete causas judiciales y también por la Justicia de los Estados Unidos y por el FBI. Investigan si cometieron delitos de fraude y lavado de dinero por 400 millones de dólares. El caso más iridiscente, pero no el más importante, es el de la propiedad real de la mega mansión en Villa Rosa, en Pilar, que está a nombre de supuestos testaferros de Tapia y Toviggino. En esa majestuosa casa supuestamente propiedad de los caudillos de la AFA, donde se guardaban 54 autos de colección y de alta gama, celebró sus 74 años el juez Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación (la máxima instancia penal del país); este Mahiques es padre de Juan Bautista, el ministro.
Hay otro Mahiques en la Justicia, el exfiscal y actual juez de la Cámara de Apelaciones porteña Ignacio Mahiques, también hijo del mismo patriarca. Pero este nunca fue cuestionado y, por el contrario, recibió elogios cuando fue coautor, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, del primer dictamen sobre los manejos corruptos del clan Kirchner y Lázaro Báez con la obra pública. Cristina Kirchner está presa por esa causa que tuvo como primeros impulsores a esos dos fiscales y al juez Julián Ercolini. En cambio, su hermano, el actual ministro Mahiques, fue vicerrector de la Universidad de la AFA, una creación ilusoria del inefable Tapia que no cuenta con habilitación legal. Peor: la incuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intimó a la AFA para que cese con la promoción de carreras en esa ficcional universidad porque no tiene autorización para hacerlo.
Mahiques no se detiene en sus favores a los encartados Tapia y Toviggino. El juez Agustín Rubiero acaba de ser ascendido como miembro de la Cámara Nacional en lo Civil, una instancia que intervino en la causa de la AFA por la quinta de Pilar y que dictó la anulación de la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia a la más importante entidad del fútbol. Rubiero es amigo del ministro Mahiques desde la infancia. Fue su asesor cuando este fue representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura. En el concurso para cubrir ese cargo obtuvo el penúltimo lugar en el orden de mérito (terminó en el número 30 entre 31 postulantes). Luego pasó al lugar número 27 y finalmente al 22, tras un examen oral sospechoso. Esa posición le permitía integrar solo la “lista complementaria”, una suerte de banco de suplentes. Rubiero estuvo también vinculado a la AFA como miembro de su tribunal de apelaciones. ¿Será por eso que pasó de integrar la lista suplementaria a la terna definitiva y, ahora, a la designación como juez de la Cámara Nacional en lo Civil?
Es difícil suponer a Javier Milei entretenido con esos recovecos de los tribunales ni sosteniendo una política judicial de apoyo explícito a los investigados Tapia y Toviggino. El Presidente cuestionó siempre y públicamente a Tapia. La política con respecto de la AFA no cambió con Milei; cambió con el ministro Mahiques, quien cuenta con el madrinazgo de la poderosa hermana presidencial.
Otro caso significativo de esa modificación es la promoción de María Pérez Cárrega, que podría ser designada al frente del juzgado en lo Penal Económico número 10. Pérez Cárrega pasó de estar en el lugar 12 en el orden de mérito al número cuatro luego de unos minutos de examen oral; desplazó, así, a varios candidatos con mejores antecedentes. La maniobra fue perfecta: un juez que integraba la terna, Ignacio Labadens, fue designado en otro juzgado y Pérez Cárrega pasó en el acto a integrar la terna. Sobresale la información de que en ese juzgado en lo Penal Económico quedó radicada una de las denuncias más delicadas contra la conducción de la AFA, que es precisamente la que investiga la propiedad de la quinta de Pilar. Actualmente ese juzgado está siendo subrogado por la jueza Verónica Straccia, con fama de buena magistrada, pero podría ser reemplazada definitivamente por Pérez Cárrega.
¿Otro ejemplo? José Miguel Guerrero, amigo del ministro de Justicia y exfuncionario de Mahiques hijo cuando este ocupó anteriormente altos cargos en esa cartera, había quedado en el lugar 32 luego de la evaluación de antecedentes, la prueba de oposición y la etapa de impugnaciones. No tenía ninguna posibilidad de ser juez. Sin embargo, tras la entrevista personal ascendió al puesto 23 y logró incorporarse a una terna como posible juez. O saben hablar, pero no saben escribir, o la influencia de los amigos es lo único que importa en la designación de los jueces.
Ninguna de estas designaciones hubiera sido posible si estuviera vigente la acordada de la Corte Suprema de Justicia, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no firmó, pero para esta clase de cuestiones se necesita solo la mayoría de los jueces que están para convertirla en una decisión de la Corte. Esa acordada propone restringir fuertemente la utilización de la “lista complementaria”, el banco de suplentes, para la designación de jueces; se prohíbe al Poder Ejecutivo que designe a dos postulantes de una misma terna, y, sobre todo, se elimina la discrecionalidad de las entrevistas personales. Estos exámenes orales son los hacedores de milagros para pasar del último a los primeros lugares después de una simple conversación.
Para estar vigente, esa acordada necesita hacerla suya una mayoría simple del Consejo de la Magistratura, integrada por 20 representantes de distintos estamentos políticos, judiciales y académicos. Se necesitan 11 votos. Los representantes políticos del Senado y de la Cámara de Diputados son ocho; hay uno que representa al Gobierno y otro eventual voto podría ser el de Rosatti, que también preside el Consejo. Pero es la política la que impide alcanzar ese número; prefiere quedarse con la arbitrariedad que predomina actualmente. Los políticos que están ahora no quieren perder la oportunidad de nombrar y destituir jueces, que es la función del Consejo, y los que están en la oposición imaginan que algún día accederán al poder y podrán hacer lo mismo. Es la política la que corrompe a la Justicia, y luego es la Justicia la que debe juzgar a los políticos. No nos sorprendamos después, cuando las causas que investigan a políticos duermen durante décadas en los despachos de los jueces, hasta que alguien en los tribunales dicta las prescripciones porque transcurrió el “tiempo razonable”.
Puede ser una casualidad, si es que las casualidades existen cuando se construye la política. Pero lo cierto es que la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia coincidió con una resolución de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y el mismo Barroetaveña del Consejo de la Magistratura, por la que la investigación sobre la propiedad de Pilar, que sería de los dueños de la AFA, pase al juzgado federal de Campana, donde el juez Adrián González Charvay, la esperaba con los brazos abiertos. Tapia y Toviggino esperaban lo mismo. El fiscal de esa Cámara, Mario Villar, acaba de apelar tal despropósito con un duro dictamen sobre la decisiones de los dos jueces. Villar calificó de “arbitraria” la resolución de los magistrados y señaló que “puede sembrar dudas acerca de la imparcialidad” de Borinsky y Barroetaveña.
Borinsky es candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, que deberá tener como primera firma, si fuera así, la del ministro Mahiques. Y Barroetaveña fue hasta fines del año pasado presidente del tribunal de ética de la AFA. Villar llegó al extremo de plantear la suspicacia de que detrás de tantas disputas por la competencia del caso podría esconderse una maniobra de “forum shopping”, que es la forma como los interesados logran acceder al juez que más les conviene. El fiscal sostuvo que no alcanza con mirar dónde están las bienes presuntamente comprados con dinero ilícito, sino que deben analizarse prácticas corruptas mucho más amplias. Y también los lugares donde se habrían tomado las decisiones y organizado las operaciones inmobiliarias. Villar sostiene que el lugar de la investigación es la Capital Federal y no Campana porque en la Capital, entre otras razones, está la sede histórica y real de la AFA, en la calle Viamonte.
No bien asumió Mahiques, Milei firmó un decreto por el que modificaba un decreto de Néstor Kirchner, obligado en sus primeros meses como presidente a portarse bien con la designación de jueces luego de los zafarranchos que había hecho con la justicia provincial como gobernador de Santa Cruz. La modificación del actual presidente encoge seriamente los márgenes de transparencia y de control ciudadano de los jueces postulados. Hasta hace poco, reinaba una virtual acefalía en casi la mitad de la Justicia; un 40 por ciento de los cargos de jueces estaba vacante. La obligación del Gobierno era cubrir esos despachos desérticos de los tribunales. Pero no cualquier decisión es buena. Una cosa es la necesidad de ocupar lo que está desocupado, y otra cosa es llenar los vacíos en el Estado con amigos y compinches.
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Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA y le mandó la causa a la justicia federal

Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el AMBA, al dejar firme una medida cautelar que había pedido el Defensor del Pueblo de la provincia. Pero, tras tomar la decisión, el tribunal le envió la causa a la justicia federal.
El fallo es de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que confirmó la medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano, en momentos en que el gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo contrato de concesión atado al proceso de privatización dispuesto por la Ley Bases.
En el mismo fallo, el tribunal bonaerense confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal, no en la provincial.
El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar 450 millones de dólares.
El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.
La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, que denunció que AySA había avanzado en un nuevo contrato que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección al usuario en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera la empresa.
Ese contrato se inscribe en el proceso más amplio de privatización de la empresa dispuesto en Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y el Decreto 494, que autorizó el procedimiento para transferir a manos privadas el 90% del capital social de la empresa, hoy mayoritariamente estatal.
El nuevo convenio de mayo de 2026 es el instrumento que puso en marcha las nuevas condiciones de explotación del servicio bajo ese esquema
Frente a esa demanda, la jueza de primera instancia había hecho lugar a una cautelar y le ordenó a AySA abstenerse de realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produjera una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego.
Además había enviado el caso a los juzgados federales de La Plata.
AySA apeló la cautelar −después de que le rechazaran un pedido de reposición− y el Defensor del Pueblo, por su parte, apeló la decisión de enviar la causa a la Justicia federal, al insistir en que debía quedar en la órbita provincial.
La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión: mientras el caso no se resuelva en cuanto al fondo, la empresa no puede avanzar con cambios que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio.
Los jueces hablaron del derecho humano al agua, el principio precautorio y preventivo en materia ambiental y de la doctrina “in dubio pro natura” que utiliza la Corte Suprema, según la cual, ante la duda sobre el impacto ambiental de una medida, debe optarse por la alternativa menos perjudicial.
Para el tribunal, el eventual daño derivado de un debilitamiento de las garantías del servicio sería, además, de muy difícil o imposible reparación posterior, lo que justifica sostener la cautelar mientras dure el litigio.
En paralelo, la Cámara también confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal y no en la provincial, tal como había resuelto la instancia anterior.
El argumento central es que la discusión de fondo requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA es una empresa con participación estatal mayoritaria (90% en manos del Estado nacional), lo que la coloca bajo fuero federal.
El fallo no anula formalmente el proceso de privatización de AySA, pero frena la aplicación práctica de una de las piezas centrales de ese proceso, que es el nuevo contrato de concesión de mayo de 2026, en la medida en que implique bajar el piso de garantías que hoy tiene el servicio de agua y cloacas para los usuarios de los 26 municipios alcanzados.
Así, quedó congelada la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares más bajos que los actuales. La discusión de fondo, ahora, quedará en manos de un juzgado federal que todavía debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata.
adelantó en julio que la lista de interesados en AySA combinaba jugadores locales con peso político e internacionales. Entre los locales, dos nombres aparecían como los más firmes: Mauricio Filiberti, dueño de Transclor −proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA desde 2009− y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, que trabaja en una propuesta junto con Rowing, la constructora de Walter Román; y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, cuyo histórico líder, Aldo Roggio, está procesado y es arrepentido en la causa Cuadernos.
También JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, y se mencionaba, sin confirmación de presencia activa, al grupo de los hermanos Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, que ya se impuso en otras operaciones de la administración libertaria. Aún es una incógnita el interés real de la brasileña Sabesp, operadora de la red de San Pablo.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Axel Kicillof que la empresa provincial ABSA (Aguas Bonaerenses) compitiera por el 90% de AySA, y presentó un amparo judicial que fue clave para que el Gobierno postergara la apertura de sobres.
El problema es que el propio pliego prohíbe que empresas “bajo control estatal” oferten, lo que dejaría a ABSA afuera de entrada.
la privatización de AySA,,Conforme a
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