POLITICA
Un blindaje de dólares para el operativo reelección

La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.
Es una ley no escrita que cada vez que se acercan las elecciones nacionales los ahorristas e inversores se lanzan a “formar activos externos”. Es el tecnicismo equivalente a “comprar dólares”. El oficialismo actual se ufana de ser distinto de todos los anteriores, en especial en cuestiones económicas. Aun así, sufrió este comportamiento como los que lo precedieron. O aún de un modo más traumático. Antes de los comicios legislativos de 2025 la presión sobre las reservas del Banco Central fue tan fuerte que llegó a contaminar el mercado de bonos: los tenedores de papeles argentinos comenzaron a temer que faltarían dólares para atender sus acreencias. El Gobierno quedó contra las cuerdas y sólo pudo respirar gracias a un auxilio excepcional de Donald Trump, que desembolsó 20.000 millones de dólares para rescatar a su principal aliado sudamericano.
Con la memoria atrapada en esa experiencia, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, están interesadísimos en demostrar que su gestión está blindada ante el riesgo electoral que plantean las próximas presidenciales. El lunes presentaron el programa financiero oficial para 2026 y 2027. Esa iniciativa es, por sí misma, una novedad. Por primera vez Caputo ofrece una hoja de ruta explícita sobre las necesidades y fuentes del financiamiento oficial. Él siempre ha sido fóbico a ese tipo de ataduras.
Entre todos los datos en los que se sostiene el cálculo del equipo económico, hay dos muy significativos desde el punto de vista político. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer frente a los vencimientos previstos para 2027 de bonos emitidos bajo ley local. Representan 4.900 millones de dólares. Una cifra casi equivalente a la que Caputo promete captar emitiendo títulos similares: 5.000 millones de dólares.
Estas previsiones llevan implícita una premisa: desde comienzos de 2027 el mercado en el que se compran y venden esos bonos va a estar tan tranquilo que se podrá resolver ese compromiso sin dificultad. En la suma y resta final, será un rollover. Es decir, prevalecerá la confianza en que la nave se desplazará sin turbulencia alguna.
El cuadro diseñado por Economía presenta otro detalle tranquilizador. Para pagar la deuda en dólares el Tesoro conseguirá que el Banco Central le venda 4.900 millones de dólares. Esta operación supone algo obvio: que el Central dispondrá de esa suma para atender las necesidades financieras de Hacienda. Dicho de otro modo: en el mercado de cambios reinará la serenidad debido a que los ahorristas o inversores no querrán pasarse de pesos a dólares. Para seguir con la jerga de los especialistas: no habrá “creación de activos externos”.
La lectura política en la que se sostiene el programa financiero presentado por las autoridades es coherente con las afirmaciones habituales de Caputo: no hay posibilidad alguna de que el electorado decida un cambio y prefiera un candidato volcado hacia el populismo económico. En otras palabras, el “riesgo kuka” se ha reducido a cero. Por eso los bonos que vencen serán rescatados con papeles similares que todo el mundo aceptará y por eso al Central le sobrarán divisas para prestar al Tesoro en el momento de pagar la deuda. Esa paz financiera sólo es concebible en dos escenarios: uno en el que la candidatura de Milei resulta invulnerable u otro en el que esa candidatura es desafiada por la de otro dirigente que no inspira duda alguna sobre la continuidad del rumbo actual. Es decir: o Milei marcha hacia una victoria contundente en primera vuelta o Milei deberá enfrentar en un balotaje a alguien tan ortodoxo como él.
El porvenir que vaticina el programa financiero de Caputo descarta, como queda claro, que la política tenga otras ideas. Una de ellas es que prospere una propuesta que tenga afinidades conceptuales con Cristina Kirchner. Por ejemplo, que ella auspicie a un dirigente salido de sus filas, al estilo de Eduardo “Wado” De Pedro, Mariano Recalde o el mismo Máximo Kirchner, y que ese ahijado muestre alguna competitividad. Como es sabido, ese abanderado deberá defender dos consignas que el diputado Kirchner ya sacralizó: “Cristina libre” y “renegociación de la deuda externa”. Si, en cambio, el kirchnerismo acuerda con Axel Kicillof, el gobernador deberá aceptar ese credo. Hasta Sergio Massa, si quiere la bendición de San José 1111, no podrá desafiar el imperativo. Cabe la posibilidad de que Kicillof enfrente a su antigua mentora. Aun en ese caso, todavía no está para nada claro que él esté dispuesto a prometer que va a cumplir con los compromisos financieros asumidos sin reestructurar una moneda.
Estas posibilidades, que contienen un potencial de intranquilidad para los mercados, no parecen estar contempladas en el programa de Caputo. Al contrario, da la impresión de que los datos que expuso Economía obedecen a la tesis electoral que ya defendió el ministro a comienzos del mes pasado: “Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. Hay que suponer que, si no llega Kicillof, menos lo haría un candidato de La Cámpora. Por lo tanto, ¿hacía falta ofrecer un programa financiero?
El Ministerio de Economía descarta otro peligro, que ya no tiene que ver con la identidad de los rivales sino con la organización del calendario electoral. Una de las grandes novedades que presenta en estos tiempos la vida pública argentina es que la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar vida propia. El signo más evidente es que discute su propio cronograma para elegir autoridades, ajeno a del orden nacional. Sucedió el año pasado: los bonaerenses eligieron a sus legisladores el 7 de septiembre. Ganó el peronismo y ese resultado explica, en parte, esa inquietud financiera que pidió una intervención de Trump.
Todavía no está descartado que el año que viene las elecciones de la provincia sean, de nuevo, desdobladas. Es decir, que antes de la elección presidencial se elija al sucesor de Kicillof. ¿Qué impacto tendría en el clima general que esas elecciones las gane alguien del PJ? ¿Cómo asimilarían los inversores una derrota anticipada del oficialismo nacional en el principal distrito del país? El confiado programa financiero de Caputo estaría suponiendo un triunfo del candidato de Milei, lo que a la vez implica imaginar que en territorio bonaerense La Libertad Avanza y Pro irán unidos. En otras palabras: las cuentas de Caputo y Furiase suponen que en 2027 habrá apetito por el peso y apetito por los bonos. Imaginan todo, menos una corrida.
Esa propuesta financiera del Ministerio de Economía parece tener, sin embargo, un detalle de cautela que corrige este panorama. Está cifrado en tres guioncitos que indican falta de datos. Esos tres guioncitos aparecen, dentro del área de fuentes de financiamiento, en la opción NY law, es decir, bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Los casilleros no consignan números. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aparece esa opción, aunque todavía resulte abstracta. Para sintetizar: es posible que el Gobierno esté pensando en salir al mercado de deuda internacional. ¿Para recaudar qué cantidad de dólares? Guioncitos.
La baja del riesgo país volvería más atractiva esa emisión. Hay expertos que suponen que las calificadoras de riesgo mejorarán el status del país y que ese sería otro empujón hacia el mercado. Aunque desde el martes irrumpió un factor que podría entorpecer esta iniciativa. Ese factor es Trump. La decisión del presidente de los Estados Unidos de, a raíz de nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, desconocer el Memorandum de Entendimiento con Irán y ordenar nuevos ataques sobre bases militares de ese país, vuelve a enrarecer a la economía internacional, sobre todo en los campos energético y financiero.
Para la Argentina y, con especial énfasis, para la administración de Milei, la permanencia de la guerra en Medio Oriente tiene consecuencias importantes. Una es la posibilidad de una suba en la tasa de interés, que encarecería el costo de esos dólares que Economía podría ir a buscar al mercado internacional. En esta instancia hay que considerar otra variable: la del mayor o menor pragmatismo del Presidente. En febrero pasado fue reemplazado el secretario de Finanzas Alejandro Lew a raiz de que Milei se negó a autorizar una emisión de deuda por 5.000 millones de dólares a 10 años a una tasa superior a 9,5%. Los especialistas calculan que hoy la Argentina podría conseguir fondos con una tasa de alrededor del 8,7%. Si la tormenta repuesta por Trump se mantiene y el dinero se vuelve más costoso, ¿el Presidente autorizaría igual esa eventual operación de deuda?
Las decisiones bélicas de Irán tienen otra proyección sobre la Argentina. Al elevar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, vuelve más esquivo un triunfo electoral para los republicanos. Un consenso muy extendido entre los estudiosos de la opinión pública en ese país indica que Trump perderá el control de la Cámara de Representantes y no tiene asegurado retener el del Senado. Quiere decir que, con un Trump debilitado, la posibilidad de que el gobierno libertario pueda recibir, in extremis, un auxilio financiero desde el Norte, se vuelven mucho más pequeñas. El que Washington concedió en septiembre de 2025 ya desató una discusión inconveniente para el benefactor de Milei. Este es el rosario de preguntas que los guioncitos de Caputo todavía no responden.
Quiere decir que el programa elaborado por el ministro y su secretario Furiase se sostiene sobre hipótesis políticas de difícil verificación. Para expresarlo en términos muy generales: ellos pretenden conjurar una posible turbulencia derivada de un riesgo electoral inexistente, porque imaginarían que Milei ya tiene la reelección escriturada. Obtener más recursos para blindar un futuro menos previsible depende de que se atenúen o corrijan el comportamiento geopolítico de Trump y las restricciones financieras de Milei.
Una lógica parecida a la de Caputo al mirar las finanzas del año que viene es la que preside el trabajo de Diego Santilli y su reforma electoral. El jefe de Gabinete negocia dos cambios principales en el sistema. La suspensión de las primarias, por lo menos en su simultaneidad y su obligatoriedad, y la habilitación de listas colectoras. Este segundo cambio permitiría que fuerzas que rivalizan con La Libertad Avanza en las provincias puedan alinear sus listas de senadores y diputados nacionales con la candidatura presidencial de Milei.
Existe una ilusión óptica en ese nuevo esquema. Es de suponer que Milei ya tiene los votos, que incluso ya tiene las adhesiones de esos aliados partidarios, y sólo necesita una reglamentación para incorporarlos. Como Caputo, Santilli adopta el resultado deseable, la reelección de Milei, como premisa. Tal vez tenga razón.
Sin embargo, lo contante y sonante en la actualidad es que Santilli sólo está inventando un nuevo instrumento que es un arma de doble filo. Los gobernadores peronistas, radicales o independientes, que prometen al jefe de Gabinete unirse a la marcha triunfal de Milei lo hacen en el caso de que esa marcha triunfal se verifique. Y, sobre todo, porque hoy carecen de candidato, lo que es clave en la dirigencia peronista. Sin embargo, si por las razones que fuere, apareciera un rival competitivo que desafíe el triunfo de Milei, Santilli le estará ofreciendo a ese dirigente una herramienta para ordenar y expandir su propio campo.
Mientras el jefe de Gabinete y el ministro de Economía trabajan para la reelección de Milei, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, va creando, designando un juez tras otro, una estructura al servicio de Comodoro Py, la corporación a la que pertenecen él y su familia. Para construir ese artefacto de largo plazo debe pagar un precio de mediana duración: despejar de pesadillas judiciales las noches del Presidente y de su hermana Karina. La designación de magistrados es la herramienta principal para armar ese objetivo.
Una demostración muy elocuente de este juego aparece en la causa $LIBRA, que podría tener involucrados a los dos hermanos. Para que ese expediente desemboque, como está previsto, en la impunidad, el primer servicio llegó desde donde más se lo esperaba: el fiscal Eduardo Taiano. Aterrado siempre ante cualquier enfrentamiento con el poder, Taiano alegó que carecía de recursos técnicos para investigar la sospechosa operación con esa criptomoneda. La semana pasada, como viene informando Hugo Alconada Mon, se agregó el controvertido juez Mariano Martínez de Giorgi, que eliminó a los que habían sido reconocidos como querellantes, incluso por la Cámara Federal.
El argumento de Martínez de Giorgi fue desopilante. Según él, los querellantes no pueden querellar porque no quedó probado todavía que haya habido fraude. Es obvio que, para que eso quede probado, debería terminar el juicio. Salvo que se adopte la solución de De Giorgi: que los querellantes lo reemplacen a él y prueben que el delito que se investiga se consumó.
Es posible que con apenas una pizca de sinceridad Martínez de Giorgi podría haber reemplazado ese argumento por este otro: no debe haber querellantes que aporten pruebas o exijan medidas porque mi esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada jueza federal de Hurlingham por el Presidente, que es a quien yo debería investigar. Es una broma, claro. Pero hay algo cierto: Milei designó a la esposa de un juez que tiene entre manos una causa que no lo deja dormir.
El otro aporte de Mahiques a la tranquilidad de los Milei es el armado de la Cámara Federal. Es decir, del tribunal que debe revisar todos los pronunciamientos de primera instancia en los casos de corrupción. Allí el ministro piensa enviar al Senado el pliego de su amigo Pablo Yadarola, quien, como él y como su padre, Carlos Mahiques, compartieron la malhadada excursión a Lago Escondido. Yadaraola obtuvo, por el examen y los antecedentes, el lugar Nº 16 en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura. Pero gracias a la entrevista posterior subió 11 posiciones y terminó integrando la primera terna.
El juez penal económico Yadarola ganó celebridad en los últimos tiempos por sus dificultades para detectar quien dio la orden para que Laura Belén Arrieta, quien llegó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, pasara más de 10 valijas sin control de la Aduana en el aeroparque metropolitano. El juez alega, como Taiano, limitaciones técnicas. No se le ocurrió convocar a la agente que recibió la orden y preguntarle quién se la impartió. Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis, que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma.
A pesar de esas sospechosas alteraciones, en Tribunales hay una llamativa coincidencia: más nefasta que la llegada de Yadarola a la Cámara Federal sería la de su competidor Fernando Poviña, entre otras razones, por intereses que hunden sus raíces en la AFA, dada su condición de directivo del Atlético Tucumán. La AFA es el universo social de los Mahiques. Basta recordar que su padre celebró su cumpleaños en la mansión de dos jubilados de Villa Rosa en la que solía descender el helicóptero de Pablo Toviggino.
Otro camarista sería Pablo Bertuzzi, quien concursó por el cargo que hoy ocupa porque llegó allí por un traslado. Bertuzzi quedó en el puesto Nº 21. Gracias a la entrevista lo promovieron hasta el lugar Nº 7. Es posible que Milei envíe su pliego al Senado. Aunque en la Justicia afirman que demorará. Antes se espera que Bertuzzi convalide como camarista la decisión de Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa $LIBRA. Es decir: el presidente también tiene en sus manos el destino de unos de los magistrados que decide sobre el caso en el podría estar involucrado.
Bertuzzi aceptó competir por su cargo actual. No adoptó la posición de su colega Leopoldo Bruglia, quien denunció una discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a él lo desplazan de su cargo actual porque llegó por un traslado, dentro del mismo fuero federal. Pero el padre del ministro, Carlos, también llegó desde otro cargo y, en su caso, desde otro fuero. Sin embargo, no sólo no se lo desplaza sino que se lo propuso para continuar en el cargo de camarista de Casación después de haber cumplido 75 años. La Comisión envió el caso al Ministerio de Justicia para que responda la acusación de Bruglia. Mahiques debe explicar por qué su padre tuvo un privilegio.
Ayer papá Mahiques hizo alarde de su buen francés. Explicó que renunciaría a su “soberanía lingüística” en homenaje a los magistrados franceses que lo escuchaban. Participaba de un encuentro profesional de jueces franceses y argentinos. Como Mahiques intervino vía Zoom, agigantó la leyenda tribunalicia de que está asistiendo a los partidos del Mundial de Fútbol. Hazte fama.
Más allá de esas minucias, el de Mahiques fue un gesto muy oportuno. La relación con Francia acaba de tener un entredicho originado en Mendoza, cuando la vicegobernadora Hebe Casado describió a la selección de ese país como un “equipo africano”. En la embajada francesa ante la Argentina la declararon persona non grata.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
Gas por la mirilla, una montaña humana y comida para ratas: las torturas llevan a 52 penitenciarios a juicio

Cincuenta y dos penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, incluidos los jefes de la unidad y dos médicos, fueron elevados a juicio oral y público por torturar presos durante un motín ocurrido en 2019, durante el cual apilaron a los detenidos en una “montaña humana”, gasearon a nueve reclusos por la mirilla de una celda individual y los dejaron cuatro días sin comer.
La decisión a la que accedió fue tomada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es querellante.
Además, ordenó la inhibición general de bienes de todos los acusados.
Los sucesos comenzaron en la tarde del domingo 9 de junio de 2019, cuando un grupo de presos del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestó por un cambio en el horario de visitas.
Los presos insultaron a los celadores, tiraron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Lo que pasó en las cuatro horas siguientes y en los cuatro días posteriores llegará ahora a un juicio oral.
El juez Rodríguez Ponte cerró la instrucción y envió el expediente a un Tribunal Oral Federal de La Plata que se sorteará.
Ante el incendio, el jefe de turno pidió la intervención de grupos operativos para entrar al pabellón y “restablecer el orden”.
Se armó entonces un “cuerpo de requisa extraordinario” con agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.
Según la acusación, los integrantes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior “en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos” y no en forma disuasiva.
Una vez dentro, empujaron a los presos hacia un rincón, en el ángulo entre las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente llama una “montaña humana”.
Allí, ya reducidos y sin posibilidad de resistir, los golpearon, les tiraron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.
Mientras tanto, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, que es individual, y cerraron la puerta. Según la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban.
La agresión se prolongó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.
Terminada la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que acababan de participar del operativo.
Uno de ellos registró en video las imágenes y el audio de las conversaciones en la celaduría. Esas filmaciones resultaron una prueba clave.
Los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, miraron el operativo desde el pasillo. Según la causa, cuando entraron no examinaron a los presos: los observaron a distancia, ubicados detrás de los agentes, y anotaron solo parte de lo que los internos les decían.
La Cámara Federal de La Plata, a partir de las filmaciones, señaló que certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que en exámenes posteriores presentaron heridas. Irán a juicio por falsedad ideológica y por omisión de denunciar torturas.
Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de “sectorización”, que dispuso el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicaron los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio.
Formalmente era una medida preventiva, pero funcionó en la práctica como una sanción colectiva, que prohíbe la ley.
Durante esos días, según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados.
Las bandejas tampoco entraban por la mirilla. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. El pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.
El régimen terminó el 13 de junio a las 16:30, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La comitiva encontró a los detenidos gritando por comida y agua y las viandas tiradas en el suelo.
Irán a juicio por torturas unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.
Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad. Y está acusado de omisión de evitar torturas Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo esa jornada. Llegó a la unidad a las 22:45 y se fue a las 0:20.
Los médicos irán a juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, y dos celadores, un inspector y un auxiliar, por falsear actas
Las defensas sostuvieron que la requisa fue necesaria ante el incendio y la resistencia de los presos, que según ellas usaron elementos punzocortantes.
Afirmaron que la sectorización fue un aislamiento provisorio previsto en la reglamentación para evitar peleas entre internos. Además, cuestionaron los episodios de la “torre humana”, la mirilla y el inodoro porque, dijeron, no tienen respaldo en constancias médicas objetivas.
El juez respondió que eran sustancialmente los mismos argumentos que ya había evaluado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cuando confirmó los procesamientos, el 18 de julio de 2025, y que desde entonces no se incorporó prueba nueva. Recordó también que en esta etapa alcanza con un juicio de probabilidad y que la certeza queda reservada al juicio oral.
En la misma resolución, a pedido de la fiscalía y de la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), que solo apagaron el fuego y ventilaron el pabellón.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Causa Vialidad: Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de sus bienes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner y por las sociedades Hotesur y Los Sauces contra una resolución vinculada con la ejecución del decomiso en la causa Vialidad. Con esta decisión, los jueces cerraron la posibilidad de que esos planteos lleguen a la Corte Suprema por esta vía.
El tribunal, integrado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, tomó la decisión por unanimidad. Consideró que los recurrentes no lograron demostrar que la resolución cuestionada pusiera fin al proceso o les provocara un perjuicio irreparable que justificara la intervención del máximo tribunal.
El planteo se originó en el trámite para ejecutar el decomiso dispuesto en la causa, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. La condena contra Cristina Kirchner fue de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El monto actualizado del decomiso asciende a $684.990 millones.
Los hijos de la expresidenta habían pedido suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente contra el decomiso. Argumentaron que se avanzaba sobre el patrimonio de personas que no habían sido condenadas y cuestionaron que no se les otorgara una suspensión similar a la concedida en un expediente civil iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad.
POLITICA
Lemoine sorprendió con su fórmula presidencial ideal: Milei-Bullrich

La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, afirmó que su deseo es que Javier Milei y Patricia Bullrich sean los integrantes de la fórmula presidencial para las elecciones del año próximo.
Lemoine, una dirigente cercana al Presidente, expresó su “deseo” en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y un sector del oficialismo.
“Creo que Javier milei va a ser reelecto”, aseveró Leoine, al ser entrevistada en el podcast ¿QuiénEs?, en Radio Zónica.
A continuación, la diputada enfatizó: “A mí me gustaría que la fórmula sea Milei-Bullrich”.
La afirmación resultó sorpresiva porque sectores de la Casa Rosada vienen transmitiendo su malestar hacia Bullrich por los gestos de diferenciación que difundió en las últimas semanas.
“Patricia hizo un video, que algunos se tomaron a mal, pero las imágenes mostraban al Congreso y la puerta de la presidencia del Senado; está diciendo que va a tomar ese rol, la presidencia del Senado”, argumentó Lemoine para bajar el tono al enfrentamiento.
La diputada consideró que la tensión interna con Bullrich también es alimentada desde afuera de La Libertad Avanza.
“Al kirchnerismo, a una parte del macrismo sin Macri y a toda la izquierda les molesta porque saben que si van juntos ganamos en primera vuelta y sacaríamos más bancas; podríamos gobernar sin pedirle permiso a la izquierda”, afirmó Lemoine.
El miércoles, el presidente Javier Milei publicó un posteo que volvió a agitar las aguas internas en el Gobierno. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, posteó el Presidente en su cuenta de la red Instagram.
De inmediato, voceros del oficialismo sugirieron que el mandatario apuntaba a Bullrich.
Nadie en la Casa Rosada confirmó que el mensaje apuntó a Bullrich, pero diferentes fuentes reconocieron la tensión interna con la jefa de senadores.
El enojo en Balcarce 50 tiene que ver, además, con la demora en la aprobación de la suspensión de las PASO, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo, y que cerca de la secretaria general de la Presidencia le recriminan a Bullrich.
Por invitación de Karina Milei, Bullrich estuvo en Casa Rosada, en la previa de la reunión entre Milei y el papa León XIV, aunque en las fotos oficiales apenas apareció su imagen, a diferencia de otros funcionarios de segunda línea, como el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.
En el Poder Ejecutivo sostienen que, pese al enigmático posteo, el Presidente “sigue sin bajar línea de pegarle a Patricia” y otras voces libertarias ponen en duda que la sangre llegue al río.
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