El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, condenó hoy a tres años de prisión, de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia del ARA San Juan, que produjo la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el mismo fallo, los jueces absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

En una decisión tomada por mayoría, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez encontraron a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.

El fallo desconoció los pedidos que había presentado el Ministerio Público Fiscal, en un caso que fue seguido con atención en sectores de la Armada, especialmente entre quienes integran el Foro de Almirantes Retirados, por los efectos que una eventual condena a los cuatro oficiales superiores de la fuerza que enfrentaron el proceso podría tener en las camadas más jóvenes, como informó el último fin de semana. Institucionalmente, las autoridades de la Armada no fijaron posición sobre el tema.

El juicio por la tragedia del ARA San Juan se concentró en los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera del proceso judicial el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad.

El tribunal impuso a Villamide normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, no podrá cometer delitos y tendrá que someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).

Los cuatro oficiales de la Armada que enfrentaron el proceso judicial estuvieron presentes en la sala. Antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.

“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró el capitán Villamide en su exposición. Dijo que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, los marinos tuvieron que enfrentar la acusación.

“Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, dijo el exjefe de la Fuerza de Submarinos.

En una exposición tensa, declaró: “Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso y desgraciado, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.

También el contralmirante López Mazzeo, quien tenía a su cargo el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, cuestionó el proceso judicial y alegó que no se aportaron pruebas convincentes.

Afirmó que la documentación existente muestra que el motivo del naufragio fue el ingreso de agua por el sistema de ventilación y explicó: “Eso no tiene que ver con el estado de alistamiento del submarino”, al ratificar que el buque estaba en condiciones de navegar y entrar en inmersión.

“La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”, advirtió López Mazzeo.

El capitán Correa dijo que cumplió en forma rigurosa con todas las responsabilidades que la reglamentación le exigía. “Soy inocente. Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”, señaló ante los jueces. Y agregó: El dolor por la ausencia de los 44 submarinistas del ARA San Juan es un luto institucional”.

Alonso recordó que por su función le tocó acompañar a las familias de los submarinistas en los días de mayor incertidumbre y tensión en Mar del Plata. “No nos prepararon para eso”, dijo. Y recordó con emoción que, en medio de esas jornadas, su hijo le transmitió su decisión de ingresar a la Armada. “Quiero ir a buscar al submarino San Juan”, le confió. Hoy su hijo es guardiamarina, en la aviación naval.

Fiscales y querellas

El Ministerio Público Fiscal había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra constituido por el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Agustín Rossi. Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Correa, exjefe de Comunicaciones.

Las letradas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los marinos muertos en la tragedia, pidieron cinco años de prisión para los cuatro marinos por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.

En tanto, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre de una de las víctimas del siniestro, solicitó penas de siete a ocho años de prisión para los cuatro oficiales superiores de la Armada y dejó asentada la reserva federal.

Conocido el fallo, Tagliapietra anticipó a su decisión de apelar y avanzar con un pedido de nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal. Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las presiones y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, explicó el abogado.

Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa por presunta violencia contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó este miércoles uno de sus planteos y convalidó todo lo actuado en la causa.

Con su decisión, la Cámara allanó el camino del caso hacia el juicio oral. Desde abril del año pasado, Fernández cuenta con procesamiento confirmado por agresiones y maltratos contra la ex primera dama.

Sin embargo, dos de los tres jueces que hoy validaron el desarrollo del caso ordenaron también producir nuevos elementos de prueba en la causa y, bajo esa luz, “reevaluar la situación” del expresidente.

En su presentación ante la Cámara, Fernández había pedido que se anularan las actuaciones con el argumento de que el juez que las instruyó, Julián Ercolini, terminó apartado por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.

Pero hoy la Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de la Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.

“La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”, marcó el juez Eduardo Farah.

El fiscal del caso, Ramiro González, pidió la elevación a juicio oral del expediente hace casi un año, en agosto del año pasado, pero el expresidente interpuso recursos, el caso cambió de manos por orden de la Casación y fue perdiendo vigor.

Con el apartamiento de Ercolini, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

El fallo de hoy ratifica lo resuelto en la causa, pero le abre una ventana al expresidente para pedir nuevas medidas, lo que posiblemente demore aún más el proceso.

El camarista Roberto Boico, que en el pasado tuvo pronunciamientos favorables con el expresidente, pidió expresamente que se “reevalúe la situación del imputado”, más allá de la “validez de los actos del proceso”, un criterio que fue respaldado por el voto del juez Farah.

El inicio de la causa surgió como un desprendimiento del caso por los Seguros, en el que se investigan irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al expresidente.

En el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, la Justicia encontró conversaciones que evidenciaban posibles agresiones del expresidente hacia Yañez, quien, una vez que el caso tomó estado público, decidió impulsar una acción penal.

Luego, el caso se transformó en una guerra silenciosa entre Fernández y Yañez, con acusaciones cruzadas por fuera del expediente y filtraciones de conversaciones, fotos y audios.

En febrero de 2025, el juez Ercolini decidió procesar a Fernández por lesiones leves —reiteradas en dos oportunidades—, lesiones graves y amenazas coactivas; luego la Cámara Federal confirmó ese procesamiento.

Los hechos de violencia física que se le achacan al expresidente son dos: un golpe que le habría provocado una lesión en el rostro, en la zona del ojo; y un forcejeo o agresión que le habría dejado hematomas a Yañez en uno de sus brazos.