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Río Negro impulsa una ley para habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

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Río Negro anunció que enviará un proyecto de ley para permitir la comercialización formal de carnes salvajes como el jabalí y el guanaco. La iniciativa busca ofrecer nuevas alternativas proteicas a los consumidores y responder a problemáticas ambientales y productivas detectadas en la región patagónica. El gobierno rionegrino señaló que se trata de una acción que pretende modificar la normativa vigente, que limita el mercado formal de estas carnes, a pesar de su consumo extendido en ámbitos informales.

La propuesta surge en un contexto donde otras provincias patagónicas ya exploran opciones similares. Chubut, por ejemplo, realizó pruebas piloto con carne de burro. El avance de este tipo de proyectos responde a una demanda por diversificación de proteínas y a la necesidad de aprovechar recursos disponibles que, hasta el momento, escapan a los circuitos de control sanitario y trazabilidad.

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Según explicó en Infobae en Vivo Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Río Negro, la intención es regular una práctica ya extendida. Al mismo tiempo se busca garantizar condiciones seguras para el consumo y aportar un control efectivo sobre especies cuya población crece sin regulación natural.

“Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es una especie exótica que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó Banacloy.

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Proyecto para habilitar carnes de jabalí y guanaco

El proyecto de ley que impulsa la provincia de Río Negro apunta a incorporar al mercado formal carnes que han estado presentes en la dieta regional, aunque fuera del control oficial. Banacloy detalló que el jabalí, al carecer de controladores naturales, incrementa su población y causa daños considerables en los cultivos agrícolas extensivos. “Son animales que se mueven en grandes grupos y generan mucho daño sobre los cultivos que uno ya tiene hecho”, explicó el funcionario.

El guanaco, por su parte, constituye una especie autóctona cuya población, de acuerdo con el ministro, ya supera la cantidad de ovejas en la Patagonia. Banacloy precisó que, durante años, el guanaco estuvo incluido en listas internacionales de especies en peligro, pero actualmente la cantidad de ejemplares es elevada.

La propuesta rionegrina no busca desplazar otras carnes, sino sumar una alternativa formal, sostenible y controlada. “No va a ser una carne que va a ocupar un lugar que retire el del cerdo o el pollo. Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”, señaló Banacloy.

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El Gobierno de Río Negro sostiene que la comercialización formal de carne de jabalí permitirá controlar una especie exótica sin depredador natural

Motivos ambientales y económicos del proyecto

El impulso para habilitar la venta masiva de carnes salvajes tiene motivaciones principalmente productivas y ambientales. Banacloy argumentó que el principal motivo es el daño económico que provocan los animales silvestres sobre los cultivos. El funcionario describió que los jabalíes actúan como una plaga, arrasando plantaciones de maíz y alfalfa, productos destinados tanto al consumo interno como a la exportación.

Banacloy remarcó que el único control posible sobre la población de jabalíes es a través de la acción humana, ya que la caza deportiva perdió relevancia entre las nuevas generaciones. “La mayoría de las carnes salvajes son mucho más magras que las carnes tradicionalmente hechas en encierro. Es naturalmente un animal que tiene que moverse, que camina, que nada, cruza ríos para buscar alimento”, indicó el ministro.

En relación a la economía del consumidor, Banacloy reconoció que el consumo de proteínas alternativas responde a la necesidad de precios más accesibles, en especial tras la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la carne bovina. Sin embargo, aclaró que el objetivo central del proyecto es aprovechar una proteína localmente disponible y actualmente desaprovechada por cuestiones legales.

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Río Negro prevé que la carne de jabalí y guanaco ingrese a plantas de faena habilitadas y reciba controles veterinarios como los de otras carnes REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo

Formalización y controles sanitarios

Uno de los argumentos principales del gobierno de Río Negro es la necesidad de formalizar una práctica que ya existe en la región. Banacloy insistió en que el consumo de carnes salvajes ocurre desde hace mucho tiempo, pero mayormente fuera del circuito legal y sin controles sanitarios adecuados. “Lo que estamos haciendo es que estos animales puedan venir a un establecimiento habilitado, como va cualquier otro tipo de especie”, detalló el ministro.

El proyecto prevé que la carne de jabalí y guanaco ingrese a plantas de faena autorizadas y se someta a los mismos controles veterinarios que las carnes tradicionales, incluyendo exámenes para detectar enfermedades como la triquinosis. Banacloy enfatizó que “lo mejor que te puede pasar es que esté formalizado, porque ahí es donde perdés el control si no está formalizado”.

La iniciativa también contempla el concepto de “proteína de cercanía”, ya que los animales silvestres se encuentran en las inmediaciones de los pueblos patagónicos, lo que facilitaría la logística y reduciría los costos de transporte habituales en otras cadenas cárnicas.

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Cambios regulatorios y perspectivas

El avance del proyecto de ley requiere modificar normativas que, según Banacloy, tienen entre cuarenta y cincuenta años de antigüedad. El funcionario subrayó que la caza está permitida actualmente en la provincia, pero el objetivo es incorporar formalmente estas carnes al circuito comercial bajo un esquema de aprovechamiento sostenible, controlado y trazable.

La provincia busca así liderar un cambio estructural en el mercado de carnes del país, promoviendo opciones que ya forman parte de la cultura alimentaria patagónica, pero que hasta ahora permanecían fuera de la legalidad y el control sanitario.

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Alertan por una maniobra para que una secretaria de un juez K quede al frente de la causa de la mansión atribuida a Toviggino

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En los pasillos de Comodoro Py y el Penal Económico comienza a circular un rumor que toma cada vez más fuerza: en medio del Mundial, y mientras toda la atención está puesta en Lionel Messi y los suyos, crece una maniobra para colocar a una secretaria cercana a un juez kirchnerista en una de las causas más sensibles para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

El juez vinculado al kirchnerismo Alberto Lugones logró ubicar a su secretaria letrada en la terna para cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa de la mansión de Pilar.

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La noticia generó malestar entre Matías Yofe y Facundo del Gaiso, denunciantes del caso, quienes advirtieron en sus redes sociales que se trata de una nueva maniobra de “blindaje” para la AFA.

La candidata en cuestión es María Pérez Cárrega, colaboradora de Lugones en la propia Magistratura, quien pasó del puesto 12 del orden de mérito elaborado tras los exámenes de antecedentes y oposición a integrar la terna definitiva, tal como reveló el diario La Nación.

Tal como publicó Clarín, la designación llamó la atención dentro del propio ámbito judicial porque el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, tuvo un desarrollo inusualmente extenso y cambiante.

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El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. Sin embargo, la propuesta definitiva de la Comisión de Selección recién fue aprobada en abril de este año y meses después ratificada por el plenario del Consejo.

Actualmente ese juzgado clave para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, que ya tiene el expediente en su mano pero hasta acá se desconoce qué hizo con el caso.

La evolución del concurso es uno de los aspectos que más interrogantes genera. En la primera orden de mérito, elaborada sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales y del examen escrito, Pérez Cárrega ocupaba el 12° lugar con 150,20 puntos. Los tres primeros puestos correspondían a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, mientras que otros ocho postulantes también la precedían.

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Sin embargo, luego de las entrevistas personales realizadas ante la Comisión de Selección, la situación cambió de manera significativa. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de elaborar el informe sobre esa etapa del concurso, sostuvo que Pérez Cárrega había demostrado “un perfil integral y actualizado”, con especial capacitación en perspectiva de género y ética pública, y concluyó que su desempeño justificaba modificar el orden de mérito originalmente establecido. Barroetaveña renunció a la comisión de Etica de la AFA a principios de año.

En ese mismo dictamen señaló que, si bien los concursantes Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán habían tenido un desempeño correcto y demostrado idoneidad durante las entrevistas, Pérez Cárrega exhibió «un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada», circunstancia que —según el informe— justificaba reevaluar el orden de mérito.

Con ese fundamento, Barroetaveña propuso que el listado definitivo quedara integrado por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

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El informe fue posteriormente aprobado por la Comisión de Selección con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, y luego ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura.

Desde el punto de vista político, Lugones es el líder de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más cercana al peronismo. Y Lugones, en particular, vota en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.

El expediente revela además otro dato que resulta relevante. Al momento de elaborarse el dictamen, Labadens integraba simultáneamente varias ternas correspondientes a otros concursos que ya habían sido remitidas al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Barroetaveña recomendó aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y disponer que Pérez Cárrega integrara la lista complementaria.

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Semanas después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506 firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Poco después, el Decreto 588 oficializó la terna correspondiente al Juzgado Penal Económico N° 10, integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.

Entonces, de ocupar el puesto 12 pasó a integrar la nómina definitiva de candidatos para uno de los juzgados con mayor sensibilidad política del fuero, justamente el que deberá resolver buena parte de las investigaciones patrimoniales que involucran a la conducción de la AFA.

Claudio Tapia, AFA

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La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares

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Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue convocado hoy al Juzgado Federal N°2 de San Isidro para declarar en la causa en las que es investigado por presuntos sobornos.

Leal, que está detenido hace dos meses, cayó con drogas y millones de dólares en su poder. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.

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Leal fue titular de ARSAT y del Orsna durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses en el penal de Ezeiza.

La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. Será hoy indagado por el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro. Hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.

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A puro festejo y fumando un habano: se conoció un video de Insaurralde viendo el triunfo de la Selección en la casa de un empresario

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Luego de la difusión de las imágenes en las que Jesica Cirio muestra fajos de dólares guardados en un vestidor, se filtraron imágenes en redes sociales de Martín Insaurralde en una reunión con amigos en una casa en Puerto Madero mientras alentaban a la Selección argentina.

Se trata de la reaparición del exintendente de Lomas de Zamora, que está imputado en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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El video difundido en redes sociales fue captado durante el partido de la Selección argentina del sábado ante Suiza y muestra a Insaurralde celebrando y fumando un habano rodeado de conocidos.

El encuentro se realizó en la casa de Rodrigo Fernández Prieto, empresario de la construcción y expareja de la modelo Floppy Tesouro. En las imágenes, difundidas por el periodista Gustavo Méndez, se observa al exjefe de Gabinete bonaerense junto al anfitrión y a Juan Napoli, banquero y excandidato a senador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023.

La grabación representa una de las primeras apariciones de Insaurralde desde que salieron a la luz las imágenes de los dólares y la Justicia profundizó las medidas para determinar el origen y el destino del dinero.

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Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto cuando eran pareja

La Justicia busca determinar de quién eran los dólares del vestidor

El fiscal federal Sergio Mola sostiene como hipótesis que los dólares mostrados por Cirio pertenecían a la expareja y analiza incorporarlos a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los investigadores estiman que el efectivo observado en los videos podría alcanzar los US$10 millones, aunque la cifra todavía deberá ser establecida mediante las pericias y las medidas de prueba incorporadas al expediente.

La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y si fueron gastados o invertidos y si pudieron haber sido ocultados mediante supuestos testaferros.

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Leé también: La niñera de la hija de Jesica Cirio declaró que nunca vio el vestidor donde se habrían filmado los fajos de dólares

En ese contexto, Mola pidió analizar llamadas, contactos y movimientos de los teléfonos de Insaurralde, Cirio y otras personas investigadas.

El objetivo es determinar si existieron comunicaciones vinculadas con el traslado o el posible ocultamiento del dinero. La causa está a cargo del juez federal Luis Armella. Insaurralde y Cirio continúan imputados, pero hasta el momento no fueron condenados por los hechos investigados

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Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Selección argentina

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