POLITICA
Mientras siguen las negociaciones por la reforma electoral, el oficialismo reactiva su agenda legislativa en el Senado
Antes del receso legislativo, La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la sesión convocada para este jueves a las 12 en el Senado.
Con esa iniciativa, el oficialismo intenta retomar la agenda parlamentaria mientras continúan empantanadas las negociaciones con los bloques dialoguistas por la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la incorporación de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).
El temario fue acordado el pasado martes con la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además de esa iniciativa, la Cámara alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una serie de pliegos de integrantes del Poder Judicial.
La agenda también incluye un proyecto de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que propone declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
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Con el compromiso de los bloques de garantizar el quórum para la sesión de este jueves, los presidentes de bancada también definieron la hoja de ruta para después del receso invernal. En ese sentido, acordaron convocar a una nueva sesión el 6 de agosto para debatir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar legislación considerada obsoleta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Para esa misma jornada también prevén incluir el proyecto de Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, y el de Salud Mental, que aún no obtuvo dictamen y continúa en tratamiento en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.
En qué consiste el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado vuelva a ser revisado antes de su tratamiento en el recinto este jueves.
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Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
San Miguel de Tucumán, capital de la Argentina por un día
La senadora Ávila avanzó con el proyecto que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina, con carácter simbólico, cada 9 de julio. La iniciativa, acompañada por la legisladora de Convicción Federal Sandra Mendoza, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y Cultura y este jueves será tratada en el recinto.
El proyecto consta de dos artículos. El primero declara a San Miguel de Tucumán como “Capital de la República Argentina” todos los 9 de julio de cada año. El segundo establece que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.
La propuesta retoma el espíritu del decreto 81, firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que declaró a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. La diferencia es que la iniciativa busca otorgarle rango de ley a esa disposición.
En los fundamentos del proyecto, Ávila sostiene que la ciudad “ocupa un lugar central en la historia institucional de nuestro país” por haber sido sede del Congreso que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese sentido, recuerda que fue en la Casa Histórica de Tucumán donde los congresales proclamaron “solemnemente a la faz de la tierra” la voluntad de romper los vínculos con la Corona española y constituirse como una nación libre e independiente.
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POLITICA
Las otras causas sensibles que tramitan en la sala de la Cámara Federal que el Gobierno busca reconfigurar
El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.
La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio.
Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.
Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.
La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral.
La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.
Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan “concatenado” entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.
Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.
La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.
Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo.
Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.
El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.
$LIBRA y otros expedientes
Desde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.
Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli.
El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti —ya indagada— una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo.
El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.
La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.
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POLITICA
Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de dos juzgados del conurbano bonaerense
El presidente Javier Milei firmó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, una decisión que permitirá reforzar el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón continúan vacantes y son atendidos mediante un régimen de subrogancias. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Según pudo saber Infobae, la decisión fue adoptada tras un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la designación de Ana María Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi– para atender la situación de los dos juzgados federales que permanecen sin titulares y son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.
En la nota remitida a Mahiques, Salas explicó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón continúan siendo subrogados, una situación que obliga a otros magistrados federales a asumir, además de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales.
Ese esquema de funcionamiento se mantiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga para los jueces que intervienen en esas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de expedientes de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de juzgados de escasa actividad. Moreno y Morón concentran investigaciones por algunos de los delitos más complejos de competencia federal. Entre ellos figuran causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública, crimen organizado y otras investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan en el oeste del conurbano bonaerense. Esa realidad fue uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar el refuerzo de la estructura judicial de la jurisdicción.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las subrogancias constituyen una solución transitoria, pero que la acumulación de causas y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados deben atender simultáneamente expedientes de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes de investigación y audiencias, además de las responsabilidades propias de sus juzgados de origen.
Frente a ese escenario, la Cámara Federal de San Martín impulsó la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal todavía no fue puesto en funcionamiento, por lo que la magistrada permanecía a la espera de asumir funciones.
La propuesta elevada por Juan Pablo Salas consistió en aprovechar esa circunstancia para incorporar a la magistrada al fuero federal y aliviar la situación de Moreno y Morón mientras continúa pendiente la apertura efectiva del nuevo juzgado de Hurlingham.
La firma del decreto presidencial completa ahora el procedimiento constitucional previsto para su nombramiento y permitirá su incorporación al fuero federal mientras continúa pendiente la puesta en funcionamiento de ese tribunal.
Qué dice el decreto
El Decreto 589/2026 fue firmado por Milei y Mahiques y establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido aprobado previamente por el Senado y únicamente restaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar el nombramiento.
Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de la magistrada permitirá aliviar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada. De esa manera, la Cámara Federal de San Martín busca reducir el impacto que producen las vacantes existentes en ambos tribunales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas.
La decisión se inscribe además en el proceso de cobertura de cargos vacantes que impulsa el Ministerio de Justicia desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a completar cargos que ya habían obtenido acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir el número de tribunales federales que actualmente funcionan mediante subrogancias.
El nombramiento de Juan también se produce mientras permanece sin resolución otra designación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli.
El 4 de junio pasado, la Cámara alta aprobó el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, pese a que previamente la Casa Rosada había intentado retirar esa candidatura del Congreso.
Como informó Infobae, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación y procuró sin éxito evitar que el Senado avanzara con la votación. Finalmente, la Cámara alta otorgó el acuerdo constitucional, aunque el procedimiento todavía no fue completado.
A diferencia de lo ocurrido con Ana María Juan, cuyo nombramiento quedó formalizado este miércoles mediante el decreto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no firmó el decreto correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata permanece pendiente.
En ámbitos judiciales señalan que ambos casos responden a situaciones diferentes. Mientras la designación de Juan fue impulsada por una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes concretas en Moreno y Morón, la situación de Michelli continúa bajo análisis del Poder Ejecutivo luego de la controversia política que rodeó el tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación permitirá reforzar el funcionamiento de una jurisdicción estratégica para la investigación de delitos federales complejos, mientras continúa pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
POLITICA
El mensaje de Victoria Villarruel antes de la semifinal de la Selección contra Inglaterra: «No es un partido más»
La vicepresidenta Victoria Villarruel calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra al calificar a los británicos como “piratas usurpadores” y sostuvo que el encuentro no puede separarse del reclamo por las Islas Malvinas.
“Mañana (por hoy) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, comenzó Villarruel en la publicación difundida alrededor de la medianoche.
La vicepresidenta relacionó el partido con la soberanía de las Islas Malvinas, el recuerdo de Diego Maradona y la posibilidad de que sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi.
“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.
Luego cerró: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.
La postura de Villarruel contrastó con la de Lionel Scaloni, que durante la conferencia de prensa previa al encuentro pidió evitar que el partido se vinculara con el histórico conflicto por las Islas Malvinas.
“Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas”, expresó el entrenador de la Selección argentina.
El Gobierno rechazó el pedido de asueto presentado por ATE
La publicación de Villarruel se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei descartara el pedido de la Asociación Trabajadores del Estado para suspender las actividades desde el mediodía por la semifinal.
ATE había solicitado un cese de tareas desde las 12 para los empleados de la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados, los entes públicos y las empresas y sociedades del Estado.
El pedido fue rechazado por el Ejecutivo. En cambio, Ramiro Marra, exintegrante del espacio libertario, se manifestó a favor de interrumpir las actividades.
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“Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar”, publicó en X.
El encuentro fue considerado por la FIFA como un partido de “alto riesgo”. Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habrá un operativo de 1600 policías y estará prohibido ingresar al estadio con botellas, carteles, banderas o mensajes de contenido político, racial o provocativo.
Victoria Villarruel, Mundial 2026, Argentina, Inglaterra
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