El tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita, intimó a los peritos que analizan las cuentas de las empresas de la familia presidencial a que pongan fecha para la conclusión de su estudio, para poder dar comienzo al juicio oral.

El Tribunal Oral Federal N°5, presidido por el juez José Michilini, dispuso que los peritos tienen tiempo hasta mañana miércoles “para informar el avance de la tarea y la fecha de terminación” de ese análisis.

Con ese dato, los magistrados estarán en condiciones de ponerle fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de fin de año, según dijeron fuentes judiciales a .

Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni −subrogante en el tribunal− comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.

Ahora los peritos dirán la fecha de culminación de su trabajo y luego los jueces, en a lo sumo tres semanas, dirán cuándo comienza el juicio oral.

En tanto, las defensas y la fiscalía propondrán la reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300 previstos, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.

Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.

Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.

El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez serían los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, serían los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.

Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.

Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.

Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.

Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.

Por eso, el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.

La fiscalía, en principio, no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.

La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio, aún sin fecha.

Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner (hija de Alicia Kirchner) y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.

También Báez, dueño de Austral Construcciones; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.

La Cámara Federal de Casación abrió la puerta para evaluar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por falsear datos del INDEC cuando era secretario de Comercio durante el kirchnerismo, porque entiende que se encuentra prescripta por el paso del tiempo.

Los jueces de la Sala II del tribunal, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, rechazaron un recurso extraordinario del fiscal ante la Casación Mario Villar, evitaron que el caso vaya a la Corte y convalidaron la decisión por la cual ordenaron al tribunal oral que hizo el juicio que evalúe si la causa contra Moreno y su exnúmero dos Beatriz Paglieri se encuentra prescripta.

Los magistrados declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal y con ello quedó firme la decisión por la cual se ordenó al tribunal oral la revisión del fallo, a 17 años desde que ocurrieron los hechos.

Los magistrados consideraron que el escrito del fiscal Villar no cumplía con los recaudos que la ley exige para la admisibilidad del recurso, y dijeron que no iba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo cual decidieron su desestimación por inadmisible.

Los jueces basaron su fallo en el criterio sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia en lo relativo a los requisitos exigidos para la interposición del recurso extraordinario. El tribunal oral ahora queda ahora obligado a dictar un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción ajustado al estándar trazado por los jueces Borinsky y Slokar que ya señalaron que el asunto puede estar prescripto ya que la causa lleva más de 17 años de tramitación.

La causa se originó en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Moreno en el INDEC durante su gestión como secretario de Comercio Interior.

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, condenó a Moreno y a Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. La coimputada Marcela Filia fue absuelta y el fallo quedó firme y fue consentido por la propia fiscalía.

El 1° de julio de 2026, la Sala II, por mayoría de los jueces Slokar y Borinsky, con la disidencia del juez Javier Carbajo, había hecho lugar a los recursos de casación de ambas defensas, y ordenando que se dicte un nuevo fallo.

El tribunal oral había rechazado el planteo de prescripción al considerar que mientras Filia fuera funcionaria en el INDEC no operaba ese supuesto, aun cuando hubiera sido absuelta por una decisión firme y consentida por el fiscal.

La mayoría de Casación revocó ese criterio al sostener que el principio de que la causa no prescribe cuando un imputado es funcionario público tiene el propósito de evitar que corra el término mientras quien ocupa ese cargo pueda influir negativamente u obstaculizar el avance de la investigación. Y además dijo que el imputado que suspende los plazos no debe ocupar cualquier cargo público, sino uno que tenga incidencia sobre el asunto del proceso.

El tribunal oral había reconocido al absolver a Filia que no surgía de las constancias del expediente cuáles fueron las actividades que desarrolló en el INDEC, ni el cargo para el que fue contratada. Sin embargo, entendió que se trataba de una empleada administrativa que cumplió órdenes propias de sus funciones.

Pero la Cámara de Casación entendió que ese déficit no podía ser suplido luego para sustentar la suspensión del plazo. Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 2 deberán revisar nuevamente si corresponde o no declarar prescripto el caso.