POLITICA
Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya
“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.
Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.
Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.
La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.
El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.
Por qué Kueider seguirá con arresto domiciliario
La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.
Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.
A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.
Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.
La otra causa
En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.
Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.
En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.
La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.
CÓRDOBA.- La ciudad de Marcos Juárez, en el sudeste cordobés, elegirá intendente el 6 de septiembre próximo. La Libertad Avanza (LLA) no presentará candidato propio. Tampoco el peronismo cordobés, cuyos referentes son el diputado nacional Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora. Viven allí unas 30.000 personas y la actividad agropecuaria es su fortaleza.
Las dos alianzas oficializadas son Generación MJ, que impulsa a Germán Font (dirigente alineado con el oficialismo provincial), y Gerardo Pasquali, con Marcos Juárez Despierta (frente de la UCR y el Partido Demócrata). El exintendente Pedro Dellarossa coqueteó con los libertarios, pero irá con partido propio.
Fuentes de LLA afirmaron a que los tres candidatos con posibilidades de ganar -incluyen en el grupo a Pasquali, Dellarossa y a la vecinalista Verónica Crescente (hace cuatro años apoyada por Schiaretti)- están “alineados” con las políticas del presidente Javier Milei, por lo que la decisión fue no ponerle “la marca, el sello, a ninguno porque significaba ir en detrimento de otros”. Dijeron que hubo “acuerdo” para no competir.
El uso del plural a la hora de hablar incluye a los mayores armadores libertarios, como son Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y también al diputado nacional y jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni. Hubo negociaciones con Dellarossa, pero no lograron acordar. El exintendente tiene el apoyo de Mauricio Macri, según se lo hizo saber la dirigente Soher El Sukaria, quien responde al expresidente.
Tampoco el peronismo cordobés jugará con su sello. Sin posibilidades de ganar la ciudad, no hay candidato de Provincias Unidas o Unidos por Córdoba. Font, quien es funcionario del Ministerio de Bioagroindustria, se postula por la alianza que constituyeron el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria.
Dellarossa también fue funcionario de Llaryora. Estuvo a cargo del Ministerio de la Producción y también integró el directorio del Banco Córdoba. Se sumó al gabinete como parte del esquema del “cordobesismo” que impulsó el gobernador y regresó a su ciudad natal para candidatearse.
Marcos Juárez tiene una importancia en la provincia, más allá de por su peso económico (es centro de “la pampa gringa”) porque allí nació Juntos por el Cambio. En septiembre de 2014, Dellarossa fue electo intendente y, en el cine-teatro de la Sociedad Italiana, estalló el “se siente, se siente, Mauricio presidente”.
Aquella victoria municipal fue la base para que el Pro y el radicalismo replicaran la experiencia de la alianza en todo el país. Además, les permitió derrotar al peronista José Manuel de la Sota, socio de un competidor directo por la presidencia, como era Massa. Un año después, Macri ganaba la primera vuelta presidencial.
“No creemos en el Km 0. Para nosotros lo importante es ganarle al oficialismo provincial. No apoyar a ningún candidato es una forma de ganar, no canibalizamos a ninguno”, tomaron distancia los libertarios de Pro.
En 2022 se consagró intendenta Sara Majorel, quien se impuso sobre Crescente. Ambas fueron parte de la administración de Delarossa. En esa jornada, Macri festejó el triunfo. “Si no está roto, no lo arregles”, tuiteó.
En esa campaña electoral participaron todos los referentes de Juntos por el Cambio nacional y provincial (Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales) y también el entonces gobernador Schiaretti, quien fue en cuatro oportunidades para acompañar a su candidata.
campaña electoral participaron,Gabriela Origlia,Córdoba,Conforme a
POLITICA
Santilli gana poder y acumula nuevas áreas bajo su órbita: los otros movimientos subterráneos que decidió el Gobierno
El Gobierno dispuso por decreto que Diego Santilli concentre el control de ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras Arsat y el Correo Argentino pasarán a la órbita de su vicejefe y mano derecha Gustavo Coria, un movimiento que fortalece la estructura propia y de quienes están alineados con Karina Milei.
La medida quedó formalizada en el Decreto 581, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de Santilli. La reorganización se produce alrededor de la Jefatura de Gabinete y de las dos secretarías comunicacionales que dependen del Presidente.
Los cambios se producen después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su propuesta de estructura frente a los hermanos Milei y le fuera aprobado. “No creamos más áreas, sino que reordenamos al interior de la Jefatura y redujimos direcciones, subsecretarías y cargos por el traspaso del Ministerio del Interior a nuestra órbita”, comentó una fuente inobjetable a Infobae.
La reorganización saca de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esos cuatro organismos y empresas, que hasta ahora dependían del área conducida por Darío Genua, alguien que llegó a la administración nacional por recomendación de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move.
El cambio se produce mientras Arsat atraviesa el impacto de una causa judicial sobre su conducción anterior. Durante los allanamientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones en efectivo, además de drogas y equipos de espionaje, en propiedades del expresidente de la empresa Facundo Leal.
El dato central del decreto es que Santilli pasa a controlar de manera directa áreas de altísimo componente estratégico como son las telecomunicaciones, a través de ENACOM; y la agencia que controla qué información es pasible de ser revelada desde el Poder Ejecutivo o no, la AAIP. Ambas estructuras responden directamente al jefe de Gabinete, ni siquiera a sus vicejefes.
En tanto, Coria tendrá la responsabilidad sobre la conectividad terrestre y satelital que provee la empresa pública Arsat, así como el Correo Argentino, que tiene una importancia fundamental al momento de mirar la logística de lo que serán las próximas elecciones nacionales, ya que es la compañía de logística que ayuda al traslado de urnas y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esa jornada.
Genua, identificado dentro del Gobierno con el sector de Caputo, conservará únicamente el control del Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), la única empresa estatal que permanece bajo su órbita. También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.
El ENACOM, actualmente a cargo del interventor Juan Martín Ozores, es la autoridad de aplicación de las leyes sobre telecomunicaciones, servicios audiovisuales y comunicaciones satelitales. También administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias y fiscaliza a los operadores del sector.
La AAIP, por su parte, es el organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública y de controlar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.
En el caso de Arsat, el traspaso ocurre en medio de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica y luego se amplió a presuntas irregularidades en contrataciones. La causa derivó en la detención y en allanamientos sobre Leal. El Correo Argentino, a su vez, atraviesa un proceso de reestructuración con reducción de personal y gastos. Ese ajuste se inscribe en la decisión oficial de avanzar con su privatización.
Ese medio sostuvo que el reacomodamiento no implica por ahora cambios de nombres en la conducción de los organismos: Genua sigue en su secretaría y también continúan los titulares de Arsat, del Correo y del Enacom.
Dentro del sector de Caputo, algunas fuentes describieron la redefinición de competencias como un acuerdo y señalaron la continuidad de Genua como prueba de esa lectura. En otros sectores del Gobierno, en cambio, interpretaron la decisión como otro avance de Karina Milei sobre la estructura de influencia del asesor presidencial.
Podría ser un punto medio que encontró Santilli para hacer equilibrio entre ambas partes de la interna: quitar la estructura pero no a sus responsables. El jefe de Gabinete no considera que haya que seguir profundizando la guerra al interior del Gobierno.
La Jefatura de Gabinete solo sufrió una fuga a nivel organizacional: la salida de la Secretaría de Comunicación y Medios, la cual se consolidó como una estructura aparte y dependiente de manera directa de la Presidencia de la Nación.
Esto llevó a que en el Decreto publicado el lunes se dispusiera el traslado de diferentes direcciones y coordinaciones que permanecían bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno.
Esa área se encontraba bajo el mando de Agustina Vilanova, alguien de estrechísima confianza del entonces secretario Javier Lanari. Ambos presentaron sus renuncias antes de que se diera a conocer que Adorni había decidido reemplazar la cúpula de Comunicación y colocar al actual secretario Fabián Fernández.
La Subsecretaría ahora pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, área donde tiene mayor injerencia el sector ligado a Santiago Caputo. Así, esa área solo tiene dos subunidades: la Unidad de Gabinete de Asesores, por Alexia Sagemuller, que viene de trabajar en la Fundación Faro; y la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, que aún no tiene designación formal.
La Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Fernández, recibió dos subsecretarías y una dirección provenientes de distintas áreas de la Jefatura. Así, el área quedó con subesferas: las Subsecretarías de 1) Coordinación Administrativa y Legal; 2) Prensa y Actos de Gobierno; 3) Comunicación y Medios Públicos; y 4) Análisis y Planificación de Gobierno. En todas ellas no se conoce designación formal.
POLITICA
La Argentina participa de una cumbre convocada por Estados Unidos sobre el “resurgimiento del terrorismo político”
WASHINGTON.− El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, será el anfitrión este jueves de una cumbre en esta capital que contará con la representación de unos 70 países, entre ellos la Argentina, en la que se abordarán estrategias para contrarrestar lo que la Casa Blanca considera un “resurgimiento del terrorismo político”.
“Rubio invitó a representantes de diversas regiones, incluidas el hemisferio occidental, Europa y Asia”, señaló un vocero del Departamento de Estado a , que supo que entre los participantes estará la Argentina. El principal representante del Gobierno en el encuentro será el canciller Pablo Quirno, que tiene actividad oficial prevista en Washington.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la cumbre se organizó porque el terrorismo de extrema izquierda es “una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.
“Dado que esta amenaza no se ha abordado adecuadamente en el pasado, cada intervención, designación o programa de asistencia en materia de seguridad crea un efecto multiplicador que refuerza las contramedidas tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Pigott en un comunicado publicado en X.
De acuerdo a documentos internos del Departamento de Estado citados por ABC News, la reunión sentará las bases para una “acción coordinada” destinada a contrarrestar a organizaciones internacionales que “buscan implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”.
En mayo pasado, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó la nueva estrategia de contraterrorismo, centrada en “identificar y neutralizar rápidamente” lo que el documento publicado por la Casa Blanca denominó “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, radicalmente transgénero o anarquista”, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.
“Utilizaremos todas las herramientas constitucionalmente disponibles para mapear sus actividades en el país, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan herir o matar a personas inocentes“, amplió el documento.
“Haremos lo mismo con los Estados que patrocinan a dichos grupos y con aquellos gobiernos que lleven a cabo complots letales en suelo estadounidense o contra estadounidenses en cualquier lugar”, añadió.
El documento advirtió que actualmente Estados Unidos se enfrenta a tres tipos principales de grupos terroristas: narcoterroristas y pandillas transnacionales; islamistas de larga trayectoria, y extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.
“Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para afrontar la realidad de tales amenazas, así como para proteger a los ciudadanos norteamericanos y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, señaló un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters.
Pigott dijo que los esfuerzos se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil.
En ese marco es que Rubio convocó a altos funcionarios de más de 60 países para la cumbre que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. Además de la Argentina, otras de las naciones de la región invitadas son Chile, Perú y Costa Rica.
Según publicó The Washington Post este jueves, la reunión despertó inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, algunos aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
El diario norteamericano reveló además que a fines de mayo el Departamento de Estado celebró una reunión en La Haya sobre el movimiento Antifa y el terrorismo de izquierda, y que a mediados de junio “envió un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“, según dos fuentes al tanto del asunto citadas por The Washington Post.
“Varias embajadas respondieron, pero ninguna indicó que comparta la evaluación de la administración [Trump] sobre la amenaza”, señaló al diario una de las fuentes.
Un artículo de The New York Times de abril pasado, basado en documentos internos del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y de otros países, había destacado el “nuevo y amplio esfuerzo” de la Casa Blanca para “presionar a los gobiernos extranjeros y a las embajadas en el exterior” para que se unan a su lucha contra lo que denomina como “terroristas de extrema izquierda”.
“El gobierno de Trump está desplegando su maquinaria antiterrorista global contra movimientos de extrema izquierda como Antifa a pesar de ofrecer pocas pruebas de que representen una amenaza grave para los ciudadanos estadounidenses”, indicó el artículo.
Según The New York Times, uno de los líderes de la iniciativa, Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, “presionó a aliados para designar a más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas”, para que “investiguen a los grupos” y “busquen conexiones entre ellos y los estadounidenses”.
https://t.co/uXUnKl9yCY,July 9, 2026,Guillermo Idiart,Donald Trump,Marco Rubio,Javier Milei,Conforme a
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