POLITICA
El Gobierno presentó una protesta formal ante Reino Unido por el paso de un buque de guerra británico por el Mar Argentino
Inmediatamente después del triunfo mundialista ante Inglaterra, el Gobierno confirmó que este lunes presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido con la que rechazó los movimientos por el Mar Argentino de un buque de guerra británico ilegalmente destacado en las Islas Malvinas y reiteró el reclamo por la soberanía del archipiélago.
En un comunicado, que fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno rechazó los movimientos del buque HMS Medway, que zarpó el pasado 4 de julio desde Malvinas con destino a Punta Arenas, Chile, para tareas de reaprovisionamiento. En su recorrido, la nave cruzó aguas bajo soberanía argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La Cancillería cuestionó que dichas maniobras “no fueron debidamente notificadas de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”, como exige el Acuerdo de Madrid II de 1990 y su ampliación de 1991.
“En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”, escribió en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno con una referencia al triunfo de la Selección en la semifinal de la Copa del Mundo.
“Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos”, remarcó el comunicado. Y agregó: “El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que tales movimientos “inconsultos e ilegales” contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a una “larga serie de acciones unilaterales” que el Reino Unido realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dicha resolución exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía.
“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacifica y negociada de la controversia”, sentenció la Cancillería.
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Y finalizó: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios maritimos circundantes. Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.
Islas Malvinas, Gobierno
POLITICA
Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval
En un nuevo escándalo que sacude a la Armada, la justicia federal investiga una denuncia sobre maniobras fraudulentas en la liquidación de haberes del personal, que comprendería manejos irregulares por unos $1600 millones.
El fraude habría sido advertido por una teniente de navío, que a la vez es contadora pública y desempeña tareas en el área de liquidación de sueldos del personal, explicaron fuentes navales a .
Tras la conmoción interna y averiguaciones preliminares que se llevaron adelante dentro de la fuerza, la denuncia penal fue presentada finalmente por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio, en los tribunales de Comodoro Py. Aparecen involucradas en las maniobras unas 23 personas, entre militares en actividad y en situación de retiro, personal civil de planta permanente, contratados y jubilados. Incluso, figuran cuatro personas que no poseen vínculos laborales con la Armada.
La denuncia se conoció días después de que el presidente Javier Milei girara un refuerzo presupuestario por $218.000 millones para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, un viejo anhelo de la Armada, en medio de las tensiones del gobierno argentino con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.
En la presentación judicial se afirma que el fraude alcanza los $938 millones, por maniobras realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, luego de que algunos de los beneficiados restituyeran $42,5 millones. Sin embargo, fuentes de la Armada indicaron a que $938 millones es la suma comprobada, pero que la investigación interna sigue su curso y el perjuicio sería mayor, por lo que se llega a la cifra estimada de $1600 millones.
En la denuncia se menciona que entre las 23 personas beneficiadas con los pagos indebidos, la que mayores sumas percibió es la señora María del Carmen Prieto, quien cobró $152,2 millones en 46 acreditaciones. Es la cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista de la Armada, capitán de navío y contador Ariel Baltasar ATANASOFF,. quien en agosto fue relevado preventivamente de la fuerza. Su esposa es una de las cuatro personas que recibieron los pagos sin tener vínculos laborales con la Marina.
En la denuncia penal se indica que las otras tres personas sin relación con la fuerza naval que cobraron son Damián Andrés Santana ($99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones).
Las maniobras irregulares comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.
El escándalo sorprendió al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, de visita oficial en Asunción, para asistir a la celebración del Día de la Armada local. Incluso, fue condecorado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien le entregó la Medalla al Mérito.
Pagos en dólares
Según la presentación judicial, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.
También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.
La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.
“Constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”, se indicó en el comunicado.
Además, la fuerza que conduce el almirante Romay aseguró que “la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina”. Y agregó que “existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.
El diario Ámbito Financiero reveló que “la cadena de complicidades se habría roto a partir de que una teniente se negara a recibir un suplemento del que debía devolver la mitad”
Se estima que la Armada mantiene unos 35 oficiales en misiones estables en el exterior, a través de agregadurías navales y de defensa, a lo que se suma el personal que integra misiones de paz y de cooperación técnica en otros países, con roles específicos y relevos periódicos. También hay viajes transitorios por comisiones y adiestramientos.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
“¡No concedan nada!”: Milei se radicaliza como nunca y hay cortocircuitos entre el equipo económico y el político
“¡No concedan nada!”. A puertas cerradas, en la Casa Rosada, Javier Milei habló durante casi cinco horas el último lunes. Primero frente a ministros; después frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lo del Presidente incluyó su habitual diatriba interminable contra periodistas y economistas críticos. Pero, sobre todo, fue una bajada de línea: el jefe de Estado les ordenó a los miembros de su tropa que rechacen categóricamente que exista un deterioro económico. En idioma libertario, “no se dejen psicopatear”.
Milei no admitió falla alguna en su programa y desconoció las dificultades de la economía real. Los legisladores se animaron a hacerle 20 preguntas y él negó de plano una caída de la actividad, desmintió la pérdida de puestos de trabajo y refutó una caída del poder adquisitivo de las familias. El adoctrinamiento hacia su equipo implicó, también, cierta vigilancia sobre la performance del oficialismo en la conversación pública. Como si estuviera enojado con los propios porque nota que dejan pasar las balas.
“Javier está parado en que todo está funcionando bien. Como enceguecido”, describió uno de los presentes del encuentro en la sede de gobierno. Ante la crítica pública y la caída en las encuestas, Milei se atrinchera en sus posturas. Lejos de revisar, se radicaliza.
El mandato presidencial impacta de lleno en el equipo económico, que no puede hacer más que movimientos milimétricos en la gestión. Si bien moderó las proyecciones macro para el año próximo, el Presupuesto 2027 incluyó zancadillas para profundizar la motosierra. El capítulo 6 pretendió derogar “por la ventana” artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue un bombazo para el ala política, que en el preciso momento en el que ingresó la “ley de leyes” al Congreso venía desplegando negociaciones sensibles con los aliados para evitar una derrota en manos de la oposición con ese tema.
En toda la trama se vio una fuerte desconexión interna en el Gobierno. El Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Y Martín Menem se desayunó con el capítulo de la discordia sin poder anticiparse al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto, en general, se nutre de la información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica, antes de la revisión y firma final del Presidente.
No es que no se hubiera discutido el tema en los días previos: el equipo económico quería fijar postura con el tema Discapacidad dentro del Presupuesto (igual que había hecho en diciembre de 2025), pero el “ala parlamentaria” había advertido sobre la inconveniencia de la jugada. “Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones”, dijo una importante fuente del oficialismo en Diputados.
Finalmente, se volvió al plan parlamentario original. Nadie descarta que asome otro “martes 13”: a medida que la oposición estudie en detalle la hoja de ruta presupuestaria, pueden asomar nuevas polémicas. La obra pública -que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores- podría, por ejemplo, detonar nuevos chisporroteos.
Legisladores ofuscados
Del encuentro con el Presidente el lunes varios legisladores nacionales se fueron embroncados. No aquellos sin experiencia que accedieron a una banca colgados de la boleta violeta -y que suelen ser los primeros aplaudidores de los hermanos Milei- sino los que tienen trayectoria política propia. Aquellos que, fuera del palacio, caminan la calle y se rozan con el mundo privado en eventos y cócteles. “Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar”, se ofuscó un legislador a la salida de Balcarce 50.
La otra curiosidad de la jornada fue que, producto de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: “No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?”. La que no quiso esperar fue Patricia Bullrich, que se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Es cierto que ya había escuchado a Milei en la reunión de gabinete previa pero, poco después de dejar la Casa Rosada, se desmarcó con sutileza en X: “Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados”, dijo.
Cuando habla sobre el panorama económico, Milei oscila entre las argumentaciones teóricas basadas en bibliografía precisa y apreciaciones de casuística. El Presidente apunta al “equilibrio general”. Ahí subraya que tuvo “crecimiento durante 27 meses consecutivos”, pobreza a la baja y la inflación desacelerando. “En todo caso hay una reasignación de recursos y tensión entre sectores”, reconoce, respecto a los ganadores y perdedores de su modelo.
Esa teorización se marida con apreciaciones como “es mentira que la gente no llega a fin de mes porque patearíamos cadáveres en las calles”, “es mentira que cayó el consumo por las filas en la avenida Corrientes”, “es mentira que cayeron los puestos de trabajo porque aumentó el empleo informal”. Para cada dato oficial negativo, hay un asterisco presidencial para discutirlo.
“Milei les da herramientas para defender el programa económico de la manera que él cree que hay que hacerlo. Y lo hace con su tono de siempre. Lo que busca es explicar la economía, hace esfuerzos para que su mensaje llegue a todos los propios”, defendieron cerca del jefe de Estado.
El resultado de la lección presidencial se pudo ver en las redes. Algunos diputados -los más obsecuentes- rápidamente generaron contenido con foco económico. Karen Reichardt celebró el despido de 70.000 empleados públicos bailando en su oficina. Virginia Gallardo explicó conceptos básicos de economía con el libro que recomendó Milei en la mano, mientras realizaba su rutina de belleza frente al espejo.
Pero otros legisladores comenzaron a mostrar hastío por la lógica de construcción política que impera por estos días en LLA. “Nos dicen vengan, escuchen que nosotros les contamos cómo son las cosas porque ustedes no entienden nada. Javier marca la línea económica y Karina la línea política. Y no se discute”, se quejó un diputado experimentado.
Toda la narrativa presidencial se pondrá muy a prueba en los próximos días. Esta semana y la que viene se van a conocer varios indicadores clave. Hoy se difunde el PBI del segundo trimestre, el primer gran dato con el que el mercado va a chequear si se confirma la desaceleración que ya venían anticipando las consultoras privadas. El lunes 21 llega el índice de salarios, clave para saber si los ingresos le ganan o no a la inflación. El miércoles 23 se conocen las ventas de julio en supermercados, mayoristas y shoppings, el termómetro más directo del consumo de los hogares (si bien hay una discusión en torno al e-commerce). Y el jueves 24 se acumulan dos datos sensibles el mismo día: el EMAE de julio (la foto mensual de la actividad económica) y la pobreza del primer semestre de 2026, uno de los números más esperados y políticamente más pesados del año.
El Observatorio de la UCA advierte por una posible suba de la pobreza. El Presidente pide dar la batalla cultural pero serán los datos oficiales los que pasarán el mensaje más nítido a todo el sistema.
Karina, la bajada política
Por su parte, el mensaje de Karina a la tropa fue que se puede confrontar con virulencia con el kirchnerismo pero hay que tener “precaución” con los aliados. Diego Santilli aceleró las negociaciones con un grupo de gobernadores. El jefe de Gabinete también debe hacer movimientos milimétricos bajo las directrices de la hermana presidencial. Ella sólo será generosa en lo electoral con aquellos que apoyen la suspensión de las PASO.
“La voluntad de suspender las PASO está. Nadie quiere que la gente vaya a votar seis veces. Lo que hay es un problema de garantías. Quien da la muestra de fe primero”, sintetizó un importante funcionario de la Casa Rosada.
La resistencia de Karina Milei a ceder en lo político tiene a la reforma política empantanada en el Senado: esta semana se trató el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales sin que hubiera estrategia parlamentaria alguna. Patricia Bullrich admitió ahi mismo que el oficialismo no tiene los votos.
Después de participar muy sonriente de una reunión con Santilli y otros tres gobernadores del “norte grande”, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió: “La paciencia se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de reciprocidad para con los gobernadores que ayudamos”.
Con toda la agenda legislativa muy trabada en el Congreso, lo que avanza con sorpresiva fluidez es la agenda judicial que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ahora está afinando el proyecto para reorganizar los tribunales federales: según pudo reconstruir Infobae, Comodoro Py pasaría de 12 a 10 juzgados; habría un achicamiento del fuero Penal Económico, se comprimiría la Cámara de Casación, de 13 a nueve vocalías y se reducirían fiscalías y juzgados nacionales. Como contraparte, se crearían nuevos juzgados en las provincias del interior. La iniciativa se traduce como un nuevo reparto de poder: habrá una cuota más grande para los gobernadores y para los jueces que permanezcan en Py, con un bolillero más favorable en el sorteo de causas.
Fluidez judicial
Mahiques también prepara una reforma del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 20 a 15 miembros, aunque el número final todavía se discute.
Pero sin dudas la novedad del momento es la ventana de oportunidad que el kirchnerismo le está abriendo al Gobierno para hacer nombramientos de jueces. La votación de Pablo Yadarola como nuevo camarista federal con apoyo casi unánime de Unión por la Patria asoma como un símbolo del cambio de estrategia. Como si después de larguísimos años yendo “por las malas” contra la familia judicial bajo la retórica del lawfare, ahora primara mayor pragmatismo. Ya se agotó el tiempo para la “democratización de la Justicia” o el diseño de un Poder Judicial afín al PJ. Cristina ahora está presa y además avanza la causa Hotesur que puede complicar a Máximo Kirchner.
Mientras la expresidenta refuerza su equipo jurídico con expertos de otros países y busca generar presión internacional en la causa Vialidad, su tropa trabaja bajo un mayor realismo operativo en la cuestión judicial doméstica.
“El kirchnerismo se ha comido un revés judicial tras otro con Cristina. Y ahora ella ni siquiera puede tomar sol. En otro momento hubieran salido coralmente a cuestionar la política judicial del Gobierno. Ahora, sorprendentemente, prima el silencio”, analizó un colaborador del peronismo que sigue muy de cerca la trama judicial.
En el medio, hay diálogos cruzados entre el equipo judicial de Milei y algunas espadas judiciales de la expresidenta. En el caso de Yadarola, el peronismo optó por aportar sus votos cuando entendió que igualmente no le alcanzaba para impedir su nombramiento. No hizo lo mismo con el otro camarista, Pablo Bertuzzi. Ahora toda la atención está puesta en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para llenar, entre otras vacantes, un lugar en el TOF 5 que va a iniciar el juicio de Hotesur. Nadie sabe qué nombre elegirá el Gobierno: el concurso es múltiple y muchos de los que quedaron mejor posicionados ya fueron nombrados en otros juzgados (un fenómeno inédito, que solo se explica por el festival de designaciones).
Mahiques tiene una libertad para maniobrar casi única en el gabinete. El ala política no puede decir lo mismo. Quisiera, por caso, encontrar los márgenes para, dentro de la visión mileísta, poder tomar medidas que incentiven la actividad económica. Por ejemplo, con más créditos en dólares. Un importante ministro lo dijo así: “Va a haber más medidas para incentivar. Va a ir sucediendo despacio. Hay un debate largo sobre cada medida porque primero tienen que cuadrar en la cabeza del Presidente”.
Parece difícil que Milei admita oportunidad de mejora alguna. Su capacidad de celebrarse a sí mismo y convencerse de que está en lo correcto arroja escenas curiosas. Como cuando festeja que lo mencionan en The Economist, bajo el grito de “fenómeno barrial”. El artículo citado por el presidente decía: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento. Sin ello, el experimento liberal podría terminar el año que viene”.
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POLITICA
El Gobierno eliminó artículos clave de la emergencia en Discapacidad en la ley de presupuesto y tensiona el vínculo con los aliados
La emergencia en discapacidad es uno de los focos de mayor tensión para el Gobierno en el Congreso. Si bien el oficialismo anunció que trabaja en un proyecto “superador” de la prórroga impulsada por los bloques opositores, que contemple los “innegociables” que exigen los aliados que acompañaron la iniciativa el año pasado, la ley de Presupuesto enviada a Diputados anoche avanza en sentido contrario. “La estocada final”, así lo describen desde el sector de prestadores.
En concreto, propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.
El Poder Ejecutivo plantea en el Presupuesto que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.
La jugada del Gobierno generó sorpresa entre los aliados de Pro, la UCR e Innovación Federal y podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.
No es la única modificación que introduce el Presupuesto. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Hasta ahora, la oposición dialoguista miraba de reojo las intenciones del oficialismo, que intenta hacer propio el proyecto de discapacidad para imprimirle su impronta y matizar cualquier golpe político en el Congreso. En las conversaciones con LLA, sin embargo, los aliados habían dejado en claro cuáles eran sus principales exigencias: el pago de las compensaciones de emergencia a los prestadores y el compromiso de no modificar la fórmula del nomenclador. Ninguno de esos dos puntos parece cumplirse en el presupuesto.
La maniobra no tardó en tener consecuencias y derivó en una reunión a primera hora de la mañana entre LLA y Pro. “Es solucionable”, aclara un diputado libertario, en un intento por morigerar el impacto de la medida. Otros, en cambio, se jactan de que los cambios no son tales y sostienen que se compensan con partidas voluminosas para el área de Discapacidad.
La incertidumbre también alcanza al bloque de Provincias Unidas, que conduce Gisella Scaglia. Desde la bancada alertan sobre los riesgos que podrían producirse si cae la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre.
Una de las principales alertas está puesta en la situación jurídica de las medidas contempladas en la ley 24.901, como la regularización de deudas y las compensaciones a prestadores: no está claro si seguirían vigentes o si requerirían una nueva base normativa.
También preocupa el nomenclador, cuyo aumento podría quedar sujeto a la discrecionalidad del Gobierno al no existir una regla de actualización.
Frente a este escenario, los bloques esperan con cautela la comisión informativa de este mediodía, en la que expondrán representantes de las principales asociaciones y cámaras de prestadores del país. Se prevé que den cuenta del cuadro que atraviesa el sector, golpeado en gran medida por el incumplimiento del pago de las compensaciones de emergencia a las prestadoras. Una deuda que supera los $340.000 millones, según indicaron fuentes parlamentarias a .
“Entendemos que la emergencia va a finalizar cuando tengamos el cronograma de pagos”, señalaron desde las filas de Pro. La advertencia no es casual. Antes de la sesión en la que el oficialismo cedió ante la presión de Unión por la Patria y aportó al quorum, dejando expuesta a la bancada amarilla, que se limitó a reclamarle al Gobierno respuestas sobre esta cuestión.
“Innegociables”
A fines de contener al partido amarillo, el oficialismo ya le habría hecho llegar un compromiso de pago.
Entre los “innegociables” de Pro figuraba además la actualización automática y mensual de los aranceles del nomenclador, ya sea mediante el IPC, como rige actualmente, u otro mecanismo que evite cualquier desajuste.
Asimismo, piden acelerar los plazos de pago a los prestadores -que actualmente pueden superar los 90 días-, fortalecer y ampliar los mecanismos de auditoría de las pensiones, y mejorar el proceso de alta de usuarios en el programa Incluir Salud.
La encargada de tomar nota por parte del oficialismo es Laura Rodríguez Machado. La diputada se ocupó de tender puentes con los aliados, a quienes ya les habrían enviado respuestas a algunas de sus demandas y trasladado sus exigencias al Ejecutivo. La última palabra, en tanto, la tenía el Ministerio de Economía.
Un escenario que quedó expuesto durante la comisión informativa encabezada hace dos semanas por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien se mostró incómodo ante las consultas por el pago de las compensaciones de emergencia correspondientes a 2024. “Tienen que preguntarle a Economía”, respondió el funcionario al dar por terminado el encuentro.
Un argumento similar recibieron los jefes de bloque de la oposición dialoguista durante una reunión con el número dos de Vilches, Gianfranco Scigliano, lo que encendió las alarmas de Pro y la UCR.
La situación aumentó la presión sobre el oficialismo, que la semana pasada se reunió con representantes de las áreas de Discapacidad y Economía. En las filas libertarias ya anticipaban que el Presupuesto iba a explicitar la postura de la cartera que conduce Luis Caputo y que su contenido sería clave para determinar si la fórmula de actualización vigente del nomenclador seguiría en pie.
Mientras tanto, los prestadores aseguran que el Gobierno no se comunicó con ellos para incorporarlos a una mesa de trabajo que tenga en cuenta sus necesidades al momento de redactar un nuevo despacho.
Fuentes conocedoras del sistema prestacional ratifican que el principal incumplimiento de la emergencia a nivel nacional, radica en las compensaciones de emergencia. Para acceder a esos pagos, explican, presentaron meses atrás toda la documentación requerida ante las tres áreas que intervienen en el proceso: PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Algunos, incluso, debieron acogerse a una moratoria de ARCA, ya que para percibir las compensaciones no pueden mantener deudas con el Estado, una condición que establece la propia ley de emergencia.
Pese a haber iniciado los trámites, los prestadores denuncian que no recibieron ningún cronograma de pagos ni detalles sobre el monto que finalmente se les acreditará.
Algunos diputados involucrados en el tema hablan de un reconocimiento equivalente al 30% de lo facturado en ese período. Sin embargo, ese desfasaje, que aún permanece impago, tampoco se incorporaría a la base prestacional para actualizaciones futuras.
En los hechos, funcionaría como un “bono de pago único”, que no modifica el valor de referencia sobre el que se calcula el nomenclador. Es decir, aunque esa base haya sido actualizada por inflación, el ajuste seguiría aplicándose sobre un valor por debajo, alertan desde el sector.
Fuentes del sector estiman que en algunos casos la brecha alcanza el 60% respecto de los valores de referencia. Para dimensionar la situación, ponen como ejemplo los $5000 diarios destinados a cubrir el desayuno, almuerzo y merienda de cada chico en centros educativos. Para los beneficiarios celíacos, el valor es el mismo, pese al mayor costo de su alimentación.
Desde el oficialismo admiten que reclamos como estos se repetirán durante la comisión informativa, previa al 23, cuando está previsto que se llegue a un dictamen. “Nos van a tirar con todo”, se cubren. A ese escenario se suman ahora los cambios incluidos en el proyecto de presupuesto, que vuelven a tensionar el vínculo con los aliados.
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