POLITICA
Axel Kicillof busca impulsar un sucesor de su riñón frente a la amenaza del kirchnerismo
LA PLATA.- Axel Kicillof acelera su armado y busca fortalecer a los potenciales candidatos a la sucesión en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política.
El mandatario, que no tiene reelección y tiene pensado competir por la Presidencia de la Nación, retomó los discursos y las fotos en tono de campaña tras el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial de fútbol.
Kicillof estuvo hoy en Avellaneda. Hizo alusión al Mundial, a la hora de criticar a Javier Milei. “Piensen en la celeste y blanco”, dijo, y llamó a votar en contra de proyectos oficialistas en el Congreso tras reclamar una deuda de la Nación con la provincia.
En el municipio del sur del Gran Buenos Aires lo recibió Magdalena Sierra, intendente interina en reemplazo de Jorge Ferraresi, su esposo, que tomó licencia para abocarse a su campaña como gobernador en 2027.
En Avellaneda, también estuvo presente Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires, también lanzado a competir por el mismo espacio.
Mañana Kicillof se mostrará a pocas cuadras de la gobernación con el intendente de La Plata, Julio Alak y con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Los dos funcionarios integran la grilla de los posibles sucesores, aunque no compiten abiertamente con Katopodis ni Ferraresi.
El MDF resolverá puertas adentro quién será su candidato único y luego, con ese nombre ya consolidado, irá a una Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) -o a una negociación directa- con los demás sectores del peronismo bonaerense.
De entre estos cuatro nombres, más el de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza que también asoma como aspirante, saldrá el representante de Kicillof para la sucesión del año que viene.
Katopodis, ministro de Infraestructura provincial que acompañó hoy al gobernador, lleva más tiempo en la construcción territorial dado que recorrió toda la provincia desde que llegó a la cartera dedicada a financiar obras en 2023. Y antes hizo lo mismo como ministro nacional del expresidente Alberto Fernández.
Tiene un diferencial: el triunfo al frente de la lista de senadores provinciales por la Primera Sección en las legislativas de 2025. Esta sección es la que actualmente tiene más votantes: allí sacó diez puntos de diferencia sobre su adversario legislativo. Cuenta con el apoyo de varios intendentes, tanto del interior como del Gran Buenos Aires. Y en las últimas semanas subió el perfil para reclamar dinero para obras al gobierno nacional de Milei.
Kicillof retomó hoy este reclamo. “En la Región Capital de la Provincia lanzamos una obra histórica que es la planta depuradora de agua y también avanzamos con una obra para disposición de los residuos cloacales. Hemos pedido una autorización del Gobierno nacional para el financiamiento de obras con financiamiento internacional y Milei no nos lo quiere dar. No solo no hace y paró toda la obra, sino que se cree con el derecho de no acompañar a la provincia de Buenos Aires en aquellas cosas justas y necesarias que estamos emprendiendo”, dijo Kicillof.
El gobernador habló así en territorio de Ferraresi, donde inauguró un Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, una obra gestionada por Katopodis.
El gobernador se mostrará mañana con Alak, intendente de La Plata, de amplia trayectoria en cargos municipales, provinciales y nacionales: fue ministro de Justicia de Cristina Kirchner y desde allí armó toda una red con funcionarios judiciales. A la vez, cuenta con el activo de tener buena llegada a las distintas terminales del justicialismo. Mañana recibirá a Kicillof en el Pasaje Dardo Rocha para entregar escrituras.
En ese mismo acto se espera la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, que desde la gestión busca medir en ese espacio. Por ahora, Bianco está más abocado a sostener el armado para la candidatura nacional de Kicillof y expandir el movimiento a otras provincias. El lunes salió a denunciar que hay actores internos que juegan a perder. Se interpretó como un tiro por elevación al kirchnerismo, que es crítico de Kicillof.
¿Habrá PASO?
Kicillof sale a apalancar a los candidatos a gobernador del MDF, pero habrá una discusión más amplia del peronismo de cara a la sucesión provincial en 2027: seguirá la negociación con el armado de intendentes formado por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Este sector se denominó grupo AFA, dado que se reunieron a jugar al fútbol y hablar de política en las inmediaciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.
La negociación más dura será, sin embargo, con el grupo alineado con Máximo Kirchner. No está claro aún si el diputado nacional se anotará personalmente para suceder a Kicillof, pero ya camina la provincia de Buenos Aires con la intención de armar una estructura alternativa a la del gobernador. En este espacio se inscribe la intendente en uso de licencia Mayra Mendoza, ahora diputada provincial.
No son los únicos intendentes que caminan la provincia: Mariel Fernández, alcalde de Moreno, aspira a llegar a la Casa de Gobierno por el Movimiento Evita. Empapeló el conurbano bajo la consigna: “Se viene Mariel”. También entre los que se anotan a suceder a Kicillof, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que tiene mejor llegada con el espacio de Cristina Kirchner.
Por el Frente Renovador tiene aspiraciones el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Y desde el interior se anotan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia. El primero es el actual intendente de San Nicolás, en tanto que su hermano es diputado provincial. En Buenos Aires, las PASO no están suspendidas.
Milei no nos lo quiere dar. No solo no hace y paró toda la obra,,María José Lucesole,Axel Kicillof,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
El juez Lijo impulsó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un incremento patriomonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó la batería de medidas de prueba solicitadas en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionario por la provincia de Buenos Aires de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Así lo informaron a fuentes judiciales que intervienen en el caso.
Pollicita había impulsado formalmente la investigación la semana pasada y reclamado una veintena de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del dirigente.
Entre ellas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, requerir sus declaraciones juradas a ARCA, información sobre bienes a los registros de la propiedad y datos sobre cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas al Banco Central.
Todo este paquete fue aprobado hoy por el juez Lijo.
También ordenó informes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), otros a la Comisión Nacional de Valores (CNV), información a más de 20 exchanges de criptomonedas solicitando la dirección de posibles billeteras virtuales a nombre de Tapia y legajos a la Conmebol sobre los cargos e ingresos percibidos por Tapia.
Asimismo, el juzgado solicitó a las oficinas públicas de CABA y de la Provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia con sus anexos reservados e intimó al Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar su legajo laboral completo e informe de ingresos
En esta causa, Tapia es investigado como funcionario de la Ceamse, un organismo mixto, encargado de la gestión de residuos en el AMBA, cuya representación bonaerense está en manos de Tapia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
La causa proyecto otra sombra sobre el panorama judicial que tiene por delante el presidente de la AFA. Está procesado en una causa impositiva, en le fuero Penal Económico; fue alcanzado por una causa de posible lavado, alrededor de la quinta ligada a la AFA; y ahora toma forma en Comodoro Py este otro frente patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que cuestionó la evolución patrimonial del titular de la AFA entre 2016 y 2025.
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POLITICA
Discapacidad: el Gobierno quiere derogar la ley de emergencia y puntos históricos del sistema de prestaciones
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.
El corazón de la reforma apunta a modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, quedaría sin efecto el listado con aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que ofrecen servicios a las personas con discapacidad.
El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.
La motosierra al andamiaje legal se observa en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.
“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales. Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado. Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Y ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, expuso el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.
“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.
Cómo se actualizarán los aranceles
Mientras se otorga mayor discrecionalidad a los prestadores privados, cuando el prestador es público, los aranceles de las prestaciones deberán ser fijados de forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Es decir, lo define el Gobierno.
“Si ese ajuste no se realiza dentro del período previsto, el texto dispone que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, aclara el texto.
Otro de los puntos que se eliminan es el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores, advierten desde el peronismo”.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, denunció que el proyecto enviado al Congreso busca “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”. Puntualmente, agregó que, con la “fragmentación del sistema” al disolver los valores únicos en las prestaciones, habrá una “presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y riesgo para la continuidad de las prestaciones”.
El modelo de “invalidez laboral”
El texto sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478, donde faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, según los requisitos establecidos en la reglamentación”.
El cambio, para Marino, reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y se abandona “el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.
“Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo», expuso el legislador desde su cuenta de redes sociales.
De la iniciativa, se desprende que queda eliminada la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Así lo define el nuevo artículo 37, al establecer que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.
El proyecto también derogara el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías.
El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.
El debate en la Cámara de Diputados
La Cámara baja tenía previsto retomar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hoy a las 12.00, en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
El cronograma fue aprobado con 249 votos durante la última sesión. Entre los temas figuraban la paralización en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día.
Lo cierto es que los cambios en el Presupuesto 2027 impactan en esta agenda legislativa. Desde la oposición se preparan para confrontar, y ponen en un lugar incómodo a los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que el proyecto apareció luego de que La Libertad Avanza promoviera, junto con aliados, una iniciativa propia para tratar la emergencia en discapacidad. “Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales”, concluyó.
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