POLITICA
Procesaron a Jorge Capitanich por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria

El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. La causa en la que se investiga a Capitanich tiene como principal acusada a la exfuncionaria Marta Soneira, acusada de adjudicar de forma irregular tierras fiscales a allegados suyos, decisiones que Capitanich avaló con su firma.
El exgobernador fue procesado por el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, exdiputado nacional por la UCR.
Según consta en el expediente, la trama por la que fue procesado Capitanich (a solicitud del fiscal general Carlos Amad), incluye, en sus puntos principales, acusaciones por “traslados sospechosos de documentación institucional clave que derivaron en extravíos y adulteraciones”, así como “un mecanismo de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales” basado en “informes de inspección idénticos elaborados el mismo día” por un delegado (Darío Giménez), con el objetivo de “beneficiar directamente a los socios comerciales” del esposo de Soneira (Mauricio Ariel Cian), “quienes incluso modificaban o elegían parcelas a su antojo e incurrían en presuntas usurpaciones con la complicidad de las autoridades”.
La denuncia que alcanzó a Capitanich fue presentada por la administración de Leandro Zdero, actual gobernador de Chaco. Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco (actualmente, denominado Instituto de Tierras Fiscales), formalizó la presentación judicial el 2 de mayo de 2024.
La exfuncionaria Soneira fue titular del Instituto de Colonización y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, con Capitanich como mandatario (gobernó la provincia hasta 2023, cuando lo venció Zdero).
Según se desprende de la resolución del juez Carbajal, el fiscal Amad responsabiliza a Soneira de “valerse de sus cargos para otorgar y adjudicar de forma espuria cuatro inmuebles rurales de grandes dimensiones en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro N. Bessone, quienes son socios comerciales de su pareja”. Los inmuebles rurales son dos de 1250 hectáreas, uno de 623 hectáreas y otro de 512 hectáreas.
Además, el fiscal culpa a la exfuncionaria de “otorgar de manera organizada beneficios impositivos provinciales, industriales, reintegros de subsidios y quitas/tarifas especiales en servicios públicos a las empresas de su entorno íntimo”, y de influir “para modificar por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo que sectores rurales del Departamento Almirante Brown (donde radican las empresas de su marido y socios) se habiliten para la explotación rural y desmonte”.
En el marco de la causa, Capitanich fue acusado de haber tenido “un rol fundamental dado que, mediante su firma en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, ratificó y validó formalmente las adjudicaciones de venta de los campos fiscales a precios ínfimos y muy por debajo del valor de mercado”.
También se lo acusó de haber haber aprobado por decreto “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ignorando los consensos técnicos de sustentabilidad y violando la Ley de Bosques Nativos que exige que dicha medida sea aprobada exclusivamente por vía legislativa”.
El fiscal Amad consideró que Capitanich estuvo “dentro del esquema delictivo como parte del plan organizado y coautor/partícipe necesario en las maniobras de fraude en perjuicio de la Administración Pública, actos de corrupción y abuso de autoridad, al emitir el decreto adjudicatario final y el decreto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”.
Al ser citado a indagatoria, el 9 de septiembre de 2025, Capitanich presentó un escrito. Pidió “su inmediato sobreseimiento ante la inexistencia absoluta de los delitos de defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito” que se le imputan. El actual senador nacional, se resumió en el fallo de su procesamiento, “rechazó la acusación fiscal, la cual consideró vaga, imprecisa y construida sobre conceptos abstractos alimentados por denuncias e informes mediáticos de opositores políticos que pretenden criminalizar decisiones de Estado legítimas, convirtiendo políticas públicas de desarrollo en supuestas maniobras delictivas”.
El juez Carbajal (que fue diputado nacional por Formosa hasta diciembre de 2025, y en febrero de 2026 fue designado como subrogante en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) procesó a Soneira y a Capitanich como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas.
El magistrado también procesó, como coautores del delito de fraude, a Mauricio Ariel Cian (el esposo de Marta Soneira) y sus socios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. Los acusados Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman (que fue titular del Instituto de Colonización) recibieron la falta de mérito. Federico Soneira y Diego Soneira (hermanos de Marta Soneira) fueron sobreseídos.
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POLITICA
Un abogado ambientalista anticipó embargos contra Sea Lion en Malvinas: “Sin financiamiento no hay proyecto”

La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las compañías Rockhopper y Navitas. En paralelo, Comodoro Py abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial impulsada junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y anticipó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto.
El planteo combina cuestiones ambientales y de soberanía. “Presentamos esta acción de tutela ambiental, que junta las dos cosas: soberanía y ambiente”, explicó Viale al describir una presentación que, según señaló, fue preparada durante varios meses.
El proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar a producir en 2028, con una capacidad estimada de entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla además la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina.
Para Viale, la escala del emprendimiento hace que la discusión no se limite a las compañías petroleras. “Las empresas petroleras no lo hacen solas, tienen bancos, aseguradoras, etcétera”, sostuvo. Desde esa perspectiva, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el esquema económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La cautelar que frenó el avance de Sea Lion
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas con el desarrollo del proyecto hasta que exista una evaluación de impacto ambiental. Para Viale, esa decisión permite avanzar sobre el fondo de la controversia porque impide que las compañías continúen con las operaciones mientras se define si cumplen con las exigencias ambientales.
El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y vinculó la presentación con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones.
“Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó. A su entender, la propia medida cautelar anticipa esa discusión al impedir que el proyecto avance sin una evaluación ambiental.
La presentación también busca que las empresas sean notificadas formalmente de la decisión y que pueda reconstruirse el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion.
Embargos, bancos y mercados internacionales
El siguiente paso de la estrategia, según anticipó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados con las compañías si se incumple la orden judicial. “Lo que nosotros estamos preparando es el camino de los embargos”, señaló.
El abogado explicó que una eventual ejecución de esas medidas debería contemplar que buena parte de la estructura empresarial se encuentra fuera de la Argentina. En ese sentido, destacó que la jueza dispuso la notificación de las empresas por vía postal, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Convención de La Haya.
La estrategia también apunta a los mercados financieros. Rockhopper tiene presencia en Londres y Viale sostuvo que el planteo podría extenderse a otras plazas donde existan valores vinculados con las empresas. “Después nosotros vamos a pedir que se ordene a bolsas del mundo”, anticipó.
Según explicó, la intención es que las entidades financieras conozcan la existencia de la resolución argentina y puedan evaluar sus efectos sobre las operaciones relacionadas con el proyecto.
La organización, agregó, cuenta con cooperación internacional de entidades especializadas en rastrear estructuras societarias, accionistas y fuentes de financiamiento.

El rol de Navitas y la dimensión económica del proyecto
Durante la entrevista, Viale señaló que Navitas concentra el 65% de la participación vinculada con Sea Lion. También diferenció a la empresa del Estado de Israel, aunque sostuvo que existen vínculos entre algunos de sus ejecutivos y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Más allá de esa discusión, el abogado puso el foco en la dimensión económica del emprendimiento. Según planteó, una explotación de la escala prevista para Sea Lion puede modificar la situación financiera de las islas y generar incentivos para profundizar su desarrollo hidrocarburífero.
“Haría que las islas por primera vez sean superavitarias. Hasta ahora son, entre comillas, deficitarias del Reino Unido”, afirmó.
Viale también señaló que la actividad petrolera no es el único frente que analizan. Mencionó permisos de pesca otorgados a empresas españolas y sostuvo que podrían impulsarse acciones judiciales similares sobre esa actividad.
El impacto ambiental y el antecedente de Mar del Plata
Uno de los principales argumentos de la presentación es el posible impacto de una explotación offshore sobre el ecosistema marino. Viale advirtió que un eventual derrame podría trascender el área específica de perforación y afectar tanto la pesca como distintos ecosistemas de la costa argentina.
“Un derrame como los hay en todos los offshore del mundo podría afectar incluso la costa argentina, la pesca argentina o los ecosistemas de la ballena franca austral”, sostuvo.
El abogado recordó además la experiencia de su organización contra un proyecto de exploración offshore frente a Mar del Plata, donde, según señaló, consiguieron una medida cautelar que mantuvo paralizado el desarrollo durante dos años.
Ese antecedente forma parte del marco desde el cual plantearon la acción contra Sea Lion, aunque en este caso la discusión incorpora desde el inicio la cuestión de soberanía junto con los argumentos ambientales.
Para Viale, el expediente también se inscribe en una discusión más amplia sobre la continuidad de los proyectos de combustibles fósiles. “El mundo tiene que salir de los combustibles fósiles y además está yendo para ahí”, sostuvo.
Mientras avanzan la causa de Río Grande y la investigación abierta en Comodoro Py, la estrategia judicial apunta ahora a determinar quiénes integran la estructura económica del proyecto y hasta dónde pueden extenderse las consecuencias de la cautelar sobre las empresas, sus activos y quienes participan de su financiamiento.
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POLITICA
Así fue la pelea con cuchillo entre un intendente neuquino y su antecesor

Luego del escándalo que se desató en Neuquén entre el intendente de Pilo Lil, Andrés Infante, y el exjefe comunal Eliseo Díaz, quien estuvo al frente de la comuna durante 12 años, se conocieron las imágenes del episodio en el que ambos hombres se trenzaron en una violenta pelea con un cuchillo.
El enfrentamiento sucedió el viernes pasado al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de Pilo Lil, pequeña localidad ubicada en la cordillera de Neuquén a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes sobre la Ruta Provincial 23.
En el video se ve una secuencia de forcejeos, empujones y la aparición de un arma blanca durante una reunión de trabajo que derivó en una denuncia penal y en una investigación judicial.
Ambos dirigentes habrían comenzado a discutir a raíz del uso de un vehículo oficial de la institución. Luego, sus diferencias escalaron hasta convertirse en un enfrentamiento físico.
En las imágenes que se difundieron hoy se ve que un forcejeo inicial entre ambos. Mientras tanto, las mujeres presentes en el lugar que los acompañaban pedían a ambos que se detengan.
Luego, Infante empujó a Díaz hacia unas mesas ubicadas dentro del salón en un intento por sacarlo de allí. Es en ese momento que el exintendente, se incorporó y tomó un cuchillo y comenzó a avanzar con el arma en la mano. “No seas hijo de puta”, gritaba Raquel Fantini, pareja de Infante.
Frente a esa situación, Infante retrocedió y se escondió detrás de su pareja, quien se interpuso entre ambos para evitar un nuevo contacto. “Voy a llamar a los milicos”, se le escuchó decir a Díaz, mientras con el cuchillo en la mano se retiraba del lugar.
El motivo del enfrentamiento
De acuerdo con la presentación realizada por Infante, el conflicto comenzó durante una reunión de trabajo de la que también participaron la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Fantini. Según relató, la discusión se originó cuando Díaz solicitó utilizar un camión de la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto.
Infante sostuvo que le pidió al exjefe comunal que presentara una nota formal para justificar el uso del vehículo y el gasto correspondiente. Esa respuesta provocó una reacción inmediata de Díaz.
“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, afirmó el jefe comunal en declaraciones al medio local LM Neuquén.
Tras el episodio, se dio aviso a la Policía. Hasta el parador se trasladaron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Allí mismo, Infante presentó la denuncia. Díaz, por su parte, se dirigió al destacamento para hablar con las autoridades. Sin embargo, fue interceptado en pleno viaje y demorado.
El intendente aseguró que, después del primer episodio, un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina para amenazarlo. “Vino de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables”, afirmó.
Del otro lado, Díaz sostuvo que uso el arma blanca para defenderse. “Me hicieron una cama, no lo amenacé de muerte: usé un verijero para defenderme”, relató al medio local citado.
Y agregó: “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta. La vi en la mano de ella y después la tenía él en el disturbio”, denunció.
Sin embargo, su esposa, Belén Griselda Alfonso en diálogo con un medio local, había negado que durante la pelea hubiera existido un arma blanca. Aunque el video del la pelea difundido desmintió su versión de los hechos.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La Justicia deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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POLITICA
Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto

La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
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