ECONOMIA
Clima de Negocios: lobbies, empresas y polémicas detrás del plan del Gobierno para sacar los octógonos negros de los alimentos

Sirvieron poco y nada. ¿Sirvieron poco y nada? Hay debate abierto otra vez con los famosos y polémicos octógonos negros, uno de los aspectos centrales –no el único– de la ley conocida como de Etiquetado Frontal que estableció el kirchnerismo en 2022 y que ahora pretende derogar por completo el gobierno de Javier Milei.
Es un tema con voces para todos los gustos, pero hay un consenso casi –casi– generalizado: la ley podría ser modificada sin necesidad de derogarla por completo. En el medio, un fuerte lobby de las empresas alimenticias, posiciones de profesionales y de entidades vinculadas a la nutrición y otras especialidades médicas y el discurso oficial que, de la mano de la ola de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger desde su ministerio afín, prefiere llevar todo a fojas cero.
Lo cierto es que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, tal su nombre formal, con la firma del presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones. La iniciativa se suma a un proyecto previo del oficialismo en diputados que recorre el mismo camino. Ambos textos coinciden en señalar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” del sistema vigente y apuntan a una convergencia normativa con los países vecinos.
El tema lo tratará primero el Senado y la idea está en carpeta junto a otros proyectos importantes del Gobierno, como el Súper RIGI (aunque no sea la prioridad central). “Hay consenso para que salga. A pesar de la idea inicial, podría aprobarse más por modificación que por derogación completa, por lo menos por cómo está hoy el tema”, aseguró a este medio una fuente legislativa que está al tanto del debate.
La ley no contempla sólo el etiquetado con octógonos, también incluye “leyendas precautorias” (destacar si los alimentos contienen edulcorante o cafeína, por ejemplo), restricciones en la comercialización en entornos escolares y prohibición de publicidad dirigida a las infancias (el uso de personajes infantiles, dibujos animados y otros en los envases).
Está claro que la industria alimenticia local respalda el fin de los octógonos, al menos como están ahora, y aseguran también que prefieren un sistema regulatorio armonizado con el Mercosur. La postura del sector está encabezada por la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal), donde tallan gigantes del sector como Arcor, Coca Cola, Quilmes, Danone, Molinos y Unilever, entre muchos otros.
Desde el mundo de la nutrición, hay algunas instituciones, como la Federación de Graduados en Nutrición, Fagran, no quieren cambiar nada; hay entidades más cercanas a la Organización Panamericana de la Salud, que impulsó la ley; están los más moderados, cercanos a la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la Sociedad Argentina de Tecnólogos Alimentarios y algunas universidades importantes, que piden cambios sin derogación; y un amplio abanico de nutricionistas y profesionales que opinan, algunos con más pergaminos que otros.
Según Copal, el eje central de lo que consideran un problema es la fórmula con la que la ley evalúa los nutrientes críticos, como azúcar, grasas, sodio y calorías. Es que el esquema vigente no mide el contenido de cada nutriente en términos absolutos, sino en relación con la densidad calórica del producto. Eso genera, según la entidad, distorsiones que imposibilitan diferenciar alimentos con perfiles nutricionales sustancialmente distintos. Dos productos con una diferencia del 40% en el contenido de sodio pueden llevar el mismo octógono negro, sin que el consumidor tenga forma de advertirlo. Es el ejemplo que enarbola la Copal por estas horas.
“La propuesta de derogación del Ejecutivo es una respuesta a una ley que no cumplió con los objetivos de modificar hábitos de consumo en la población. Según datos que son públicos, más del 95% de los alimentos tienen advertencia. Eso quiere decir que el sistema perdió toda capacidad de diferenciar productos y que no da incentivos a modificar fórmulas”, le dijo a este medio Carla Martín Bonito, presidenta de confederación alimenticia.
Copal muestra datos de la consultora Casa 3. Ese trabajo, sobre 3.000 casos, detalló que la mayoría de los encuestados asegura no prestar atención a los octógonos al momento de comprar alimentos y que, si bien el 37% de los encuestados afirma que le generan confianza en la información que brindan, una mayoría del 52% manifiesta indiferencia, rechazo, confusión o preocupación. Aunque el 45% considera que la ley “sirve”, apenas el 33% afirma utilizar efectivamente los octógonos para decidir sus compras.
“A cuatro años de su implementación, el etiquetado frontal ha logrado bajos niveles de utilización efectiva e impacto sobre los hábitos de consumo”, concluyó Casa 3.

“Hay un amplio consenso en torno al fracaso del sistema actual. La mejor alternativa es ir hacia un sistema común para el Mercosur al igual que ocurre con toda la información nutricional que se encuentra en los envases hoy en día. Se está trabajando en ese sentido y sería ideal que se tomen los aspectos del sistema brasileño, ya que es el que tiene la mayor capacidad informativa”, agregó Martín Bonito.
Según la industria, hasta el momento, la evidencia disponible no permite atribuir de manera concluyente mejoras estructurales en obesidad o enfermedades no transmisibles sólo a la implementación del etiquetado frontal. “La información por sí sola no garantiza cambios conductuales. La presencia de sellos no necesariamente genera cambios sostenidos en las decisiones de compra, ya que intervienen múltiples factores económicos, culturales, sociales y de comportamiento”, dijeron y detallaron que Europa avanzó hacia modelos voluntarios, tipo semáforo, mientras que América Latina adoptó los esquemas más restrictivos y basados en advertencias. El local es uno de los esquemas más exigentes de la región en materia de etiquetado frontal, “incorporando simultáneamente sellos, advertencias y limitaciones comerciales que casi no encuentran equivalencia en el mundo”.
La brecha regional es uno de los ejes centrales del reclamo empresarial. Brasil, Uruguay y Chile también aplican sistemas de advertencia —con formas gráficas distintas: octógonos en Uruguay y Chile, una lupa en Brasil—, pero con umbrales y fórmulas de cálculo que la industria considera más razonables. Chile, que fue el primer país de la región en implementar octógonos, ya modificó su fórmula para calcular los nutrientes sobre el contenido absoluto y no sobre la densidad calórica. Brasil también superó esa distorsión mediante una resolución de su autoridad sanitaria, sin necesidad de una ley.

Desde Copal señalan que la falta de armonización tiene un costo concreto para las empresas exportadoras: operar con sistemas de etiquetado descoordinados dentro del bloque cuesta, para una cartera de 100 productos, unos 900.000 dólares, contra 300.000 dólares que implicaría un sistema único. El argumento adquiere peso adicional porque Brasil es el segundo destino de las exportaciones alimentarias argentinas.
La posición del sector también se apoya en un argumento histórico. Antes de la sanción de la ley, Copal asegura que la industria había avanzado en experiencias de reducciones voluntarias de sodio a lo largo de distintas gestiones de gobierno. Iniciativas que incluían la posibilidad de comunicar en el envase la reducción lograda. La ley de etiquetado frontal eliminó esa opción: un producto que haya reducido su contenido de sodio considerablemente no puede comunicarlo si aún lleva sello, lo que, según la entidad, desincentiva la reformulación. ¿Hubiesen avanzado más con ese esquema voluntario sin la ley actual? Quién sabe.
“Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva” (Britos)
Las alimenticias juran que no proponen eliminar cualquier forma de advertencia, sino migrar hacia un sistema armonizado. La referencia que señalan como modelo es el esquema brasileño, que mantiene la lógica de advertencia pero con criterios regulatorios que permiten distinguir entre productos con distintos perfiles nutricionales. En paralelo, el gobierno de Milei retomó la participación argentina en la mesa de negociación del Mercosur sobre etiquetado frontal —Argentina se había retirado de esa instancia en la gestión anterior—, y el bloque acordó recientemente modificaciones al tamaño de las leyendas para mejorar su legibilidad.
El exvicepresidente Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la norma, advirtió que el proyecto oficial “repite los argumentos de la industria” y que derogar la ley equivale a “tirar por la borda un cambio cultural”. Cobos le reclamó al Gobierno que actualice la norma en vez de eliminarla.
Más allá de la postura oficial y de la industria, el tema también está instalado en la academia y entidades vinculadas a la nutrición.
Mónica Katz, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), está en contra de la ley y propone modificaciones. “Cuando todo es negro, nada es negro. Si todo es negro no se puede comunicar lo bueno y se demonizan a muchos alimentos”, aseguró por los octógonos.
“Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura” (Katz)
“El atún, por ejemplo, es alto en grasas, pero tiene Omega 3 y eso puede pesar más para la nutrición. En Argentina hay que hacer la alfabetización nutricional. No nos escucharon con que también se etiquete lo que no está en la góndola: heladerías, panaderías, restaurantes. Hay estudios que dicen que la mitad de los nutrientes críticos están en lo no envasado. Yo propuse poner un QR a la panadería y la heladería de barrio, hace cuatro años. Hay que cambiar la ley y medir sodio, azúcar y grasas saturadas cada 100 gramos; hacerlo según las calorías de los productos es una locura. Un caramelo con 90% azúcar, tiene su etiqueta; una mermelada, con 73%, también. Un yogur, con probióticos y vitaminas, con 6% de azúcar, también tiene un octógono”, detalló Katz.
Sergio Britos, profesor de la UCA que estudia el tema desde 2005 y fue parte del debate de la ley, opina parecido: a favor de la modificación y los umbrales fijos para los perfiles de nutrientes. “Más de 100 países tienen regulaciones referidas al etiquetado frontal de alimentos, es un instrumento recomendado y válido que busca mejorar la información para los consumidores. La industria siempre se resistió, pero muchas multinacionales lo hicieron menos porque sabían que esto se venía y buscaron que fuera lo más racional posible. No criticamos la ley sino el perfil: la OPS buscó ser lo más extremista posible. Si bien en 2024 hubo alguna flexibilización, hoy más del 80% de los alimentos envasados tienen al menos un octógono negro, y no puede ser. Hay galletitas inelegibles y otras con mejor perfil: eso tiene que estar reflejado en los paquetes. Lo que tenemos ahora fue armado para penalizar al máximo a los alimentos solo porque son envasados o ultraprocesados. Es una ley excesiva, pero no debería caerse por completo”, destacó Britos.
“Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos” (Rodríguez)
Abiertamente en contra de la derogación y también de la modificación de la ley está la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Creen que busca garantizar el derecho de la población de tener información clara y precisa con respecto a la alimentación y que el etiquetado frontal facilita la identificación de los productos con nutrientes críticos. Destacan que el 41,1% de niños, niñas y adolescentes y el 67,9% de las personas adultas presenta exceso de peso y que más de un tercio de las calorías consumidas por niños y adolescentes proviene de productos ultraprocesados.
“Las empresas cambiaron, está claro que este tiempo de políticas tiene impacto. Es una herramienta fundamental para la salud pública. No hay evidencia científica que justifique ni la derogación ni la modificación de sus contenidos, además de que aún está en proceso de implementación. Derogarla implicaría retroceder en estándares de protección sanitaria ya alcanzados por Argentina y debilitar derechos reconocidos a millones de consumidores”, aseguró Yanina Rodríguez, presidenta de Fagran.
El debate por los octógonos negros está abierto otra vez y el tema es uno de los ejes de la agenda legislativa del Gobierno para el corto plazo. La salud y los intereses de un grupo de importantes empresas se mezclan otra vez y buscan armonización.
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ECONOMIA
La canasta de servicios públicos aumentó por encima de la inflación en julio: cuánto representa para una famiila del AMBA

La canasta de servicios para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $295.826, monto necesario para cubrir las necesidades de electricidad, gas, transporte y agua potable. El valor representa un incremento del 4,6% respecto del mes anterior y un 53% en comparación con el mismo mes de 2025.
De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el transporte fue el rubro de mayor peso, con un gasto mensual de $121.023. Le siguieron la energía eléctrica, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

La suba del gasto de los hogares respecto de junio se explica por:
- Gas: en julio el cargo fijo subió 2,8% y el variable 3%. A esto se sumó el efecto de la estacionalidad en el consumo, que se encontró en el pico del invierno durante ese mes. La combinación de ambos factores arrojó un aumento de la factura del 5,2%.
- Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementaron las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combinó con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado fue un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
- Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentaron 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio, tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte subió 3,7% respecto del mes anterior.
- Agua: confluyeron dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tuvo 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio.
“En síntesis, el aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio fue la energía eléctrica”, resumió el IIEP.
Asimismo, el informe detalló que en relación a julio de 2025, el costo total de la canasta aumentó 53%, superando en 19 puntos porcentuales la variación estimada del índice general de precios, que fue de 34%.

Al analizar cada servicio, el mayor incremento interanual corresponde al transporte, con una suba de 73% frente a julio de 2025, por encima de la inflación estimada. Los gastos en agua, energía eléctrica y gas natural crecieron 35%, 48% y 39%, respectivamente, en el mismo lapso.
El gasto en transporte explicó 27 de los 53 puntos porcentuales del alza interanual de la canasta, mientras que agua, gas y energía eléctrica aportaron 6, 9 y 11 puntos, respectivamente.
De este modo, entre diciembre de 2023 y julio, la canasta de servicios públicos del AMBA registró un incremento de 966%, mientras que el nivel general de precios subió 241% en el mismo período. El salto más importante se observó en la factura de gas, con un avance del 2.185%.

Por otra parte, el IIEP destacó que la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 15% del salario promedio registrado estimado ($1.924.456). En consecuencia, un salario promedio alcanzó para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos, frente a las 7,8 que podía cubrir en julio de 2025.
Además, el transporte concentró el 41% del costo total de la canasta, consolidándose como el rubro de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.
En otro orden, en los hogares del AMBA, las tarifas de los servicios públicos cubren, en promedio, el 54% de sus costos, mientras que el Estado financia el 44% restante mediante subsidios.
En julio se incorporó una bonificación adicional del 25% sobre el precio mayorista del gas y del 16,6% sobre el precio mayorista de la energía eléctrica.
Estos descuentos se aplican únicamente al componente correspondiente al precio mayorista y son complementarios a los ya otorgados por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Como resultado, las bonificaciones totales alcanzan el 75% para el gas y el 66,6% para la energía eléctrica en los usuarios que reciben subsidios sobre el bloque base.
La cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios mostró una trayectoria creciente entre julio de 2025 y febrero de 2026, con un incremento significativo asociado a la implementación del nuevo esquema de subsidios. No obstante, desde entonces se observa una tendencia decreciente.
Esto se dio pese a que los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentaron un aumento nominal del 44% anual acumulado a julio y por lo tanto su variación real tuvo un incremento del 10%.
“Mientras los subsidios a la Energía, que representaron el 76% de los subsidios acumulados, aumentaron 69% anual nominal (+ 30% real), los subsidios al transporte cayeron 27% en términos reales, aunque al 17 de julio de 2026 los rubros de transporte no mostraron devengamientos el mes”, remarcó el IIEP.
ECONOMIA
Inversores subidos al carry trade respiran por caída del dólar pero la City lanza una advertencia

Más allá del leve repunte del viernes pasado, la baja que mostraron el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) durante las últimas ruedas volvió a traer algo de aire a aquellos inversores que conservaron sus bonos en pesos después de la tensión de junio. En ese mes, la divisa superó los $1.500, se consumió una parte importante de los intereses acumulados y llegó a provocar pérdidas de hasta el 4,5% al medir los resultados en dólares.
Con el MEP en los niveles actuales, las LECAPs, los bonos CER (que siguen a la inflación) y los títulos atados a la tasa TAMAR recuperaron una porción del terreno perdido. Sin embargo, el escenario todavía está lejos de ser una invitación para vender dólares y volver a apostar todos los pesos al carry trade, ya que la situación cambia según el momento en el que se encuentre cada ahorrista.
Quien ya compró una LECAP mejora su resultado cada vez que baja el dólar, porque continúa acumulando intereses y necesita menos pesos para recomprar la misma cantidad de divisas. En cambio, quien conserva la divisa norteamericana y analiza venderla ahora parte desde otro lugar, con bonos que pagan tasas de entre el 23% y el 26% anual y una divisa que acaba de demostrar que puede avanzar varios puntos en pocas ruedas.
Por esto, el Comité de Inversiones de Criteria —una de las mesas de operaciones más grandes de la City— considera que los últimos movimientos del dólar comenzaron a debilitar el carry trade y recomienda ser mucho más selectivo al decidir dónde colocar los pesos.
Cómo funciona el carry trade con la que ganan inversores
El carry trade consiste en vender dólares, invertir esos pesos en un bono que paga intereses y recomprar la divisa al finalizar la operación. El resultado depende de una carrera entre la tasa que ofrece el título y el movimiento del dólar durante ese período; por lo tanto, la estrategia genera una ganancia cuando los intereses superan a la suba cambiaria, pero comienza a perder cuando la divisa avanza más rápido.
El retroceso reciente del MEP beneficia directamente a quienes mantuvieron sus bonos después del salto de junio. Cuando un título gana un 0,1% durante una jornada y el dólar baja un 0,4%, el resultado medido en dólares mejora alrededor de un 0,5%, debido a que al interés generado por la inversión se suma la ventaja de poder recomprar la divisa a un precio menor.
Ese alivio debe compararse con lo ocurrido durante las semanas anteriores. De acuerdo con el informe de Criteria, el dólar MEP había subido un 3,8% en un mes, mientras que los bonos a tasa fija de corto plazo habían rendido un 2% en pesos, los de plazo medio habían ganado un 3,5% y los más largos habían avanzado un 3%.
La diferencia dejó pérdidas en dólares del 1,7% para los bonos cortos, 0,3% para los de plazo medio y 0,8% para los largos, ya que los intereses no alcanzaron a compensar el aumento del dólar. Los bonos CER tampoco consiguieron superar a la divisa, con bajas en dólares del 2,1% para los vencimientos cortos, 2,6% para los medios y 0,7% para los largos.
Pese a esto, quienes comenzaron la estrategia a fines de 2025 o durante los primeros meses de este año conservan resultados más positivos, debido a que los bonos a tasa fija de corto plazo acumularon hasta principios de julio una suba de el 17,7% en pesos y del 14,4% en dólares, mientras que los de plazo medio rindieron un 19,2% y un 15,9%, respectivamente. Para estos inversores, la baja reciente puede servir para asegurar una parte de la ganancia, pasar a títulos que vencen antes o cubrirse frente a un nuevo repunte cambiario.
Rendimiento de las LECAPs: aún conviene desarmar posiciones en dólares
La mejora que obtiene quien ya estaba invertido no convierte a los bonos en pesos en una oportunidad conveniente para quien todavía conserva sus dólares. Una LECAP corta ofrece un rendimiento cercano al 2% mensual, mientras que la divisa puede subir ese mismo porcentaje en dos o tres ruedas cuando aumenta la demanda, por lo que el margen para soportar un nuevo salto resulta mucho más acotado que durante los primeros meses del año.
Según el relevamiento de Criteria, las tasas anuales de las LECAPs eran las siguientes:
- La S31L6, que vence el 31 de julio, ofrecía una tasa anual del 23,7%
- La S14G6, con vencimiento el 14 de agosto, rendía un 24,8%
- La S31G6 alcanzaba el 24,7%
- En septiembre, la S15S6 ofrecía un 25%
- La S30S6 llegaba al 25,3%
En la práctica, esos rendimientos representan ganancias mensuales aproximadas de entre el 1,8% y el 2,1%, según el precio de compra y los días que falten para el vencimiento. Con estas tasas, una suba del dólar del 2% durante un mes puede borrar prácticamente todo el interés generado, mientras que un aumento del 4% dejaría una pérdida cercana al 2% al momento de volver a comprar la divisa.
Criteria sostuvo que «los recientes movimientos del tipo de cambio muestran que, aunque de manera acotada, el riesgo de reversión comienza a erosionar el atractivo de las estrategias tradicionales de carry«. Frente a este escenario, la firma continúa favoreciendo «los tramos más cortos de las curvas» para quienes necesitan mantener sus ahorros en pesos, ya que los vencimientos cercanos permiten cobrar rápidamente y volver a decidir qué hacer.
Estrategias de inversión en pesos y el factor clave del BCRA
Si analizamos la situación desde el lugar de un ahorrista que ya venía haciendo carry, la baja del dólar puede aprovecharse para ordenar la cartera y no para aumentar sin límites la apuesta. Podemos conservar una parte de las LECAPs que están cerca de vencer, asegurar las ganancias de aquellas posiciones que acumularon un buen resultado desde comienzos de año y cubrir otro porcentaje frente a un eventual repunte del dólar, porque una tasa mensual cercana al 2% deja poco margen para soportar una suba cambiaria.
Para quien todavía conserva sus dólares, venderlos por completo para buscar ese rendimiento mensual implica asumir un riesgo importante frente a una ganancia limitada. Una entrada gradual, con una parte pequeña del capital, vencimientos cercanos y alguna cobertura parece más razonable que colocar todo el ahorro en pesos bajo la idea de que el dólar continuará bajando durante los próximos meses.
El cambio de escenario no significa que todos los bonos en pesos hayan dejado de servir, aunque ya no alcanza con elegir cualquier LECAP y esperar hasta su vencimiento. Ahora resulta necesario prestar más atención al plazo, al precio del dólar al momento de ingresar y al nivel que podría alcanzar el tipo de cambio antes de cobrar el bono.
Para quienes necesitan conservar pesos, Criteria destacó una operación que combina la compra del bono dólar linked D31L6 con contratos de dólar futuro. El título vence el 31 de julio, ajusta su capital según el movimiento del dólar oficial y ofrecía una tasa anual del 16% con precios al 10 de julio, un rendimiento considerablemente mayor al de otros bonos cambiarios con vencimientos similares.
La comparación con otros bonos dólar linked muestra la diferencia:
- El D31G6, que vence a fines de agosto, mostraba una tasa del 6,7%
- El D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre, ofrecía un 5,4%
La diferencia explica por qué Criteria encuentra una oportunidad puntual en el D31L6 y no extiende la recomendación a todos los bonos dólar linked. La propuesta consiste en comprar el D31L6 y utilizar dólar futuro para cubrir el riesgo cambiario, algo que requiere más conocimientos que adquirir una LECAP y esperar su vencimiento.
Para perfiles más agresivos y con capacidad para esperar hasta seis meses, Criteria también mantiene una preferencia por los bonos TXMJ9, TXMD9 y TXMJ0. Estos títulos pagan el máximo entre la inflación (CER) y la tasa TAMAR, por lo que pueden beneficiarse cuando los precios continúan desacelerándose y también ofrecen protección cuando la inflación tarda más de lo esperado en bajar o las tasas vuelven a subir.
El escenario mejoró por la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país hacia la zona de los 400 puntos y el acceso del Tesoro a nuevas fuentes de financiamiento. Antes del pago de aproximadamente u$s4.500 M de Bonares y Globales, el Gobierno consiguió un préstamo por u$s2.000 M garantizado por el Banco Mundial y otro por u$s1.200 M con garantía parcial del BID.
Estos fondos redujeron las dudas sobre los próximos vencimientos y reforzaron temporalmente las reservas; aun así, Criteria considera que la acumulación genuina de dólares continúa siendo uno de los principales desafíos del programa económico. El esquema financiero previsto para 2026 y 2027 requiere utilizar una cantidad importante de reservas y podría necesitar nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales.
La capacidad del Banco Central (BCRA) para comprar dólares sin provocar una suba sostenida será uno de los factores que definan cuánto tiempo puede continuar funcionando el carry, ya que si la autoridad monetaria necesita adquirir muchas divisas, el dólar podría encontrar un piso más alto y reducir el rendimiento de los bonos en pesos.
Por todo esto, el retroceso del dólar MEP les concede una revancha parcial a quienes atravesaron junio con bonos en pesos, especialmente a aquellos que comenzaron la estrategia a principios de año y todavía conservan ganancias. Para quienes recién evalúan ingresar, las tasas cercanas al 2% mensual ofrecen una protección acotada frente a un tipo de cambio que puede moverse por encima de ese porcentaje en pocos días, por lo que el carry todavía puede ocupar un lugar dentro de una cartera, aunque difícilmente justifique vender todos los dólares para apostar por la estabilidad cambiaria.
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ECONOMIA
Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

El seguimiento de las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a plazo fijo en pesos argentinos permite detectar diferencias notables entre las distintas entidades. El resultado de invertir $1.000.000 a 30 días en un plazo fijo varía según el banco elegido, lo que impacta en el rendimiento final obtenido por los ahorristas. La información recolectada incluye los valores más altos de tasa nominal anual (TNA) que cada entidad ofrece en la actualidad, así como el cálculo del monto a recibir al término del plazo.
En el sector de bancos tradicionales, el Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA de 19%. Para una inversión de $1.000.000, el rendimiento al cabo de los 30 días asciende a $1.015.616. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. otorga una tasa de 17,5%, lo que representa un resultado de $1.014.384 después de un mes. El Banco BBVA Argentina S.A. posiciona su tasa en 18,25%, lo que implica un rendimiento de $1.015.000. En tanto, el Banco Santander Argentina S.A. fija su tasa en 16%, con un rendimiento de $1.013.151 para el plazo y monto analizados.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires se distingue en el grupo de bancos de gran volumen por ofrecer una de las tasas más altas, con 21%. Esto se traduce en un resultado de $1.017.260. Por su parte, el Banco Macro S.A. ofrece una TNA de 18,75%, equivalente a $1.015.425. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presenta una tasa de 17,2%, con un rendimiento de $1.014.164. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires establece la tasa en 17%, por lo que el resultado final es de $1.014.027. El Banco Patagonia S.A. también fija su TNA en 16%, igualando el rendimiento de $1.013.151.
Dentro de las cooperativas, el Banco Credicoop Cooperativo Limitado ofrece una tasa de 17,5% y un rendimiento de $1.014.384. En la comparación con bancos que informan tasas para no clientes a través de canales digitales, surgen valores sensiblemente mayores. El Banco Bica S.A. presenta una TNA de 22% y permite alcanzar $1.018.082 tras 30 días. El Banco CMF S.A. iguala esta tasa, con idéntico resultado.
Entre los bancos con tasas superiores al 20%, se encuentran el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., que ofrece una TNA de 20,75% y un rendimiento de $1.017.055, y el Banco del Sol S.A., que marca una tasa de 21% y un monto final igual al de la Provincia de Buenos Aires: $1.017.260. El Banco Dino S.A. informa una tasa de 20%, lo que genera $1.016.438. El Banco Hipotecario S.A. se destaca por ofrecer una tasa de 20,5%, con un rendimiento de $1.016.850. El Banco Meridian S.A. alcanza una de las tasas más altas del listado, con 22,25%, y un resultado de $1.018.293.
El Banco Mariva S.A. y el Bibank S.A. también figuran entre las opciones con 21% de TNA, alcanzando ambos un monto de $1.017.260 al finalizar los 30 días. El Banco Voii S.A. iguala la propuesta de 22%, logrando $1.018.082. El Banco de Comercio S.A., el Banco Julio Sociedad Anónima, el Banco Masventas S.A., el Banco del Chubut S.A. y el Banco Provincia de Tierra del Fuego coinciden en una tasa máxima de 19%, con una ganancia de $1.015.616 cada uno.
En cuanto a las compañías financieras, Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. se posicionan en el tope del listado con tasas de 23%. El rendimiento estimado para una inversión de $1.000.000 a 30 días en ambas entidades asciende a $1.018.904.
El Banco de Formosa S.A. ofrece una tasa de 18,5%, que se traduce en un rendimiento de $1.015.287. El Banco Comafi Sociedad Anónima y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires comparten una TNA de 17%, lo que significa un resultado de $1.014.027 al cabo del plazo fijo.
La diversidad de tasas genera escenarios donde la diferencia en el resultado final puede superar los $5.000 para un mismo monto invertido, dependiendo de la entidad elegida. Las opciones digitales y las compañías financieras concentran los valores más altos, mientras que en los bancos tradicionales prevalecen tasas más conservadoras. El Banco Macro S.A., el Banco BBVA Argentina S.A., el Banco de Formosa S.A. y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubican en un rango intermedio, con rendimientos superiores a $1.015.000 pero sin alcanzar el nivel de los bancos digitales o las financieras.
El análisis de las tasas muestra que, en la actualidad, la rentabilidad en pesos a través de plazos fijos depende en gran medida de la entidad bancaria o financiera seleccionada. La diferencia entre la propuesta más baja y la más alta puede resultar relevante para quienes buscan maximizar el rendimiento de su capital en un contexto de tasas en descenso. Los bancos digitales y las compañías financieras encabezan el ranking, mientras que bancos como el Banco Santander Argentina S.A. y el Banco Patagonia S.A. se ubican en el extremo inferior de la tabla.
Las cifras informadas corresponden a valores vigentes al momento del relevamiento y pueden modificarse ante eventuales cambios en la política de tasas de cada entidad. Los datos permiten visualizar el abanico de posibilidades existentes y facilitan la comparación para quienes desean optar por la alternativa más conveniente dentro del sistema financiero argentino.
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