INTERNACIONAL
El modo amparo
Hay momentos en los que una democracia no se define por las elecciones que celebra, sino por la manera como quienes ejercen el poder reaccionan cuando ese poder es sometido al escrutinio y la crítica. Cuando se les exige a los gobernantes rendir cuentas o cuando se les cuestiona, con datos y argumentos, sobre el ejercicio de su poder le estamos haciendo un check-up a la salud de nuestra pluralidad.
En ese marco, las auditorías en Nuevo León al gasto público, a las obras y al manejo de los recursos no son un castigo. Son una garantía para la sociedad y una obligación republicana. En una democracia, el poder no debería sentirse agraviado por ser revisado. Al contrario: debería entender que la rendición de cuentas forma parte del mandato que recibió de los ciudadanos.
Por eso el pasado viernes 17 de julio decidí acudir personalmente a solicitar que se audite mi gestión y, al mismo tiempo, pedir que las instituciones revisen las principales obras y fondos públicos del Gobierno del Estado. Lo hice porque ninguna actuación honesta debería temer ser comprobada. El que nada debe, nada teme.
Mi preocupación, sin embargo, va mucho más allá de una auditoría. También va mucho más allá de los arrebatos del Gobernador Samuel García que pretende juzgar y condenar desde el tribunal de las redes sociales y el stand-up a quienes pensamos distinto o señalamos ineficiencias de su administración. Que un gobernador llame “malagradecido” a un alcalde por exigir cuentas revela una visión equivocada del poder. Lo que hace un Gobernador en obra pública y en su trabajo entero no son favores personales ni concesiones de un monarca que debemos “agradecer”. Son obligaciones constitucionales financiadas con el dinero de los ciudadanos y no de su monedero individual.
El ciudadano nunca puede ser ingrato con el poder, porque el ciudadano es el verdadero soberano. Quien sí puede ser ingrato es el gobernante que olvida que su autoridad es temporal y que sólo existe para servir.
Durante buena parte del sexenio, el gobierno de Samuel García ha convertido la política en espectáculo. La comunicación ha sustituido a la gestión y las redes sociales se han comido a las políticas públicas. Mientras tanto, las familias siguen atrapadas en el tráfico, esperando obras inconclusas, enfrentando la contaminación y viviendo con incertidumbre sobre el agua. Eso sí es una verdadera ingratitud con Nuevo León.
A esa etapa el propio gobernador se encargó de bautizarla como el “modo party”. Hoy el problema parece haber evolucionado al “modo amparo”.
No cuestiono, que quede claro, el derecho de cualquier persona a utilizar los instrumentos legales que la Constitución reconoce protegerse. Todos pueden ampararse. Lo que sí cuestiono es la consecuencia política de un gobierno cuyo centro de gravedad dejó de ser resolver los problemas de Nuevo León para concentrarse en administrar sus propios conflictos y buscar blindaje jurídico a cualquier precio.
Cuando un gobernador pierde el foco, el estado entero pierde rumbo. La prueba más clara es que Nuevo León acumula tres años sin presupuesto. Eso no es normal en una democracia. Es un síntoma de ingobernabilidad. El presupuesto es el principal instrumento para ordenar prioridades, controlar el gasto y exigir resultados. Cuando durante tres años se gobierna sin él, la discrecionalidad sustituye a las reglas.
Iniciar una obra sin contar con suficiencia presupuestaria para concluirla o sin un proyecto ejecutivo sólido no sólo compromete su viabilidad; también constituye una irregularidad en la administración del patrimonio público. Significa condenar a la sociedad a sobrecostos, modificaciones interminables, retrasos e incertidumbre. Cuando desaparecen las reglas presupuestarias y la planeación técnica deja de ser una prioridad, florecen la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Ahí nace la tranza y el terreno fértil de la extorsión institucional.
Karl Popper decía que la pregunta central de la democracia no es quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna abuse del poder. Por eso me preocupa que en Nuevo León se quiera presentar la fiscalización como un ataque político. No lo es. Es una obligación republicana. Y ser claudista, como yo orgullosamente lo soy, significa entender exactamente eso: la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho de la honestidad, la austeridad y la rendición de cuentas una forma de gobernar, porque no puede haber instituciones confiables cuando el poder se resiste al escrutinio.
Nuevo León, nunca me cansaré de decirlo, tiene empresarios extraordinarios, universidades de excelencia y una sociedad trabajadora. Lo que hoy necesita es un gobierno de tiempo completo. Por eso, es momento de regresar al único modo que merece Nuevo León: el modo gobierno, el modo trabajo.
Y hay una regla democrática que ningún servidor público debería olvidar en el modo trabajo: quien le tenga miedo a una auditoría, nunca debió aceptar la responsabilidad de gobernar. Punto.
*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.
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INTERNACIONAL
Estados Unidos ahora pone el foco en Nicaragua y dice que «no se quedará de brazos cruzados» ante la avanzada del régimen de Ortega para eliminar las elecciones
Estados Unidos advirtió este martes que no se quedará «de brazos cruzados» luego del polémico anuncio del presidente Daniel Ortega, que sostuvo que Nicaragua no tendrá más elecciones. La declaración hace temer un avance más del régimen que gobierna hace más de 20 años el país centroamericano hacia una autocracia con modelo de partido único y de allí la reacción internacional.
Fue el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien en una publicación en la red social X, aseguró que la Administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional «no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (…) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos».
«Abolir» las elecciones «demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense», agregó Rubio en el posteo.
The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026
El anuncio de Ortega también fue rechazado por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien sostuvo que «el régimen abandonó la democracia«, y por el gobierno de Costa Rica, que llamó a consultas a su embajador en Managua.
Ortega, de 80 años, advirtió este último domingo – en el 47° aniversario de la revolución sandinista -, que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones» en las que «partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)» puedan tomar el poder.
En tanto, la Asamblea Nacional nicaragüense informó este martes que inició el «análisis» de reformas para cumplir con las «orientaciones presidenciales» anunciadas este domingo, con evidente sesgo antidemocrático.
Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto desde hace 30 años, incluido su primer período y 19 en forma consecutiva. Además, aniquilaron a la oposición interna a pesar de las masivas protestas durante el 2018, que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
Washington aplica sanciones al gobierno nicaragüense como la restricción de visado a más de 2.350 funcionarios y sus familiares, pero evitaron ir tan lejos como en Cuba, sometida a una dura presión que tiene su economía al borde del colapso.
Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales durante el año que viene.
En los últimos comicios, celebrados en noviembre de 2021 tras el encarcelamiento de opositores con posibilidad de disputar la presidencia, Ortega ganó ampliamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ex-guerrilla que en julio de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Con la reforma constitucional, Nicaragua fue definida como un Estado «revolucionario» y «socialista», y elevó a símbolo patrios la bandera rojinegra del FSLN.
Dirigentes opositores consultados por la Agencia de Noticias, AFP coinciden en que el anuncio de Ortega esconde el temor a perder en una elección competitiva, por lo que decidió avanzar hacia un régimen como el de Cuba, donde el Partido Comunista es el único reconocido legalmente y los candidatos son nominados por asambleas vecinales u organizaciones civiles afines al gobierno.
«Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (…), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país», declaró Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y ex-preso político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos.
Por su parte, activistas opositores, intelectuales, periodistas y religiosos partieron al exilio, muchos tras estar en prisión durante años. Unos 450 fueron despojados de su nacionalidad y bienes.
Hace dos semanas, el gobierno eliminó los permisos de trabajo a unos 2.000 abogados, según medios nicaragüenses en el exilio.
Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna, que mantiene en prisión a unos 200 copartidarios, ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus (una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos y órganos sanos) e insuficiencia renal, que ocurre cuando los riñones pierden su capacidad para filtrar adecuadamente los desechos de la sangre..
INTERNACIONAL
House narrowly backs allowing troops, Pentagon workers to carry personal guns on military bases
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The House voted 215-214 Tuesday night to make approval the default when qualified service members and Pentagon civilian employees ask commanders for permission to carry personal firearms on military installations.
Three Democrats joined most Republicans to approve the measure, while three Republicans and independent Rep. Kevin Kiley of California opposed it.
The amendment from Rep. Jeff Crank, R-Colo., would not automatically authorize personnel to carry firearms on military property. It would establish a presumption that installation commanders approve requests from qualified service members and civilian employees.
The vote came less than a year after an Army sergeant allegedly used a personal handgun to shoot five fellow soldiers at Fort Stewart, Georgia, in August 2025. Other soldiers tackled and disarmed him, and all five victims survived. Personal firearms were prohibited on post at the time, military officials said.
MAJOR APPEALS COURT DECLARES NEW JERSEY AR-15 BAN UNCONSTITUTIONAL IN LANDMARK SECOND AMENDMENT RULING
A picture of an entrance to Fort Bragg in North Carolina. (AP Photo/Chris Seward, File)
The National Defense Authorization Act has become law every year for more than six decades and is traditionally one of Congress’ most bipartisan major bills, but the firearms and transgender-policy provisions adopted Tuesday threatened to erode Democratic support, potentially forcing Republican leaders to rely on their narrow majority for final passage and creating new sticking points in eventual negotiations with the Senate.
Lawmakers approved an amendment from Rep. Nancy Mace, R-S.C., prohibiting TRICARE from covering transition-related hormones, puberty blockers and surgeries for service members and military dependents.
The provision passed 219-208, with five Democrats voting yes and one Republican voting no. It would broaden existing Trump administration restrictions and write the prohibition into federal law.
SENATE REPUBLICAN PUSHES MERIT-BASED MILITARY PROMOTIONS, TARGETS BIDEN-ERA DEI POLICIES
The House also voted 221-203 to approve a second Mace amendment barring transgender girls from participating in girls’ sports at Department of Defense Education Activity schools serving military families.
But lawmakers rejected a separate amendment from Rep. Lauren Boebert, R-Colo., that would have codified President Donald Trump’s 2025 executive order barring transgender troops from military service and requiring personnel to serve according to their biological sex.
The amendment failed 217-212, with four Republicans joining all voting Democrats in opposition.
Lawmakers also rejected an effort from Rep. Eli Crane, R-Ariz., to largely eliminate funding for the Pentagon’s Ukraine Security Assistance Initiative. The amendment would have permitted funding only for security at the U.S. Embassy in Kyiv.
Seventy-six Republicans supported the proposal, highlighting continued opposition within the GOP conference to military assistance for Ukraine.
The House rejected another proposal that would have barred foreign nationals from attending U.S. military academies in a 360-61 vote. The amendment would have ended longstanding programs that train officers from allied and partner nations at institutions including West Point, the Naval Academy and the Air Force Academy.
Among other amendments, lawmakers voted to eliminate a proposed pilot program that would have used voice-based risk-assessment technology to identify service members for drug testing.
Members of the Texas National Guard assemble in Elwood, Illinois, at the Army Reserve Training Center in the southwest suburb of Chicago, on Oct. 7. 2025. (Getty Images)
The House also narrowly approved language intended to ensure the continued operation of California’s Santa Ynez Pipeline System, which transports crude oil to refineries supplying military installations. That measure passed 215-214.
The votes came as lawmakers began working through amendments to the fiscal year 2027 National Defense Authorization Act. The House made 320 amendments eligible for consideration, eight more than were included in the procedural package that collapsed last month amid a Republican revolt over the SAVE America Act.
Amendment debate is expected to resume Wednesday, with a vote on final passage after lawmakers finish considering the remaining proposals.
The underlying bill would authorize roughly $1.15 trillion for national defense, about $252 billion more than Congress appropriated for defense programs in fiscal year 2026. It would provide pay raises ranging from 5% to 7% for service members, expand weapons and munitions production and accelerate investment in missile defense, autonomous systems, hypersonics and other emerging technologies.
The NDAA sets defense policy and authorizes spending levels, but it does not provide the money itself. Congress must separately pass defense appropriations legislation to fund the programs and priorities included in the bill.
The legislation would also formally change the Department of Defense’s name to the Department of War, deeming references to the defense secretary and department in federal law to mean the secretary and Department of War.
Consideration of the legislation had been delayed for three weeks by a separate Republican fight over the SAVE America Act, Trump’s election legislation requiring documentary proof of citizenship to register to vote and identification to cast a ballot in federal elections.
The House approved the SAVE America Act in February by a 218-213 vote, but the measure stalled in the Senate, where Republicans lacked the 60 votes needed to overcome a filibuster.
Republican leaders initially sought to revive the election legislation by directing the House clerk to merge it with the NDAA after the defense bill passed but before the combined package was sent to the Senate. That approach would transmit the two measures as a single bill without making the SAVE America Act part of the NDAA text debated on the floor.
Speaker of the House Mike Johnson, R-La., addresses the House chamber of the U.S. Capitol after winning the speakership on Wednesday, Oct. 25, 2023. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
But the procedural rule authorizing that plan failed 198-224 on June 30, when 13 Republican holdouts joined Democrats in opposition. House Majority Leader Steve Scalise, R-La., also voted against the rule for procedural reasons.
Rep. Anna Paulina Luna, R-Fla., argued that attaching the election measure through the procedural maneuver would make it easier for the Senate to remove and demanded that lawmakers add it directly to the NDAA.
Luna later accepted the original approach after Speaker Mike Johnson committed to attaching the SAVE America Act to appropriations and other must-pass legislation.
The House approved a replacement rule Tuesday that again directed the clerk to merge the election legislation with the NDAA before sending it to the Senate while expanding the number of defense amendments eligible for consideration from 312 to 320.
The SAVE America Act was still expected to face opposition in the Senate and could be removed when lawmakers reconcile the House and Senate versions of the defense bill.
The Senate’s NDAA has faced problems of its own. Senate Democrats blocked consideration of their chamber’s defense bill last week in protest of the Trump administration’s war with Iran, leaving both chambers with work to do before they can negotiate a final package.
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The debate comes as the Pentagon seeks additional money to cover the Iran war and replenish weapons stockpiles. The White House has requested an $87.6 billion supplemental package, including $67.1 billion for defense needs.
House Republicans are also considering a new reconciliation package that could provide $60 billion through the Armed Services Committee and $13 billion for intelligence programs. Reconciliation would allow the package to bypass a Senate filibuster and pass without Democratic support, but the proposal still faces resistance from GOP fiscal hawks and an uncertain path through Congress.
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INTERNACIONAL
Canada reportedly scraps joint bridge celebration with US after Trump renews tariff threat
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Canada on Tuesday called off a joint celebration with the United States to mark the opening of the Gordie Howe International Bridge, following renewed tariff threats from President Donald Trump.
The bridge — which connects Detroit and Windsor, Ontario — was named after legendary Canadian hockey player Gordie Howe who played for the Detroit Red Wings, symbolizing the longstanding relationship between the two countries.
Trump on Monday announced plans to impose a 50% tariff on certain Canadian imports, citing what officials called trade discrimination against American companies in the dairy, auto and alcohol industries. The White House said Canada’s policies gave foreign competitors an unfair advantage.
«In light of trade action threatened by the United States earlier this week, it would be inappropriate to proceed with a celebratory event between the two countries,» Jenna Ghassabeh, a spokesperson for Canadian Infrastructure Minister Gregor Robertson, told Reuters in a statement.
TRUMP SAYS HE WILL BLOCK US-CANADA BRIDGE UNLESS CANADA NEGOTIATES ON TRADE
President Donald Trump in February threatened to prevent the opening of the Gordie Howe International Bridge unless Canada negotiates with the U.S. over tariffs. (Getty Images)
The bridge was scheduled to open to traffic next Monday, and American and Canadian officials were expected to attend a ribbon-cutting ceremony on Friday, Windsor Mayor Drew Dilkens previously told local media, according to Reuters.
Ghassabeh confirmed to Reuters that the bridge will still open next week, but the celebration will be held only «among Canadians.»
CANADIAN PM CARNEY FIRES BACK AT TRUMP OVER CLAIM THAT ‘CANADA LIVES BECAUSE OF THE UNITED STATES’
Canadian Prime Minister Mark Carney speaks during a press conference at the National Press Theatre in Ottawa, Ontario, Canada on July 30, 2025. (DAVE CHAN/AFP via Getty Images)
The multibillion-bridge project has faced multiple setbacks amid strained relations between the United States and Canada.
In February, Trump threatened to block the project after accusing Canada of unfair trade practices and criticizing its relationship with China. He cited Ontario’s removal of U.S. alcohol products from its liquor store shelves as an example of what he described as unfair treatment.
The bridge opening was later cleared to proceed after the U.S. and Canada reached a deal on how tolls would be charged to drivers earlier this month.
The Gordie Howe International Bridge, under construction to link Detroit, Michigan, with Windsor, Ontario, as seen in a drone image taken from Windsor, Ontario, Canada, February 10, 2026. (REUTERS/Dax Melmer/File Photo)
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The new bridge is expected to ease traffic on the privately owned Ambassador Bridge, the largest commercial border crossing between the two countries, which also connects Detroit and Windsor.
The port of entry handled $126 billion in trade carried by commercial trucks in 2023, Reuters reported.
canada, foreign policy, infrastructure across america
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