POLITICA
Cristina Kirchner hizo 194 vuelos a Santa Cruz en los cuatro años como vicepresidenta, a cargo del erario público
Guadalupe Vázquez y Federico D. Teijeiro
8‘minutos de lectura
Durante los 12 años consecutivos del primer kirchnerismo el uso discrecional de los aviones presidenciales, que iban desde Buenos Aires a Río Gallegos o El Calafate, generó polémica y causas judiciales. Los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner marcaron un regreso a esa dinámica. No tanto por la actividad del Presidente, sino por el uso que hicieron tanto la primera dama, Fabiola Yáñez, como la propia vicepresidenta y, hasta hace unos días, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
El caso de Cristina Kirchner retrata la magnitud de este uso discrecional de la flota presidencial: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate, a 3000 kilómetros de la Casa Rosada y del Congreso. Para ello, la vicepresidenta no solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.
El gasto total de esos viajes -en promedio, uno por semana- le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cìvica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.
Ahora accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación -a cargo de la logística y traslados del primer mandatario- y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de -entre otras tareas- relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como “Flighradar24″) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.
El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02″ a toda aeronave que traslada a un vicepresidenta.
Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023.
Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al Sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados -cotizados en dólares- fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 -en plena pandemia- por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.
Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta el 15 de diciembre de 2020, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz: el fin de semana largo del 1 de mayo, el 2 y 7 de junio y el 25 de julio. Todos ellos en aeronaves de la Agrupación Aérea Presidencial. Con permiso de circulación por ser considerada “trabajadora esencial”, la expresidenta estaba autorizada a viajar, como cualquier funcionario, por motivos laborales. Sin embargo, en ninguno de esos casos tuvo algún tipo de agenda oficial.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” -esto es, vacías- tanto por haber tenido que ir a buscarla al Sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos.
El caso del T-10 y T-11 es curioso: son dos Learjet 60 que habían sido comprados originalmente por la Fuerza Aérea para realizar tareas de verificación aérea, pero fueron rápidamente derivados a Presidencia para traslados vip. Esta “apropiación” por parte de Presidencia de dos aviones que en primera instancia habían sido adquiridos para cumplir tareas relacionadas con la seguridad operacional argentina también fue denunciada ante la Justicia el 14 de octubre por la fundación Apolo, por considerar que el gobierno actuó en desmedro de la prevención de incidentes y accidentes de aviación.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini e incluye a otros asiduos usuarios de los emblemáticos Tango 10 y Tango 11: Yáñez, quien los utilizó para ir a visitar a su familia en Misiones, y Massa, quien los usó para recorrer el país durante su campaña electoral. El costo operativo de los 93 vuelos que realizó el excandidato en campaña, según calculan los expertos consultados, es de no menos de 2.378.074 dólares.
Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal): un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado como LV-KGJ. Este último avión le costó a la compañía 20 millones de dólares. Según fuentes consultadas, era el favorito de Cristina.
Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares sólo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la Bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.
El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la Ciudad de Buenos Aires a La Plata.
Cabe destacar que el uso de la flota aérea presidencial le genera al país más costos que los estrictamente operativos antes mencionados: hace que las aeronaves ingresen a mantenimiento programado antes de tiempo, se descompongan más o necesiten reparaciones menores y utilicen más combustible, entre otros gastos extra. De acuerdo a las licitaciones y contrataciones publicadas por el gobierno en el portal “Compr.Ar”, en este período el Estado debió comprar para la flota presidencial combustible extra, seguros de aeronaves y de hangar, mantenimientos programados, no programados, repuestos y catering. Este último incluyó productos premium de la más alta calidad para degustar a bordo, y un “menú infantil” pedido expresamente ya que, según lo confirmado por fuentes cercanas a LADE, Helena, hija de Florencia Kirchner y nieta de la vicepresidenta, viaja asiduamente con su abuela a Santa Cruz. De acuerdo a fuentes de Presidencia, Cristina viajaba, además de con su nieta, con una niñera, su secretario privado, un custodio y Simón, el caniche que le regaló el gobierno de Venezuela.
Así como el martes la vicepresidenta se despidió del personal del Senado, el próximo domingo, 10 de diciembre, deberá despedirse también de este beneficio.
LA NACION,Política
POLITICA
Tras la mesa política, el Gobierno confirmó que Milei presentará la reforma del BCRA: se haría por cadena nacional
Tras la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno informó que el presidente Javier Milei se encargará de hacer en persona la presentación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En ese proyecto trabajó junto a sus ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía), y también con el actual titular de la entidad, Santiago Bausili.
Según le contaron a altas fuentes de Balcarce 50, hay altas chances de que el anuncio se haga por cadena nacional. Está previsto para la próxima semana.
Todavía no está definido si Milei solo hará el detalle de la iniciativa o si se sumará el equipo económico. Esta reforma, en principio, busca devolverle a la entidad el mandato de defensa del valor de la moneda.
Hasta ahora, en la Casa Rosada dieron algunos ejes del devenir de la iniciativa. Además de la preservación de la moneda como mandato clave, en este texto que el Ejecutivo remitirá al Congreso se prohibirá el financiamiento del gasto público a través del Tesoro Nacional -es decir, con la compra directa de títulos públicos y con adelantos transitorios-. Asimismo, la iniciativa intenta prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.
El Gobierno también quiere que las autoridades del Central tengan más estabilidad y que se endurezcan los requisitos para remover al presidente y al directorio del Banco. Fuentes oficiales alegan que esto es para darle más seguridad jurídica y para fortalecer la “gobernanza” del Central.
Uno de los mecanismos en ese sentido estaría vinculado a darle mayor institucionalidad a la validación de los directivos que haga el Senado. Este tema fue parte de conversaciones entre el Presidente y la jefa de la bancada en la Cámara alta, Patricia Bullrich, por estas semanas.
El proyecto también busca restringir la distribución de utilidades del Banco Central -salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como si hay deflación-.
En tanto, otra vez el Presidente con este proyecto hará una avanzada con el fin de endurecer penas y sanciones contra las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria. Este elemento el Ejecutivo lo quiere incorporar en el Código Penal.
El año pasado, el Presidente ya había mandado al Congreso el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que quiso blindar el equilibrio fiscal mediante sanciones penales, pero no tuvo eco en el Legislativo y quedó en la nada.
La reforma de la carta orgánica del Banco Central estará complementada por el shutdown con su adaptación a la argentina que -como ya contó – tendrá un «espíritu fiscalista» y se activará cuando el Estado entra en déficit, con una serie de pasos previos. Todo esto, si logra la aprobación de Diputados y el Senado.
Mañana, Caputo presentará en la sede del Ministerio de Economía otro proyecto importante para el oficialismo: aquel con las modificaciones en la Ley de Inocencia Fiscal (o Inocencia Fiscal II), que pretende lograr que los argentinos saquen “los dólares del colchón” a través de la anulación de sanciones por evasión. Entra por Diputados.
Inocencia Fiscal ya tuvo su primera etapa -que logró aprobación del Congreso- pero no alcanzó el objetivo del Gobierno de convencer a la gente a volcar sus ahorros a la economía formal.
En la mesa política de este martes en Balcarce 50 estuvieron la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe Ignacio Devitt; el estratega Santiago Caputo; el ministro Caputo; la senadora Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; su primo, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.
Una vez terminada la reunión en la sede del Ejecutivo, que duró aproximadamente dos horas, por los canales oficiales se difundió una foto en la que se ve al plantel completo. En el centro de la imagen, en el mismo sillón aparecen sentados Karina Milei y “Lule” Menem en los extremos; y en el medio de los dos, el estratega Caputo. Karina y los Menem por un lado, y el asesor por otro, son referentes de las dos terminales más poderosas de la administración libertaria, que están en pugna.
Pese al receso del Congreso, en estos mitines suele prevalecer la agenda legislativa. En la última sesión en el Senado, el Gobierno tuvo un traspié, cuando tuvo que aplazar la votación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada -que, entre otras cosas, garantiza habilitar la venta de tierras a extranjeros- ya que no contaba con los votos. En su momento, una parte del oficialismo culpó a Bullrich por supuestamente decir que las manos para aprobar el proyecto estaban y finalmente no reunir el número necesario. Sin embargo, aseguran no haber ahondado en ese tema este martes.
Por su parte, Santilli adelantó al resto de sus socios libertarios que mañana al mediodía, junto a Karina Milei, recibirán al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para el traspaso de obras viales.
La semana que viene, el jefe de Gabinete tiene otros encuentros pautados, con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero, para ahondar sobre planes de infraestructura que están en análisis.
como ya contó LA NACION,Paula Rossi,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Contradicciones en el Gobierno por el manejo de la comunicación oficial durante el tramo final del Mundial
La serie de tropiezos en la estrategia política y comunicacional del Gobierno en torno al tramo final del Mundial generaron una fuerte tensión en la Casa Rosada, donde en un inicio intentaron que reinaran el silencio y la mesura en el discurso oficial y se vieron obligados a dar explicaciones por declaraciones, en off y on, incluso del Presidente, consideradas innecesarias o excesivas.
El oficialismo viene de relanzar su estrategia comunicacional post Adorni y esperaba que el final de la Copa del Mundo, fuera cual fuera el resultado, provocara un vendaval de buen humor social. En cambio, junto con la derrota final, se enfrentaron a varios inconvenientes, que empezaron con la polémica por la bandera de Malvinas, siguieron con las expectativas no cumplidas en torno al feriado que no fue, y terminaron con los guiños no devueltos del Presidente a la Selección.
“No hay que hablar de nada”, decía un alto miembro del Gobierno afín a Santiago Caputo el sábado, cuando faltaban menos de 48 horas para el partido, con cierta exasperación. Estaban convencidos de que cualquier cosa que dijeran se podría malinterpretar o generar una polémica. “A la primera que digamos algo nos putean”, agregaban, en referencia a la Selección. Mientras, en ese mismo sector los tuiteros estrella no cesaban de hacer comentarios al respecto.
Después de la derrota de la final, de la marcha atrás con el feriado que habían adelantado en off y que luego confirmó el Presidente por X, solo quedaba espacio para la decepción: “Intentamos todo lo que pudimos que todos se callen. No hubo caso”, dijeron con hastío en Balcarce 50.
Entre las expectativas no cumplidas sobre el asueto para salir a las calles y los guiños no devueltos a la Selección, hubo cuestionamientos internos, en voz muy baja, hacia el propio Milei, que en sus varias salidas en radio después de los partidos y en su cuenta de X brindó posiciones sobre la bandera de Malvinas que habían desplegado los jugadores y les ofreció la Casa Rosada a los jugadores.
Con el feriado que no fue, el Presidente generó altas expectativas y confusión en la población, y el lunes muchos se preguntaban si efectivamente tendrían posibilidad de festejar. Fue un paso en falso que se podría haber evitado si tan sólo se seguía la regla inicial de mantener la cautela por sobre todo. Una recomendación que, huelga decirlo, Milei no abrazó, desde que salió
En un mea culpa, en el Gobierno deslizaron, para auto justificarse, que los tropiezos se debieron a la -prácticamente nula- comunicación con la AFA (aunque destacaron que hubo cierto contacto para la organización de la recepción en el Aeropuerto de Ezeiza). Pero, sobre todo, a que actuaban a ciegas, porque la propia Selección no les contestaba, a pesar de los numerosísimos guiños públicos que les hizo el jefe de Estado incluso desde semanas antes de que arrancara el Mundial.
En privado lamentaban la falta de respuesta. Pero sufrieron especialmente el rechazo de la Selección al ofrecimiento de Javier Milei de la Casa Rosada para que pudieran “festejar” algo que no habían conseguido aún. (en todo momento, el Gobierno pareció dar por sentado que la selección querría celebrar con la gente sin importar el resultado, cuando terminó ocurriendo lo contrario).
Sólo cuando Messi y De Paul decidieron no venir a la Argentina y quedó confirmado públicamente que no había ánimos de festejar nada, en la Casa Rosada se replegaron. Al punto de que tuvieron que correr cualquier rastro de funcionario, inclusive los de segunda línea, del operativo de recepción de los jugadores y el cuerpo técnico en el Aeropuerto de Ezeiza.
No ayudaron las declaraciones de funcionarios como el nuevo vocero, Adrián Ravier, que usó la palabra “bananero” asociada a “Argentina”, y tuvo que salir a aclarar, incluso en la conferencia de prensa de hoy, que no cree que la Argentina sea un país bananero. Sus declaraciones, aseguró, fueron sacadas de contexto. Pero en el propio Gobierno deslizan que no debió utilizarlas en primer lugar, y admitieron que generó malestar interno.
“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave”, había dicho.
Antes de la polémica por el feriado y el retorno de los jugadores, el posicionamiento del gobierno sobre el tema Malvinas fue un parteaguas. Y aquí también hubo una reflexión crítica en el oficialismo, de donde emanaron posiciones de manera descentralizada y en un punto confusas.
El Presidente, por su rol, evitó mostrar acuerdo con el reclamo que hicieron los jugadores al final del partido contra Inglaterra. Pero habilitó a las Fuerzas del Cielo a salir a apoyar en X una vez que hubiera terminado el partido. Y alfiles muy cercanos a Karina Milei como Santiago Oría también salieron a opinar, entre críticas a Victoria Villarruel por su tuit donde le decía “piratas” a los ingleses. La sensación es que el tema quedó manoseado y mal comunicado.
Desde las filas del caputismo aseguraron que tenían el visto bueno: “Nosotros no tenemos cargos relevantes para la diplomacia. Y no dijimos lo mismo que Villarruel. Pero él es el Presidente. ¿Qué iba a decir? ¿Quememos banderas inglesas?“, dijo un miembro de la cúpula nacional. En resumen, diferenciaron entre el planteo oficial de Milei y lo que denominaron “el sentir del pueblo”.
Hoy, seis días después del partido con Inglaterra, el Gobierno volvió sobre el tema y el vocero, Ravier, debió aclarar que el jefe de Estado “de ninguna manera cuestiona a los jugadores” y le buscó un lado positivo: “Creo que una parte del mundo que desconocía el tema hoy se enteró de que este reclamo existe. Los argentinos pudimos volver a poner el tema sobre la mesa“, reflexionó.
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Sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo de 2026, la Ley de Modernización Laboral (27.802) flexibiliza las contrataciones, extiende el periodo de prueba, modifica las indemnizaciones y regula el derecho a huelga en Argentina. Sus ejes:
- Despidos e indemnizaciones. Se mantiene un sueldo por año de antigüedad, pero la base de cálculo excluye aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales, y se topea en tres salarios promedio del convenio (con un piso del 67%). La indemnización pasa a ser la “única reparación”: cobrarla cierra cualquier reclamo civil posterior, salvo delitos penales. Los convenios podrán reemplazar el sistema por un fondo de cese.
- Fondo de Asistencia Laboral. Desde junio de 2026, cada empleador aporta 1% (grandes empresas) o 2,5% (Pymes) de la masa salarial a una cuenta administrada por entidades privadas, para financiar despidos. A cambio recibe una reducción equivalente de contribuciones patronales.
- Relación de dependencia. Se debilita la presunción de contrato laboral: si hay facturas o pagos bancarizados, no se presume empleo, ni siquiera a efectos previsionales. Los repartidores y choferes de apps quedan definidos como prestadores independientes, fuera de la ley laboral. La solidaridad entre empresas de un mismo grupo solo procede si hubo fraude.
- Jornada y vacaciones. Se habilitan bancos de horas y francos compensatorios pactados por escrito. Las vacaciones pueden otorgarse entre octubre y abril, fraccionadas en tramos de al menos siete días.
- Huelga y sindicatos. Los servicios esenciales deben garantizar 75% de prestación; una lista amplia de actividades “de importancia trascendental” (transporte, bancos, alimentos, hotelería, industria continua) exige 50%. Las asambleas requieren autorización del empleador y no se pagan. Bloqueos y tomas se tipifican como infracciones muy graves, y la reincidencia puede costar la personería gremial. Los aportes convencionales a sindicatos se topean en 2%.
- Convenios colectivos. La ultraactividad se limita a cláusulas normativas y el convenio de ámbito menor (por empresa) prevalece sobre el de actividad.
- Justicia laboral. Los juicios porteños se transfieren a la Ciudad, los jueces quedan obligados a seguir la Corte Suprema, las costas se topean en 25% y las deudas se actualizan por IPC más 3% anual.
- Otros. Blanqueo laboral con condonación de al menos 70% de deudas, contribuciones reducidas para nuevas contrataciones, incentivos a inversiones pymes y quita de impuestos internos a seguros, celulares y automotores. Se derogan, entre otras, las leyes de teletrabajo, viajantes de comercio y estatuto del periodista.
Para profundizar más sobre la reforma laboral, se puede acceder a la colección de Google Pinpoint elaborada por sobre el tema, que además de incluir el texto completo de la ley, incluye información, audios e infografrías de cómo fue el proceso desde que el Gobierno impulsó el proyecto hasta que fue aprobado, análisis de nuestros especialistas, y editoriales.
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