El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz continúa pese al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fijó un piso de $1.700.000 para los agentes ingresantes. Los efectivos mantienen el reclamo y exigen que el salario inicial alcance los $2.200.000.

En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayor parte de los policías ya volvieron a sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de adhesión que tuvieron durante los primeros días del reclamo. Además, consideran que las manifestaciones que aún continúan responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.

Con el correr de los días, el conflicto comenzó a mostrar realidades diferentes según la región. En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas.

La situación es distinta en el sur provincial. En Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.

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En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.

Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.

“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.

“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.

Santa Cruz, Policía, Gobierno

Un vez terminado el Mundial, la política vuelve a su programación habitual y en el caso del PRO, la misión es reactivar la agenda legislativa para la segunda mitad del año. Uno de los principales proyectos pendientes es la reforma del Código Penal, inciativa que el partido fundado por Mauricio Macri impulsa desde hace tiempo.

Este martes, el jefe de bloque de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, donde pidió penas más graves para los asesinatos de polícias. “El que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”, aseguró en su cuenta de X.

“Entendemos que este es uno de los temas pendientes que quedaron del Consejo de Mayo. Si bien la seguridad no formó parte del Pacto de Mayo, la reforma del Código Penal era una discusión que debía retomarse una vez aprobado el grueso de los acuerdos”, indicaron desde el bloque del PRO a TN.

“Desde el PRO estamos recogiendo esa agenda e impulsándola con fuerza. La Justicia necesita más y mejores herramientas para combatir el delito, condenar a quienes corresponda y garantizar que los delincuentes cumplan penas efectivas”, remarcaron.

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Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se incorporan figuras específicas contra los motochorros, “que es el delito que más impacta en los barrios”. Además se elevan las penas de cumplimiento efectivo: “Hoy, si la pena es baja, el delincuente entra y sale; con este Código, el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”.

También se avanza contra los bloqueos sindicales a empresas. “En un país normal bloquear una fábrica no es un derecho gremial, es un delito penal”, sostienen en el bloque que lidera Ritondo. “El que quiere trabajar tiene que poder entrar a trabajar”, destacan.

El proyecto venía de la mano del proyecto de Martín Yeza de inviolabilidad de la propiedad privada que es basicamente el que tomó el Gobierno. Allí se introduce el concepoto de los “desalojos express”.

“Agilizamos los tiempos de la justicia para que, ante una usurpación o intrusión, la restitución del inmueble sea inmediata”, explicaron. “El que toma una propiedad tiene que saber que va a ser desalojado ya”, subrayaron.

“Son puntos clave que van a fortalecer el orden y nos van a permitir cuidar mucho mejor a los argentinos y a sus bienes, que es para lo que nos votaron”, finalizaron en el PRO.

La agenda que impulsa el PRO en el Congreso

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

PRO, Reforma del Código Penal, Congreso

En medio de la disputa que enfrenta a los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, la defensa del principal imputado le hizo un pedido a la Justicia: que el juez habilite la feria judicial de invierno para resolver de inmediato sobre dos cuestiones patrimoniales que llevan meses sin respuesta.

Piccirillo solicitó que el juez dé la autorización para alquilar un departamento ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el objetivo de generar ingresos mientras cumple su prisión domiciliaria en Banfield.

El escrito, al que tuvo acceso TN, recordó que estas peticiones ya fueron formuladas el 30 de junio junto con la solicitud del cese de la prisión preventiva. Ahora, con el inicio de la feria, la defensa reclamó que no se postergue hasta agosto la decisión sobre estos pedidos.

Los abogados del exmarido de Jésica Cirio remarcaron que el alquiler del departamento de Nordelta tiene carácter alimentario, ya que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”, lo que compromete además el interés superior del niño.

Además, la falta de empadronamiento del locatario ya generó problemas reales: “el nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”.

En cuanto a los embargos, la defensa de Piccirillo aseguró que son desproporcionados. Concretamente, sobre el financista pesan un embargo de $900.000.000, el embargo sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.

“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, reiteró la defensa.

En esa línea, los abogados pidieron reducir el embargo a $200.000.000, sustituirlo por un depósito judicial ya ofrecido, levantar las anotaciones sobre los inmuebles, devolver la caución y levantar la inhibición general por resultar subsidiaria y no corresponder cuando existen bienes suficientes.

“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, se lee en el escrito.

La fiscalía se opone a su libertad condicional

Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.

La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.

Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.

En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada.

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La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.

Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.

Elías Piccirillo, nordelta, Justicia