La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este martes una reunión privada en la Cámara Alta para reducir la tensión luego del fuerte cruce que se hizo público por la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno.

Según pudo saber TN, el encuentro se pactó en medio del receso invernal en el Congreso para acordar una suerte de tregua y ordenar las próximas sesiones que quiere impulsar el oficialismo para avanzar con sus reformas.

El puente de diálogo, que no estuvo exento de reproches, se produjo luego de la filtración de una dura discusión privada entre ambas a la prensa. El intercambio incluía marcadas diferencias alrededor del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y uno de sus ejes centrales: los cambios a la Ley de Tierras que habilitarían la compra de terrenos por parte de extranjeros.

En ese contexto, según pudo reconstruir este medio, Villarruel le recriminó a Bullrich haber hecho públicos sus chats de WhatsApp. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, había cuestionado la vice en sus redes la semana pasada.

Por su parte, Bullrich aclaró en el encuentro que ella no filtró su conversación a la prensa, sino que lo había compartido en el grupo de senadores de La Libertad Avanza para ponerlos al tanto de cuál era la postura de la titular del Senado en caso de que tuviera que desempatar la votación.

A su vez, para dejar atrás el episodio y comenzar a trabajar hacia delante, la exministra de Seguridad le transmitió a Villarruel cuáles son los nuevos proyectos que busca llevar el Gobierno al Senado. En ese sentido, fuentes al tanto del encuentro señalaron que la reunión buscó desescalar tensiones y evitar un conflicto abierto.

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Aún así, en la Cámara Alta coinciden en que la relación entre Villarruel y Bullrich nunca será amistosa. Para validar esa premisa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había lanzado la semana pasada un duro mensaje dirigido a la vice: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”.

Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, ley de tierras

El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz continúa pese al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fijó un piso de $1.700.000 para los agentes ingresantes. Los efectivos mantienen el reclamo y exigen que el salario inicial alcance los $2.200.000.

En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayor parte de los policías ya volvieron a sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de adhesión que tuvieron durante los primeros días del reclamo. Además, consideran que las manifestaciones que aún continúan responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.

Con el correr de los días, el conflicto comenzó a mostrar realidades diferentes según la región. En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas.

La situación es distinta en el sur provincial. En Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.

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En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.

Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.

“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.

“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.

Santa Cruz, Policía, Gobierno

Un vez terminado el Mundial, la política vuelve a su programación habitual y en el caso del PRO, la misión es reactivar la agenda legislativa para la segunda mitad del año. Uno de los principales proyectos pendientes es la reforma del Código Penal, inciativa que el partido fundado por Mauricio Macri impulsa desde hace tiempo.

Este martes, el jefe de bloque de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, donde pidió penas más graves para los asesinatos de polícias. “El que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”, aseguró en su cuenta de X.

“Entendemos que este es uno de los temas pendientes que quedaron del Consejo de Mayo. Si bien la seguridad no formó parte del Pacto de Mayo, la reforma del Código Penal era una discusión que debía retomarse una vez aprobado el grueso de los acuerdos”, indicaron desde el bloque del PRO a TN.

“Desde el PRO estamos recogiendo esa agenda e impulsándola con fuerza. La Justicia necesita más y mejores herramientas para combatir el delito, condenar a quienes corresponda y garantizar que los delincuentes cumplan penas efectivas”, remarcaron.

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Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se incorporan figuras específicas contra los motochorros, “que es el delito que más impacta en los barrios”. Además se elevan las penas de cumplimiento efectivo: “Hoy, si la pena es baja, el delincuente entra y sale; con este Código, el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”.

También se avanza contra los bloqueos sindicales a empresas. “En un país normal bloquear una fábrica no es un derecho gremial, es un delito penal”, sostienen en el bloque que lidera Ritondo. “El que quiere trabajar tiene que poder entrar a trabajar”, destacan.

El proyecto venía de la mano del proyecto de Martín Yeza de inviolabilidad de la propiedad privada que es basicamente el que tomó el Gobierno. Allí se introduce el concepoto de los “desalojos express”.

“Agilizamos los tiempos de la justicia para que, ante una usurpación o intrusión, la restitución del inmueble sea inmediata”, explicaron. “El que toma una propiedad tiene que saber que va a ser desalojado ya”, subrayaron.

“Son puntos clave que van a fortalecer el orden y nos van a permitir cuidar mucho mejor a los argentinos y a sus bienes, que es para lo que nos votaron”, finalizaron en el PRO.

La agenda que impulsa el PRO en el Congreso

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

PRO, Reforma del Código Penal, Congreso