POLITICA
¿Por qué ganan los oficialistas? La fórmula de los gobernadores para blindarse de la crisis y mantener el poder

Liderazgos de “marca blanca” se consolidan en las provincias; se hacen fuertes en los tres poderes del Estado local y toman distancia de la pelea nacional
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Cerró el escrutinio y el equipo del ministro Sergio Massa, aliado del gobernador Gustavo Sáenz, que acababa de ser reelegido, lo celebró con un comunicado titulado “Una elección sin precedentes en Salta”. Sáenz había ganado en los 23 departamentos y había logrado el 47,5% de los votos, pero además, con menos de la mitad de los sufragios totales, se quedaba con las 11 bancas en juego en el Senado provincial y con 26 de las 30 de la Cámara baja.
Esto fue posible gracias a un sistema electoral que favorece al ganador –establece, por ejemplo, que cada departamento elige un solo senador y no hay representación de las minorías– y a que “Gustavo Gobernador” fue un frente de frentes –impugnado sin éxito en la Justicia por un sector opositor–, una “super alianza” transversal.
La estrategia de Sáenz, apodado “El equilibrista”, fue plantear la elección como “absolutamente provincial”. Esta semana, después de su triunfo, se reunió con Alberto Fernández, pero además dialoga con Horacio Rodríguez Larreta y convivió en buena sintonía con Mauricio Macri cuando eran intendente y presidente.
Forma parte de un fenómeno, advierten los analistas políticos, de provincias cada vez más autónomas, desenganchadas de lo nacional. Gobernadores “marca blanca”, que toman distancia de un gobierno nacional sumergido en la crisis económica. Se hacen fuertes puertas adentro, controlan de manera desproporcionada las Legislaturas y eso les permite nombrar jueces y dominar los espacios de control, frente a una oposición que queda desarticulada ante semejante poderío institucional.
Sáenz es de origen peronista, pero su vecino radical, el gobernador Gerardo Morales, logró algo comparable en Jujuy. Su delfín Carlos Alberto Sadir se convirtió hace dos semanas en gobernador electo con el 49% de los votos y ahora la fuerza de Morales tendrá mayoría agravada por sí misma en la Legislatura (hasta ahora estaba muy cerca, pero no la alcanzaba). Su próximo paso será avanzar con una reforma constitucional que no tendrá problemas para aprobar una convención constituyente en la que tiene mayoría. Además, Morales nombró a seis de los nueve jueces de la Corte, incluidos su exfiscal de Estado y dos de los legisladores radicales que habían votado en favor de que se ampliara el tribunal, un proyecto que Morales presentó el día después de asumir en 2015.
Ricardo Quintela, en La Rioja, reelegido con el 50% de los votos, también tiene en marcha una reforma constitucional. En las últimas elecciones consiguió hacerse de 27 de los 36 constituyentes que van a modificar la Constitución; entre otras cosas, revisarán la “periodicidad” de los jueces y la integración del Tribunal Superior de Justicia.
Ocho provincias votaron ya a sus gobernadores desacopladas de las elecciones nacionales. En siete ganó el oficialismo: Río Negro, Jujuy, La Rioja, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego y Salta. Solo perdió en Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, donde fue electo gobernador Rolando Figueroa, un disidente del Movimiento Popular Neuquino, que llevaba 60 años en el gobierno. El tiempo dirá si es un caso extremo en el que la hegemonía oficialista es tal que le permite trasladar su interna al electorado general.

Que ganen los oficialismos no es algo nuevo, destacaron a los politólogos Andrés Malamud (que explica que desde 1983 hasta ahora en más del 80% de los casos ganaron candidatos oficialistas) y Miguel De Luca (que advierte que desde el 83, nueve de cada diez gobernadores que compitieron por la reelección la lograron).
“La gente vota cercanía”, dice Malamud, que se opone -con un dejo de ironía- a que se hable de provincias “feudales”. Afirma Malamud: “El feudalismo era un modo de producción: los siervos producían y el señor les exigía. No estaban contentos porque tenían que trabajar. Las provincias son un sistema rentístico; viven de no producir”.
De las ocho provincias que votaron gobernador hasta ahora la mayoría tiene una enorme dependencia de los fondos que recibe del Estado Nacional. Salvo Neuquén y Tierra del Fuego, las otras seis están por encima de la media en cuanto al porcentaje de sus ingresos totales que tienen origen en transferencias automáticas y no automáticas de la Nación. Además, tienen altos índices de empleo público sobre el total de empleo registrado: La Rioja, 67%; Jujuy, 59%; Misiones, 55%; La Pampa, 47%; Salta, 45%; Tierra del Fuego, 45%; Neuquén, 44% y Río Negro, 40%, según datos oficiales a enero de 2023.
¿Por qué ganan los oficialismos?
De Luca advierte: “La ventaja de los oficialismos es un fenómeno de todas las democracias contemporáneas, que en el mundo anglosajón llaman la ventaja del incumbent. Las tasas de éxito de esos incumbent son altísimas”. El politólogo destaca que hay algunos “componentes institucionales” que potencian los triunfos oficialistas, como ciertas leyes electorales y las cláusulas de reelección inmediata.
“Solo dos provincias no tienen reelección consecutiva y siguen siendo bastante competitivas: Mendoza y Santa Fe”, explica. “En el 83, ningún gobernador tenía la reelección inmediata a nivel constitucional y desde entonces, 22 reformaron [las constituciones] para tener al menos una reelección consecutiva. Eso hace que los oficialismos ganen o tengan más chances de ganar”, afirma.
De Luca advierte que, en general, cuando ganan su reelección, los gobernadores consiguen hacerse de mayorías más abultadas en las Legislaturas. “Tienden entonces a designar jueces más cercanos en las cortes provinciales, que a su vez relajan los controles. Después, si tienen un rival interno en su partido, utilizan ese poder para tratan de neutralizarlo. Y lo mismo si tienen un rival al frente de una ciudad importante”.
Pero De Luca dice que hay que contemplar un aspecto más, que son “otras condiciones de la competencia que no tienen que ver con las reglas, sino que se dan en el plano de cómo se emite la información política y cómo se consume” y con cómo es la estructura de la sociedad civil. “Si hay medios provinciales opositores a la provincia; si existe una estructura productiva menos dependiente del aparato estatal; si hay organismos de la sociedad civil que monitorean”.
Para De Luca, las oposiciones deben “aprender a jugar con esta cancha inclinada” porque “si cooperan, pueden derrotar a los oficialismos”.
Provincias “alambradas”
El politólogo Pablo Touzon advierte que cada vez son más los oficialismos locales que decidieron “ponerle un alambre de púa a las provincias” y “no disputar el poder nacional, en una especie de pacto implícito con el gobierno central de ‘yo no salgo de acá, pero vos no entrás tampoco”.
Según Touzon, este “proceso de desacople entre la realidad política de las provincias y la Nación” empezó, sobre todo, durante el kirchnerismo. “Cuando el kirchnerismo empieza a tornarse un partido casi exclusivamente bonaerense”, sostiene.

“El Frente de Todos tuvo en algún momento la premisa explícita de volver a juntar a los 24 gobernadores, pero nunca se realizó”, relata Touzon, que afirma que “hoy está todo 100% atomizado”, a tal punto que “el Frente de Todos termina siendo una especie de partido de la provincia de Buenos Aires y el Pro, uno de la ciudad”.
En este escenario, explica, “lo que lograron hacer muchos gobernadores es trasladar los malos costos de su gestión”. Tanto hacia arriba, a la Nación, por ejemplo en cuanto a la inflación, como hacia abajo, donde los costos más operativos caen en los municipios.
“Hoy cualquier gobernador quiere ser [Carlos] Rovira, el mandamás de un poder que se perpetua sin siquiera estar sujeto a esta tómbola de las reelecciones, que puede terminar como termina en la Corte, y consolidar un formato que prescinde absolutamente de lo nacional”, dice Touzon.
Rovira es caudillo que maneja desde hace más de dos décadas el poder en Misiones. Fue gobernador, pero extendió su hegemonía incluso cuando se le obturó el camino para otra reelección propia. En las elecciones de hace dos semanas celebró el triunfo de Hugo Passalacqua con su sello, el del Frente Renovador de la Concordia, que nombró a ocho de los nueve jueces del Superior Tribunal de Justicia provincial y hoy tiene 27 de los 40 legisladores provinciales (dos tercios) gracias a la elección de 2019, en la que consiguió más del 70% de los votos. Esta vez Passalacqua ganó con el 64%. A partir de diciembre, tendrá 25 legisladores propios, pero en Misiones descuentan que para el rovirismo no será difícil hacerse de dos aliados que le garanticen los dos tercios.
Alberto Weretilneck, en Río Negro, también intentó una reelección que se le frustró. Fue en 2019. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia lo había avalado, pero la Corte Suprema nacional falló en su contra. Debió esperar y el mes pasado volvió a ganar la gobernación con el 42% de los votos. Sucederá a la actual gobernadora, Arabela Carreras, que en 2019 iba a ser su vice pero, tras el fallo de la Corte, ocupó su lugar. El triunfo del oficialismo fue menos holgado esta vez. En 2015, Juntos Somos Río Negro había conseguido más del 52% de los votos. A partir de diciembre Weretilneck tendrá una mayoría más ajustada en la Legislatura.
En La Pampa y en Tierra del Fuego fueron reelegidos los dos gobernadores. En Tierra del Fuego, se impuso el actual mandatario, Gustavo Melella, con más del 50 por ciento de los votos. En La Pampa, en una elección más ajustada, Sergio Ziliotto ganó nuevamente, con el 47 por ciento.
Ziliotto y Rolando Figueroa son los dos gobernadores elegidos este año que deberán trabajar para consolidarse en las Legislaturas. El caso de Figueroa es particular: derrotó en las urnas al candidato del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y eso fue muy celebrado por los opositores al partido como el fin a 60 años de hegemonía absoluta en Neuquén del poder del movimiento que fundó Felipe Sapag. Pero, ¿es realmente el fin? La misma noche de su elección, Figueroa declaró: “Yo no reniego de mi pertenencia. Soy un hombre del MPN”.
Con la colaboración de nuestros corresponsales
Paz Rodríguez Niell,Gabriela Origlia,LA NACION,Política
POLITICA
Senado: se aprobó el recorte de subsidios en zonas frías y el Gobierno sumó una victoria en el Congreso

El Gobierno libertario sumó una victoria de peso en el Congreso: la bancada oficialista en el Senado, que comanda Patricia Bullrich, sancionó el recorte de subsidios en zonas frías empujado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La medida, que obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra, se consiguió a cambio de una promesa para aliviar el peso de la energía eléctrica en provincias “cálidas”.
La extensa -y ahora criticada- ampliación que fomentó el kirchnerismo se retrotraerá y sólo quedará vigente por cuestiones sociales y/o de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,7 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Esto apunta a distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros.
Tras lo ocurrido, la gran incógnita que resta es cómo impactarán las subas en boletas durante el próximo invierno. Es que, para esa fecha, ya se estará en medio de una campaña presidencial y, casi con seguridad, habrá provincias afectadas por esta ley que definirán gobernador.
Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura.

Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados. El funcionario se llevó así un importante triunfo a su favor.
“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”, aseguró la titular de la comisión de Energía del Senado, Flavia Royón (Primero los Salteños). La legisladora agregó: “Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”.
No estuvo de acuerdo con la iniciativa la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza), quien observó la “improvisación en un tema trascendental” por “eliminar sin ningún criterio”. Y añadió: “Qué nos van a decir a los del interior, que estamos subsidiando el transporte del AMBA”.
Se sumó su colega de bloque Maximiliano Abad (Buenos Aires): “No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico”. Ambos rechazaron junto a los también radicales Eduardo Galaretto, Carolina Losada (ambos, de Santa Fe), Daniel Kroneberger (La Pampa) y el mendocino Rodolfo Suárez. Los dos restantes fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que soñaban con “zonas polares”.

Fue curioso el trámite en el recinto del proyecto. Primero, el kirchnerismo, pese a que el tema ya estaba habilitado, anunció que se retiraba del recinto y que esperaría, en la previa de la definición, la confirmación del quorum. No volvieron más.
Después, la estrategia opositora quedó nada menos que en manos de Carambia -su compañera Gadano perdió tiempo en criticar a un mandatario de otra provincia y recibió una dura respuesta por ello-, que solicitó una moción -se votan en el momento- para pasar la sesión a un cuarto intermedio.
A pesar de la situación, el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que presidía el convite, dio lugar a los 15 minutos reglamentarios aunque siguió con la lista de oradores. Con el quorum ratificado y la moción caída, Bullrich mandó a cerrar el asunto y votar. Un final de jornada pésimo para lo que preveía el kirchnerismo horas antes del encuentro.
En las adhesiones a la ley aparecieron junto a los libertarios -y otros silvestres provinciales- los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).
Sus otrora colegas cristinistas, referenciados en José Mayans (Formosa), emitieron -cuando todo lo valioso ya consumado- un comunicado para quejarse por no estar explícito en el texto la parte de zonas cálidas, una acusación contra el Gobierno para enfrentar norte versus sur del país, y para denostar “un incremento promedio de 1.600%” en gas y 800% en electricidad “en estos casi tres años de gestión”.
luciano ingaramo / comunicació
POLITICA
En un trámite inesperado y veloz, el Senado sancionó el recorte de subsidios al gas

En un escenario inusual por la retirada masiva del recinto de los senadores que rechazaban la iniciativa, lo que acortó el debate de manera sensible, el Senado aprobó y sancionó el polémico proyecto que reforma la ley de zonas frías, iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei pretende recortar subsidios al gas en amplios sectores del país con la mira puesta en sostener su política de equilibrio fiscal.
Según estimaciones oficiales brindadas ante las comisiones del Senado por le secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares, siendo la provincia de Buenos aires el distrito más afectado.
Con el kirchnerismo fuera del recinto y luego de sortear una jugada para que la sesión fracasara por falta de quórum, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidió evitar futuro contratiempos y pidió que se votara el proyecto en general y en particular.
Apenas si había transcurrido poco más de una hora de debate en la que hablaron seis senadores cuando el tablero marcó una votación de 38 votos a favor y 8 en contra que convirtió en ley al proyecto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo último.
Como ocurrió en su paso por la Cámara de Diputados,la iniciativa dividió al recinto de manera transversal más allá de sus banderías políticas, reuniendo en el rechazo a peronistas disidentes, radicales y provinciales.
De hecho, a la mayoría que sancionó la ley aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy)y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, respectivamente.
La moneda de cambio para obtener estos respaldos fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica como consecuencia de las altas temperaturas de los meses de verano.
El rechazo quedó circunscripto a los senadores provinciales de Santa cruz Natalia Gadano y José María Carambia y a seis senadores radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de Mendoza, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, Daniel Kroneberger (La Pampa) y el bonaerense Maximiliano Abad.
La salida en masa del bloque justicialista no sólo acortó de manera sustancial el debate. reduciendo de manera sustancia los 29 senadores anotados inicialmente, sino que permitió el amplio resultado favorable de la votación, ya que el sector que conduce José Mayans (Formosa), no volvió al recinto.
Con la aceleración de los tiempos del debate apenas si se escucharon dos voces a favor del proyecto. La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que ofició de miembro informante, y la radical Edith Terenzi (Chubut). Ante la posibliidad de acortar la discusión, todos los senadores del oficialismo se bajaron de la lista de oradores.
“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, dijo Royón, presidenta de la comisión de Minería.
En ese sentido, la senadora explicó que “hoy el subsidio es sobre los 3 componentes de la factura, sobre el costo del gas, sobre el transporte y sobre la distribución; lo que hace el proyecto es concentrar el subsidio solamente en la primera parte, en el costo del gas”.
“La situación económica va a determinar qué hogares requieren asistencia, y lo va a hacer por un volumen, por un consumo base que determina las necesidades indispensables de gas”, completó Royón.
Desde la otra vereda se quejó Gadano, quien afirmó que la ley implicará un aumento en las facturas de los usuarios de la región más austral país.
“Si le quitamos el subsidio al transporte y la distribución cómo no van a impactar ese porcentaje a la facturas si el gas hay que transportarlo hasta la Patagonia”, se quejó Gadano.
La radical Juri dijo que se encontraba ante un “día muy triste” porque “estamos agregando más injusticia” en l Argentina. “Estamos legislando sin ningún criterio técnico que permita justificar el concepto de zona fría”, agregó Juri, quien dijo que la iniciativa “afecta al 61% de los usuarios mendocinos”.
Por su parte, el bonaerense Abad dijo que acompañaba la ayuda a las provincias del norte por el mayor consumo eléctrico, pero también usar “el mismo principio para no excluir, para no dejar tirados, para no abandonar a muchos ciudadanos de distintos puntos del país donde hay temperaturas muy bajas”.
Al respecto, Abad dijo que en la provincia de Buenos Sires serán “94 municipios” los afectados co un total de 1,3 millón de hogares que “se van a quedar fuera de este beneficio y desprotegidos de un día para el otro”.
La ley sancionada esta tarde propone una redefinición del régimen de descuentos en las facturas de gas: en lugar de sostener una ayuda amplia basada principalmente en la ubicación geográfica, plantea concentrarla en las regiones de clima más riguroso y en los hogares de menores ingresos.
El esquema nació en 2002, con la Ley 25.565, para otorgar tarifas diferenciales a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a localidades de otras provincias -entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja-, y llevó el universo alcanzado desde cerca de un millón hasta alrededor de cuatro millones de hogares.
La reforma busca volver al mapa original: conservarían la cobertura general los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que quedarían fuera las zonas incorporadas en 2021.
Otro punto central es la base sobre la que se calcula la bonificación, hoy situada entre el 30% y el 50%. El proyecto establece que el descuento se aplique únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y no al total de la factura.
Así, los cargos de transporte, distribución y los impuestos quedarían fuera de la cobertura, un cambio que también elevaría el monto final para usuarios de las regiones históricas que continúen dentro del régimen.
En las localidades excluidas del beneficio geográfico, la asistencia quedaría reservada a hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica.
El financiamiento seguiría apoyado en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, nutrido por un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios del sistema.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Avanza la investigación por los sueldos irregulares en la Armada: declararon dos militares y se secuestró material sensible

La causa por el pago de sueldos indebidos por casi $1000 millones en la Armada Argentina avanzó esta semana con dos medidas centrales: las declaraciones testimoniales de los dos militares que integraron la comisión interna que detectó las maniobras, y el secuestro formal de las computadoras que contenían la información utilizada para las acreditaciones cuestionadas, según supo TN de fuentes judiciales.
El primero en declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal, 2 a cargo de Sebastián Ramos, fue Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada, que se presentó ante el juez Ramos el lunes 21 de septiembre. Borda integró la comisión interdisciplinaria que la fuerza formó a fines de agosto para auditar las liquidaciones cuestionadas, junto al capitán Carlos Alberto Castro Maggio —quien después hizo la denuncia penal—, la teniente Acuña —identificada solo por su apellido en la declaración— y el teniente Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas.
El expediente se originó en la denuncia que el propio Castro Maggio presentó el 15 de septiembre, después de detectar acreditaciones bancarias superiores a los haberes liquidados por un total de $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026, con 23 personas beneficiadas y cuatro de ellas sin ningún vínculo laboral con la fuerza. A partir de esa denuncia, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, iniciar los consejos de disciplina para destituir al personal involucrado. La fuerza terminó desplazando de sus funciones a nueve efectivos —ocho capitanes de corbeta y un suboficial—.
Castro Maggio indicó que “durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados”. El funcionario dijo que las presuntas anomalías alcanzan los $981.148.567,88.
a presentación identificó entre los involucrados a “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada”.
Estas últimas son María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, Amalia Cristina Díaz, con 46 acreditaciones por $91.978.048,38, Natalia Carolina Yahia, con 45 acreditaciones por $90.466.948,33. Prieto es la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 involucrados identificados, y es cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío, Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Según el testimonio de Borda, trabajaron con la información alojada en dos computadoras de la agente civil Vanesa Juárez, la extrajeron a un pendrive para preservar la cadena de custodia y compararon, sobre una base de unas 24.000 personas, los haberes liquidados, lo publicado en el sistema de haberes web y lo efectivamente acreditado por el Banco Nación. En apenas cuatro días de trabajo surgió, de manera repetida, el mismo grupo de 23 personas que hoy está bajo investigación.
Luego declaró también Jonathan Fernando Romano, el jefe de la División Sistemas que había quedado a cargo de resguardar los dos equipos informáticos que usaba Juárez para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos de pago. Ese resguardo terminó esta semana, cuando la Justicia dispuso el secuestro formal de las computadoras, que hasta entonces permanecían guardadas en una caja fuerte del edificio Libertad, sede de la Armada.

Con las dos testimoniales ya incorporadas al expediente y los equipos secuestrados, el próximo paso de la instrucción es la pericia informática que había pedido el fiscal Ramiro González, orientada a determinar qué usuarios accedieron a esas computadoras, qué archivos fueron creados o modificados y en qué fechas y horarios se habrían producido las alteraciones que permitieron acreditar importes superiores a los liquidados. También sigue pendiente la respuesta del Banco Nación al oficio librado para reconstruir el circuito de las 645 acreditaciones cuestionadas.
Armada Argentina, Fuerzas Armadas, Corrupción
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