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Trump DOJ expands religious liberty protections after major Supreme Court rulings

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The Trump administration on Thursday directed federal agencies to give greater consideration to religious liberty when writing regulations, enforcing federal law and accommodating employees’ religious beliefs, marking the first major update to Department of Justice (DOJ) guidance on the issue since 2017.

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The updated guidance instructs executive agencies to ensure their policies comply with the First Amendment, the Religious Freedom Restoration Act, Title VII of the Civil Rights Act and recent Supreme Court decisions that have expanded protections for religious exercise.

The DOJ, led by Acting Attorney General Todd Blanche, said the guidance reflects nearly a decade of new Supreme Court precedent and is intended to ensure federal agencies protect religious Americans in areas including employment, federal contracting, grants, rulemaking and enforcement actions.

DOJ ALLEGES ‘SYSTEMATIC CULTURE’ OF ANTI-CHRISTIAN BIAS ACROSS FEDERAL AGENCIES UNDER BIDEN

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The updated guidance instructs executive agencies to ensure their policies comply with the First Amendment, the Religious Freedom Restoration Act, Title VII of the Civil Rights Act and recent Supreme Court decisions. (Li Rui/Xinhua via Getty Images, File)

Among the changes, the department said agencies should consider religious-liberty concerns earlier when developing regulations, accommodate religious expression in the federal workplace when required by law, and ensure religious organizations can compete for federal grants and contracts on equal footing with secular organizations.

The guidance also reaffirms constitutional protections for churches to govern their own internal affairs and highlights recent Supreme Court rulings recognizing parents’ rights to direct the religious upbringing of their children.

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«The updated guidance will ensure that the federal government will respect the religious liberty rights of all Americans when implementing the President’s policies,» Kelly Shackelford, president, CEO and chief counsel of First Liberty Institute, said in a statement.

GOP LAWMAKERS URGE SUPREME COURT TO STRENGTHEN FIRST AMENDMENT PROTECTIONS FOR STREET PREACHERS

The Bible with the American flag and cross on top.

President Donald Trump is being thanked «for his strong efforts to protect America’s first freedom—religious freedom.» (iStock)

Shackelford thanked President Donald Trump «for his strong efforts to protect America’s first freedom—religious freedom.»

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First Liberty said the guidance references two Supreme Court victories involving the organization. One was Kennedy v. Bremerton School District, in which the Supreme Court ruled that a public high school football coach’s postgame prayer was protected by the First Amendment.

The other was Groff v. DeJoy, which held that employers generally must provide religious accommodations unless doing so would impose substantial hardship.

According to the DOJ, the Office of Legal Policy will continue working with federal agencies to review proposed regulations and other government actions for compliance with federal religious-liberty protections.

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Acting Attorney General Todd Blanche at news conference

Acting Attorney General Todd Blanche listens during a news conference at the Justice Department in Washington, D.C. (Manuel Balce Ceneta/AP Photo, File)

The updated memorandum replaces guidance issued during Trump’s first administration in 2017 and incorporates Supreme Court decisions issued since then that the department says have clarified and strengthened constitutional and statutory protections for religious exercise.

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A DOJ spokesperson did not immediately respond to Fox News Digital’s request for additional comment on the practical impact of the updated guidance.

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INTERNACIONAL

Panorama internacional: Brasil, una batalla electoral no solo de los brasileños

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E l ex presidente brasileño Jair Bolsonaro acaba de ser sancionado por la Corte Suprema con un mayor aislamiento en su sitio de detención. Fue por difundir una declaración pública el 11 de julio pasado sobre las próximas elecciones del 4 de octubre. La leyó su hijo y candidato, Flávio Bolsonaro. La condena judicial que cumple por intento de golpe le impide esas manifestaciones. La penalidad debido a esta infracción es la que ha impedido que el jefe de Estado argentino Javier Milei lo pueda visitar en Brasilia.

Ambos Bolsonaro eran conscientes seguramente de las consecuencias del episodio, pero la comunicación obedecía a una urgencia política. Buscaban frenar el alboroto en ese espacio por la candidatura familiar bendecida por el jefe del clan. La nota tenía un tono definitorio. Oficializaba al hijo senador como el representante del ex mandatario y reclamaba unidad en torno a la precandidatura.

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Al mismo tiempo rechazaba las demandas para un relevo de último momento que reclaman sectores aliados convencidos de que los fallidos estratégicos en la campaña y las disputas internas fortalecen las chances para la reelección que buscará en octubre el presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Esa decisión se oficializa sin reversa este sábado con la ceremonia de proclamación del hijo mayor del ex presidente por el Partido Liberal, en un acto que se realizará en la Arena Pacaembu en Sao Paulo. Se debe recordar que la candidatura de Flávio venía ya con problemas iniciales con los mercados que recibieron con decepción su postulación y esperaban en realidad que Bolsonaro padre no se inmiscuyera y dejara que surgieran líderes más sólidos para enfrentar al veterano líder del PT.

Luego vinieron los problemas adicionales por la estrecha relación del candidato con el banquero Daniel Vorcaro, figura clave del mayor escándalo financiero de la historia brasileña; los vínculos con el gobierno de Donald Trump de su hermano Eduardo para que la Casa Blanca castigue a Brasil y, en fin, las peleas con la mujer de su padre, Michelle.

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En el trasfondo también causó heridas la publicidad de la relación del senador con miembros de las milicias parapoliciales de Río de Janeiro, probada por un voluminoso expediente de pruebas que lo liga con individuos pesados como el ex capitán del BOPE (el Batallón de operaciones especiales, la fuerza de elite de la policía carioca) Adriano Magalhães da Nóbrega. Era señalado como líder del Escritório do Crime, una de las milicias y bandas de sicarios más sanguinarias de Río. Nóbrega fue abatido en un operativo policial en 2020. Flávio homenajeó y condecoró a este policía. Su familia, la esposa y la madre de Nóbrega, acabaron formando parte de su equipo rentado en la Legislatura .

Estas historias opacas y la relación con el banquero preso pusieron en retirada a otros aliados del espacio como los gobernadores Rolando Caiado y Romeo Zema, ellos también precandidatos y, por el mismo camino, a dos partidos de centroderecha, el PP (Progressistas) y União Brasil. Los analistas brasileños sostienen que para aliviar ese problema el postulante bolsonarista buscó un acuerdo con Republicanos, una fuerza ligada a los poderosos evangelistas de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Según el portal de Estadao, habría considerado incluso llevar como vicepresidente a la ex presidente de Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, militante reciente de ese partido.

No es claro el destino de esa gestión. Marcos Pereira, un pastor y abogado que preside Republicanos, reveló que una encuesta encargada por su organización “detectó una sensación de frustración con la precandidatura de Flávio y una indicación de preferencia de neutralidad en estas elecciones”. El camino de neutralidad también lo adoptó el influyente gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, como ya consignamos aquí, vinculado políticamente con Michelle Bolsonaro, muy fuerte en la grey política evangelista.

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Todas estas circunstancias podrían anticipar para octubre la repetición del escenario de las elecciones de 2022. En esas urnas Jair Bolsonaro fue derrotado no tanto por la preferencia del electorado por el líder del PT y actual presidente, sino por el rechazo a los tonos agresivos del mandatario derechista, xenófobo, machista y homofóbico que llegó a imitar en público de modo grotesco y burlón la asfixia de los enfermos terminales de Covid. Videos que los petistas revolean en estos días como parte de su campaña.

Una candidatura en problemas

Estas calamidades contra la candidatura bolsonarista no han hecho más que agravarse con la ofensiva arancelaria de EE.UU. de la cual, según las encuestas, los brasileños responsabilizan a Flávio. Hay razones para esa percepción. La Casa Blanca le acaba de entregar la green card de residencia permanente a su hermano Eduardo que dirige el lobby en Washington contra el gobierno brasileño. Un premio que seguramente lleva la firma del canciller Marco Rubio, el arquitecto de la ofensiva estadounidense que aspira a homogeneizar políticamente a la región. Eduardo Bolsonaro rechaza, sin embargo, que haya sido un gesto político. Se trata, explicó, de una consideración reservada a personas “con habilidades extraordinarias”. Eso dijo.

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El gobierno de Donald Trump acaba de sancionar al gigante sudamericano con gravámenes de 25%, esta vez con el pretexto de “trabajo forzado”. Es la nueva herramienta que usa el magnate para eludir la prohibición judicial (la Corte falló que el Congreso decide los impuestos) y repetir este castigo que ya sumó a Canadá y extenderá a 60 países. Se sostiene en una noción proteccionista y de sustitución de importaciones muy conocida y ya un poco rancia practicada sin éxito por el universo nacionalista latinoamericano.

La ofensiva tiene un doble propósito: constatar que las ideas de mercado libre ya no están sobre la mesa y posiblemente no lo estarán en adelante, no importa ya quién releve a Trump. Ese es un cambio significativo que lega esta etapa. El otro objetivo es incidir con una actitud dominante en las políticas internas de los países, como se advierte en el ejemplo brasileño en el destino de las elecciones.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un evento en San Pablo Paulo, Brasil. Foto Reuters

La carga contra el sistema brasileño de pagos PIX, que Rubio ataca porque le quita mercado a los plásticos norteamericanos, forma parte de esa estrategia, pero tiene otros múltiples significados. No hay nada ilegal en ese dispositivo. “¿Desde cuándo es una práctica desleal que una empresa pierda cuota de mercado frente a un competidor que ofrece un producto mejor y más barato?”, se pregunta el Nobel de Economía Paul Krugman.

The Economist explica con precisión que “el sistema financiero global se está fragmentando en sistemas regionales y nacionales. Esto ocurre primero en el ámbito de los pagos y supone un quebradero de cabeza para Visa y Mastercard, el duopolio estadounidense del sector”. Y cita a Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, que afirma que “hoy diversificar sus sistemas de pago, independizándose de EE.UU. , es el anhelo de los responsables políticos de prácticamente todos los países”.

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Krugman también apunta que la principal preocupación detrás de las críticas al PIX es el impacto en empresas estadounidenses del sector y al temor de que los sistemas de pago públicos puedan desafiar la predominancia internacional del dólar. Aun así, cree que Brasil es demasiado pequeño para alterar este equilibrio, pero un castigo ahí marcaría posición.

EE.UU. tiene razones para alarmarse. La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), un conjunto de canales para pagos en euros, integra ya a 41 países miembros. Una coalición de bancos y empresas fintech europeas respaldan a Wero, un sistema de monedero digital diseñado para integrar sistemas nacionales de pago instantáneo sin uso de tarjetas como iDeal, una plataforma neerlandesa. El Banco Central Europeo también prevé lanzar un euro digital emitido por el Banco Central para 2029 como alternativa de pago. China y Rusia ya hicieron sus propios sistemas. El PIX solo ha sido un adelanto regional y notable de un camino global que difícilmente tenga reversa.

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INTERNACIONAL

Trump turns to ‘zombie’ court after Boasberg pointed to it in deportation fight

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The Trump administration is moving to deport an unnamed illegal immigrant suspected of terrorism through the long-dormant Alien Terrorist Removal Court (ATRC), which has never heard a single case.

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The Justice Department filed its first-ever application for a removal order with the court on July 15, marking the first attempt in the court’s nearly 30-year history to invoke a little-known law allowing the government to deport noncitizens suspected of terrorism through a specialized judicial process that relies on sealed classified evidence. If successful, the administration could revive what legal scholars have called a «zombie» court as a powerful new tool for removing suspected terrorists.

«This Department of Justice will use every tool available to bring alien terrorists to justice and remove them from the United States, including by use of this court established by Congress in 1996,» a Justice Department spokesperson said in a statement to Fox News Digital.

The move also comes months after Chief U.S. District Judge James Boasberg in Washington, D.C., pointed to the long-dormant Alien Terrorist Removal Court as an alternative for handling terrorism-related deportation cases while questioning the Trump administration’s use of the Alien Enemies Act.

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EXCLUSIVE: NEW YORK WOMAN WHO WISHED ‘EVERY DAY WERE OCT. 7’ CHARGED WITH FUNDING PALESTINIAN TERROR GROUP

In this April 5, 2019 photo, President Donald Trump participates in a roundtable on immigration and border security at the U.S. Border Patrol Calexico Station in Calexico, Calif. Trump said Friday he is considering sending «Illegal Immigrants» to Democratic strongholds to punish them for inaction— just hours after White House and Homeland Security officials insisted the idea was dead on arrival. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

«In fact, Congress has an answer for us, doesn’t it? Because they created the Alien Terrorist Removal Court,» Boasberg said during a March hearing. «So if there’s a national security concern with having these hearings, whether via habeas or otherwise, you can always go to the ATRC, which would be a first, but that’s what it’s there for, right?»

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Boasberg made the comments while presiding over litigation challenging the administration’s use of the Alien Enemies Act to deport alleged members of the Venezuelan gang Tren de Aragua. He temporarily blocked the administration from using the wartime law for those removals while the courts determine whether Trump’s use of the statute is lawful. Boasberg also ordered deportation flights already in the air to return, setting off a high-profile legal battle between the administration and the judiciary.

Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at Advancing American Freedom, told Fox News Digital that it was about time the Justice Department took advantage of this special court.

«I think it is a sign of negligence, frankly, of prior presidents that they did not use this special court, this special procedure that was specifically set up by Congress, so that they could quickly get aliens — aliens who were either terrorists or supported terrorist activities — out of the U.S.» von Spakovsky said.

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BIDEN JUDGE OVERRULED ON KEY TRUMP IMMIGRATION POLICY

The one-page sealed application contained virtually no information, leaving out the person’s identity, the alleged conduct, and the specific section of the anti-terrorism law the Justice Department cited.

After hearing arguments from Justice Department officials, ATRC Chief Judge Joan N. Erickson, appointed by President George W. Bush, requested additional information before proceedings could continue.

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«The Court had questions about the nexus that the government alleges between the actions of the respondent and the specific sections and subsections it invokes with respect to those actions,» Erickson wrote.

«The answers persuaded the Court that the Government could benefit from the opportunity for more thoughtful consideration,» Erickson continued.

Erickson gave the Justice Department until Wednesday to respond with additional documentation.

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Congress created the ATRC through the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, signed into law by President Bill Clinton in 1996.

Masked ICE agents

Federal agents patrol the halls of immigration court at the Jacob K. Javitz Federal Building. According to White House Border Czar Tom Homan, Immigration and Customs Enforcement (ICE) will increase its operations in New York City due to its status as a sanctuary city. (Photo by Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) (Getty Images)

«From now on we can quickly expel foreigners who dare to come to America and support terrorist activities,» Clinton said at the bill’s signing.

The court is made up of five federal district judges who serve five-year terms. It handles terrorism-related deportation cases where the government says its evidence cannot be made public because it would threaten national security. In those cases, the government provides the respondent with an unclassified summary instead of the classified evidence itself.

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DC APPEALS COURT ORDERS JUDGE BOASBERG TO HALT TRUMP CONTEMPT PROBE OVER DEPORTATION FLIGHTS

At the time of the law’s passage, then Sen. Joe Biden, D-Del., blasted the law.

«You and me, Judge—me, the prosecutor; you, the judge—let’s deport him in a secret hearing, using secret evidence,» Biden said. «We know you did it, and we can’t tell you how we know. Now I think that is about as un-American as it gets.»

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According to the 9/11 Commission staff report, DOJ attorneys considered 50 cases by 1998 and another 50 over the next two years, but every one was rejected. Some terrorism-related cases moved forward through the regular immigration court system instead.

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The Justice Department’s case before the ATRC comes as the Trump administration has repeatedly faced resistance from federal judges, who have blocked, delayed or narrowed key parts of its immigration enforcement agenda.

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Judge james boasberg

Courts rejected a misconduct accusation against Judge James Boasberg. (Associated Press)

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Von Spakovsky said the Justice Department’s use of the ATRC could not only streamline terrorism-related deportation cases but also reduce interference from what he described as «rogue» liberal judges.

«I think this court is a much stronger tool the Justice Department can use, and it’s going to make it much tougher for what I consider to be rogue judges to interfere with, and hopefully prevent, the removal of immigrants,» von Spakovsky said.

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INTERNACIONAL

A un mes del doble terremoto, Venezuela busca salir adelante: cuál fue el impacto social, económico y político de la tragedia

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Hace exactamente un mes, a las 18:04 locales del 24 de junio, Venezuela tembló. Un terremoto de 7,2 grados en la escala de Ritcher provocó una enorme devastación en la zona más densamente poblada del país.

Pero lo peor estaba por venir. Un minuto después, un segundo terremoto más potente aún, de 7,5 grados, sacudió Caracas y varias ciudades y poblados del litoral marítimo en el estado de La Guaira, vecino a la capital.

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Infografía: Iván Paulucci (TN / Videolab).

Fue una de las tragedias más duras que vivió el país y de la que tardará mucho tiempo en recuperarse.

El balance es trágico: más de 5000 muertos, una cantidad no precisada de desaparecidos, decenas o cientos de cuerpos aún atrapados entre los escombros y un pueblo en shock.

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Hoy la ciudad de La Guaira, un tradicional balneario a poco menos de una hora de Caracas, es una zona de guerra.

Las autoridades se vieron desbordadas por la magnitud de la tragedia y solo la llegada de una masiva ayuda internacional permitió desplegar los recursos necesarios para prestar asistencia a las decenas de miles de víctimas.

Leé también: Flávio Bolsonaro enfrenta una inesperada interna familiar y una lucha de poder en la heterogénea derecha brasileña

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“Un Estado desestructurado no puede dar respuesta estructurada ante una contingencia. Eso es lo que ha ocurrido. La crítica a lo que ha sido la respuesta tardía y deficiente del gobierno ante la emergencia ha sido prácticamente unánime”, dijo a TN el dirigente opositor Jesús “Chuo» Torrealba, exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), antecesora de la mayoritaria Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que lidera María Corina Machado.

El balance del doble terremoto que devastó La Guaira

Las cifras oficiales estremecen. El último reporte oficial del 18 de julio habla de:

  • 5119 muertos
  • 16.740 heridos
  • 6462 personas rescatadas
  • 128.324 familias atendidas
  • 107 campamentos transitorios
  • 21.470 personas viviendo en campamentos transitorios
  • 17.907 personas sin vivienda
  • 856 edificios afectados
  • 190 edificios colapsados
  • 10.063 toneladas de alimentos distribuidos
  • 38.292 pacientes atendidos
  • 2278 rescatistas internacionales
  • 30.989 efectivos desplegados
  • 31.745 voluntarios
  • 32.854.150 litros de agua distribuida
  • 1350 réplicas
Una mujer sostiene una imagen de la Virgen María al acompañar a un sacerdote católico que brinda apoyo a personas que buscan los restos de sus familiares entre los escombros de edificios residenciales colapsados durante los sismos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Una mujer sostiene una imagen de la Virgen María al acompañar a un sacerdote católico que brinda apoyo a personas que buscan los restos de sus familiares entre los escombros de edificios residenciales colapsados durante los sismos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Pero hay una gran incógnita: ¿cuántas personas están aún desaparecidas? La ONU llegó a estimar que el número podría alcanzar a unas 50.000 personas.

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El impacto económico de la tragedia

Más allá del golpe social y humanitario de esta tragedia, el doble terremoto impactó de una manera brutal en la frágil economía venezolana.

Los costos económicos son enormes.

El economista Hermes Pérez, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, dijo a TN que los cálculos de especialistas oscilan entre 6500 a 30.000 millones de dólares.

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“Yo me quedaría con una cifra que oscila entre 7000 a 12.000 millones. Vamos a hablar de un rango medio de 10.000 millones de dólares en pérdidas de infraestructura que tuvieron las áreas afectadas por los sismos”, precisó.

Para el experto, va a ser muy difícil estimar con precisión el verdadero costo del doble terremoto. ¿La causa?: la escasa credibilidad que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas. El organismo ni siquiera plasma en sus cálculos de población el masivo éxodo de más de 8 millones de venezolanos en los últimos 10 años.

“El censo no te dice cuántas personas hay en el área afectada y el censo catastral no menciona el número de viviendas. Eso no se hizo nunca más en Venezuela”, comentó.

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Pérez dijo que la economía en zona de La Guaira y el litoral marítimo devastado por el doble sismo se basaba en cuatro patas:

  • Turismo. La Guaira y distintos poblados vecinos eran un punto estratégico para disfrutar de las playas caribeñas, a poco menos de una hora de viaje desde Caracas
  • Ciudad dormitorio. Miles de personas elegían vivir en La Guaira porque las viviendas se podían adquirir a la mitad de precio de una unidad similar en la capital.
  • Puerto de La Guaira. En los últimos años fue ampliado y se convirtió en el principal del país, desplazando a Puerto Cabello, cerca de Valencia, a 215 kilómetros al oeste de Caracas.
  • Aeropuerto. Allí se encuentra la terminal aérea internacional Simón Bolívar, la más importante de Venezuela. Sufrió graves daños y se espera que vuelva a estar operativo a mediados de agosto. Además, muchas aerolíneas y sectores laborales informaron que muchos de sus trabajadores murieron en la tragedia.

“El PBI del estado de La Guaira es menor al 2% del PBI nacional”, dijo Pérez.

Una bandera venezolana flamea en medio de los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira (Foto: REUTERS/Gaby Oraa)

Una bandera venezolana flamea en medio de los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira (Foto: REUTERS/Gaby Oraa)

Pero la tragedia impactará de lleno en los cálculos de crecimiento económico para el año próximo.

El último informe de perspectivas mundiales elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un crecimiento del 4,5% del PBI nacional en 2026.

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“Más allá del daño humano y estructural que sufrió el litoral, también se sumó la paralización que generó este evento. Estimo que en lugar de crecer 4,5% vamos a crecer la mitad, entre 2,5% y 3%. Es decir, podriamos hablar de una afectacion del terremoto que podría significar entre 1 a 2 puntos del PBI, no mas que eso”, indicó.

El doble terremoto no golpeó a la vital industria petrolera, clave para el desarrollo de la economía nacional y donde Donald Trump puso su mirada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Washington presionó entonces para abrir la industria a la inversión extranjera y Estados Unidos volvió a tener un rol fundamental en esta actividad.

Pero los pozos petroleros más ricos están ubicados lejos de la zona de devastación, en la Faja del Orinoco (este) y en la zona de Maracaibo (oeste). Se calcula que el país produce 942.000 barriles diarios de crudo. Venezuela depende de estos ingresos que el año pasado rondaron los 17.100 millones de dólares.

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“Ahí no hubo afectaciones importantes y la infraestructura petrolera prácticamente no se vio afectada”, dijo Pérez. Solo una refinería en el área de Valencia, a 150 kilómetros de Caracas, sufrió algunos daños menores.

Sin embargo, la economía nacional podría sufrir las consecuencias de la tragedia. El país enfrenta una inflación anualizada del 524% a mayo y una devaluación del tipo de cambio oficial de 720% en un año, según el sitio no oficial El Pitazo.

«El terremoto va a trastocar un poco el PBI y seguramente las actividades secundarias. Esto oscurece un poco más el panorama», dijo a ese portal el economista y experto petrolero Rafael Quiroz.

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Si bien la industria petrolera no sufrió daños, el especialista estimó que la tragedia afecta el ambiente de inversión y las actividades conexas, lo que llena de gran incertidumbre al capital internacional que ya tiene dudas por aspectos como la seguridad jurídica y la estabilidad política.

Además, expertos como el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas advierten que el «gasto social de emergencia» llevó al quiebre de la disciplina fiscal, generando una presión adicional sobre el mercado cambiario al financiarse con emisión monetaria.

Otros especialistas advierten también sobre un aumento de la pobreza.

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La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) reveló que en 2025 el 68,5 % de la población se ubicaba en pobreza monetaria y no contaba con recursos para cubrir la canasta básica alimentaria, actualmente valorada en 772 dólares, informó El Pitazo.

Hoy el ingreso mínimo integral para el sector público se sitúa en 240 dólares. Los jubilados reciben una pensión equivalente a 70 dólares. En ese escenario, muchos venezolanos dependen de las remesas del exterior que envían sus familiares migrantes.

El impacto político de la tragedia

La tragedia también impactó fuerte en el gobierno de Delcy Rodríguez y tuvo repercusiones políticas en la oposición.

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La líder opositora María Corina Machado intentó volver a Venezuela, pero se topó con una nueva negativa de la Casa Blanca. Fuentes oficiales estadounidenses, citadas por el portal Axios, calificaron el intento de la premio Nobel de la paz 2025 de regresar a su país como de un “oportunismo político grotesco”.

Le dijeron que no solo evitarían prestarle apoyo logístico en su viaje, sino que no tendría ninguna garantía en el territorio. No la querían en Venezuela.

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Donald Trump, asesorado por la CIA, le bajó el pulgar a los planes de Machado y volvió a respaldar la gestión de Delcy Rodríguez. ¿Por qué?

El presidente estadounidense sigue pensando que la mandataria encargada, que sucedió en enero al capturado Nicolás Maduro, es la única dirigente que, bajo una enorme presión y amenazas, puede garantizarle la estabilidad y la obediencia necesarias para que fluyan los negocios de Washington en el país caribeño.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Archivo/The New York Times/Reuters)

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Archivo/The New York Times/Reuters)

Machado, al menos por ahora, no figura en la agenda política estadounidense para Venezuela. De hecho, el Departamento de Estado norteamericano avaló y envió a Caracas a la dirigente opositora Dinorah Figuera, una exlegisladora que tuvo un fugaz paso en el Parlamento dominado por la oposición en 2015.

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Figuera no solo fue recibida por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina. También logró avanzar con el chavismo en un plan de trabajo para promover la democracia en el país. Las reuniones entre el oficialismo y la oposición comenzarían el 1 de agosto, según el cronograma conjunto.

Figuera sostiene que ambas partes intentarán negociar “una hoja de ruta” para llegar a una apertura política.

El analista venezolano Jesús Seguías, presidente de la consultora DatinCorp, dijo a TN que esta apertura viene ocurriendo desde el 3 de enero cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo enviaron a Estados Unidos, donde está siendo juzgado.

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“En este momento las conversaciones entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera forman parte de ese proceso de apertura y van a seguir su curso natural”, indicó.

Para Seguías, “en el caso de María Corina Machado ya es obvio que ella no está contemplada dentro de los parámetros de la apertura y negociaciones, entre otras cosas porque ella no ha querido hacer un reconocimiento formal de las autoridades actuales en Venezuela tal como lo ha hecho Trump y Figuera y porque hay muchas cosas de por medio que impiden un acuerdo directo”.

Ella no es la figura relevante que Trump ha escogido para que sea la interlocutora opositora con el gobierno chavista”, afirmó.

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En su diálogo con TN, el dirigente opositor Jesús “Chuo» Torrealba, afirmó: “Trump no puede permitirse un cambio político en Venezuela tan cercano que pueda hacer ruido en el desarrollo de los acuerdos y negociaciones sobre el tema petrolero y aurífero que están marchando hoy sobre rieles. Por razones de negocios, no por razones geopolíticas, no puede introducir un factor de ruido en el país”, indicó.

Además, señaló: “No estaríamos hablando de una apertura política, sino de los términos en los cuales la potencia tutelar asume como conveniente a sus intereses lo que sería el desarrollo de la escena política local. Estamos hablando con claridad de una situacion de soberanía disminuida. Venezuela no es hoy un país dueño de su destino”.

Sobre Machado, el dirigente opositor dijo que la premio Nobel » tendrá el papel exactamente que le designe la administración Trump. No tendrá otro, sino el que Trump determine, no el que ella pretenda ni construya ni presione».

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Agustin Berrios, presidente del opositor Partido de la Reconciliación Nacional, dijo a TN que Delcy Rodríguez gobierna con total respaldo de Washington y con “una estrategia definida en las tres fases conocidas: estabilización, recuperación económica y transición política”.

“En todo, Estados Unidos está involucrado absolutamente. Venezuela acepta eso entre esperanzada y resignada porque la única alternativa a esa realidad era el caos, en un país que no podía plantearse elecciones prontas porque requerían un arduo trabajo previo de reconstrucción económica e institucional”, sostuvo.

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Para Berríos, “cuando estábamos empezando a vislumbrar que podían solaparse un poco las fases 2 y 3, llegó la tragedia” de los terremotos.

“Eso deja claramente (…) un involucramiento aún mayor de Estados Unidos en todo, un estrechamiento de la relación entre Delcy Rodríguez y Trump y un primera conexión del gobierno interino con gobiernos con los que ni se trataba (como el de Javier Milei) y una casi desaparición de sus conexiones cubanas, iraníes, chinas y rusas”, prosiguió.

El dirigente vislumbró “un ciclo que podría empezar por una reforma Constitucional para erradicar los contenidos que hicieron posible la hegemonía chavista y luego incluiría elecciones para alcaldes, gobernadores, Parlamento y Presidencia”.

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“Esta mesa política por instalarse tiene un gran valor. Va a dar seguridad de que todo este proceso terminará en elecciones de todas las instituciones, pero que no empieza por la Presidencia”, señaló.

Además, apuntó: “Hay algo sumamente claro. Los dos actores clave, gobierno estadounidense y gobierno interino, están cómodos y sin apuro en su relación porque ambos centran su apuesta en la recuperación petrolera que va bien”.

El ritmo acá, lo marca, básicamente Trump. Él necesita no una fecha de elecciones, sino un proceso abierto para llegar a ellas”, concluyó.

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Créditos

Coordinación visual y datos: Damián Mugnolo

Diseño de infografías: Iván Paulucci

Edición y coordinación: Jessica Fabaro

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