Luego de varias semanas de análisis y negociaciones políticas, el Gobierno prepara una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca modificar el esquema aprobado anteriormente y generar mayores incentivos para que los contribuyentes incorporen fondos que todavía permanecen fuera del circuito formal.
El proyecto será debatido en la Cámara de Diputados después del receso por las vacaciones de invierno y el oficialismo apunta a repetir la alianza legislativa que permitió aprobar la primera versión de la norma, con respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores provinciales.
Sin embargo, más allá de la discusión política, el punto central de la iniciativa pasa por los cambios que propone sobre el régimen tributario y la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo oficial es reducir los obstáculos que, según el Gobierno, todavía generan temor entre los ahorristas que tienen dólares no declarados o bienes que permanecen fuera del sistema financiero.
En qué consiste la nueva Ley de Inocencia Fiscal y las diferencias con el blanqueo
La Ley de Inocencia Fiscal busca modificar la forma en la que el fisco analiza determinadas inconsistencias entre los ingresos declarados por una persona y la evolución de su patrimonio.
La idea central del Gobierno es otorgar mayor previsibilidad a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y reducir el nivel de incertidumbre que, según el oficialismo, desalienta a muchos contribuyentes a formalizar sus ahorros.
En este sentido, la iniciativa apunta principalmente a dos cambios. Por un lado, ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias y, por otro lado, modificar el margen de diferencia patrimonial que puede habilitar una revisión por parte del organismo recaudador.
A diferencia de un blanqueo tradicional, donde el Estado establece un mecanismo excepcional para declarar activos no registrados bajo determinadas condiciones, el esquema busca modificar reglas permanentes del sistema tributario.
El objetivo oficial es que una mayor cantidad de fondos ingresen al circuito formal mediante bancos, inversiones y consumo registrado.
En lugar de partir de la sospecha sobre el ciudadano, el esquema busca que sea el Estado el que deba acreditar la existencia de irregularidades cuando pretenda cuestionar una declaración.
En otras palabras, cambia el paradigma: el contribuyente deja de ser considerado potencialmente infractor por defecto y pasa a contar con una mayor presunción de exactitud de sus declaraciones juradas.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que todavía existe una importante cantidad de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal.
Según estimaciones oficiales mencionadas durante la presentación de la iniciativa, el monto podría ubicarse en torno a los u$s170.000 millones, una cifra que el Gobierno busca incentivar para que vuelva a circular dentro de la economía.
Qué cambia en el régimen simplificado de Ganancias
Uno de los principales cambios que impulsa el proyecto está vinculado con el régimen simplificado de Ganancias, una herramienta que actualmente tiene un alcance limitado. Según la normativa vigente mencionada por el Gobierno, el beneficio está destinado a contribuyentes que cumplen determinados parámetros de ingresos y patrimonio.
En concreto, pueden acceder quienes registran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total que no supera los $10.000 millones.
La modificación propuesta busca ampliar el universo de personas alcanzadas para que más contribuyentes puedan adherir al esquema simplificado.
La lógica oficial es que, al contar con reglas más claras y menos exposición a revisiones posteriores, más personas tengan incentivos para declarar sus activos y mantenerlos dentro del sistema formal.
Quiénes podrían quedar excluidos del nuevo régimen simplificado
La posibilidad de ampliar el régimen simplificado de Ganancias también abrió un debate sobre quiénes deberían poder acceder a ese beneficio.
En ese contexto, Unión por la Patria planteó que los funcionarios públicos y sus familiares, considerados contribuyentes políticamente expuestos, queden excluidos del esquema.
La propuesta surgió luego de que trascendiera que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó la Ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada patrimonial.
A partir de ese caso, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto paralelo que prohíbe a los funcionarios de los tres poderes del Estado adherir al régimen simplificado de Ganancias mientras permanezcan en funciones.
Por el momento, esa restricción no forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno, sino que constituye una iniciativa presentada por la oposición y deberá debatirse durante el tratamiento legislativo.
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