Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

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El Gobierno tiene asumido que son muchas las provincias que el próximo año desdoblarán sus elecciones de las nacionales de octubre. En ese escenario, la Casa Rosada se proponen coordinar con los gobernadores dialoguistas en qué fecha celebrar sus respectivos comicios para forjar una estrategia que allane el camino a la reelección de Javier Milei.

“La Casa Rosada no puede hacer nada para evitar el desdoblamiento. Los gobernadores van a querer plebiscitar su gestión, ninguno va a querer anclar su gestión a la discusión nacional, es absurdo”, sintetizaron a este medio cerca de un mandatario de buen diálogo con el oficialismo.

El antecedente inmediato le da la razón: en 2023 adelantaron sus comicios todas las provincias salvo CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. De cara al año próximo, en Balcarce 50 imaginan un escenario similar.

El primero en dar el paso en esa dirección fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que esta semana fijó la fecha de la elección provincial para el 9 de mayo de 2027. No es el único.

Según pudo corroborar TN, a esa lista se sumaría Santa Fe, que hasta ahora prevé llamar a los comicios para junio; Río Negro, que apunta a abril o mayo a más tardar; San Juan y Entre Ríos, con fecha todavía por definir. También acudirán antes a las urnas Mendoza, que por ley celebra sus PASO en julio; y Tierra del Fuego, que por su Constitución vota 90 días antes de las nacionales; entre otros distritos.

En ese sentido, en el Gobierno aseguran haber sido avisados de antemano de la maniobra y descartan que pueda empañar la relación con los gobernadores dialoguistas.

“Nadie quiere discutir la nacional cuando se discute lo local y el Gobierno no puede hacer nada con eso. Lo que puede hacer es ordenar una estrategia política y llevarla adelante con el escenario del desdoblamiento”, enfatizó una fuente al tanto de las conversaciones.

En relación con esto último, los negociadores de la Casa Rosada se encuentran en conversaciones con cada una de las provincias con las que hay diálogo para definir cómo será la disputa electoral. Los términos incluyen posibles acuerdos sobre las fechas de las elecciones adelantadas, con el objetivo de evaluar distintas estrategias en función de cómo queda el calendario.

“Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires fija una fecha, poner varias provincias ese domingo, hay un montón de herramientas para jugar”, explicaron como una posibilidad a este medio. Sin embargo, las conversaciones todavía son muy incipientes.

En paralelo, el Gobierno negocia distrito por distrito dónde competirá con candidatos propios y dónde podría entablar alianzas con otros partidos -sea el Ejecutivo local u otras fuerzas opositoras que disputen la gobernación-.

Según anticipó TN, La Libertad Avanza planea ir sin alianzas con los gobernadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. En esos distritos, la idea es presentar candidatos propios y preservar el sello libertario como herramienta de construcción territorial.

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En cambio, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis se prevé llegar a acuerdos electorales con los mandatarios provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se buscará repetir una alianza con sectores del PRO, la UCR y fuerzas no peronistas para disputar el distrito gobernado por Axel Kicillof.

En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión con el PRO continúa abierta y si bien no se descarta llegar a un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Karina Milei le pidió a sus referentes partidarios llegar a 2027 con un candidato propio.

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