El mismo día en que el oficialismo comienza a debatir el proyecto para reforzar su reclamo de soberanía de las islas Malvinas en la Cámara de Diputados, la oposición busca apoyos para convocar a una sesión especial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de ayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Una discusión que toca de lleno la cuestión de la soberanía y que cuenta con un reciente antecedente adverso para el Gobierno en el Senado: el rechazo de un capítulo entero del proyecto de propiedad privada.

Es justamente ese revés el que envalentona a los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales, que se esperanzan con volver a reunir los consensos necesarios para llevar la discusión al recinto. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia de 2023 que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.

Según pudo saber , la intención de los bloques opositores es llamar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14. La duda sobre la fecha radica en que este miércoles todavía podrían registrarse algunas bajas, ya que algunos diputados viajarían este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.

Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.

“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó un diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.

En ese sentido, señaló que, si los reparos pasan por el articulado sobre alquileres, el oficialismo podría presentar un proyecto de ley específico que, muy probablemente, contaría con los avales necesarios en el Congreso. Lo mismo correría para otras cuestiones como las relacionadas a las privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales.

Entre las definiciones que se barajan aparece la de separar la discusión del DNU de otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad. Si bien la oposición tenía previsto incluirlos en la próxima sesión, algunos legisladores advierten sobre el riesgo que conllevaría la jugada. Por estas horas, evalúan, en cambio, postergar ambos proyectos hasta el 21, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria en la que también sumaría la iniciativa sobre Malvinas.

A fines de ordenar una estrategia común, desde la bancada peronista que conduce Germán Martínez se reunieron esta mañana con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el articulado que permitía la venta de tierras a extranjeros y cuya vigencia ahora fue restablecida por la Corte.

El diálogo con el resto de los bloques críticos para unificar los pasos a seguir está previsto durante y después del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, donde desde este mediodía se trata el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

En efecto, Martínez fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro y exigió a Zapata un cronograma claro de trabajo sobre la cuestión de Malvinas para “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.

De este modo, el jefe del bloque de UP anticipó el llamado a sesionar, al tiempo que apuntó contra “el escandaloso fallo de la Corte”, una muestra de la tensión con la que comenzó el plenario, en el que también abundan las críticas de varios legisladores por la ausencia de funcionarios de peso a la hora de discutir el proyecto.

En simultáneo, un grupo de senadores de UP presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta que deroga el artículo 154 y restituye la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.

Noticia en desarrollo

Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.

“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.

El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.

Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.

“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.

La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.

Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.

El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.