La cordobesa Natalia de la Sota se está moviendo en clave electoral y nacional. Sus apariciones, cada vez más frecuentes, con dirigentes de renombre de la oposición, están asociadas a su voluntad de acercarse a la estructura nacional del peronismo. Un armado que hoy se identifica con el sello de Fuerza Patria, aunque la marca, después de tantas internas, ya haya quedado un poco obsoleta.

Ayer a la mañana la legisladora nacional sumó un nuevo encuentro que visibiliza sus intenciones y su voluntad de cara al 2027. Se reunió con el intendente de La Plata y hombre importante en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Julio Alak. La conversación se dio en el municipio y sirvió para que ambos adviertan que el camino político que quieren seguir está emparentado. Un futuro juntos. Ese es el anhelo.

De la Sota quiere ser parte de un proyecto nacional del peronismo el año que viene. Por eso se lanzó a recorrer distintas provincias del país y trabaja para acercar posiciones con dirigentes del mismo campo político. La idea de jugar por la gobernación de Córdoba está latente, pero es un plan B dentro de su hoja de ruta. Trabaja para jugar en la liga mayor y en consonancia con la mayoría de las vertientes del peronismo.

Pocas semanas atrás se reunió en Córdoba con Juan Manuel Olmos, que forma parte de la mesa chica PJ Federal, y en la Ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro, que fue el último candidato de peronismo en territorio porteño y que está asociado al esquema del titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) en el mismo lugar.

Alak está al lado de Axel Kicillof y promociona su candidatura a presidente. Y, además, es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre con historia en el peronismo y con buena relación con las distintas terminales del espacio. Incluso con las que están enfrentadas, como es el caso del kicillofismo y el cristinismo.

La llegada de De la Sota a esos dirigentes tiene que ver con su voluntad de pensar en un 2027 en unidad con la mayor parte de las vertientes justicialistas. La legisladora entiende que debe haber una “nueva síntesis” en el espacio y que la dirigencia tiene que dar la discusión para modernizar las propuestas políticas, económicas y sociales del PJ. Ese es un trabajo que se va haciendo en el camino hasta la elección, motivo por el que los márgenes se acortan.

Además, considera que la interna bonaerense está limitando el accionar y el crecimiento del peronismo en todo el país. Es decir, que funciona como una suerte de dique para un armado federal. Los temas que impulsan dirigentes de las provincias como Sergio Uñac o los que integran el PJ Federal se chocan con una pared cuando la agenda nacional es invadida por la guerrilla del kirchnerismo en el conurbano.

Para los meses que vienen la diputada cordobesa tiene en agenda dos visitas. Una es al interior de Santa Fe y la otra es a una provincia de la Patagonia. Pueden incorporarse más paradas porque la vocación es subir el perfil, consolidar un discurso y mostrarse como una opción hacia adentro y hacia afuera del esquema justicialista. Tiene que ser una cara conocida para el votante.

La cordobesa va a todos lados va acompañada de dos laderos: el legislador provincial y pareja De la Sota, Bernardo Knipscheer y el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez. Son los nombres que expanden las gestiones políticas y aceitan el trabajo de relaciones diario.

En el 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández era un hervidero y se definían las listas para la elección, Sergio Massa propuso que De la Sota sea su candidata a vicepresidenta. No tuvo consenso interno y su intención se diluyó cuando el entonces presidente pidió por Agustín Rossi, que ocupaba la Jefatura de Gabinete. A partir de ahí su nombre se asoció y se empezó a acercar a la estructura del peronismo nacional.

De la Sota va a poner sobre la mesa los casi nueve puntos que sacó en Córdoba en la elección legislativa del año pasado como un capital importante para la propuesta justicialista del 2027. La provincia que conduce Martín Llaryora ha sido esquiva para el peronismo nacional en los últimos comicios. Y cualquier opción que quiera ser competiviva el año que viene tiene que tener un anclaje legítimo y medianamente voluminoso en el segundo distitro electoral más importante del país.

El gobernador cordobés muy probablemente desdoble la elección provincial y ponga el foco exclusivamente en esos comicios. Llaryora busca su reelección y, por ahora, se muestra ajeno a cualquier armado nacional. Incluso, tiene diálogos abiertos con la Casa Rosada que le ponen un signo de interrogación a su jugada política electoral del año que viene.

En ese campo minado, De la Sota tiene capacidad de construir su perfil, con las limitaciones que le impone el poder del peronismo cordobés en una provincia donde ese espacio tiene una gran legitimidad. También tiene el margen de aglutinar una parte importante del voto kirchnerista, que siempre ronda los cinco puntos, y de absorber, por el costado ciego, a los desencantados de un proceso político que lleva más de dos décadas al frente a la provincia y casi el mismo tiempo distanciado del peronismo nacional.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Provincia contra la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que había demandado la inconstitucionalidad de la Ley 5755 y su decreto reglamentario, la norma que regula el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

La sentencia, rubricada esta semana, fue firmada sin disidencias por los jueces María Cecilia Criado, Sergio Ceci, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian.

El fallo no analizó si la ley es o no constitucional. El Tribunal resolvió exclusivamente que la organización demandante no estaba habilitada para litigar por esta vía, al no haber acreditado un perjuicio concreto derivado de la norma.

La causa se había iniciado el 26 de diciembre de 2025, cuando Carlos Hugo Aranea y Mirta Graciela Ñancunao, en su carácter de werken (voceros) de la Coordinadora, presentaron la acción contra el Gobierno de Río Negro. Sostuvieron que la Ley 5755 y el Decreto 226/25 habían sido dictados sin la participación adecuada de las comunidades indígenas, en contradicción con el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y la Constitución provincial.

La Fiscalía de Estado, representada por Luciano Minetti Kern e Ignacio Racca, contestó la demanda en mayo y opuso la excepción de falta de legitimación activa: argumentó que no existía “caso, controversia ni derecho concreto” afectado por la sola sanción de la ley, ya que no se había identificado ningún proyecto o medida estatal puntual que impactara sobre alguna comunidad.

Un dato que agrega tensión al desenlace: la Procuración General había dictaminado en sentido contrario. Su titular subrogante, Fabricio Brogna López, había opinado que correspondía rechazar la excepción provincial y dejar que el proceso avanzara. El STJ no siguió ese criterio.

El argumento

El fallo se apoya en dos argumentos centrales. El primero es la falta de un “caso concreto”: según la doctrina que el propio STJ una acción de inconstitucionalidad no puede plantearse en abstracto. Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Los jueces remarcaron que la Ley 5755 es una norma de carácter instrumental: no dispone nada por sí misma sobre territorios o recursos naturales, sino que fija un procedimiento que recién se activa cuando el Estado impulsa una medida concreta que pueda afectar a una comunidad. Mientras no exista esa medida puntual, sostuvo el Tribunal, cualquier cuestionamiento a la ley es prematuro.

El segundo argumento, más específico, tiene que ver con el tipo de acción elegido. La Coordinadora había invocado el precedente «Halabi» de la Corte Suprema —que amplió la legitimación para reclamar por derechos de incidencia colectiva— para sostener que estaba habilitada a actuar en representación de las comunidades. El STJ rechazó esa lectura: explicó que, al haberse planteado una acción de inconstitucionalidad y no un proceso colectivo, no corresponde aplicar el criterio amplio de legitimación propio de las causas colectivas.

El Tribunal ya había aplicado el mismo criterio meses antes en esta causa, cuando excluyó por el mismo motivo a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que litigaba junto a la Coordinadora.

Los jueces añadieron que la personería de la Coordinadora como organización representativa del pueblo mapuche-tehuelche no está en discusión, pero que esa representativida

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Como si lo hubiera ayudado a olvidar las vicisitudes de la rosca política y a renovar el oxígeno en la sangre, Javier Milei encontró en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el entusiasmo necesario para distraerse de los desafíos de su gestión. Trabajó durante meses, en ocasiones hasta altas horas de la madrugada, en los detalles técnicos que apuntan a impedir que el Tesoro pueda financiar a los gobiernos de turno. Concertó decenas de reuniones presenciales y llamados telefónicos con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Y él mismo escribió el discurso que quiso pronunciar en cadena nacional, un recurso que utilizó apenas once veces desde que es presidente. “Estuvo como un nene con juguete nuevo durante todo el proceso. Tenía toda su concentración puesta ahí. Una vez fui a plantearle un asunto urgente y, antes de llegar al punto relevante, lo escuchamos media hora hablar sobre la importancia de preservar el valor de la moneda”, cuenta, risueño, uno de los funcionarios que más visita la Quinta de Olivos.

El hombre, que considera “fundamental” la iniciativa para terminar con “el péndulo monetario de las distintas administraciones”, elige atajarse solo y no esquivar la polémica que circula tras bambalinas: “¿Si modificar el BCRA es un asunto popular para la gente de a pie? Por supuesto que no, pero es necesario. Quizás en algún momento tengamos que hacer anuncios vinculados a la actividad económica o el bolsillo de la población más apretada, una cuestión que obviamente aparece entre las principales demandas sociales en cualquier sondeo serio».

Con el envío del texto al Congreso para su debate en Diputados, las pretensiones de Milei pasarán a engrosar la lista de temas pendientes de legislar: el Super RIGI, la Inocencia Fiscal II, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el régimen de Zona Fría o el complejo paquete que se viene puliendo desde el área de Desregulación y Transformación del Estado, entre otros. Y todo eso va a ocurrir mientras La Libertad Avanza está obsesionada con un objetivo prioritario: conseguir la reelección. Y no de cualquier manera: lo quiere lograr en primera vuelta. ¿Por qué? La idea de un balotaje suena, al menos en la actualidad, como una aventura con final demasiado abierto porque depende de cómo se acomode el oscilante metro cuadrado de la economía cotidiana.

La necesidad de alcanzar el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, o de juntar más del 45% del total, es una meta exigente. Y es ahí precisamente donde entra la otra clave del futuro inmediato: la Reforma Electoral y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, movimiento que complicaría los armados de una oposición que sufre su fragmentación y fortalecería, siempre según la lectura oficial, las chances de éxito de los violetas.

“Están desesperados por garantizarse un triunfo el 24 de octubre y no depender de lo que pueda pasar el 21 de noviembre de 2027. Obviamente, van a hacer todo lo que tengan al alcance de la mano y nosotros ahí tenemos que aprovechar para rosquear condiciones favorables”, se sincera uno de los gobernadores que los libertarios consideran “aliado”. “Extirpar para siempre las PASO del régimen de votación argentino se le va a hacer imposible a Javier y Karina. Además, en el futuro no tener esa herramienta se nos puede volver en contra”, completa otro primer mandatario, en este caso rotulado como “dialoguista”.

Conscientes de esos reparos que se extienden, con matices, en los 24 distritos del país, la Mesa Política de la Rosada empezó a ofrecer otra solución: no borrar, como propone formalmente el proyecto presentado el 23 de abril en el palacio legislativo, sino suspender las primarias como ya sucedió en las legislativas de 2025. “Eso cambió todo y aflojó la tensión de las negociaciones -cuenta uno de los integrantes de ese órgano informal-. Con esa opción en el menú, el acuerdo está 70% cocinado”. Poco importa que tanto en 2015 como en 2023 las PASO hayan sido usadas por dos de las tres fuerzas más votadas: LLA se encamina a obtener, “idealmente en septiembre, pero seguro antes del 31 de diciembre”, una nueva pausa en ese sistema.

En Balcarce 50, para evitar ser obvios, repiten los mismos argumentos del libreto preestablecido: que pocas veces fueron realmente competitivas, que son una encuesta cara, que la ciudadanía tiene que ir a sufragar demasiadas veces y que, encima, generan volatilidad en los mercados. Además, dicen reivindicar lo que siente la mayoría de la sociedad: un estudio de Isasi/Burdman Consultores determinó que el 63% está de acuerdo con que cada partido defina libremente el método para elegir a sus candidatos.

Los garantes de que todo marche acorde al plan conforman una suerte de nuevo Triángulo de Hierro: con la supervisión ineludible de Karina Milei, el ministro coordinador Diego “El Colo” Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem son los encargados de enhebrar los acuerdos a nivel nacional. A ellos se suelen sumar el ascendente vicejefe de Gabinete Ignacio “Nacho” Devitt y el viceministro del Interior Gustavo Coria. “Esa es la verdadera mesa de decisiones. La otra sirve solo para la foto”, admiten quienes conocen el detrás de escena.

Después de demasiados meses de gestión paralizada por el escándalo alrededor de Manuel Adorni y de guerras intestinas a cielo abierto con el sector de Santiago Caputo, la orden que bajó “El Jefe” es concentrarse en que haya cuatro años más de poder para su hermano. Un apunte sobre “El Mago del Kremlin”: pese a que quienes lo cruzan seguido lo ven con menos intenciones de escalar batallas, desde sus oficinas inflan pecho al recordar que siempre sostuvieron que había que buscar acuerdos políticos, entregar todas las jurisdicciones posibles a los gobernadores más cercanos y enfocarse en ganar a nivel nacional. “¿De qué nos sirve tener gobernadores propios si no podemos reelegir?”, se preguntan sus laderos. Cuando llegan a sus oídos esos susurros, la menor de los Milei deja trascender que “no va a regalar nada” y que va a analizar la situación “provincia por provincia” antes de rubricar algún acuerdo. Y conceden, con más pragmatismo que resignación: “No vamos a poder pintar el país de violeta en 2027. Con un poco de viento a favor, quizás terminemos teniendo nuestra primera provincia pura”.

Desde ya, nada es gratis. Y menos en política. Buena parte de los mandatarios federales está en una negociación constante por recursos con la Casa Rosada y las pretensiones electorales libertarias les vienen como anillo al dedo. La lista de pedidos incluye fondos frescos, autorizaciones para la toma de créditos, acuerdos por concesiones de rutas y hasta pliegos de jueces. En paralelo aparecen los reclamos propios de cada rincón de Argentina: por ejemplo, los tres gobernadores de la Región Centro que esta semana inauguraron la sede central del bloque regional en Córdoba ponen sobre la mesa la eliminación total de las retenciones al campo, una participación activa en la mesa de decisiones de la hidrovía y una ley federal de biocombustibles. Los Milei tendrán que tomar nota, ya que lo piden verdaderos pesos pesados: los territorios que comandan Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio son considerados en su conjunto el principal bloque productivo del país, reúnen una población de 8,4 millones de habitantes, generan el 25% del PBI argentino y aglutinan el 38% de las exportaciones.

Más allá de estos ítems vinculados a lo que un cacique llama irónicamente “el vil metal”, detrás de las negociaciones se esconde un esquema cien por ciento transaccional: a cambio de los votos en el Congreso para la suspensión de las PASO, La Libertad Avanza no competiría para ganar en las contiendas locales. De esa manera, el gobernador se queda con el poder territorial y aumenta sus chances de tener mayoría en las legislaturas. Es, si nada falla, un “win-win”: el partido de Milei conseguiría a su vez el acompañamiento de ese mandatario en la disputa nacional.

Hay un factor que no pierde de vista ninguno de los actores involucrados en la rosca: muchas provincias van a desdoblar los comicios. “Se viene un verdadero Desdoblapalooza: un festival de elecciones que no van a estar atadas a la fecha de las presidenciales”, analiza un funcionario central de la gestión violeta. De hecho, el tucumano Osvaldo Jaldo ya se convirtió en el primero en fijar fecha anticipada para el 9 de mayo de 2027. Podrían seguirlo lugares como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Misiones, Salta y Jujuy. “Por todo eso, habrá un componente de confianza mutua que no podemos manejar del todo. Es que en una primera instancia se van a confeccionar las listas provinciales que van a aparecer en los cuartos oscuros; ahí los libertarios tendrán que cumplir los pactos preestablecidos, y no cagarnos. Recién más adelante hay que inscribir las boletas únicas de papel de las nacionales y nosotros tendremos que apoyar al oficialismo y devolver las gentilezas”, describe un operador del interior.

En el ida y vuelta entre la Mesa Política y los aliados hay varias jugadas posibles: desde competir juntos, sin trampas, con la intención de ganar, hasta presentar listas libertarias para dividir a propósito a la oposición o directamente no presentar listas para no robarle sufragios al gobernador amigo.

¿Y las colectoras? Efectivamente, figuran entre las opciones, por más que para el paladar mileísta sean un recurso que suene a casta y que está prohibido desde 2019 por un decreto de Mauricio Macri que en sus considerandos dejó escrita una delicia: que ese sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”. Problemas éticos para el PRO en el caso de que avance esa treta a la que LLA llama, acaso para sentirse menos culposos, simplemente “adhesiones”: la posibilidad de que la candidatura de Javier Milei sume el apoyo de la lista de legisladores de otro color político y que después las bancas se distribuyan por el sistema de reparto proporcional D’Hondt.

Una última complejidad que surge de un detalle endiablado de la Reforma Electoral: ¿cómo se resolvería el diseño de la Boleta Única si se agrega un casillero para votar lista completa? “Algún cráneo lo va a resolver”, dicen, misteriosos y sin respuesta precisa, en Casa Rosada.

En el primer piso del edificio gubernamental se abrazan a la idea de conseguir el apoyo de una docena de provincias. Según planifica el Gobierno, ya están avanzadas las gestiones con Chaco (Leandro Zdero, mandatario que va a recibir la visita de la dupla Karina/Santilli en los próximos días), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego), Neuquén (Rolando Figueroa), Chubut (Ignacio Torres), San Luis (Claudio Poggi) y Jujuy (Carlos Sadir). Además, hay escenarios abiertos en las dos Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Corrientes y Misiones.

El AMBA merece un necesario doble click. Por un lado, la cúpula libertaria manifiesta su voluntad de diálogo con la ciudad porteña, donde los primos Macri no pasan su mejor momento humano, pero están convencidos de que un acuerdo con el espacio amarillo tiene que incluir al territorio bonaerense, donde “El Colo” es número puesto. Si bien Javier Milei no habla con el presidente del PRO hace meses y meses, en ambas terminales aseguran que más pronto que tarde se retomará el diálogo “para que no vuelvan los kukas”. Dicho sea de paso: ¿será verdad que Axel Kicillof está mirando con buenos ojos, a diferencia de lo que hizo en el pasado, la posibilidad de no hacer coincidir las fechas de la elección nacional y la provincial?

El mapa que pintan con distintos colores los responsables libertarios del operativo electoral marca que no hay espacio para pactos ni tratos con Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En este contexto, está decidido que el Presidente, por ahora, no viaje a ninguna provincia. “No sirve de nada”, opinan a su lado. Eso pese a las quejas de los gobernadores porque no solo no los recibe, sino que tampoco tiene la deferencia de saludarlos en actos como el del 9 de julio por el Día de la Independencia. La contracara es evidente: cuando lo cree necesario, el oficialismo es capaz de exagerar la importancia de una foto; le pasó a Maximiliano Pullaro durante el traspaso de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, evento para el cual estaba pactada una reunión con la secretaria general, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, pero para la instantánea terminaron apareciendo un total de 18 funcionarios. “Un mamarracho que dejó en evidencia que quería transmitir la idea de que había sintonía política de cara al futuro justo en un territorio en el que La Libertad Avanza puede salir tercera”.

El operativo reelección se enhebra mientras la economía real exhibe datos incómodos: la actividad volvió a dar una señal de estancamiento; el consumo masivo acumuló siete meses consecutivos en retroceso; y los ingresos, con más de diez millones de trabajadores que ganan menos de $1.500.000 mensuales, tampoco entregan alivio. El Instituto Argentina Grande calculó, además, que en los últimos doce meses desaparecieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la pérdida supera los 329.000 empleos entre el sector público y el privado. El endeudamiento completa el círculo vicioso: créditos utilizados para gastos corrientes y cuotas que después se vuelven impagables; la mora con los bancos llegó en mayo al 7,6%, después de diecinueve meses consecutivos de crecimiento, y en las billeteras virtuales trepó al 29,6%. Y hay más: los jubilados no dejan de reclamar por lo que califican como haberes “miserables”; la mínima, con el bono de $70.000 incluido, quedó en $481.989,33.

A todos esos sectores en crisis probablemente les importen poco los futuros candados jurídicos del Banco Central. Tampoco que la agencia de calificación de riesgo Moody’s se sumara a Fitch y a Standard & Poor’s y le asignara al país un panorama “positivo”. Y menos que menos la visita y las postales turísticas que acumuló en estas jornadas la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En la Argentina libertaria, la velocidad de destrucción en industria, comercio y construcción parece ir más rápido que la de creación de oportunidades en energía, minería, el campo y las finanzas. Ese desacople se viene reflejando en los estudios de opinión pública. Javier Milei conserva un piso competitivo y no aparece por ahora una figura opositora capaz de disputarle con claridad el centro del ring, pero tampoco le sobra demasiado: según un promedio de 121 encuestas ponderado por la organización no gubernamental Fundación Ciencias para Gobernar (CiGob), el 39,2% aprueba la gestión libertaria contra un 56,2% que la desaprueba. “Tras el rebote de junio, la mayoría de las encuestas marca lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a ceder. El corrimiento de Adorni mejoró el humor en algunos segmentos, pero el factor decisivo al evaluar la gestión fue, es y será la economía de metro cuadrado. Ahí se explican tanto las subas como las bajas”, analiza la consultora Mora Jozami.

El último trabajo de QSocial agrega una señal que inquieta particularmente en los pasillos del poder. Cuando se pregunta cómo está la situación actual del país, apenas el 16% responde “bien”, contra un 35% que la define como “regular” y un 48% que la considera “mala”. Las expectativas tampoco alcanzan para compensar ese presente: solo el 26% cree que la economía estará mejor el año próximo, frente a un 47% que espera un empeoramiento. Sin embargo, la alarma más fuerte aparece cuando los especialistas consultan cuánto tiempo más está dispuesta a esperar la población para que las políticas oficiales mejoren su situación personal. La mitad responde que ya no puede esperar más. Ese es el porcentaje que ningún acuerdo parlamentario puede dar por cocinado.