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Frases de la cadena nacional: qué dijo Javier Milei contra Cristina Kirchner en su discurso

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Javier Milei detalló, en cadena nacional, cómo es el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). En su discurso, no solo precisó sus planes para la entidad; sostuvo que las reformas que él promueve son “las más importantes de los últimos 91 años” y criticó además a la expresidenta Cristina Kirchner.

Tras criticar la salida de la convertibilidad, Milei dijo que “la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí” y afirmó: “En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares».

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Según el Presidente, fue “a partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales”, que en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central “que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”.

Milei dijo que fue “frente a esta pasión expropiatoria de la alta política” que él decidió “poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina”.

Milei cuestionó especialmente el gasto público de los gobiernos que lo precedieron. “Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos”, dijo. Anunció así el shutdown y afirmó: “Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”.

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Milei dijo además que aspira a que los argentinos saquen sus dólares del colchón. “Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión. Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales”, anunció. “15 años perdidos”, sostuvo, y afirmó: “Ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento”.

El discurso completo

Buenas noches a todos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial la reforma de la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos.

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Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos.

Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. Es más, dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares, que se podría haber ganado por esas reservas. Sin embargo, la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares.

A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos. Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

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Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados.

La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es para estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que eso pase por la casa del pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociado a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico.

Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ceder girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Sin embargo, esta reforma no funcionará sola, forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros que procederé a explicar a continuación. Respecto al grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.

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Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente. Quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar, esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado.

Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. En segundo lugar, enviaremos dos proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión.

Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir. Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento. Y para cerrar, un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado.

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Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente, por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos. Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad.

Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias.




el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA),Conforme a

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Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

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Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.

La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.

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Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la dupla que condujo Metrodelegados desde su origen

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.

Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.

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Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

Néstor Segovia, en una protesta con liberación de molinetes en la Línea C

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.

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El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.

Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Virginia Bouvet y Néstor Segovia, de aliados a posibles rivales en Metrodelegados

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.

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Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.

La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Claudio Dellecarbonara, el principal referente de la izquierda en Metrodelegados

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.

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El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.

Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.

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Ley de tierras: con los DNU no hay caso

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El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.

El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.

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1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.

2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.

3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.

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4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.

Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.

La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.

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5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.

Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)



Sebastián Guidi,LA NACION,Política

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Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

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La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.

La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.

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Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.

La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.

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En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

El presidente Javier Milei

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

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En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.

El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.

Sea Lion,islas Malvinas,océano Atlántico,plataforma petrolera

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